Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El sábado pasado, el mundo despertó con la noticia de que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares cerca de Teherán, utilizando bombarderos furtivos B-2, bombas antibúnker GBU-57 y misiles Tomahawk lanzados desde submarinos y destructores.

Este ataque a tres puntos estratégicos intensificó la tensión global en un contexto ya marcado por la incertidumbre del gobierno de Donald Trump. Sus políticas, desde aranceles arbitrarios hasta conflictos comerciales con aliados como México y Canadá, han generado inestabilidad, amplificada por medios sensacionalistas que, a través de redes sociales, alimentan el miedo a una tercera guerra mundial entre audiencias influenciables.

El conflicto comenzó con ataques israelíes contra Irán, basados en la supuesta inminencia de una bomba nuclear iraní. Irán respondió impactando misiles en el complejo militar Kirya en Tel Aviv, exponiendo la vulnerabilidad del sistema defensivo israelí, incluida su Cúpula de Hierro.

Trump, alineándose con Israel, decidió intervenir sin pruebas claras que justifiquen la acción, evocando el precedente de George W. Bush, quien en 2003 invadió Irak con falsas acusaciones sobre armas de destrucción masiva. Esta repetición de tácticas imperiales para preservar la hegemonía estadounidense genera escepticismo global. ¿Quién confía en Trump, cuya facilidad para distorsionar la verdad es bien conocida?

Tras ganar las elecciones en noviembre de 2024, Trump prometió evitar “guerras eternas”, pero su retórica belicosa, incluyendo amenazas contra el líder supremo iraní Ali Khamenei, contradice esa postura. Su decisión arriesga un conflicto de consecuencias impredecibles, especialmente si Irán contraataca bases estadounidenses en la región.

Los medios sensacionalistas, amplificados por plataformas digitales, convierten esta crisis en un espectáculo de paranoia, presentando el conflicto como el preludio de una guerra global. Sin embargo, un análisis racional sugiere que las condiciones para una escalada de esa magnitud son limitadas, particularmente por la postura de China y Rusia, aliados históricos de Irán.

CHINA: CAUTELA ESTRATÉGICA
China ha optado por posicionarse como mediador, proyectando una imagen de actor responsable en la escena global. Los aviones chinos detectados rumbo a Irán probablemente buscaban evacuar personal, no brindar apoyo militar. Una guerra prolongada elevaría los precios del petróleo, afectando la economía china, que depende de la estabilidad energética.

Pekín podría recurrir a presión diplomática o sanciones económicas contra Estados Unidos, pero una intervención militar es improbable, dado el riesgo de desestabilizar sus relaciones con Occidente. Los medios sensacionalistas, sin embargo, exageran el rol de China, generando temor infundado entre quienes consumen titulares alarmistas sin cuestionarlos.

RUSIA: OPORTUNISMO LIMITADO
Rusia, enfrascada en su conflicto con Ucrania, ve en la crisis una oportunidad para distraer a EEUU y debilitar su apoyo a Kiev. Sin embargo, su respaldo a Irán ha sido mínimo, sin evidencia de asistencia militar directa. Moscú podría negociar beneficios, como alivio en sanciones por Ucrania, a cambio de mantenerse al margen. Aunque podría ofrecer inteligencia o logística a Irán si el conflicto escala, una intervención activa es poco probable.

Los titulares que predicen una coalición Rusia-Irán son exageraciones mediáticas que alimentan la paranoia de una guerra global, ignorando los cálculos estratégicos de Moscú.

FACTORES QUE LIMITAN LA ESCALADA
Irán ha advertido que la intervención de EE. UU. podría desencadenar una “guerra total”, pero su capacidad militar está mermada tras los ataques israelíes a sus defensas aéreas y sitios nucleares. China y Rusia priorizan su estabilidad interna y económica, evitando un enfrentamiento directo con EE. UU. e Israel. Ambos países podrían buscar influencia mediante soluciones diplomáticas, no militares. Los medios sensacionalistas, sin embargo, capitalizan el miedo, magnificando la amenaza y omitiendo el contexto geopolítico que desinfla la narrativa de una guerra mundial inminente.

IMPLICACIONES PARA MÉXICO
Para México, el conflicto tiene repercusiones económicas y políticas significativas. Un aumento en los precios del petróleo por la guerra beneficiaría temporalmente a Pemex, pero elevaría los costos de combustibles, impactando la inflación y el bienestar de los mexicanos. Además, la presión de EEUU para alinear a México en su agenda podría complicar la política de no intervención del país, un principio histórico de su diplomacia.

