OPINIÓN
Cambios en la línea editorial: Proceso, ¿semanario a la deriva?
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Es incuestionable que una persona bien informada seguramente no aceptará imposiciones, abusos, ni embaucadores: El periodismo es el mejor instrumento para lograr ese objetivo. No en balde nuestro insigne Francisco Zarco afirmó: “La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.
Ciertamente, los periodistas auténticos, al esgrimir su pluma cual filosa espada, hacen temblar a los políticos falsarios y a los partidarios de la corrupción, sean funcionarios públicos o miembros del sector privado.
Hace años, el célebre ghanés Kofi Annan, sostuvo con firmeza que “Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Y vaya que este personaje tenía tan grandes conocimientos y virtudes, que se desempeñó como séptimo secretario general de las Naciones Unidas y en 2001 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Quien ejerce la elevada tarea del periodismo, siempre debe sujetarse a la verdad, tener como meta servir a la comunidad y nunca doblegarse, ni ante presiones, adversidades y mucho menos seducciones, incluyendo las monetarias.
En nuestra República hemos tenido ejemplares periodistas y estupendos periódicos. Julio Scherer y el semanario “Proceso” pueden ser citados como muestras de uno y otro. El primero, tras valiente dirección del diario “Excelsior”, fue obligado por el poder público a salir de su cargo, siguiéndolo cientos de cooperatistas, con los cuales fundó en 1976 el semanario “Proceso”, al que dirigió alrededor de 20 años. Entre sus más cercanos colaboradores destaca el tapatío Vicente Leñero, cofundador y de prendas semejantes al antedicho.
Desde esa ya lejana fecha, tanto Scherer como su semanario, acrecentaron su presencia, uno dirigiendo y haciendo extraordinarias entrevistas, la revista haciéndose referente para tirios y troyanos, ya que en sus páginas abrevaban leyendo los análisis, críticas, noticias, opiniones y punzantes cartones. Sus portadas y cabeceos eran memorables.
Cuando falleció (2015) Don Julio el fundador, en CISA, la empresa que es la editora del semanario y que siempre presidió, le sucedió su hijo el abogado Julio Scherer Ibarra. El impreso prosiguió con su línea editorial crítica, la cual muchos la clasificaron como de izquierda; desde 1999, tenía un periodista destacado como Director General (Rafael Rodríguez Castañeda).
Cuando llegó a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, el segundo de los Scherer dimitió a su puesto en CISA y fue sustituido por su hermana María Scherer Ibarra, casada con el panista Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala de Calderón. La Sra. Scherer también se incorporó al portal digital “Latin Us”, que dirige Carlos Loret, y es una plataforma antiobradorista.
El director Rodríguez Castañeda salió a principios de 2020 y fue sustituido por Jorge Carrasco, quien en el directorio de 2016 aparece como reportero en compañía de Álvaro Delgado, Genaro Villamil, Jesusa Cervantes, Santiago Igartua Scherer, José Gil Olmos, Arturo Rodríguez, etc. De estos periodistas, Delgado, Villamil y Cervantes, ya salieron del semanario. El coordinador del área de internet (Proceso.com.mx) era Alejandro Caballero, de quien afirma Julio Astillero es en su actividad muy confiable, honrado, crítico y capaz. Además, Proceso integró un excelente cuerpo de caricaturistas (del que ya salieron Rocha, Hernández y murió Helguera), corresponsales, analistas sociopolíticos (de donde suprimieron a Ackermann, Fabricio Mejía, etc.), de deportes, cultura, etc., de considerable reconocimiento.
Por todo lo anterior es que resulta impactante una carta que se dio a conocer el 16 de septiembre reciente, suscrita por Alejandro Caballero, misiva en la cual dice adiós a Proceso luego de 21 años y 8 meses de trabajo, “alarmado por el rumbo que ha tomado la empresa que edita” la revista, o sea CISA, que preside la señora Scherer de Zavala.
El aludido, Caballero, asevera que Proceso entró en un acelerado desprestigio, motivado por cierta “derechización” de su línea editorial, a lo que se suma una crisis económica de la que no se informa a los trabajadores, que, desde luego, en estos tiempos de austeridad y pandemia, no es raro, aunque sí el ocultarlo.
Por si lo anterior fuese poco, se divulga en la citada comunicación, “una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones y una caída preocupante en las visitas al espacio digital”, lo que de ser verídico reviste tintes muy preocupantes.
