Debate sobre la reforma eléctrica: El controversial futuro ambiental de México

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Sin lugar a duda unos de los temas más relevantes en México durante los últimos 8 años, han sido las reformas energéticas, proyectos que desde su planteamiento han generado una cascada de inconformidades por parte tanto de la opinión pública, como de los grupos políticos opositores al gobierno en turno del que se trate. 

En el 2012, cuando el ex Presidente Enrique Peña Nieto anunciaba la consolidación del Pacto por México, que permitió la creación de un paquete de 11 Reformas Estructurales (entre las que se encontraba la controversial reforma energética)  con las que se buscaba  elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico y afianzar el régimen democrático y de libertades, no pasó mucho tiempo cuando una de las voces más fuertes de la oposición política en México, Andrés Manuel López Obrador, ahora Presidente de México, elevara sus críticas a este proyecto, que según él y sus partidarios, representaba el atraco más grande en la historia del país. 

Cabe mencionar que antes de la reforma, México tenía un modelo que legitimaba el amplio control de la CFE sobre la industria en sus puntos más importantes: desde la generación de energía eléctrica, hasta su entrega directa a los usuarios. 

En lo que respecta a la participación de la iniciativa privada en este sector, nuestro modelo económico reafirmaba el control de la CFE, toda vez que las empresas podían generar electricidad solamente si era para consumo privado y para exportaciones o venta directa a la Comisión, o bien, si se utilizaba un permiso de producción independiente o pequeña producción de energía, destinada a venta exclusiva a la CFE.  

No obstante, pese a las críticas, a la presión mediática y las manifestaciones masivas convocadas por el hoy Presidente de México, el Pacto por México, que representaba la voluntad política y el compromiso de las principales fuerzas políticas del Congreso de construir acuerdos para el desarrollo social y económico de México, logró superar las adversidades e hizo de la Reforma Energética un hecho. 

Este cambio generó una oportunidad real para el mercado nacional de crecer y de obtener servicios de calidad a precios competitivos ofreciendo soluciones energéticas modernas, competitivas, amigables con el medio ambiente y generadoras de empleo y prosperidad.

Definitivamente cualquier reforma que tenga como principal objetivo un cambio radical de la forma en la que un país exporta, comercializa y utiliza recursos energéticos como el petróleo, la luz, el gas natural y otros minerales, siempre será controversial, ya que estos procesos de transición  implican también un cambio total de la forma de hacer política con visión de Estado. 

Aunque es cierto que la Reforma Energética de Peña Nieto tiene una importante lista de pros, también es necesario que con mucha responsabilidad y objetividad, señalemos que años después de su aprobación e implementación, la realidad de México hoy en día nos demuestra que esta reforma también tiene contras, y por lo tanto, es un proyecto perfectible que aún puede adaptarse más a los cambios tecnológicos y energéticos que se han desarrollado e implementado en los últimos años para combatir de manera eficiente el también avanzado deterioro climático que asecha el futuro del mundo. 

Ahora bien, después de una campaña política y social de 12 años, Andrés Manuel López Obrador, principal opositor a la reforma en cuestión, logró llegar a la presidencia de nuestro país realizando una serie de promesas a la ciudadanía, entre las que se encontraban la desaparición de la reforma energético impulsada por Peña Nieto y la implementación de una nueva reforma energética capaz de recuperar la fortaleza financiera de CFE y que también defendiera la soberanía nacional y energética que, según su dicho, puso en riesgo el ex presidente. 

De ser aprobada esta iniciativa, la CFE será una institución con personalidad jurídica propia, desaparecerán las subsidiarias y de esta manera, la comisión será el único órgano encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica. 

Pero no solamente este aspecto quedará supeditado al criterio de la CFE, sino que también, se dejará en las manos de la CFE el proceso de transición energética en materia de electricidad, quien será la encargada de determinar las actividades necesarias para esto. 

Asimismo, la iniciativa busca que la Comisión Federal de Electricidad garantice al menos el 54% de la energía que requiera el país, mientras que el sector privado solo podrá participar hasta en el 46% de esta generación, pero lo más interesante de este punto es que en el siguiente párrafo se plantea que el abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, que a su vez, deberá actuar conforme a la planeación y control de la Comisión. 

Ante esta propuesta del Gobierno Federal, al igual que en el 2012, la oposición al Gobierno Federal, el empresariado y  los distintos colectivos en pro del medio ambiente han advertido que este es un cambio regresivo en la política energética del país y que puede traer graves consecuencias económicas y ambientales, toda vez que los cambios planteados llevarían a México a incumplir un gran número de acuerdos comerciales, de inversión y ambientales de carácter internacional. 

El tema energético fue complejo en el 2012, y ciertamente, lejos de lo que muchos podrían pensar, ahora en el 2021, el tema puede que sea aún más complejo. 

Las economías alrededor del mundo atraviesan importantes crisis debido a una pandemia que nadie tenía presupuestada, por ende, la necesidad de los gobiernos de buscar estrategias de carácter económico que permitan brindar certeza a la ciudadanía es cada vez más grande, tanto, que muchos pueden cometer el error, dar pasos a oscuras y tomar decisiones que además de anacrónicas, pueden ser muy negativas, y cuyos efectos,  pueden ser difíciles de revertir más adelante, sobre todo si tomamos en cuenta que las consecuencias de malas decisiones en materia energética van más allá de cuestiones económicas, sino que impactarán directamente en nuestro entorno, en la calidad del aire que respiramos y en la calidad de vida que puede verse mermada más de lo que ya está.   

Ante este profundo y crucial debate energético que tendrá lugar en el poder legislativo, lo único que nos queda por esperar es que quienes tendrán en sus manos el futuro de México, dejen de lado cualquier tema partidista o bien, cualquier negociación para satisfacer necesidades de carácter personal, para que así, puedan analizar el tema con un sentido de verdadera responsabilidad social, y tomando en cuenta el impacto económico y ambiental, así como el beneficio social real. 

Nos queda esperar que el medio ambiente no sea una moneda de cambio; alguna vez la educación y la salud lo fueron, y los resultados no fueron los mejores.