OPINIÓN
Aumento de precios en materias primas y energéticos, reflejo de la economía global: A la baja comercio internacional
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
En la reciente reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) uno de los primeros puntos expuestos es la reducción del crecimiento económico mundial, ajustando los pronósticos para el presente y futuro mediato, incidiendo en ello los nuevos bloqueos para evitar la propagación del COVID-19 –principalmente en regiones de alto tráfico comercial en China- que están interrumpiendo nuevamente el comercio marítimo en un momento en que las presiones de la cadena de suministro parecían estar disminuyendo.
Esto podría conducir a una nueva escasez de insumos manufactureros y una mayor inflación; y otro factor de gran peso es la guerra en Ucrania. El pronóstico para el 2022 se asume en el 3,6%, con China por encima, en el orden del 4,4% y la India con el 8,2%.
La región latinoamericana y caribeña aparece por debajo del promedio, alcanzando un 2,5%, y las dos más grandes economías de América Latina y el Caribe, creciendo por debajo, Brasil con el 0,8% y México con el 2%. Recordemos que la región es la zona más afectada por el COVID y la zona donde se verifica la mayor desigualdad en el ámbito global.
Para los países epicentro del conflicto bélico, se augura una caída del -8,5% para Rusia y nada menos que del -35% para Ucrania. A eso deben sumarse las sanciones generalizadas contra Rusia y variados apoyos de asistencia económica y militar a Ucrania, incluso financiamiento del FMI.
Lo cierto es que las sanciones contra Rusia, promovidas por EEUU y acompañadas por sus socios occidentales tienen impacto en la economía mundial, especialmente afectando a los sectores sociales y países más vulnerables.
Un detalle no menor, apunta a cambios que operan en el orden mundial, sea en el plano de la producción y de la circulación, especialmente en la esfera comercial, de servicios y específicamente financiero. (rebelion.org)
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ahora espera un crecimiento del volumen de comercio de mercancías del 3,0 % en 2022, por debajo de su previsión anterior del 4,7 %, y del 3,4 % en 2023, pero estas estimaciones son menos seguras de lo habitual debido a la naturaleza fluida del conflicto.
El impacto económico más inmediato de la crisis ha sido un fuerte aumento de los precios de las materias primas. A pesar de su pequeña participación en el comercio y la producción mundiales, Rusia y Ucrania son proveedores clave de bienes esenciales, incluidos alimentos, energía y fertilizantes, cuyo suministro ahora está amenazado por la guerra. Los envíos de cereales a través de los puertos del Mar Negro ya se han detenido, con consecuencias potencialmente nefastas para la seguridad alimentaria en los países pobres.
“La guerra en Ucrania ha creado un inmenso sufrimiento humano, pero también ha dañado la economía mundial en un momento crítico. Su impacto se sentirá en todo el mundo, particularmente en los países de bajos ingresos, donde los alimentos representan una gran fracción del gasto de los hogares”, dijo la Directora General de la OMC Ngozi Okonjo-Iweala. “Los suministros más pequeños y los precios más altos de los alimentos significan que los pobres del mundo podrían verse obligados a prescindir de ellos. No se puede permitir que esto pase. Este no es el momento de volverse hacia adentro. En una crisis, se necesita más comercio para garantizar un acceso estable y equitativo a las necesidades. La restricción del comercio amenazará el bienestar de las familias y las empresas y hará que la tarea de construir una recuperación económica duradera de la COVID-19 sea más difícil”, continuó diciendo la Directora General.
Dijo que los gobiernos y las organizaciones multilaterales deben trabajar juntos para facilitar el comercio en un momento de fuertes presiones inflacionarias sobre los suministros esenciales y crecientes presiones sobre las cadenas de suministro.
“La historia nos enseña que dividir la economía mundial en bloques rivales y dar la espalda a los países más pobres no conduce ni a la prosperidad ni a la paz. La OMC puede desempeñar un papel fundamental al proporcionar un foro donde los países pueden discutir sus diferencias sin recurrir a la fuerza, y merece ser apoyada en esa misión”, dijo.
