Apoyemos a la PRODECON

Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Uno de los pocos organismos descentralizados del Gobierno Federal que mejor se ha desempeñado hasta convertirse en un gran aliado del pagador de Impuestos, (Contribuyente) es, sin duda, la “Procuraduría de la Defensa del Contribuyente” PRODECON, la cual goza de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de orientación, asesoría, consulta, representación legal y defensa, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes, así como de acuerdos conclusivos como un medio alternativo para resolver de forma anticipada y consensuada los diferendos que durante el ejercicio de las facultades de comprobación surjan entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, o bien, para regularizar la situación fiscal de estos últimos.

Además de ello, fomenta la cultura contributiva, realiza propuestas de modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas sistémicos, celebra reuniones periódicas con autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones legales y emite recomendaciones, medidas correctivas y sugerencias.

Inclusive ha contribuido enormemente a la recaudación, ya que para el Fisco la figura de los Acuerdos Conclusivos ha sido una herramienta altamente recaudatoria, donde coadyuvó, solo de enero a mayo de este año, a recaudar más de 4 mil 501 millones de pesos y además evita que el contribuyente vaya a un juicio donde el SAT tiene una alta probabilidad de perderlo.

Como pueden ver, defiende los derechos humanos, igualito que en teoría debería hacerlo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que parece que desapareció a raíz del nombramiento de su nueva titular, solo que la PRODECON, es un organismo sumamente profesional y técnico que defiende al contribuyente. Algún alumno de la Maestría me preguntaba sí había razón de que existiera, y mi respuesta fue muy sencilla, si no existieran violaciones a los derechos humanos no habría razón que existiera la CNDH y el Juicio de Amparo. En el mismo sentido, si las autoridades fiscales federales no violaran con su actuar los derechos de los contribuyentes no habría razón de su existencia.

La gran mayoría de personas que acuden a solicitar los servicios de esta noble institución son personas físicas, (un 90%) micros, pequeños y en algunos casos grandes empresas, profesionistas, agricultores, amas de casa, estudiantes, técnicos, pensionados y jubilados, que de no existir la PRODECON no podrían costear los honorarios de su defensa, así como existen también en los procesos penales los llamados “defensores de oficio”. Esa defensa gratuita a pequeños contribuyentes ha logrado una efectividad del 77% por ciento a favor de esos pequeños pagadores de impuestos.

Pues resulta que la semana pasada nos enteramos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante un oficio, firmado por dos funcionarios de segundo nivel, pretenden quitarle a la PRODECON el 75% del Presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros, lo que en la práctica la vuelve inoperante y la obligará a cerrar gran parte de sus delegaciones (16) en todo el país, aunque en realidad más del 80% de los servicios los presta a través de estas delegaciones. Dicha reducción la fundamentan en el inconstitucional decreto del Presidente Manuel Andrés López Obrador (MALO), del 23 de abril pasado, donde se establecieron las “Medidas de Austeridad que rigen al Gobierno Federal” con el que el Ejecutivo arropándose facultades reservadas y exclusivas de la Cámara de Diputados, redirecciona el Presupuesto Federal hacia 37 de sus obras faraónicas y programas “compra votos” de la “CuatroTé”. Sin embargo en dicho decreto se establece claramente en el punto 38 que no se afectará la “Defensa de los Derechos Humanos” que es precisamente la función que realiza la PRODECON, pero además expresamente el inconstitucional decreto establece que las medidas adoptadas no aplicarán a las que atienden directamente al público o aquellas que son esenciales para el bienestar del pueblo. Además este recorte viola flagrantemente el artículo 2 de la Ley de la PRODECON que establece que “… en ningún caso el presupuesto que se asigne a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior”.

Pero ahí no para esta agresión a este órgano incómodo para el Gobierno federal que pone día a día un alto al terrorismo recaudatorio del Gobierno federal, pues resulta que la PRODECON actualmente está sin titular ya que la Diana Bernal, quien por cierto, tuvo un excelente desempeño al frente de la misma, se retiró al vencer su nombramiento, y ahora, el 2 de junio, el Presidente de la Republica manda una terna al Senado para la elección de la persona que ocupe ese importante cargo, sin embargo ninguna de las tres personas incluidas cumplen dos requisitos fundamentales para ocuparlo señalados entre otros más en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la PRODECON, y que son: poseer título y cédula profesional de abogado o carrera afín a la materia tributaria (economía no es carrera afín) y contar con experiencia acreditada en materia fiscal cuando menos por un término de 5 años inmediatos anteriores a su designación, características internacionalmente requeridas para el cargo de un ombudsperson fiscal.

El Senado las deberá rechazar en un plano de legalidad y constitucionalidad, esperemos que el presidente no le dé, otra vez, por modificar las Leyes Orgánicas de las dependencias donde pretende meter a sus incondicionales, para brincar los obstáculos que las mismas leyes establecían para determinados cargos, tal y como ocurrió al menos en el SAT y en el Fondo de Cultura Económica.

Por eso #ApoyemosAlContribuyente y digo: “¡Sí a las 30 Delegaciones de Prodecon!

Por cierto, ¿cuándo se va de su cargo el Fiscal General de Jalisco?, quien, para tratar de justificar sus órdenes para violar derechos humanos de manifestantes, reconoce que en su institución manda la delincuencia organizada.