OPINIÓN
Cuando los ideales no son firmes: Juventud ¿realmente está representada políticamente?

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Probablemente la mejor forma de ejemplificar la situación de la representación política de los jóvenes en espacios públicos como Congresos, Cabildos o áreas como la Dirección de Juventudes del Gobierno del Estado o los respectivos Institutos de las Juventudes en cada municipio, es a través de esa icónica escena de Star Wars III en la que un desconsolado Obi-Wan Kenobi debe enfrentar a Anakin Skywalker, quien seducido por las promesas de poder de Lord Sidious, decide cambiarse al lado oscuro de la fuerza.
Esa escena, es a mi gusto es una de las mejores de la saga, ya que esta reproduce la catarsis de los personajes principales de la saga y lleva a estos a enfrentar una batalla en la que cada uno pone sus ideales por encima de cualquier emoción o lazo generado de su relación alumno-maestro.
Si bien la escena en sí regala más secuencias de acción, que diálogos, los pocos con los que cuenta son extraordinarios por su puntualidad y por la manera en la que estos reflejan, en primer lugar, algunos pensamientos reduccionistas que predominan en la clase política y en segundo lugar, reflejan el eterno problema de la falta de valores y de principios que predominan en esta, especialmente en los jóvenes.
Por ejemplo, cuando Obi-Wan le dice a Anakin que su lealtad es con la República y con la democracia, a lo que Anakin simplemente responde enfermo de poder: ’’si no estás conmigo, entonces, estás en mi contra’’.
Y aunque como este podemos encontrar otros fragmentos de diálogos bastante interesantes, el que sirve más para el tema de esta semana se encuentra cuando en medio de la batalla, Obi-Wan, con un rostro que retrata decepción y tristeza, le dice a su ex alumno: ‘’te convertiste en todo aquello que alguna vez juraste destruir’’.
Para efecto de esta columna, esta es probablemente la frase más importante, ya que ella resume a la perfección la carrera política de cualquier joven que llega a espacios de representación fundamentales para el mejoramiento tanto de la vida en sociedad, como de la práctica gubernamental.
Cuando la mayoría de los jóvenes comienzan a construir sus carreras políticas ya sea en la sociedad civil o a través de alguna institución política, la mayoría si no es que todos, lo hacen apegados a una serie de valores y principios revolucionarios y anti sistema que resultan hasta cierto punto atractivos para la juventud misma, pero también, para ciertos sectores del electorado que llegan a compartir esa idea de que las cosas deben y tienen que cambiar, y que solo se podrá hacer de la mano de una juventud entusiasta.
De hecho, si buscamos entrevistas de muchos políticos de hoy en su juventud, encontraran a algunos que presumían haber estado en las filas del partido comunista (aunque este cesó sus operaciones en 1981 y ellos nacieron en 1985) y y encontraran a otros que presumen luchas, marchas y manifestaciones en contra de la clase gobernante, pero que hoy, no solo forman parte de la clase gobernante, sino que también, forman parte de un sistema político que de una manera muy sutil, cierra las puertas a la participación joven en la política, y reducen ésta a simples cuotas previamente impuestas ya sea por algún líder político de mayor envergadura, o tal vez por otros poderes fácticos.
Al respecto a los problemas de la juventud en relación con su participación política, hay una frase futbolera bastante famosa que dice:»el futbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes». Y probablemente con la juventud y su participación política suceda exactamente algo similar, ya que realmente hoy en día México y Jalisco particularmente, atraviesan enormes problemas, que realmente son muchísimo más importantes que la falta de participación o representación de la juventud en temas políticos, pero justamente, este problema es el más importante entre las cosas menos importantes, ya que en la juventud están el presente y el futuro.
La política requiere personajes con principios e ideales firmes, ya que solo con esto se pueda tomar las decisiones más importantes para al rumbo de México y de Jalisco, pero a su vez, la política requiere de jóvenes comprometidos, determinados, fieles a sus principios y causas, para que una vez que lleguen tanto a cargos de representación, como a cargos dentro de la administración pública, puedan revolucionar, se pueda innovar y se pueda cambiar todo aquello, que como Anakin en algún momento, se juró cambiar o destruir.
Y ciertamente, aunque esto parezca un reto, créanme, realmente no lo es, ya que defender nuestros principios con determinación no es algo difícil, de hecho es algo muy sencillo, tan sencillo que no se debe explicar el por qué o el cómo, ya que simplemente, si defender tus principios se vuelve difícil, es porque muy probablemente no hay principios que defender.
Así que, respondiendo a la pregunta que da pie a esta conversación que hoy tengo con usted querido lector, la cruda realidad es que hoy por hoy, la juventud no está representada. Y sí, probablemente a su mente vengan una serie de diputados locales y/o federales, de regidores o de directores o directoras de dependencias gubernamentales que cumplen con la cuota de juventud. Sin embargo, el hecho de que estén, no implican que representen las causas de un sector.
Veamos esto puntualmente con algunos casos: los emprendedores, que en su mayoría son jóvenes innovadores, han sido relegados al olvido y sus sueños han sido sepultados por una burocracia que lejos de facilitar el progreso, parece truncarlo. Los estudiantes siguen renunciado a su educación para falta de oportunidades y de programas que fomenten esta herramienta tan valiosa. El talento de los jóvenes pertenecientes a pueblos originarios sigue sin ser reconocido, y del deporte, mejor ni hablamos.
De hecho, este olvido sistemático en el que han caído muchos sectores de la juventud, se debe en parte a que los jóvenes en espacios de participación política han dejado de legitimar las causas y las luchas de la juventud, algo se vio reflejado hace unas semanas cuando se llevaron a cabo la entrega de los premios estatales a la juventud.
Sobre esto, no hablaré mucho, solo le haré unas preguntas: ¿sabía usted que se celebraron? ¿Sabe a quiénes se premiaron y por qué se les premió? Y pregunto esto dotado de toda la honestidad del mundo, porque realmente, yo no lo sé.
Dicho de otras palabras, la participación política de algunos jóvenes no ha cambiado mucho en nuestro entorno, lo que demuestra dos cosas: o cambiar las cosas no era hacer enchiladas como ellos pregonaban, o simplemente, que sus causas fueron un medio para un fin y sus ideales no eran tan firmes.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
NACIONALES
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
JALISCO
¿Legalidad? pero sin integridad

– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.