A diferencia de los precios del petróleo, los precios del gas natural tienden a divergir fuertemente entre regiones. El precio del gas natural en Europa aumentó un 45% entre enero y marzo a US$ 41,0 por millón de Btu, mientras que en Estados Unidos se mantuvo relativamente bajo, en torno a US$ 4,9 por millón de Btu. Los precios más altos del petróleo pueden reducir los ingresos reales y la demanda de importaciones en todo el mundo, mientras que los precios más altos del gas natural probablemente tendrían un mayor impacto en Europa. (www.wto.org)
El presente, agudiza el problema y en el mensaje del pronóstico para este año, el FMI alude a una coyuntura de desaceleración e inflación. El impacto en territorio del conflicto es grave, por la especificidad productiva de Rusia y de Ucrania. En ese sentido, el FMI destaca en su informe:
“La guerra se suma a una serie de shocks de la oferta que han golpeado la economía mundial en años recientes. Como una ola sísmica, sus efectos se propagarán a lo largo y ancho del mundo, por vía de los mercados de materias primas y los vínculos comerciales y financieros. Rusia es un importante proveedor de petróleo, gas y metales, y, junto con Ucrania, de trigo y maíz. La reducción del suministro de estos productos básicos ha hecho que sus precios se disparen. Los importadores de materias primas en Europa, el Cáucaso y Asia central, Oriente Medio y Norte de África y la región de África subsahariana son los más afectados. Pero el alza de precios de los alimentos y los combustibles perjudicará a los hogares de menores ingresos de todas las regiones del mundo, incluidas las Américas y el resto de Asia.” (www.imf.org)
La sensible disminución en la producción mundial desde inicios del siglo XXI -principalmente en Estados Unidos- y acentuado a partir de la crisis financiera mundial del 2008, ha sido un fenómeno que poco a poco ha impactado en la economía global.
En este contexto, el FMI y la corriente principal en la disciplina económica inducen políticas de austeridad, al tiempo que favorecieron una gigantesca ampliación de la emisión monetaria y de la deuda pública y privada (empresas y familias) sobre todo a partir de la irrupción de la pandemia del COVID-19, lo que ha engrandecido el de por sí ya enorme endeudamiento de muchos países occidentales.
Sin embargo resulta paradójico que, a pesar de la actual situación y el deterioro progresivo de las clases más desprotegidas, se aumente el gasto militar en países como Estados Unidos, con una desbordante crisis de órdenes económico-financiero y político-social.
Inmediatamente luego de asumir la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden comenzó a solicitar ampliaciones en el presupuesto militar a pesar del enorme endeudamiento público que continúa debilitando inexorablemente al dólar y a su economía, pero a pesar de ello, Biden acaba de solicitar el pasado 28 de abril al Congreso que apruebe $33 mil millones de dólares adicionales para proporcionar a Ucrania más municiones, artillería y otros suministros.
“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso si permitimos que suceda”, dijo Biden. “O apoyamos al pueblo ucraniano mientras defiende a su país o nos mantenemos al margen mientras los rusos continúan con sus atrocidades y agresiones en Ucrania”.
El enorme paquete de ayuda es el doble del tamaño de una disposición aprobada por el Congreso el mes pasado. Eclipsaría todo el gasto de Estados Unidos hasta ahora en la guerra y sugiere que la Casa Blanca espera que el conflicto se prolongue durante meses.
Estas iniciativas presidenciales, presionadas por los intereses del complejo militar-industrial, y el afán de las potencias occidentales guiadas al matadero económico por Estados Unidos de continuar avanzando hacia Eurasia en una desesperada pataleta, no sólo pueden tener un alto costo para los republicanos en las próximas elecciones del mes de noviembre, sino que mellarán aún más la vapuleada reputación, popularidad y simpatías del ocupante de la Casa Blanca, abonando también a lo que puede ser una “jugada de sacrificio” obligada para Biden ante su cada vez más inminente salida, a quien en breve podrían declarar no apto para terminar su mandato; el más vetusto y errático sucesor de George Washington.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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