La intervención de Estados Unidos en Irán es un movimiento arriesgado de Trump para reafirmar la hegemonía estadounidense, sin evidencia sólida que lo respalde. Los medios sensacionalistas, amplificados por redes sociales, convierten esta crisis en un espectáculo de miedo, exagerando las probabilidades de una tercera guerra mundial y generando paranoia entre audiencias poco críticas.

China y Rusia, con posturas cautelosas, difícilmente escalarán militarmente, optando por maniobras diplomáticas para proteger sus intereses. En México, el conflicto amenaza con impactos económicos y diplomáticos, lo que exige un periodismo responsable que desmantele el alarmismo y fomente un análisis racional.

La ciudadanía merece información veraz, no narrativas que lucren con el temor.

Por Pedro Vargas Ávalos //

A partir del cercano uno de septiembre, el Poder Judicial mexicano se renovará, a pesar de las oposiciones, las oligarquías privilegiadas, la mayoría de sus comentócratas y medios tradicionales, es decir, tope en lo que tope. Tendremos pues, juzgadores emergidos del voto popular y no de cúpulas de predominio.

Los enjuiciadores que integren el innovado ramo jurisdiccional (en Jalisco seguiremos en espera, pues nuestros legisladores -y quizás el ejecutivo- no tienen prisa y al parecer ni simpatías para remozar nuestro aparato judicial) tendrán como norte aplicar la ley, siempre procurando imponer la justicia, lo cual les será fundamental porque simbolizan la pluralidad nacional y surgen de la voluntad popular, o sea , de la democracia, lo cual se ajusta a lo que ordena el artículo 39 de la Constitución: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Ministros, magistrados y jueces siempre deben sujetarse, en el ejercicio de sus funciones, a la ley o más ampliamente al Derecho, pues aquella es el mandamiento obligatorio escrito (por lo que si no se cumple es sancionable) expedido por la autoridad competente, en tanto que este -el Derecho- implica el conjunto de normas y principios que regulan la convivencia de las personas, con el fin de que imperen la justicia -saber separar lo justo de lo injusto y que se otorgue a cada quien lo que legal y razonablemente le corresponde- y el orden con armonía social.

El aparato judicial, por tradición, siempre se integró con matices clasistas; de hecho, no encontrábamos en el cuadro de juzgadores, representantes de los pueblos originarios, y solo en exiguo porcentaje miembros del ámbito social más pobre o carentes de apoyos poderosos. En consecuencia, la carrera judicial no cumplía sus objetivos, debido a que ordinariamente se alteraba por influencia de los factores hegemónicos. Todo lo anterior es contrario a la pluralidad de la sociedad mexicana y al mandato constitucional que se funda indiscutiblemente en la soberanía nacional que reside en el pueblo.

Consecuente con lo antedicho, son los juzgadores resultantes de la reforma judicial que ahora es parte de la suprema ley de la república. Y si tales funcionarios no se ciñen al sentido de ley, derecho y justicia, para bien de la población, ahora habrá el Tribunal de Disciplina Judicial. Sobre el tema, declaró Celia Maya García, virtual presidenta de ese organismo: “se busca crear un nuevo sistema de justicia con juzgadores preparados, pero también con sensibilidad social y que sea cercana a la gente.” Agregando que, nunca serán persecutoras, pero eso sí: “El Tribunal de Disciplina Judicial, la única misión que tiene es que la justicia se imparta conforme a lo que dice la Constitución.

Entonces todo eso que ocurría antes de que había desviaciones, y siempre que te desvías de la ley implica una corrupción, pues que si eso se da se pare a tiempo, no se deje correr, no exista. Que se den resoluciones rápidas cuando haya quejas en este sentido para que no se hable de impunidad”. (El Universal, 16/06/2025).

Por lo que ve a la pluralidad étnica de México, esta se reflejará en la Suprema Corte de Justicia luego de la histórica elección del uno de junio pasado, pues quien obtuvo la mayoría de los votos y que por ende será quien presida al más alto tribunal de la nación, es el jurisconsulto de raza mixteca Hugo Aguilar Ortiz; esto además de que fueron electos varios juzgadores de ascendencia indígena en varias entidades federativas.

