OPINIÓN
Crear comités de bioética en los ayuntamientos: Mercados municipales frente a la pandemia
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Durante esta pandemia la economía fue un blanco fácil para el virus y más a los pequeños negocios en el estado, ya que ni a nivel federal ni estatal se les brindó una ayuda adecuada.
A nivel federal no se les perdonó el pago de impuestos y a nivel estatal sólo se ofrecieron créditos, ojo, diferente al concepto de apoyos económicos que se dieron en otros países, y era de esperarse el siguiente año es electoral.
Aunque no hubo un cierre definitivo de los mercados municipales, a lo largo del confinamiento, la ausencia de clientes desde que comenzó el estado de alarma les ha obligado a ponerse al día en nuevas tecnologías, digitalizándose y pasando al bando on line para salir adelante.
Con la intención de atraer un mayor número de personas a este tipo de establecimientos y reactivar su economía, pero en realidad no ha sido del todo efectivo.
Nos dimos a la tarea d investigar en los mercados municipales y nos encontramos con lo siguiente:
Según uno de los locatarios comerciales del Mercado Adrián Puga, Víctor Manuel Martínez Sánchez nos comenta que, aproximadamente hace 60 años los mercados municipales nacieron, siendo un modelo que durante muchos años fungió como abasto de víveres para garantizar a las colonias respecto al consumo de los mismos.
Al día de hoy estos centros de trabajo, se hunden en un pantano de malas ideas municipales, donde se señalan muchas cosas, pero, la realidad es que la indiferencia, desinterés no han propuesto nunca un rumbo para estos espacios, sepultándolos cada vez más.
Muchos de los mercados se encuentran llenos de ambulantaje, el cual impide o desinhibe la entrada de los mismos por partes de los consumidores, no existe poder municipal ni humano que logre retirar esta modalidad de comercio desleal que daña a quienes subsisten en la formalidad.
¿Pero por qué no han podido acabar con el ambulantaje? Por las dádivas a diversos inspectores y sectores del ayuntamiento, esto genera dinero que no se contabiliza en las arcas de los Ayuntamientos, sino que se va resbalando de mano en mano de funcionarios de diferentes niveles.
Varias administraciones se han encargado de generar miedo, zozobra, cacerías de brujas amedrentando y amenazando con un sin fin de mañas la regularización de giros y de ingresos.
No se cansan de decir que los mercados no representan una entrada económica al Ayuntamiento, sin embargo nadie se ha preocupado por proponer un proyecto a largo plazo que abarque el tema estructural como el de usos y costumbres, capacitaciones periódicas, incentivar acompañar y apoyar a los nuevos emprendedores y buscar apoyos para los que toya están.
Se limitan a inflar las intervenciones que muchas de las veces solo se las sacan de la manga y gastan millones de pesos en obras que no se necesitan, pues no se toman la molestia de hacer un estudio de mercado, ni tomar en cuenta las necesidades de los propios locatarios.
Las Direcciones de mercados son el resultado de compromisos políticos negociados para darle trabajo a los amigos.
La mayoría de las veces no completan el tiempo asignado para este puesto, dejando truncas sus propuestas al vapor y el puesto esperando a otro político que descubra el hilo negro.
Y ahora con lo de la pandemia, nos vino a dar en la torre con sus medidas de bioseguridad, así como también la pedida de dadiva de diversos inspectores.
Con esto nos dimos a la tarea de crear la Red de Mercados Unidos que somos un grupo de locatarios preocupados y ocupados en regresarle un poco de dignidad a este gremio que tiene como objetivo la integración de locatarios, para lograr un proyecto integral a largo plazo, para darle continuidad, rumbo e identidad a los mercados municipales, buscando encontrar ese lugar en el que aún se pueda crecer, como persona y comerciante.
Nuestra red busca los siguientes puntos:
Crear el consejo de mercados.
Capaz de aprobar y proponer medidas e ideas para mejorar y darle continuidad al proyecto a largo plazo sin depender de las Direcciones de mercado.
Una Asamblea anual la cual genere profesionalización, conocimiento de nuevas formas de vender, capacitaciones y la unión de este sector.
Una cooperativa que funja como apoyo para los negocios
Una editorial que se encargue de generar contenidos de todos los géneros con el tema de los mercados.
Un museo de Mercados rescatando y resguardando lo poco que existe como literatura, fotografías, documentos pinturas y de más expresiones que han pasado por ellos.
Un fideicomiso que abrace nuevas propuestas.
Una Incubadora de negocios la cual se encargará de incentivar acompañar a quienes decidan aventurarse dentro de los mercados.
La creación de una secretaría de promoción encargada de capacitar y hacer mercadotecnia dentro de los mercados.
Buscar apoyos económicos externos al ayuntamiento con el fin de mantener los edificios en las mejores condiciones (hablamos de patrocinios y comercialización y o un impuesto por vender productos dentro de los mismos).
Interesante el testimonio del señor Víctor, referente a la situación que viven locatarios de mercados día con día, el olvido de autoridades municipales, como diversos locatarios lo mencionan los ayuntamientos están sumidos en corrupción.
Bajo este orden de ideas, correspondientes a los párrafos anteriores, nos dimos cuenta que los mercados municipales han sido olvidados por las distintas autoridades siendo un lugar muy importante de manera turística, comercial y cultural que nos identifica.
Es notable y sería interesante incentivar a tener un comité de bioéica en los distintos ayuntamientos para observar este tipo de problemáticas, como lo esta haciendo el Colegio de Notarios del Estado, para poder dar una congruencia a este tipo de problemáticas que tienen años.
Un comité de Bioetica a nivel gobierno en donde la Bioética, ciencia que tiene como objetivo este tipo de análisis, se ha hecho famosa por un lado ante la necesidad y el intento de dar respuesta «científica» a tantos problemas que en este sentido tiene la sociedad y por otro lado ante la búsqueda afanosa por parte de los medios de comunicación de masas, de noticias sensacionalistas y nuevas a toda costa.
Por todo esto se hace necesario resaltar el lado beneficioso que sin duda la ciencia aporta y ello fundamentalmente, a partir de una toma de conciencia de lo que está en juego y de una actualización de todas las consecuencias sociales que esta pueda traer en beneficio de la sociedad.
Este comité tendría como la misión de emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autónomo sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales.
Asimismo, se le asignarían las funciones de establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas a nivel gubernamental para tener un equilibrio de fuerzas y la de representación de distintos sectores de la sociedad en los foros y organismos.
Pero lo vemos muy lejos esta propuesta…
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
