JALISCO
Campañas que no llegan a los ciudadanos: No quieren que votes
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
Algo tiene de placentero -no lo voy a negar- verles naufragando en su propia desventura, en su inexistente credibilidad, intentando hacer una campaña que no interesa a nadie, que no prende y que pareciera que no sucede.
En Jalisco no hay campañas, hay insípidos debates que tocan temas que no acaban de ser torales para la ciudad, gente repartiendo volantes que casi nadie leerá, aderezados con promesas de resolverlo todo como el genio de la lámpara. Cosas que no enganchan a nadie.
Los punteros metropolitanos se sacan la lengua entre ellos con precaución y con reservas, con tiempo establecido y en foros predeterminados que están diseñados para que no haya excesivos navajazos. Los debates se tratan más de ellos que de los problemas de nosotros.
Las campañas también (como llegó a decir el gobernador sobre la violencia), son entre ellos. Y casi no permean. La vida cotidiana está en otra parte y después de un año de pandemia, la gente no parece tener ganas de irse con la finta.
Las campañas son como una pelea de gallos que en lugar de estar engallados salen a cuidar la portería, comiendo alpiste e ignorando a los otros gallos. Es aburridísimo verlos prometer todo, explicar nada, descubrir con asombro que hay calles de tierra y denunciarlo en un circo que en realidad insulta nuestra vida y nuestros problemas. La sociedad les ignora como una brutal forma de venganza y ellos no encuentran el modo de enganchar.
Si son anodinos, cuidadosos, grises e improvisados a la hora de prometer, si el cortejo es en sí un desastre, ¿cómo van a salir las nupcias?
El panorama ahora es gris, pero lo que vendrá después de la votación lo imagino todavía más negro, como si la esperanza insistiera en eludirnos. Como si atacar los problemas fuera ya demasiado complicado. Como si el barco ya por la cantidad de agua que ha entrado fuese insalvable y la orquesta tocase ya nomás por no dejar algo de música de elevador.
He visto gente con banderas tratando de pegar calcas en algunos cruceros y hordas de simpatizantes o acarreados en puntos como la Minerva los fines de semana, tan emocionados como una patata en mi refrigerador. No he visto a conductores pitando ni para señalar su displicencia.
Los campañistas son ignorados con cierto desagrado como si se tratara de menesterosos mendigando un voto. Las campañas, más que elementos que definirán el rumbo y nuestros liderazgos, pesan sobre el ánimo de la ciudad como cosas inútiles y sin provecho y es porque en buena medida lo son.
Los candidatos, salvo muy contadas excepciones, se han mimetizado en sus muy similares tonos de gris, sin importar sus plataformas y quienes tienen cosas que decir no tienen mayores megáfonos, se pierden entre el ruido y el rechazo y la seriedad tampoco logra capitalizarse.
Casi no he visto calcas en los autos y ese es un termómetro, casi no he visto memes y ese es un termómetro, casi ni ha habido señalamientos y acusaciones y guerra de lodo y tampoco hay las grandes plataformas que nos emocionen y nos permitan imaginar la posibilidad de construir algo que nos permita recuperar el rumbo.
¿A quién le sirve que todo sea tan gris?
Este desgano que generan implica menos votación y eso le sirve a quien cuente con una estructura de promoción del voto, una clientela electoral sólida.
Creo que los estrategas están apostando por su capacidad de mover a sus equipos, de hacer de esto una guerra de trincheras en la que la sociedad participe lo menos posible. La venganza sería quitarnos la modorra y salir a votar, pero ¿por quién?
Bueno, pues ahí va un consejo, una sugerencia que tal vez permita hacer un poco de democracia y no salir tan de malas de la jornada electoral: Sería positivo que, con toda la flojera del mundo, revisáramos las plataformas de nuestros municipios más allá de los candidatos punteros: ¿Qué es el proyecto en su conjunto? ¿De dónde salió el equipo de regidores? ¿Qué onda con las y los diputados locales que proponen las planillas? ¿Hay alguno que me cuadre?
Alguna vez promoví el voto nulo ante el asco que me generaban los proyectos electorales, hoy creo que hay que votar por quien nos de la gana sin importar sus posibilidades de victoria o derrota. Una votación nutrida va a desbalancear los equilibrios de poder, los cálculos electorales y los planes de los partidos. Hoy para molestar hay que votar.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
