OPINIÓN
Ayotzinapa: Crimen de Estado, caso de impunidad y verguenza; «no hay indicios de que normalistas estén vivos», Encinas
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
A una altitud de 1344 metros sobre el nivel del mar, y a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad de Tixtla, (estado de Guerrero), a cuya municipalidad pertenece, se ubica Ayotzinapa; la localidad está al borde de la Carretera Federal 93, su mejor vía de comunicación, ya que la une con la mencionada Tixtla, así como con Chilapa y Tlapa hacia el este; al oeste, a una hora, está la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo: según el Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ese pequeño vecindario tenía una población de 84 habitantes, de los cuales la mitad son mujeres y la otra porción, hombres.
Por cierto, el nombre es de origen nahoa, significando “Río de las calabacitas”, de “ayotl” calabaza, “tzin” (diminutivo) y “apan”, rÍo. Para algunos, más bien significa “río de las tortugas”, pues “ayotl” también tiene ese sentido, en cuyo caso la partícula “tzin” podría tener el concepto de “reverencia”, es decir, lugar donde se venera a la tortuga. Por su situación geográfica, esta acepción podría ser correcta. Empero, la primera mencionada, es la que más aceptación tiene.
Históricamente se asegura que es uno de los lugares donde caló la idea del Rayo del Sur, (Don José María Morelos), quien en sus “sentimientos de la nación” de 1813, incluía uno sobre que debería aumentarse el jornal del pobre, para que mejore sus costumbres, y lo aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esa exhortación del Siervo de la Nación, -Morelos- fue la que indujo al potentado Don Sebastián de Viguri, tixtleño dueño de la entonces finca rústica, para desprenderse de una de sus más valiosas haciendas y repartirla entre sus peones, entre 1815 y 1818. La codicia y los malos gobiernos, permitieron que para 1862 fueran despojados esos campesinos; y aunque Juárez ordenó se les restaurara, todo quedó en buenas intenciones.
Rescatados los terrenos por el ayuntamiento de Tixtla, el año de 1931, por iniciativa de los profesores Rodolfo A. Bonilla y Raúl Isidro Burgos, se logró establecer en ellos la Escuela Normal que hasta ese momento funcionaba precariamente en la cabecera municipal; así surgió la que sería Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fue bautizada con el nombre del maestro Burgos. De este centro educativo surgieron dos célebres líderes de los años sesenta y setenta del siglo pasado: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas (fundador del Partido de los Pobres); ellos organizaron y concientizaron a los campesinos sobre sus derechos, sosteniendo sus ideas, primero con esfuerzos cívicos y finalmente con las armas. Son pues, junto al gran Morelos, los inspiradores de los alumnos de ese plantel.
La situación de vida de esos muchachos los pinta Elena Poniatowska: “La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es muy pobre, pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos. Su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suetercitos recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todos son prendas de pobre.” (Discurso en el zócalo, 26-10-2014)
Por lo anterior, es que los estudiantes de esa escuela normal, siempre están en pie de lucha. Y los caciques y jefes del crimen locales, con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, invariablemente prestos para reprimirlos. Muchos son los hechos represivos que allí han pasado, con saldos cruentos por lo general, y también, ordinariamente cobijados por la impunidad y causando gran dolor. El corolario se registró el 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, en la ciudad de México.
En total, ese día fatal, seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados −uno con muerte cerebral− y resultaron “detenido-desaparecidos” de manera forzosa 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa: desde entonces se dijo que esos hechos, configuran crímenes de lesa humanidad y son una vergüenza para México. La versión oficial del gobierno de Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, señaló que grupos de sicarios y policías corruptos del municipio de Iguala fueron los responsables de los sucesos de esa noche y que los 43 jóvenes, una vez detenidos por la policía, por orden del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, del PRD, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos vinculados con el crimen organizado, fueron entregados a miembros del Cartel Guerreros Unidos, quienes se encargaron de torturarlos, asesinarlos e incinerarlos en un basural de Cocula (población del estado de Guerrero) arrojando sus restos en el río San Juan. Investigaciones posteriores y el testimonio de los sobrevivientes responsabilizan a fuerzas municipales, estatales y federales en conjunto con sicarios narcos, porque el narcotráfico está casi apoderado de toda esa Entidad.