El citado Aguilar Ortiz, se describe: “soy indígena mixteco del estado de Oaxaca, he dedicado mis conocimientos, ejercicio profesional y experiencia en la promoción y defensa de los derechos indígenas en los últimos 30 años, en los que, en conjunto con otros abogados, hemos sistematizado la realidad y aspiraciones de los pueblos, las hemos transformado en conceptos jurídicos que recientemente fueron incorporados en el artículo 2º de la Constitución Federal”. (Diario Red, 9/05/25).

El senador Antonino Morales Toledo, también de origen autóctono (zapoteco) declaró complacido: “Más de siglo y medio después, un hijo de los pueblos originarios, esta vez de raíz mixteca, asume la más alta responsabilidad del Poder Judicial. Su elección representa un paso firme hacia una justicia más incluyente, cercana al pueblo y con rostro indígena”. En cuanto a su actuación, indicó Aguilar Ortiz, en una entrevista, que él no había llegado con transacciones con alguna agrupación, sindicato, poder político, etcétera, enfatizando: “llego con los votos que la ciudadanía depositó el 1 de junio; no tengo más que compromiso con ellos, con la Constitución, con el marco jurídico, con garantizar certeza para todos, porque este para mí es el objetivo central.” (Público, 2025-06-18).

El experimentado letrado agregó, en el encuentro predicho, que estaba consciente del lugar al que llegaría, y del “reto que tenemos, las dificultades que ha tenido la Corte, por decirlo de manera suave, en los últimos años” así como de la condición que tienen grandes sectores de la ciudadanía en relación a la justicia.

Al respecto expuso: «Hay un sector de la población que cuenta con los recursos suficientes para contratar un abogado calificado y ellos seguirán llegando a la Corte y se les va a administrar justicia siempre que tengan la razón, pero también hay otro sector que no tiene esas condiciones; y para los cuales el sistema de justicia no ha existido, por lo que vamos a equilibrar ahora la condición de estos sectores sociales tradicionalmente excluidos para que accedan a la justicia». Seguidamente enfatizó que defendería la división de poderes, pero invariablemente atendiendo el bien de la República.

Finalmente precisó que será el enlace entre a los nueve ministros para “que tomemos decisiones trascendentes”; el objetivo es “darle un nuevo enfoque y visión a ese órgano y al sistema de justicia del país.” En cuanto al padrón que encontrará en la SCJ, dejó claro que “reconocerán la experiencia del personal que actualmente labora en la Corte y advirtió que a quien se detecte haciendo cosas indebidas, se dará vista al Tribunal de Disciplina Judicial… y tendrá que dejar el espacio, pero quien contribuya a encontrar una justicia real, verdadera, que realmente sirva a la nación, será bienvenido».

No dejaron de haber expresiones racistas sobre el virtual guía de la SCJ, (incluyendo temas anodinos como el uso de la toga) pero contra esas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum lo encomió:” Me da mucho gusto que el próximo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, muy buen abogado, muy buen abogado; tengo el privilegio de conocerlo” y adicionó su comentario al asegurar que domina no solamente “temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general, tiene un amplio conocimiento; es un hombre modesto, sencillo,…con una enorme inteligencia y sensibilidad social, entonces nos da mucho gusto” que sea quien presida la Corte. (Mañanera del pueblo, 04/06/2025).

Y junto a la mandataria de la patria, nosotros y millones de connacionales, nos congratulamos de la renovación democrática del Poder Judicial, lo cual anuncia una etapa en la cual, la justicia por fin estará cerca del pueblo, y será básica para edificar un genuino estado de derecho.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Dicen que la política, como la basura, suele acumularse en los márgenes. Y es justamente en esos márgenes donde este viernes se empujó una decisión que, aunque técnica en apariencia, tiene un peso político mayor del que sus impulsores quieren admitir.

En sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana —una de esas instancias que a ratos parece decorativa y a ratos cobra forma de suprapoder— se aprobó, por mayoría calificada, la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos.

El salón del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo (Imeplan) olía más a alineación institucional que a innovación. Y, sin embargo, allí ocurrió algo digno de mención: once votos a favor, uno en contra. Y un viejo anhelo reciclado: que la basura deje de ser una vergüenza dispersa y se convierta en una política pública compartida.

