OPINIÓN
Cuarta T: ¿purificación?
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
“Pureza e impureza son cosas de uno mismo, nadie puede purificar a otro”, Gautama Buda.
“Los hombres intentan purificarse manchándose de sangre. Es como si después de haberse manchado con barro, quisieran limpiarse con barro”, Heráclito.
Purificar la vida nacional es una frase recurrente en el discurso presidencial. Justifica con ella lo mismo las draconianas medidas de austeridad que la dispendiosa cancelación del NAIM, o la divulgación de videos y documentos que comprometen la responsabilidad de la Fiscalía General de la República para sancionar precisamente actos de corrupción.
Es encomiable que tal propósito sea prioritario en la agenda del Presidente, así lo desea la inmensa mayoría de los mexicanos que espera que, tras la intención, venga la acción con toda la autoridad y fuerza del Estado apoyándose en el estricto cumplimiento de la ley. Sin embargo, la cruzada purificadora arroja señales que hacen dudar de su efectividad; los hechos recientes en el caso Lozoya, que la voluntad presidencial ha vuelto paradigmático, arrojan la duda acerca de si lo que se busca es castigar o exhibir. Catalogar como una razón de estado el hacer del conocimiento popular particularidades del caso, que deberían permanecer en el secreto de la investigación, compromete la responsabilidad de la Fiscalía General de la República y el resultado del proceso legal, lo cual parece no importarle al mandatario, que privilegia el juicio popular, como si fuera suficiente para desterrar la corrupción y el nada ético ejercicio político en nuestro país.
La publicitación de los hechos, lleva solamente a la exacerbación del humor social, ya de por si predispuesto a creer y culpar, dando lo supuesto por averiguado. La sanción moral que el juicio público impone, no inhibe la proliferación de estas conductas, como queda demostrado por la constante repetición de los mismos.
Sean los videos famosos de las ligas de Bejarano, o la exhibición de gobernantes aprehendidos y encarcelados, ninguno ha servido para que no se repitan los actos de corrupción. Tampoco ha servido que el presidente haga gala de su honestidad y humildad, porque cada vez son más conocidos actos de corrupción en su propio equipo de gobierno y en su administración. Nadie purifica a otro y un solo ejemplo no basta para purificar al colectivo. La intención de purificar la vida nacional mediante la exhibición de las confesiones de un corrupto, es querer lavar con lodo el lodo mismo.
Purificar la vida nacional, como pretende, requiere más profundidad en el planteamiento y menos parcialidad en su ejecución. Más inteligencia y menos cálculo político. Es difícil creer en la intención moralizadora, cuando sus acciones tienen un sesgo innegablemente selectivo en contra de quienes considera sus adversarios; también es difícil creer en la pureza de sus intenciones, cuando es evidente que en el trasfondo se vislumbra un propósito de fortalecimiento electoral y consolidación de su poder. La utilización de los recursos del estado para inducir sospechas y atribuir culpas sin comprobar, sin juicio ni procedimientos legales, es también una forma de corrupción.
En México es urgente dignificar la política, pero esto no habrá de lograrse si se hace un inmoral ejercicio de la misma y de las instituciones. Diferente sería que se difundiera con la misma vehemencia los actos de honestidad y ejercicio estricto de la ley. La sociedad necesita tener ejemplos de dignidad y decencia, no lo contrario. Que la cotidianidad en los medios presente ejemplos de rectitud en la aplicación de la ley, de castigo efectivo al infractor y no de premios al corrupto delator. Cárcel al que lo merezca, justicia al que la pida y gobierno para todos. Es una fórmula sencilla para purificar la vida nacional, hoy pervertida por la proliferación de intereses y el afán de preminencia de unos frente a otros. Es difícil desterrar el cohecho y el soborno; desde que Judas aceptó las 30 monedas sabemos que el conocimiento de que haya existido no evita el que se siga repitiendo, ni el escándalo inhibe la intención del corrupto. Purificar la vida nacional exige que primero se purifique el gobierno y la forma de llegar a él. El reciente video que muestra la entrega de sospechosos “apoyos” a la causa del actual Presidente y la forma clandestina y “anónima” en que se obtienen, hacen dudar de la integridad que hoy se pregona.
Se dijo que si la cabeza era honesta el resto lo sería también y eso no lo hemos visto, en cambio se ha visto discrecionalidad y favoritismos, dispendio de recursos, utilización de las instituciones con fines partidistas o de proselitismo y etcétera. Purificar la vida nacional debe empezar por reconocer la propia hipocresía y estar consciente de que su arribo al poder se dio utilizando las mismas reglas del juego, y es necesario reconocer y aceptar el riesgo, de que al destapar la cloaca sus hedores y detritos se estrellen en la propia cara del purificador.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
