OPINIÓN
Superan AMLO y Alfaro diferencias: Habrá Línea 4 del Tren Ligero
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El pasado sábado visitó Guadalajara el Presidente Andrés Manuel López Obrador para echar a andar la Línea 3 del Tren Ligero, una obra muy accidentada y de alta complejidad que, de un presupuesto inicial de 16 mil millones de pesos se fue al doble y que finalmente no la pudieron capitalizar sus dos principales promotores, los políticos priistas Enrique Peña Nieto y Aristóteles Sandoval.
Fue un buen día para Jalisco, hay que subrayarlo, porque además de que el Presidente López Obrador inauguró la gran obra de transporte, acompañado del Gobernador Enrique Alfaro, anunció una excelente noticia para el Estado, la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero de Tlajomulco a Guadalajara, que fue un compromiso de campaña, tanto del político tabasqueño, como de Alfaro. De la misma forma anunció que el Gobierno federal apoyará la terminación de las obras en el periférico para que pueda entrar en operación el Peribús.
López Obrador habló de sus diferencias políticas con el Gobernador Alfaro, pero aclaró que así es la democracia, donde existe la libertad y las visiones diversas forman parte de la misma, lo que importa, precisó, es ponerse de acuerdo en lo fundamental y trabajar unidos para impulsar el desarrollo y el mejoramiento de las comunidades.
Hay que reconocer la persistencia del Gobernador Alfaro de estar machacando la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero y finalmente tiene la respuesta positiva del Presidente, y viene a tapar bocas de que el Gobierno Federal castigaría a Jalisco por las críticas constantes que el político de MC ha lanzado al gobierno de la 4T, el más reciente fue la pasada semana en Chihuahua, donde criticó el proyecto de presupuesto del gobierno federal para el 2021 en el que no se contempla recursos para las obras de infraestructura de Jalisco.
DESPUÉS DE TRES SEXENIOS
La puesta en marcha de la Línea 3 del Tren Ligero es muy significativo, si consideramos y recordamos que durante tres sexenios (los gobernados por Acción Nacional) no se construyó ni un milímetro de este tipo de transporte al faltarle visión.
Hay quienes en automático le restan valor y descalifican la obra por haberse elevado los costos al doble y no haberse concluido en el tiempo que fue planeada, se esperaba que concluyera en 2018 y finalmente se extendió casi dos años hasta el 12 de agosto del 2020.
Sin duda la Línea 3 del Tren Ligero es una gran obra que vendrá a aliviar el problema agudo de movilidad que sufre la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Sistema del Transporte Público con una longitud de 21.5 metros con 18 estaciones y cruza el subsuelo del Centro Histórico de Guadalajara a 20 metros de profundidad.
La ZMG cuenta con dos líneas del Tren Ligero construidas durante los gobiernos priistas encabezados por los gobernadores Enrique Álvarez del Castillo, Guillermo Cosío Vidaurri-Carlos Rivera Aceves. La Línea 1 se inauguró en septiembre de 1989 y la Línea 2 en julio de 1994. La Línea 1 tiene una longitud de 16.5 kilómetros y cuenta con 20 estaciones. La Línea 2 del Tren Ligero a su vez mide 8.5 kilómetros y cuenta con 10 estaciones.
LA GRANDILOCUENCIA
¿Qué falló en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero? ¿Dónde se complicó la obra? Pienso que hubo un error de cálculo de parte de Peña Nieto y Aristóteles, a quienes los técnicos les escondieron la verdad de lo complejo que resultaba cruzar por el subsuelo el Centro Histórico de Guadalajara, por un lado, y por el otro, la magnitud del proyecto, los 21.5 kilómetros, si hubiera sido una tercera parte más corta se hubieran evitado estos problemas. Los jóvenes tienen a su favor el ímpetu y la energía de innovar, hacer cambios, muy echados para adelante, pero esa fogosidad con la falta de experiencia los lleva a cometer errores y sufrir tropezones, como pasó aquí.
BENEFICIA A LA CIUDAD
La opinión de la amplia mayoría de los ciudadanos es que la Línea 3 del Tren Ligero es benéfica para la ciudad, es la opinión del 84% de la gente de Guadalajara, conforme a encuesta realizada por Polymetrix, los mismos ciudadanos que han percibido que la relación entre el Presidente y el Gobernador ha sido mala, el sentir del 54% de los consultados.
SER PROACTIVOS
Finalmente, la obra ya empezó a funcionar, esperemos que tanto tiempo haya permitido subsanar errores y/o fallas graves -como sucedió con la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México-. Y el hecho de que tanto el Presidente López Obrador como el Gobernador Alfaro, le hayan dado la importancia del caso, habla de la responsabilidad que asumen como gobernantes, más allá de la retórica política electorera, porque finalmente son los hechos los que hablan por las personas.
Al margen de que otros gobiernos hayan iniciado esta obra, a los actuales les corresponde darle continuidad para beneficiar a cientos de miles de personas que diariamente utilizarán este transporte moderno de vanguardia y que es de primer mundo. Estrellitas a Alfaro y López Obrador. Una buena, por fin.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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