OPINIÓN
«Alito» Moreno, con la estocada adentro
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
¿Sobrevivirá Alejandro “Alito” Moreno a la crisis en que está inmerso?
¿Cuál será el costo de su decisión de mantenerse a la cabeza del otrora partidazo?
El PRI pasa por su momento más crítico en su historia como partido, con una presidencia sumamente cuestionada y que lucha por sobrevivir al estar su presidente sometido a dos fuegos: por un lado, hay fuerzas que se manifiestan y sacuden el árbol del partido y que representan Claudia Ruiz Massieu y Dulce María Sauri que exigen su renuncia, y por el otro lado enfrenta al poder de la 4T cuya punta de lanza es la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores y que pretende llevarlo a juicio y encarcelarlo por los supuestos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Sin duda el PRI es un partido que con todo y crisis mantiene su gran poder, tanto que frenó la reforma eléctrica que ha sido la gran apuesta del gobierno que encabeza el Presidente López Obrador.
“LOS TRAIDORES A LA PATRIA”
Desde la pasada elección intermedia, el PRI decidió ir en alianza con PAN y PRD en “Va por México” para enfrentar a Morena. La alianza electoral se mantuvo y logró romper la mayoría calificada de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. En esa situación los cabilderos del gobierno de la 4T operaron para tener el voto favorable de los legisladores federales del PRI. El gobierno de AMLO sentía que contaría con el apoyo del partido tricolor en San Lázaro.
Alito Moreno después de la alianza electoral hizo otro pacto con Va por México, el legislativo. Y contra todo lo que se dijo, mantuvo su posición de rechazar la reforma eléctrica y ésta no pasó.
Vino la declaración del Presidente López Obrador y la embestida de Morena contra los que llamó “traidores a la Patria”. Algunos agudos analistas señalaron que esa descalificación de intolerancia plena y fuera de toda proporción iba dirigida al presidente nacional del PRI porque había asumido el compromiso que la apoyaría y no lo hizo.
VINIERON LOS ATAQUES
Antes de las elecciones en 6 estados de la república, la gobernadora de Campeche empezó a meterle leña al fuego y exhibir a su antecesor en la gubernatura, como un gandalla y vividor de la política, filtrando audios de supuestas conversaciones de Alito de haber recibido financiamiento ilegal para campañas del PRI, de lavado de dinero, de descalificaciones a periodistas, entre otros señalamientos que lo dejan muy mal parado, como alguien impresentable y que se toma como otra raya más al tigre de la corrupción.
La respuesta de Alejandro Moreno es que se trataba de una venganza por no haber cedido a las presiones para que otorgara el voto de los diputados del PRI a favor de la reforma eléctrica, lo que así fue, como se corroboró con el audio que el propio Alito filtró de una conversación que tuvo con el senador del PVEM, Manuel de Velasco, quien se presentó como emisario del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que recapacitara en torno a la posición de su partido en la votación en San Lázaro sobre la reforma eléctrica. Alito se mantuvo y vinieron los ataques.
Su situación se agrava en el PRI, porque a estos audios escandalosos dados a conocer por Layda Sansores, se registraron los resultados adversos en estas elecciones en seis estados, en las que el PRI perdió Oaxaca e Hidalgo, que se añaden a las derrotas en 2021 en Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, o sea la derrota y pérdida en 10 en estados que gobernaba, todo en dos años, ganando únicamente Durango en alianza con PAN y PRD, para quedarse con dos estados (Coahuila y Estado de México).
LE PIDEN LA RENUNCIA
Si bien es cierto que Alejandro Moreno fue electo democráticamente como presidente y cuyo periodo vence en agosto del 2023, dentro de 14 meses, su situación se torna cada vez más difícil. Tiene una opinión pública muy feroz que ya lo condenó y que no le da margen, cuando lo retrata de cuerpo completo como un político corrupto y en esas condiciones no se vislumbra que el PRI pueda recuperarse, ya que esa imagen de impresentable la alimenta el gobierno de la 4T con Layda Sansores montando desde Campeche el juicio.
Mantenerse Alito en la presidencia le generará aún más daño al PRI y seguramente impactará negativamente la elección del próximo año en el Estado de México y en Coahuila.
DEBE DE IRSE
Veo que Alito no tiene salida, está atrapado. Incluso, para la Alianza “Va por México”, que le dio el espaldarazo después de los ataques, el daño los alcanzará y se vuelven aun más vulnerables, donde el gran ganador es precisamente Morena.
Alito bien puede continuar en la presidencia del PRI, incluso, el juicio en Campeche los morenistas lo pueden ir administrando todo este año y hasta agosto del 2023 para remarcar la narrativa de que “Va por México” es una alianza de sinvergüenzas, que han saqueado al país y lo quieren seguir saqueando. Es como anillo al dedo para el discurso de AMLO contra la corrupción.
Alito trae la estocada muy adentro. Como bien señala Eugenio Ruiz Orozco, no tiene defensa y está acorralado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
