OPINIÓN
Diálogo y debate de jóvenes: Chelas y política
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
A Ricardo y a mi, como a muchos otros jóvenes, nos apasiona la política, pero por otro lado, así como a muchos otros jóvenes, lo que no nos apasiona es la forma en la que se hace política y se habla de política en algunos partidos secuestrados tanto por las formalidades, como por el pasado.
Por esta razón, y conscientes de lo importante que resulta impulsar y alentar a los jóvenes de nuestra generación a participar en la vida política, comenzamos a trabajar en crear espacios nuevos para hablar sobre todo lo que nuestra generación le preocupa en cuanto a lo público y lo político.
Fue así como surgió la idea de Chelas y Política, un espacio de diálogo e intercambio de ideas en el que los jóvenes puedan sentirse libres para hablar de los temas que más les interesan o preocupan, todo esto, acompañados de un vaso de cerveza lo suficientemente bueno como para romper el hielo entre todos los asistentes.
Hasta la fecha este proyecto ha caminado bastante bien y nos ha permitido a Ricardo, a mi y a otro grupo de jóvenes, abrirnos un espacio de participación política plural del que muchos partidos nos han privado en los últimos años.
Ahora, en lo que respecta a la edición de la semana pasada, hubo varios factores que elevaron nuestras expectativas alrededor de este evento en particular:
Primero, que la convocatoria se elevó al doble a comparación de la última edición, y segundo, porque contaríamos con la asistencia de un representante público, que a diferencia de muchos que rechazaron nuestra invitación por el miedo a ser grabados o fotografiados con una cerveza en la mano, aceptó nuestra invitación dejando en claro que antes de ser un representante, es un ciudadano.
El invitado fue Rodrigo Escoto, sindico de Zapopan con quien tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas en un plano de igualdad durante casi 3 horas y media.
En esta edición de Chelas y Política hablamos de muchos temas, desde el movimiento feminista y la nueva canción de Bad Bunny «el apagón» con la que denuncia las injusticias que se viven en Puerto Rico, hasta la crisis inmobiliaria que vivimos actualmente y que nos aleja cada vez más como generación de acceder a una vivienda propia y digna.
Ahora bien, aunque me gustaría detallar aquí todos los temas que se tocaron y todas las propuestas que se hicieron, las páginas no me alcanzan, por ello, trataré de centrarme en uno de los temas que consumió más tiempo, más debate, y por supuesto, más cervezas: la participación ciudadana.
Hablar de participación ciudadana es fundamental, ya que en los últimos años, todos hemos sido testigos de como el grueso poblacional se ha comenzado a alejar de las discusiones políticas, todo esto debido a factores como la corrupción y el desinterés de algunas autoridades de atender los problemas que afectan su entorno, hechos que han contribuido al proceso de deslegitimación de nuestras autoridades y de nuestros representantes.
Aunado a esto, tal y como lo explicaron algunos en el evento, estos factores señalados en el párrafo anterior, han destruído poco a poco el puente que unía a la ciudadanía con la clase política, provocando que estos últimos comenzaran a desasociarse de la ciudadanía generando así lo que tenemos hoy en día: una clase política encerrada en una burbuja totalmente alejada tanto de la realidad, como de la ciudadanía y de los problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad, situación que a la vez ha gestado políticas públicas carentes de perspectiva social.
Al principio del debate, muchos creían que la falta de participación ciudadana se debía a que las ciudadanía carece de interés en la vida pública y en lo que sucede alrededor, pero esa afirmación es un error, ya que la realidad que enfrentamos como generación es que la falta de participación ciudadana se debe al desinterés de un importante número de nuestros representantes de escucharnos.
No obstante, hay que ser muy claros también cuando se toca este tema, ya que si bien es cierto que nuestros representantes tan alejado de sus representados han contribuido en este proceso de descomposición, no podemos olvidar que la participación ciudadana es una carretera de dos carriles, y actualmente los tiempos que vive México exigen que nosotros ejerzamos nuestro derecho a participar para así convertirnos en los principales auditores del actuar de nuestros representantes ya sea a través de las herramientas de participación que la autoridad pone a nuestro alcance, o bien, a través de espacios construidos desde la ciudadanía, como por ejemplo, un pequeño bar.
Justamente por estas razones es que resulta valiosa la participación de un representante en eventos de una naturaleza, ya que a nosotros como generación nos recuerda que no todo está perdido y de paso nos recuerda que nuestra voz tiene valor y puede ser el parteaguas para reconstruir ese puente entre ciudadanía y clase política que se ha destruído con el paso de los años.
Por esta razón, eventos como Chelas y Política nos recuerdan que no solo debemos impulsar la participación de los jóvenes en política, sino que también es necesario trabajar de la mano de los pocos representantes con la voluntad política de escuchar, para así consolidar un entorno en el que las decisiones y/u opiniones de la ciudadanía y de las juventudes formen verdaderamente parte de la toma de decisiones de las autoridades o bien, de la construcción de políticas públicas, es decir, que la participación no quede solo en el aire, sino que se manifieste democráticamente.
No olvidemos dos cosas: la participación ciudadana es necesaria para construir democracia, y para que una ciudad o un país en general pueda proporcionar mejores servicios y oportunidades a su población, debe de contar con gobiernos abiertos y receptivos con la voluntad de escuchar al ciudadano que quiere contribuir en el proceso de mejora de la política para solucionar problemas públicos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Conciencia TV: ¿Quiénes fueron los jaliscienses que participaron en el Movimiento de Independencia de México?
Instalan Mesa de Seguridad por la Paz en Tlaquepaque
PRI Jalisco conmemora el 215 Aniversario de la Independencia
Más de 3 mil 200 marcas de tequila dan sabor a las fiestas patrias
