OPINIÓN
Alianza frágil, apuesta débil
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Tres partidos han decidido ir en coalición parcial, PAN, PRI, PRD para disputar 158 distritos electorales con el propósito evidente de evitar que MORENA obtenga una mayoría determinante en la Cámara de Diputados en 2021. Señalamos en colaboración anterior, que esta es una alianza simplista porque se basa en aritmética pura e intereses cupulares guiados hasta este momento por apreciaciones subjetivas sobre la presencia que creen tener en esas demarcaciones distritales.
Han declarado que no postularán personas impresentables, lo cual es electoralmente una propuesta insuficiente, ingenua y hasta insultante para el electorado.
Dos años no han sido suficientes para que reconozcan, que la votación tumultuaria que tuvo López Obrador se originó en el rechazo a estos mismos que hoy se alían, y que en ese tiempo no han sido capaces de articular tan siquiera una disculpa a sus otrora seguidores por haberles fallado. Por eso es una alianza simplista y superficial y porque a falta de contenido y ausencia de propuesta, apuestan a los errores del adversario como base para su plataforma electoral.
Es cierto que la administración de la auto denominada cuarta transformación ha dividido al país y que muchas de las determinaciones de este gobierno no resuelven los grandes problemas nacionales y han causado que amplios sectores de la población los rechacen, sin embargo, apostar a que la inconformidad y el temor vayan a orientar el voto en favor de los coaligados es una apuesta estratégicamente mal planteada pues no recapacitan en que, durante dos años han estado criticando las acciones de gobierno y sin embargo, la aprobación al Presidente rebasa en casi 17 puntos a la desaprobación, por lo tanto, al convertir la elección en una arena para evitar que el gobierno siga actuando de esa manera ya tienen una desventaja de ese tamaño.
La alianza es frágil porque no nace de sus fortalezas, sino que están juntando sus debilidades y lo que da mayor fragilidad es que el ámbito local se ha menospreciado, y en ese entorno los acuerdos cupulares tendrán un respaldo relativo de las fuerzas locales, en principio por la carga ideológica de la militancia en sus partidos de origen y la falta de trabajo político de las dirigencias nacionales con sus propias bases.
En ese entorno, la transferencia de votos o la suma de los mismos no está garantizada. Sin embargo, la decisión está tomada y en su implementación tendrán que tomar en consideración, que no basta el que se conviertan en un cauce único en el que la población, inconforme con el actual gobierno, vuelque su descontento. Tendrán que generar en campaña lo que no han hecho en dos años como oposición, una propuesta que indique que pueden ser merecedores de que el pueblo les devuelva la confianza.
Actualmente, el desprestigio de los partidos es alto y las figuras de peso en la política nacional les escasean a todos por igual y si a eso se suma que desde el gobierno se han encargado de perseguir y amedrentar a todo aquel que les pueda significar un riesgo, es evidente que necesitan algo más que la convocatoria a unir inconformidades.
Recientes estudios muestran que la alianza está cerrando los márgenes de competencia, particularmente donde los aspirantes locales han empezado a perfilarse, en especial en los estados donde la gubernatura es la elección principal, más no es el caso en los distritos electorales en los cuales no aparecen aún estudios ni hay candidatos o aspirantes definidos.
Las dirigencias nacionales han hecho de la batalla por la Cámara de Diputados su objetivo primario y con ello polarizan la elección pues son ellos contra la cuarta transformación. Será un error si las campañas a diputados federales se concentran en esa plataforma contraria a la 4T. El rechazo a lo establecido fue crucial para la victoria de Morena en 2018 y el mensaje de que todo estaba podrido en el sistema calo hondo, al grado de que hoy prefieren aún un mal gobierno que la vuelta a lo que había, como se demuestra con las preferencias electorales hasta hoy conocidas.
La fragilidad y debilidad de esta alianza cupular opositora es que no ofrece nada nuevo, o cuando menos diferente al pasado reciente. La oportunidad insisto, está en las plataformas regionales y los buenos candidatos y sus campañas, en especial en los estados donde se elige gobernador.
Donde no es así, que son estados con amplia presencia en la Cámara de Diputados, como Veracruz, Puebla, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, que por sí solos suman 135 diputaciones de mayoría, tendrán que ofrecer algo distinto para reconquistar un electorado sumamente decepcionado y en los cuales las elecciones locales pueden o no arrastrar a los candidatos federales. Como se ve, las alianzas no pueden ser tan simples ni basarse en operaciones aritméticas. Necesitan ganar 158 diputaciones de mayoría y ya se decidieron a hacerlo, les falta el cómo, y ahí son frágiles y débiles.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
