OPINIÓN
Cambios en la línea editorial: Proceso, ¿semanario a la deriva?
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Es incuestionable que una persona bien informada seguramente no aceptará imposiciones, abusos, ni embaucadores: El periodismo es el mejor instrumento para lograr ese objetivo. No en balde nuestro insigne Francisco Zarco afirmó: “La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.
Ciertamente, los periodistas auténticos, al esgrimir su pluma cual filosa espada, hacen temblar a los políticos falsarios y a los partidarios de la corrupción, sean funcionarios públicos o miembros del sector privado.
Hace años, el célebre ghanés Kofi Annan, sostuvo con firmeza que “Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Y vaya que este personaje tenía tan grandes conocimientos y virtudes, que se desempeñó como séptimo secretario general de las Naciones Unidas y en 2001 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Quien ejerce la elevada tarea del periodismo, siempre debe sujetarse a la verdad, tener como meta servir a la comunidad y nunca doblegarse, ni ante presiones, adversidades y mucho menos seducciones, incluyendo las monetarias.
En nuestra República hemos tenido ejemplares periodistas y estupendos periódicos. Julio Scherer y el semanario “Proceso” pueden ser citados como muestras de uno y otro. El primero, tras valiente dirección del diario “Excelsior”, fue obligado por el poder público a salir de su cargo, siguiéndolo cientos de cooperatistas, con los cuales fundó en 1976 el semanario “Proceso”, al que dirigió alrededor de 20 años. Entre sus más cercanos colaboradores destaca el tapatío Vicente Leñero, cofundador y de prendas semejantes al antedicho.
Desde esa ya lejana fecha, tanto Scherer como su semanario, acrecentaron su presencia, uno dirigiendo y haciendo extraordinarias entrevistas, la revista haciéndose referente para tirios y troyanos, ya que en sus páginas abrevaban leyendo los análisis, críticas, noticias, opiniones y punzantes cartones. Sus portadas y cabeceos eran memorables.
Cuando falleció (2015) Don Julio el fundador, en CISA, la empresa que es la editora del semanario y que siempre presidió, le sucedió su hijo el abogado Julio Scherer Ibarra. El impreso prosiguió con su línea editorial crítica, la cual muchos la clasificaron como de izquierda; desde 1999, tenía un periodista destacado como Director General (Rafael Rodríguez Castañeda).
Cuando llegó a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, el segundo de los Scherer dimitió a su puesto en CISA y fue sustituido por su hermana María Scherer Ibarra, casada con el panista Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala de Calderón. La Sra. Scherer también se incorporó al portal digital “Latin Us”, que dirige Carlos Loret, y es una plataforma antiobradorista.
El director Rodríguez Castañeda salió a principios de 2020 y fue sustituido por Jorge Carrasco, quien en el directorio de 2016 aparece como reportero en compañía de Álvaro Delgado, Genaro Villamil, Jesusa Cervantes, Santiago Igartua Scherer, José Gil Olmos, Arturo Rodríguez, etc. De estos periodistas, Delgado, Villamil y Cervantes, ya salieron del semanario. El coordinador del área de internet (Proceso.com.mx) era Alejandro Caballero, de quien afirma Julio Astillero es en su actividad muy confiable, honrado, crítico y capaz. Además, Proceso integró un excelente cuerpo de caricaturistas (del que ya salieron Rocha, Hernández y murió Helguera), corresponsales, analistas sociopolíticos (de donde suprimieron a Ackermann, Fabricio Mejía, etc.), de deportes, cultura, etc., de considerable reconocimiento.
Por todo lo anterior es que resulta impactante una carta que se dio a conocer el 16 de septiembre reciente, suscrita por Alejandro Caballero, misiva en la cual dice adiós a Proceso luego de 21 años y 8 meses de trabajo, “alarmado por el rumbo que ha tomado la empresa que edita” la revista, o sea CISA, que preside la señora Scherer de Zavala.
El aludido, Caballero, asevera que Proceso entró en un acelerado desprestigio, motivado por cierta “derechización” de su línea editorial, a lo que se suma una crisis económica de la que no se informa a los trabajadores, que, desde luego, en estos tiempos de austeridad y pandemia, no es raro, aunque sí el ocultarlo.
Por si lo anterior fuese poco, se divulga en la citada comunicación, “una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones y una caída preocupante en las visitas al espacio digital”, lo que de ser verídico reviste tintes muy preocupantes.
