OPINIÓN
¿Algo que celebrar?
Por Héctor Romero Fierro //
Triunfo pírrico que obtuvo nuestro país al lograr desactivar la amenaza de Trump consistente en gravar con una tasa de Impuesto del cinco por ciento que se iría incrementando mes a mes hasta el 25%, dicho impuesto se cobraría a partir de este lunes, y que causaría un efecto negativo enorme al dejar a mas de 900 mil personas sin trabajo, provocar un grave aumento de precios, y lo mas importante, hacer inviable el tratado comercial llamado “T-MEC”.
Trump lo anunció desde twitter, al señalar que el acuerdo (ahora llamado “Tratado del Cacahuate”), se logró luego de que México “aceptó” tomar medidas mas enérgicas para reducir o detener las caravanas de migrantes que buscaban el sueño americano, Trump amagó con los impuestos, nos asustamos y le funcionó. Recordemos que Trump decía que los mexicanos pagaríamos el muro, pues sí, a partir de este acuerdo lo pagaremos, porque ahora se recorrió, de nuestra frontera norte a la frontera sur, y la cuidaremos con mas de seis mil miembros de la Guardia Nacional, mismos que debieran estar en combate contra el narcotráfico y otras linduras, pero ahora cuidarán, en sustitución, del Instituto Nacional de Migración el arribo de los migrantes, para que Trump esté contento.
Uno pensaría que los gringos deberían estar felices solo con que selláramos la frontera sur, pero el canciller Marcelo Ebrard señaló: “Quienes crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo, serán retornados sin demora (a México) donde podrán esperar las resoluciones de sus solicitudes….México por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo” Cualquiera que haya estado cerca de un procedimiento de esa naturaleza en el país vecino, sabe que no es un procedimiento sencillo y que puede durar meses y hasta años.
Mientras nuestros amigos de la “CuatroT” se obligan en el tratado a dar oportunidades laborales, de educación y hasta servicios médicos mientras esperan, convirtiendo de facto, aunque lo niegan, a México en un “tercer país seguro” que exigía el presidente Trump. Entonces ahora, además de mantener con nuestros impuestos una serie de populistas programas sociales también vamos a mantener a los miles de migrantes que se internen en nuestro territorio para brincar el rio y solicitar asilo. Fácil, nos los regresan y aquí se los cuidamos, los hospedamos y alimentamos, señor Trump. Solo para dar una idea de la magnitud del problema, el gobierno federal estima que, en los próximos días, a raíz de la firma del “Tratado del Cacahuate” nuestros vecinos, nos enviarán para que se los cuidemos, en un primer paquete a mas de 8, 000 ocho mil migrantes. Señor López, si su gobierno no puede dar trabajo digno a todos los mexicanos y menos darles una atención digna en los hospitales del sector salud, como se compromete a alimentar, dar vivienda, educación y atención médica a estas personas. Resultó cierto, para la “CuatroT”, “Primero los Pobres”, pero los centroamericanos, no los nuestros.
Niegan nuestras autoridades, que estén de facto convirtiendo a México en un “tercer país seguro”. De acuerdo al derecho internacional, sola basta ver las definiciones del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, (UNHCR) que señala que ese concepto “se ha aplicado en los casos en que una persona podría tener o puede encontrar protección en un Tercer Estado, ya sea en relación con un caso individual especifico, o de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral entre los estados sobre el traslado de solicitantes de asilo.”, situación claramente pactada en el “Tratado del Cacahuate”
Simultáneamente el periódico New York Times revela el día de ayer, que desde el mes de marzo en “charlas secretas” celebradas entre Olga Sánchez Cordero y Kirstien Niesen (Seguridad Interior), nuestro país ya había pactado enviar a la frontera sur destacamentos de la Guardia Nacional. Si esto es cierto, entonces, ¿acaso nuestro país se prestó a una gran charada política para ayudar en su reelección a Trump? Cuidado con los Demócratas ahora que se intente en el Congreso vecino ratificar el “T-Mec”
Pero, además, el gobierno mexicano oculta todo lo pactado y el efecto que nos generará en nuestra economía, tan es así que este sábado Trump, señalo que México se comprometió a comprar a los campesinos estadunidenses “grandes cantidades” de productos agrícolas, de manera inmediata, luego entonces, ¿eso de la sustitución de importaciones y del “apoyo al campo y a nuestros campesinos” que nos ha prometido el señor López, es puro cuento?
Pero además nos comprometimos a apoyar inversiones en Centroamérica, ¿como lo haremos si estamos en este momento en plena austeridad republicana?, privando a enfermos de sus medicinas, despidiendo a miles de burócratas, y eliminando muchos gastos necesarios, ya no los superfluos, y vamos a invertir en otros países antes que en México, que pasó entonces, recordemos que hace meses, al inicio de la época del ganso, la Secretaria de Gobernación nos informó que el problema de las caravanas ya estaba resuelto, señalando que en cinco días lo logró. Entonces nos engañaron porque hay migrantes hasta en la sopa y tan nunca se había resuelto el problema que genero esta crisis internacional.
Después de reflexionar en todo esto, queda claro, no hay nada que celebrar, perdimos la partida, ahora somos y además pagamos, el soñado Muro de Trump, solo que ahora es humano y no de ladrillos, lo ayudamos en su reelección y además le vamos a servir de guardería para cuidarle a los migrantes que le soliciten asilo, con cargo a nuestras finanzas, que hermoso el “Tratado del Cacahuate”.
Ahora sí señores migrantes, como dicen en mi rancho: “Que te mantenga el gobierno.”
hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
