OPINIÓN
Claudia Sheinbaum: Entre la polarización y la opacidad
Opinión, por Iván Arrazola //
En días recientes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que demandará a la firma noruega DNV por considerar que el tercer informe sobre las causas del desplome de un tramo de la línea 12 del metro es “tendencioso y falso”. En particular de este caso es necesario analizar el manejo que se ha hecho del caso y lo que el gobierno no ha podido explicar.
En primer lugar, ha tratado de exculpar a los involucrados. En las declaraciones a un año de los lamentables hechos, la mandataria capitalina ha señalado que se ha hecho justicia, porque se ha reparado el daño, al menos 90% de las personas han aceptado los acuerdos reparatorios. El acuerdo incluye 370 millones de pesos, 251 becas educativas mensuales y la asignación de 71 departamentos nuevos. Pareciera que esto es suficiente para los familiares de 26 personas fallecidas y más de un centenar heridas.
Inclusive la jefa de gobierno ha manifestado que las empresas involucradas en la construcción de la línea en todo momento se han mostrado dispuestas para apoyar a las personas afectadas, sin embargo, lo que la jefa de gobierno no ha sido capaz de explicar es quienes fueron los responsables de esta tragedia. Pretende imponer una visión de la justicia al hacer creer que con dinero todo queda resuelto, sin comprender que con su actuación lo único que prevalece es la impunidad tan característica de la justicia en México.
En segundo lugar, la candidatura presidencial es más importante que la transparencia. Pareciera que la mandataria está más preocupada por cuidar su imagen y su carrera hacia la presidencia que en verdaderamente buscar que se haga justicia en el caso.
Cuando menciona que el informe “es parte de este uso que hacen los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética», lo que en síntesis expresa es que no le interesa encontrar a los responsables, lo que le importa es que su imagen, la de su administración o la de su partido no se vea dañada.
Las clases de ética que pretende dar Sheinbaum se encuentran muy lejos de lo que un gobierno democrático debe de hacer, lo que en primer lugar se requiere es hablarle de frente a los capitalinos, mostrando el informe, un informe que además fue pagado con recursos públicos, no con recursos de la jefa de gobierno. No existe ningún argumento legal para que la jefa de gobierno oculte el contenido del informe, por lo que es su obligación mostrarlo de manera pública y se tomen las acciones legales que se consideren convenientes.
En tercer lugar, la responsabilidad de la construcción de la línea es de la izquierda. No es la primera vez que la línea dorada sufre daños, se recodará que durante el 2014 estuvo cerrada parcialmente en 11 de las 20 estaciones, por un año con ocho meses, a consecuencia de una falla estructural.
Esta línea cuyo principal promotor para su construcción fue el actual canciller Marcelo Ebrard, es una de las obras más emblemáticas de la izquierda en la capital del país. Posiblemente la cercanía de la elección presidencial del 2012, las esperanzas de que, con una mega obra, la izquierda se posicionara en las preferencias del electorado, provocó que la obra se construyera con premura, sin tomar en cuenta si se contaba con las condiciones técnicas necesarias para realizarla.
Hoy la afectación por el cierre de la línea es de medio millón de personas, que día con día utilizan este medio de transporte para trasladarse, en una zona de difícil acceso, en donde los problemas de tránsito y de inseguridad son constantes, la ciudadanía tendrá que pagar por la ineficiencia y la complicidad con la que las autoridades han manejado el tema, pasando interminables horas en sus carros o en camiones atiborrados para llegar a sus hogares.
El presidente prometió hace un año exactamente, que la línea estaría en funciones después de 12 meses, el tiempo pasa y al parecer el cierre va para largo. Con una diferencia fundamental, mientras que en el caso del Aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas se puede simular que las dos obras están funcionando, en el caso de la línea 12, no lo podrán hacer porque la ciudadanía seguirá sin poder usar una obra que salió muy cara y que le está costando en tiempo y en esfuerzo.
La jefa de gobierno podrá alegar que la firma noruega cambió al grupo de expertos que elaboraron los anteriores informes, que se cambió la metodología, que el informe lo usarán sus adversarios para atacarla, lo que no podrá cambiar es su responsabilidad, de que no se le dio el mantenimiento adecuado a la línea, esto dejará un legado de opacidad y de polarización.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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