Paro Caballero el director Jorge Carrasco era “reportero gris”, de tendencia conservadora, “sin mayor experiencia en tareas de dirección, definición de portadas, cabeceo y línea editorial”, por lo que generó que en unos meses a “Proceso se le haya perdido el respeto”, y se le considere “una especie de encarte dominical del periódico Reforma”. Recordemos que este diario es uno de los más punzantes impugnadores de la izquierdista Cuatro T.
Abundando en el tema, menciona el renunciante Caballero, que el “actual es un Proceso opuesto al que nos legaron Don Julio y Rafael, pero a tono con el tamaño de sus nuevos mandos: hacia adentro maltrato laboral y hacia fuera alianza con medios que lo último que hacen es respetar a sus trabajadores”. Es decir, conforme a las clasificaciones vigentes, una empresa neoliberal explotadora de sus recursos humanos.
Otro desatino de la dirección, enfatiza Caballero, es alentar el “autonombramiento de Santiago Igartúa” (también de la dinastía Scherer) como jefe de la página digital, donde suplantó al dimitente. Ese nieto del fundador, ingresó a Proceso desplazando sin pudor alguno al corresponsal en Argentina, luego pasó a redacción donde se distinguió, “por cobrar sin trabajar”: enseguida “de manera cobarde, mientras me encontraba de vacaciones, sin aviso alguno… me desplazó de mis funciones”.
El resultado es que “tanto el portal como la revista han perdido credibilidad y en el caso del primero hasta seriedad y no se diga oportunidad noticiosa”, todo ello, responsabilidad única de este periodista, quien “confirma que la honestidad y el talento no se heredan”.
Los agravios que recibí -afirma el dimitente- desde la cúpula y que incluyeron marginarme de cualquier toma de decisiones y en el absurdo cambiar mi escritorio por uno más pequeño y borrarme del directorio por más de un año, lamentablemente no han sido los únicos. El Proceso que privilegiaba las relaciones humanas, factor que distinguía al semanario de cualquier otra empresa periodística, se esfumó con la llegada de Carrasco e Igartúa.
Y la epístola continúa enumerando yerros de la editora de Proceso: “por ejemplo, a como sin consideración alguna se despidió a corresponsales en el extranjero y a colaboradores de la sección de análisis. Imperdonable también fue el maltrato, incluso hasta horas antes de su muerte, que tuvieron para con Marco Antonio Cruz, en su calidad de coordinador de fotografía”.
Y menciona datos, para probar su dicho: “Tengo la certeza de que los nuevos mandos se enteraron de la estatura profesional del querido Marco cuando leyeron los entrañables textos póstumos que amigos y compañeros le dedicaron en Proceso. Desde los puestos de dirección, en vida se le ofendió, a su muerte se le elogió”.
El final señalamiento que con índice flamígero expresa el señor Caballero, se refiere a la designación José Gil Olmos como jefe de información, a quien tilda de inepto, pues a su juicio es “Incapaz de argumentar una orden de trabajo, negado para idear un reportaje, torpe para redactar un párrafo sin incurrir en problemas de sintaxis y faltas de ortografía”, con lo cual la empresa le dio una autoridad que, por obvias razones, no respetan ni sus subordinados.
Haciendo memoria, cuando excluyó el señor Carrasco a varios colaboradores de sello izquierdista, hace un año, le escribió a Carmen Aristegui: “Proceso mantiene abierta la pluralidad que puede constatarse en cada una de sus plataformas y el espíritu de libertad que nos legaron nuestros fundadores”. Pero fue irreductible con la guadaña y salieron valiosos colaboradores, haciendo caso omiso del principio que dice: “La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar”.
Igualmente, la dirección del semanario o de la empresa editora, olvidaron lo que pregonaba el Benemérito Benito Juárez: “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”. Y en su lugar pareciera que los periodistas a sus órdenes solo deben describir la verdad del patrono, lo que obviamente es indigno y aterrador.
Así pues, ceñidos a la idea que postula al periodismo como una deslumbrante escuela de vida, tras leer la carta llameante que hemos comentado, tan cáustica como una filípica, caemos en la cuenta de que el célebre hebdomadario “Proceso”, está a la deriva, porque encara un problemático presente y lo amaga un incierto porvenir.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