Paro Caballero el director Jorge Carrasco era “reportero gris”, de tendencia conservadora, “sin mayor experiencia en tareas de dirección, definición de portadas, cabeceo y línea editorial”, por lo que generó que en unos meses a “Proceso se le haya perdido el respeto”, y se le considere “una especie de encarte dominical del periódico Reforma”. Recordemos que este diario es uno de los más punzantes impugnadores de la izquierdista Cuatro T.
Abundando en el tema, menciona el renunciante Caballero, que el “actual es un Proceso opuesto al que nos legaron Don Julio y Rafael, pero a tono con el tamaño de sus nuevos mandos: hacia adentro maltrato laboral y hacia fuera alianza con medios que lo último que hacen es respetar a sus trabajadores”. Es decir, conforme a las clasificaciones vigentes, una empresa neoliberal explotadora de sus recursos humanos.
Otro desatino de la dirección, enfatiza Caballero, es alentar el “autonombramiento de Santiago Igartúa” (también de la dinastía Scherer) como jefe de la página digital, donde suplantó al dimitente. Ese nieto del fundador, ingresó a Proceso desplazando sin pudor alguno al corresponsal en Argentina, luego pasó a redacción donde se distinguió, “por cobrar sin trabajar”: enseguida “de manera cobarde, mientras me encontraba de vacaciones, sin aviso alguno… me desplazó de mis funciones”.
El resultado es que “tanto el portal como la revista han perdido credibilidad y en el caso del primero hasta seriedad y no se diga oportunidad noticiosa”, todo ello, responsabilidad única de este periodista, quien “confirma que la honestidad y el talento no se heredan”.
Los agravios que recibí -afirma el dimitente- desde la cúpula y que incluyeron marginarme de cualquier toma de decisiones y en el absurdo cambiar mi escritorio por uno más pequeño y borrarme del directorio por más de un año, lamentablemente no han sido los únicos. El Proceso que privilegiaba las relaciones humanas, factor que distinguía al semanario de cualquier otra empresa periodística, se esfumó con la llegada de Carrasco e Igartúa.
Y la epístola continúa enumerando yerros de la editora de Proceso: “por ejemplo, a como sin consideración alguna se despidió a corresponsales en el extranjero y a colaboradores de la sección de análisis. Imperdonable también fue el maltrato, incluso hasta horas antes de su muerte, que tuvieron para con Marco Antonio Cruz, en su calidad de coordinador de fotografía”.
Y menciona datos, para probar su dicho: “Tengo la certeza de que los nuevos mandos se enteraron de la estatura profesional del querido Marco cuando leyeron los entrañables textos póstumos que amigos y compañeros le dedicaron en Proceso. Desde los puestos de dirección, en vida se le ofendió, a su muerte se le elogió”.
El final señalamiento que con índice flamígero expresa el señor Caballero, se refiere a la designación José Gil Olmos como jefe de información, a quien tilda de inepto, pues a su juicio es “Incapaz de argumentar una orden de trabajo, negado para idear un reportaje, torpe para redactar un párrafo sin incurrir en problemas de sintaxis y faltas de ortografía”, con lo cual la empresa le dio una autoridad que, por obvias razones, no respetan ni sus subordinados.
Haciendo memoria, cuando excluyó el señor Carrasco a varios colaboradores de sello izquierdista, hace un año, le escribió a Carmen Aristegui: “Proceso mantiene abierta la pluralidad que puede constatarse en cada una de sus plataformas y el espíritu de libertad que nos legaron nuestros fundadores”. Pero fue irreductible con la guadaña y salieron valiosos colaboradores, haciendo caso omiso del principio que dice: “La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar”.
Igualmente, la dirección del semanario o de la empresa editora, olvidaron lo que pregonaba el Benemérito Benito Juárez: “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”. Y en su lugar pareciera que los periodistas a sus órdenes solo deben describir la verdad del patrono, lo que obviamente es indigno y aterrador.
Así pues, ceñidos a la idea que postula al periodismo como una deslumbrante escuela de vida, tras leer la carta llameante que hemos comentado, tan cáustica como una filípica, caemos en la cuenta de que el célebre hebdomadario “Proceso”, está a la deriva, porque encara un problemático presente y lo amaga un incierto porvenir.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Jalisco amplía protocolo de choques lamineros para agilizar tránsito y reducir riesgos
Lanzan «Presente Profe», plataforma para que docentes se apoyen entre sí
Jóvenes de Zapopan usarán TikTok para dar la batalla contra la corrupción
Evalúan a Gerardo Quirino como el mejor alcalde de Jalisco: «El compromiso es con la gente»