Había muchas caras conocidas: Karina Hermosillo, orquestando el discurso de la cooperación desde la Coordinación de Gestión del Territorio; Patricia Martínez Barba, la directora del Imeplan, jugando su papel de arquitecta técnica del acuerdo; y Sergio Chávez Dávalos, alcalde de Tonalá, quien no se guardó el crédito: “Yo propuse esto desde 2022. Hoy lo logramos.”

Y es que, en política, lo que se logra no siempre es lo que se construye. Pero Chávez no es de los que deja pasar la oportunidad. Frente a cámara, con fondo institucional y gesto de conquista, marcó territorio: Tonalá está puesto, dijo, y puso su bandera antes de que sus regidores dieran el siguiente paso. Un gesto que revela algo más que entusiasmo: anticipa la contienda, y con ella, las urgencias por mostrar resultados metropolitanos para causas locales.

EL VOTO QUE INCOMODA

El único municipio que votó en contra fue Tlaquepaque. No es casualidad. En el juego de tensiones políticas, Tlaquepaque ha optado por marcar distancia, incluso en temas donde la lógica técnica sugiere lo contrario. El portavoz de este voto fue el síndico del Ayuntamiento alfarero, José Luis Monterde Ramírez, especialista en llevar la contra y sacar buenos resultados. El “no” aislado, como todo disenso, incomoda a quienes apuestan por la unanimidad como sinónimo de legitimidad. Pero también sirve de recordatorio: no hay consenso sin condiciones.

Lo que se aprobó no compromete recursos, no sube tarifas, no delega funciones inmediatas. Es, dirán algunos, apenas un convenio marco. Pero los marcos son también declaraciones de intenciones. Y en este caso, la intención es clara: quitarle a la basura su carácter de asunto municipal y vestirla con traje de política de Estado.

TECNÓCRATAS Y BASURA

Karina Hermosillo lo dijo con tono firme: “El reto de los residuos rebasa los límites municipales”. Y no le falta razón. Cada día, el AMG genera más de 5 mil toneladas de basura. Toneladas que nadie quiere en su patio, pero que todos generan. Patricia Martínez -la exactivista ciudadana ahora fiel burócrata alfarista-, por su parte, se encargó de ensalzar la posibilidad de revalorizar lo que hoy se entierra, apilando argumentos técnicos en favor de la eficiencia y la economía circular.

Pero detrás de cada tecnócrata que propone está el político que se alista. Y esa es la clave. Este acuerdo no solo pavimenta la creación de un OPD con buenas intenciones; también se convierte en una herramienta de articulación regional para quienes buscan dejar huella más allá de sus municipios. Tonalá, por ejemplo, intenta despegar del estigma periférico para hablar con voz metropolitana. Y lo está logrando.

En el papel, la Agencia buscará coordinar recolección, tratamiento, normas técnicas, políticas públicas y criterios ambientales. Promete ser flexible, no imponer ni sustituir a los municipios, y alinearse con modelos como Barcelona o Medellín.

Una carta de presentación impecable para foros, indicadores y cooperación internacional. Pero, como suele pasar, lo difícil no será redactar los programas, sino aplicarlos en territorios donde la corrupción de los residuos huele más fuerte que los discursos, porque aquí no somos Barcelona. Aquí, los camiones siguen sin GPS, los basureros se incendian y los contratos se firman en lo oscuro.

Pero mientras las autoridades celebran, lo fundamental sigue sin respuesta: ¿Qué pasará con las concesiones turbias? ¿Quién pondrá orden en los tiraderos ilegales? ¿Dónde está la voluntad política para transparentar el verdadero negocio de los residuos?

Porque hablar de gestión integral sin hablar de los intereses que han hecho de la basura un negocio multimillonario es, en el mejor de los casos, ingenuidad. Y en el peor, complicidad.

EL ROMPECABEZAS APENAS COMIENZA

Falta aún que al menos dos cabildos municipales aprueben el convenio para que la Agencia comience su vida jurídica. Falta también que los municipios decidan a qué servicios se adhieren, con qué atribuciones, bajo qué modelo operativo. Pero el primer paso ya está dado. Y como en todo buen entramado político, el diseño es lo de menos. Lo que importa es quién lo opera y con qué fines.

Porque no hay política pública que no huela a intereses cuando se trata de basura. Y porque, como decía aquel cínico del viejo régimen, “todo poder se prueba en la capacidad de gestionar lo que nadie quiere ver”.

La basura, en este caso, une. Pero también revela.

En X @DEPACHECOS