Opinión, por Salvador Romero Espinosa //

Recientemente tuvimos oportunidad de visitar en dos ocasiones el Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande, Jalisco, el personal del Instituto de Transparencia Jalisciense (ITEI), encabezados por el comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández y quien esto suscribe, para dar a conocer a las alrededor de 400 mujeres privadas de su libertad que ahí residen, sus derechos fundamentales de acceso a la información y a la protección de sus datos personales, como parte del Plan DAI del INAI, concebido para socializar y promover estos derechos entre las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Fueron muchos meses de preparación los que nos tomó el que se nos pudieran abrir las puertas del reclusorio femenil, pues tuvimos que integrar un grupo multidisciplinario comprometido con esta causa (llamado “Red Local de Socialización”) y además solicitar e involucrar a las autoridades penitenciarias de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco para que pudiéramos ingresar a las instalaciones del centro de readaptación para capacitar y platicar directamente con las mujeres privadas de su libertad sobre estos temas.

En estas visitas les recordamos a estas mujeres que, incluso en sus circunstancias, continúan siendo acreedoras a muchos derechos que deben de garantizárseles ahí dentro, así como a otros muchos derechos que pueden seguir ejerciendo desde su estado de reclusión; y que la herramienta más importante que existe para poder conocer y exigir dichos derechos es justamente el derecho de acceso a la información.

Para tal efecto, en una primera visita recabamos decenas de inquietudes y tradujimos, todas aquellas que fueron posibles, en solicitudes de acceso a información pública que ejercimos desde la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a las diversas autoridades, y en una segunda visita les entregamos las respuestas que nos brindaron dichas autoridades sobre sus diversas inquietudes para que pudieran empezar a ejercer sus derechos.

Detectamos que existen muchas inquietudes y muchos problemas relacionados con el acceso a sus propias carpetas de investigación y expedientes judiciales, es decir, que existen muchas mujeres privadas de su libertad que no tienen acceso a su expediente (algunas ni siquiera sabían su número de expediente) y, por tal motivo, desconocen muchos detalles acerca de la acusación o delito que se les imputa o del avance que tiene su proceso penal.

Otros casos que nos comentaron tienen que ver con falta de representación legal adecuada, pues algunas de ellas nos dijeron desconocer el nombre de su defensora o defensor de oficio, pues dicen que solo le conocieron una vez y nunca más le han vuelto a ver, incluso, algunas de ellas señalaron que su defensor les llegó a exigir que se declararan culpables para poder irse “al procedimiento penal abreviado”, y de esa forma se les dictara una sentencia rápida, a pesar de que ellas les aseguraron que eran inocentes.

Vimos algunos casos de mujeres que no tienen ningún familiar ni amistad en Jalisco, que les pueda ayudar a revisar o recoger su expediente en el juzgado, lo que las deja en indefensión, o mujeres sin apoyo para poder ejercer algunos otros derechos que requieren su presencia, como el ejercicio de una demanda de alimentos en contra del padre de sus hijas e hijos menores de edad, quien aprovechando la privación de la libertad de la madre ha dejado de darles apoyo impunemente.

También vimos que existen muchas mujeres sin sentencia, algunas con más de 10 años privadas de su libertad, que posiblemente ya pudieran haber sido liberadas si solicitaran la revisión de su medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada, para sustituirla por otra menos restrictiva de su libertad, pero que no lo han hecho ni solicitado por desconocimiento de este derecho.

En conclusión, creemos que este ejercicio de socialización del derecho a la información en mujeres privadas de su libertad está siendo un éxito que aún no termina -pues faltan visitas- aunque ya empecemos a tener algunos resultados tangibles como la habilitación de la PNT dentro del reclusorio, primer caso en todo México, y que estamos seguros será el primero de muchos resultados más. 

Finalmente, es importante reconocer que este programa no hubiera sido posible sin la enorme apertura y apoyo de las autoridades penitenciarias del Poder Ejecutivo de Jalisco, el compromiso del personal del CESIP del ITEI y sin el valiosísimo apoyo de las personas de las instituciones que nos han acompañado en estas visitas: El Comité Promotor por una Maternidad Segura en Jalisco; el Centro para el Desarrollo igualitario y los Derechos Humanos A.C.; la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA); el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y al Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara.