OPINIÓN
Bañados en sangre
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Por mas que busco la forma de comprender la estrategia de seguridad, no le encuentro la cuadratura al círculo, partiendo de la base de que soy de los que piensa que Durazo es un hombre cabal, inteligente y honrado, el rio no ha podido entrar en su cause. Entiendo que se le está apostando a una nueva agrupación policiaca, que esté libre de corrupción, pero por el momento no hay resultados, el país se sigue” bañando en sangre”, los desaparecidos van en aumento, los secuestros siguen incrementándose, los delincuentes continúan haciendo de las suyas.
El asunto de la seguridad es de los que no esperan, de los que no aceptan medias tintas. Se tiene seguridad o no se tiene, no se puede tener poquita. Los mensajes que se mandan a la sociedad son malos, no puede haber seguridad, si no se respeta a las corporaciones que deben cuidarla y desgraciadamente, por el momento, la delincuencia se sigue imponiendo, es más, parece que la voz se hubiera corrido, porque ya se habla de grupos de extranjeros que andan “haciendo de las suyas”.
MASACRE VERGONZOSA
Masacrar a cualquier individuo es un acto cobarde, pero masacrar a niños y mujeres no tiene nombre siquiera. Lo que pasó esta semana en el norte de la república es el colmo.
Así fuera cierto la versión que alguna mente enferma pudiera haber inventado, donde hablarían de enfrentamientos por problemas de propiedad de tierra y uso del agua, nada puede justificar que a tres mujeres con sus hijos, se les sacrifique en un cobarde hecho de sangre. Desgraciadamente, México está enlutado, nuestra patria está manchada de sangre inocente. Tienen que ponerse las pilas ya, porque la situación lo exige. No es cosa de cambiar de secretario de seguridad, no podemos darnos el lujo de que llegue alguien nuevo a ver que se le ocurre. La autoridad debe demostrar que es autoridad y tiene que ser respetada y hasta temida, para que las cosas se enderecen, aun así, entiendo que tardaremos tiempo, en ser la tierra de paz que todos anhelamos, pero tenemos que ver resultados pronto.
ATADOS DE MANOS
Ante esta situación, se impone una medida de emergencia, estamos en estado de sitio, el enemigo, que es la delincuencia, nos tiene rodeado, es imperativo que se haga algo y rápido, aunque sea pasajero y mientras se integran las fuerzas policiacas que deben cuidar el orden público. Urge que nos dejen defendernos solos, bajo el fundamento de que sino tienes la capacidad de defenderme tu, déjame defenderme solo, necesitamos que desde el poder legislativo, así como cambian leyes “a sus anchas”, ahora lo hagan en beneficio del pueblo y nos apoyen a todos para poder portar una arma, la cual podrá estar registrada, que pongan los requisitos que gusten, pero cuando menos nos dará la posibilidad de defender nuestras vidas. Yo sé que hay muchos a los que siempre “les han temblado las corvas” porque temían que el pueblo armado pudiera atentar contra las instituciones o que pudieran hacer una revuelta, pero por piedad no pueden permitir, que nos sigan matando los delincuentes sin poder siquiera tirarles una pedrada. Piedad por favor, nos están atacando y nos tienen amarrados los brazos. Hagan algo. Sean sensibles al dolor del pueblo.
RO-BOTS QUE HACEN DAÑO
¿A poco no se habían dado cuenta, que existen fuerzas opositoras al gobierno, que tienen sistemas robotizados para usar las redes sociales y demeritar el proyecto político? En verdad, ¿en medio de un territorio consternado por una masacre, el uso de la tecnología para cambiar la opinión de los futuros votantes, será tan trascendente? Yo pienso que no. Los políticos no pueden esperar que todos los estén aplaudiendo todo el tiempo. La sociedad no es tonta. La popularidad de un gobierno, depende de sus acciones y de su efectividad, no de los impulsos mal sanos, de los que quieren recuperar el poder. En estos momentos de crisis, debemos enfocarnos a los problemas trascendentes que son cuatro. La seguridad en las calles; la impunidad que se gesta en los juzgados, donde los delincuentes salen fácilmente por argucias leguleyas; la salud de los mexicanos y la economía en los bolsillos. Lo demás, es lo de menos.
MAS MÉDICOS NO ES IGUAL A MEJOR SALUD
No parece congruente, en un país en donde hay mas de dos cientos mil médicos sin empleo, que se anuncie con bombo y platillo, que se abrirá una nueva fábrica de desempleados, es decir, una escuela de medicina en la ciudad de México. Debe quedar claro que el problema en México no es el numero de médicos, sino que la estructura del sistema de enseñanza no tiene pisos parejos y hay muchas “escuelitas”, que mas que beneficio social, son negocios particulares que producen médicos sin los conocimientos adecuados y posteriormente, el sistema de salud mexicano, no está proyectado para integrarlos a la vida profesional. Consciente estoy, de que en las áreas alejadas de las grandes ciudades se requiere mejor atención a la salud, pero eso depende mas de un proyecto, que de abrir escuelas.
Hasta la próxima.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años, es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que éste último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos ahora, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México, nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio lópezobradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
