OPINIÓN
Cabello corto y zapatos bien boleados
Por Isabel Alejandra María Venegas Salazar //
“Niño gana amparo para no cortarse el pelo: es una medida discriminatoria, dice juez”.
Así se leía el encabezado de la nota periodística, y como es su placer, se encendió ese nuevo conjunto de órganos que tenemos ahora llamado “redes sociales”, se parece mucho a otro que ya teníamos desde antes pero lo nombrábamos “aparato digestivo”; hablar con –las tripas- tiene su encanto, es sencillo y es rápido, aunque luego lo barato sale caro.
Vamos por partes. Ha sido el juez el encargado de conjuntar los elementos para tomar una decisión que garantizara la justicia por sobre cualquier cosa. Ahora mismo recuerdo la frase del Presidente Andrés Manuel: “La justicia por encima de la Ley”. Y es que para los estudiantes, su reglamento escolar es el primer instrumento de ley que conocen; bajo ese mecanismo ellos aprenden a llevar un rigor de convivencia y una organización más o menos armónica; aunque tal parece que ya se nos llegó el momento de evaluarlo. La noticia buena es que todos tenemos conocimiento del caso, a todos nos tocó vivir esa mínima normativa.
La sentencia emitida en el estado de Chihuahua, hace énfasis en la facultad que tiene cada persona para elegir su plan de vida y actuar conforme a sus ideales sin atender a un modelo de virtud o fin perfeccionista; el único límite es el derecho del otro. En el proceso jurídico se solicitó a las autoridades de la institución escolar que ofrecieran elementos para dar cuenta del porqué de la medida, pero no pudieron.
La libertad de expresión se impuso, y ahora si el niño quiere ir a la escuela con el cabello verde, largo, dos piercings y chanclas… lo puede hacer; obligarlo a ir de uniforme, con el cabello recortado y sin tatuajes iría en contra de su construcción individual, se incurre en actos de discriminación y además no contribuye para nada con el proceso de aprendizaje.
No escuches las voces que dicen: “en mis tiempos los niños siempre iban bien vestidos a la escuela”, o la “disciplina era mucho mejor, porque nadie cuestionaba lo que el reglamento decía”; los tiempos han cambiado y uno de los elementos claves de esta era, es la propuesta de querer la certeza de un mundo mejor apostando a cosas nuevas, y rechazando todo lo que tenga que ver con lo viejo… simplemente porque vive ahí, en el pasado. La contradicción está precisamente en el término de “certeza”, porque entonces la incertidumbre de plantear algo nuevo, necesariamente debería ir acompañada de muchos elementos argumentativos para no sentir que se da el salto al vacío.
Querer que se enseñe “ética y valores”, implica para empezar, ponernos de acuerdo en si vale la pena pelear por la forma de presentación de los niños, justamente cuando hay padres de familia que procuran las escuelas en las que se ve una “disciplina” (ya luego ahondamos en el término) a través de la imagen de sus estudiantes; piensan que si bien es cierto el hábito no hace al monje, mucho ayuda en su formación.
La escuela todavía hoy sanciona a un alumno por traer tatuajes o piercings, sabiendo que seguramente se va a encontrar con un papá que también los trae, defendiendo la idea de que eso va mucho más allá de un valor personal, que expresa cosas bellas y que es más una manifestación artística que una conducta relacionada con la delincuencia.
Pero los comités escolares conformados por directivos, administrativos y padres de familia, -en el supuesto de que cumplan con la normatividad-, debieron haberse reunido al principio del ciclo escolar para acordar los términos de organización, y un punto ineludible es la ordenanza, porque un amparo como el que hoy ponemos sobre la mesa, es una acción guiada y auspiciada por el tutor. ¿Cómo entonces se pude consensuar un reglamento que dé cabida a una minoría que no se quiere apegar a él? Si se le disculpa a uno, se le debe perdonar a todos… entonces mejor ¡no lo pongas en tu reglamento escolar!
Ir en contra de la masificación de la educación, sin perder el llamado a dar cobertura universal, implica atender a poblaciones que van entre los 800 y 1200 alumnos por turno, manteniendo algo que al parecer hoy suena muy feo: “el control”.
Valorar la individualidad del ser, proteger su identidad, fomentar los valores, construir un andamiaje cognitivo, consolidar la comunidad y cimentar de manera sólida una estructura social, es un reto que implica la renovación de aspectos tan sencillos como la dinámica del currículo oculto en los planteles escolares.
Cuando se instituye un uniforme escolar en la escuela, se supone la procuración de un ambiente con la menor discriminación posible. Poner en igualdad de circunstancias a los estudiantes durante la educación básica, debe acompañarse de la formación suficiente para que éste vaya descubriendo su identidad, su unicidad, y a la vez su conformación dentro de una dinámica social que le obliga a ver al otro como parte de sí mismo, con tatuajes, con los cabellos verdes o con alguna discapacidad.
Necesitamos reconocer los prejuicios como algo natural, sano e incluso necesario. Es un elemento vital el hecho de que tu cerebro establezca en los primeros momentos de encuentro con una persona, una serie de elementos que conjunten un cúmulo de ideas para, tal vez, emitir señales de alerta.
Dicen por ahí que la primer imagen nunca se olvida, y es precisamente por el ejercicio que tu sentido común desarrolla poniendo en marcha todos los mecanismos de defensa, escaneando la información y haciendo comparativos con sus referentes más cercanos, históricos e informativos disponibles. Pero para quienes viven en las escuelas todos los días, esos niveles deben ser superados, y nunca ser pretexto para violentar.
Debemos ir mucho más allá, avanzar en la integración y valoración de los seres humanos por su valor intrínseco y no por su imagen, pero antes de que mis niños se levanten en armas y digan ¡Sí, esa es mi maestra que ya me liberó del reglamento escolar!, les digo: hay que dialogarlo, hay que renovarlo, hay que superarlo, antes de violarlo y desobedecerlo.
Por cierto, les recuerdo a mis queridos estudiantes que ya viene el fin del ciclo escolar; la semana siguiente será la toma de foto para el anuario y todos deben presentarse con el cabello corto y los zapatos bien boleados.
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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