Lastimosamente, en vez de buscar la verdad y hacer justicia, el gobierno federal de Peña Nieto, urdió un relato oficial de la masacre y una verdad jurídica, la cual le permitiría evadir su responsabilidad en los hechos y librar posibles demandas de todo tipo. Esa fue la “verdad histórica”, que dio a conocer el procurador del país, Jesús Murillo Karam, el 28 de enero de 2015. Pero no convenció ese punto de vista. Ni a estudiantes, ni a ciudadanos y mucho menos a expertos. Estos, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que provenían de varios países, refutaron la “verdad histórica” afirmando: a) Los normalistas de Ayotzinapa NO fueron quemados en el Basurero de Cocula; b) las policías de Iguala y Cocula, en la detención y desaparición de los estudiantes, también fueron apoyados por elementos del ejército y la policía federales, y c) el gobierno de Peña Nieto no sólo no quiere cooperar con los equipos internacionales de investigación, sino que trabaja para ocultar evidencias y dar por cerrado el caso.
La lucha por buscar la verdad prosiguió. Y se redobló al arribar al poder federal el presidente Andrés Manuel López Obrador. Frases como, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”; “Ayotzinapa somos todos”; “¿Dónde están?”; “Ayotzinapa en pie de lucha”; “Ayotzinapa vive, el Estado ha muerto”; “Fue el Estado”; “Donde están nuestros hijos”; “No estamos todos, nos faltan 43”, son locuciones que a cada momento desde ese ya lejano 2014 se han esgrimido en busca de justicia. El primer mandatario recibió a los padres de los desaparecidos y les prometió llegar a la verdad, cayera quien cayera. Y hace dos años hubo un primer informe de la Comisión que se creó con ese fin, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación y que se llama Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa: se supo que el grupo internacional se sumaba, y que había muchas nuevas pruebas, todo desmintiendo la repudiada “verdad histórica” de Murillo Karam.
Finalmente, el 18 de agosto reciente, hubo una reunión del primer mandatario y los principales miembros de su gabinete, con los padres de los 43 estudiantes, representantes de los grupos de apoyo nacional y externo, de la ONU, el Fiscal General y todos aquellos que tienen importancia para saber la verdad de los sucesos.
El encuentro fue “doloroso” dijo Encinas. Y en la inmediata conferencia de prensa se estableció: a) No existen indicios para afirmar que los normalistas estén vivos; b)Testimonios acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos por Guerreros Unidos; c) Autoridades federales y locales supieron en tiempo real de la situación y no actuaron; d) Se ocultaron hechos, alteraron escenas del crimen y se escondieron vínculos de autoridades con el grupo criminal; e) a los alumnos se les separó en al menos tres grupos; f) la verdad histórica, fue una acción urdida desde el poder; g)hubo encubrimientos desde lo más alto de la autoridad; h) han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información, 14 integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes del grupo delictivo gente nueva, 7 testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios y policías entre ellos Mario Salgado Casarrubias, ex líder de los Guerreros Unidos; finalmente, i) hay pruebas para inculpar a 33 funcionarios de los tres niveles y militares, pero el expresidente Peña aún no: las indagaciones van del 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta descubrir quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que ésta se haya implementado. (La Jornada, 19-agosto-022)
El subsecretario Encinas finalizó: La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”.
Y culmina con lo siguiente: “Hoy hemos presentado un informe de avances de las investigaciones, estando conscientes de que todavía tenemos un trabajo, una tarea larga por delante. No estamos cerrando, como alguien lo ha señalado, la investigación, sino con toda esa investigación continúa, continuará, hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables”.
El día 19, siguiente al informe antedicho, se aprehendió a Jesús Murillo Karam, el exprocurador que urdió la “verdad histórica”; luego la Fiscalía General de la República, en twitter, informó: la FGR “obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa”.
Los pasos para saber qué pasó y quién participó en los macabros hechos de Ayotzinapa, van adelante, a pesar de los opositores al régimen actual, que nada creen y todo critican. Sin embargo, como dice un principio inconcuso: La verdad nos hará más libres. Y eso es lo que esperamos todos los mexicanos, para evitar que ese caso tan doloroso, sea amparado por la impunidad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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