OPINIÓN
Debate sobre la reforma eléctrica: El controversial futuro ambiental de México
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Sin lugar a duda unos de los temas más relevantes en México durante los últimos 8 años, han sido las reformas energéticas, proyectos que desde su planteamiento han generado una cascada de inconformidades por parte tanto de la opinión pública, como de los grupos políticos opositores al gobierno en turno del que se trate.
En el 2012, cuando el ex Presidente Enrique Peña Nieto anunciaba la consolidación del Pacto por México, que permitió la creación de un paquete de 11 Reformas Estructurales (entre las que se encontraba la controversial reforma energética) con las que se buscaba elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico y afianzar el régimen democrático y de libertades, no pasó mucho tiempo cuando una de las voces más fuertes de la oposición política en México, Andrés Manuel López Obrador, ahora Presidente de México, elevara sus críticas a este proyecto, que según él y sus partidarios, representaba el atraco más grande en la historia del país.
Cabe mencionar que antes de la reforma, México tenía un modelo que legitimaba el amplio control de la CFE sobre la industria en sus puntos más importantes: desde la generación de energía eléctrica, hasta su entrega directa a los usuarios.
En lo que respecta a la participación de la iniciativa privada en este sector, nuestro modelo económico reafirmaba el control de la CFE, toda vez que las empresas podían generar electricidad solamente si era para consumo privado y para exportaciones o venta directa a la Comisión, o bien, si se utilizaba un permiso de producción independiente o pequeña producción de energía, destinada a venta exclusiva a la CFE.
No obstante, pese a las críticas, a la presión mediática y las manifestaciones masivas convocadas por el hoy Presidente de México, el Pacto por México, que representaba la voluntad política y el compromiso de las principales fuerzas políticas del Congreso de construir acuerdos para el desarrollo social y económico de México, logró superar las adversidades e hizo de la Reforma Energética un hecho.
Este cambio generó una oportunidad real para el mercado nacional de crecer y de obtener servicios de calidad a precios competitivos ofreciendo soluciones energéticas modernas, competitivas, amigables con el medio ambiente y generadoras de empleo y prosperidad.
Definitivamente cualquier reforma que tenga como principal objetivo un cambio radical de la forma en la que un país exporta, comercializa y utiliza recursos energéticos como el petróleo, la luz, el gas natural y otros minerales, siempre será controversial, ya que estos procesos de transición implican también un cambio total de la forma de hacer política con visión de Estado.
Aunque es cierto que la Reforma Energética de Peña Nieto tiene una importante lista de pros, también es necesario que con mucha responsabilidad y objetividad, señalemos que años después de su aprobación e implementación, la realidad de México hoy en día nos demuestra que esta reforma también tiene contras, y por lo tanto, es un proyecto perfectible que aún puede adaptarse más a los cambios tecnológicos y energéticos que se han desarrollado e implementado en los últimos años para combatir de manera eficiente el también avanzado deterioro climático que asecha el futuro del mundo.
Ahora bien, después de una campaña política y social de 12 años, Andrés Manuel López Obrador, principal opositor a la reforma en cuestión, logró llegar a la presidencia de nuestro país realizando una serie de promesas a la ciudadanía, entre las que se encontraban la desaparición de la reforma energético impulsada por Peña Nieto y la implementación de una nueva reforma energética capaz de recuperar la fortaleza financiera de CFE y que también defendiera la soberanía nacional y energética que, según su dicho, puso en riesgo el ex presidente.
De ser aprobada esta iniciativa, la CFE será una institución con personalidad jurídica propia, desaparecerán las subsidiarias y de esta manera, la comisión será el único órgano encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica.
Pero no solamente este aspecto quedará supeditado al criterio de la CFE, sino que también, se dejará en las manos de la CFE el proceso de transición energética en materia de electricidad, quien será la encargada de determinar las actividades necesarias para esto.
Asimismo, la iniciativa busca que la Comisión Federal de Electricidad garantice al menos el 54% de la energía que requiera el país, mientras que el sector privado solo podrá participar hasta en el 46% de esta generación, pero lo más interesante de este punto es que en el siguiente párrafo se plantea que el abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, que a su vez, deberá actuar conforme a la planeación y control de la Comisión.
Ante esta propuesta del Gobierno Federal, al igual que en el 2012, la oposición al Gobierno Federal, el empresariado y los distintos colectivos en pro del medio ambiente han advertido que este es un cambio regresivo en la política energética del país y que puede traer graves consecuencias económicas y ambientales, toda vez que los cambios planteados llevarían a México a incumplir un gran número de acuerdos comerciales, de inversión y ambientales de carácter internacional.
El tema energético fue complejo en el 2012, y ciertamente, lejos de lo que muchos podrían pensar, ahora en el 2021, el tema puede que sea aún más complejo.
Las economías alrededor del mundo atraviesan importantes crisis debido a una pandemia que nadie tenía presupuestada, por ende, la necesidad de los gobiernos de buscar estrategias de carácter económico que permitan brindar certeza a la ciudadanía es cada vez más grande, tanto, que muchos pueden cometer el error, dar pasos a oscuras y tomar decisiones que además de anacrónicas, pueden ser muy negativas, y cuyos efectos, pueden ser difíciles de revertir más adelante, sobre todo si tomamos en cuenta que las consecuencias de malas decisiones en materia energética van más allá de cuestiones económicas, sino que impactarán directamente en nuestro entorno, en la calidad del aire que respiramos y en la calidad de vida que puede verse mermada más de lo que ya está.
Ante este profundo y crucial debate energético que tendrá lugar en el poder legislativo, lo único que nos queda por esperar es que quienes tendrán en sus manos el futuro de México, dejen de lado cualquier tema partidista o bien, cualquier negociación para satisfacer necesidades de carácter personal, para que así, puedan analizar el tema con un sentido de verdadera responsabilidad social, y tomando en cuenta el impacto económico y ambiental, así como el beneficio social real.
Nos queda esperar que el medio ambiente no sea una moneda de cambio; alguna vez la educación y la salud lo fueron, y los resultados no fueron los mejores.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
