OPINIÓN
Diálogo y debate de jóvenes: Chelas y política

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
A Ricardo y a mi, como a muchos otros jóvenes, nos apasiona la política, pero por otro lado, así como a muchos otros jóvenes, lo que no nos apasiona es la forma en la que se hace política y se habla de política en algunos partidos secuestrados tanto por las formalidades, como por el pasado.
Por esta razón, y conscientes de lo importante que resulta impulsar y alentar a los jóvenes de nuestra generación a participar en la vida política, comenzamos a trabajar en crear espacios nuevos para hablar sobre todo lo que nuestra generación le preocupa en cuanto a lo público y lo político.
Fue así como surgió la idea de Chelas y Política, un espacio de diálogo e intercambio de ideas en el que los jóvenes puedan sentirse libres para hablar de los temas que más les interesan o preocupan, todo esto, acompañados de un vaso de cerveza lo suficientemente bueno como para romper el hielo entre todos los asistentes.
Hasta la fecha este proyecto ha caminado bastante bien y nos ha permitido a Ricardo, a mi y a otro grupo de jóvenes, abrirnos un espacio de participación política plural del que muchos partidos nos han privado en los últimos años.
Ahora, en lo que respecta a la edición de la semana pasada, hubo varios factores que elevaron nuestras expectativas alrededor de este evento en particular:
Primero, que la convocatoria se elevó al doble a comparación de la última edición, y segundo, porque contaríamos con la asistencia de un representante público, que a diferencia de muchos que rechazaron nuestra invitación por el miedo a ser grabados o fotografiados con una cerveza en la mano, aceptó nuestra invitación dejando en claro que antes de ser un representante, es un ciudadano.
El invitado fue Rodrigo Escoto, sindico de Zapopan con quien tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas en un plano de igualdad durante casi 3 horas y media.
En esta edición de Chelas y Política hablamos de muchos temas, desde el movimiento feminista y la nueva canción de Bad Bunny «el apagón» con la que denuncia las injusticias que se viven en Puerto Rico, hasta la crisis inmobiliaria que vivimos actualmente y que nos aleja cada vez más como generación de acceder a una vivienda propia y digna.
Ahora bien, aunque me gustaría detallar aquí todos los temas que se tocaron y todas las propuestas que se hicieron, las páginas no me alcanzan, por ello, trataré de centrarme en uno de los temas que consumió más tiempo, más debate, y por supuesto, más cervezas: la participación ciudadana.
Hablar de participación ciudadana es fundamental, ya que en los últimos años, todos hemos sido testigos de como el grueso poblacional se ha comenzado a alejar de las discusiones políticas, todo esto debido a factores como la corrupción y el desinterés de algunas autoridades de atender los problemas que afectan su entorno, hechos que han contribuido al proceso de deslegitimación de nuestras autoridades y de nuestros representantes.
Aunado a esto, tal y como lo explicaron algunos en el evento, estos factores señalados en el párrafo anterior, han destruído poco a poco el puente que unía a la ciudadanía con la clase política, provocando que estos últimos comenzaran a desasociarse de la ciudadanía generando así lo que tenemos hoy en día: una clase política encerrada en una burbuja totalmente alejada tanto de la realidad, como de la ciudadanía y de los problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad, situación que a la vez ha gestado políticas públicas carentes de perspectiva social.
Al principio del debate, muchos creían que la falta de participación ciudadana se debía a que las ciudadanía carece de interés en la vida pública y en lo que sucede alrededor, pero esa afirmación es un error, ya que la realidad que enfrentamos como generación es que la falta de participación ciudadana se debe al desinterés de un importante número de nuestros representantes de escucharnos.
No obstante, hay que ser muy claros también cuando se toca este tema, ya que si bien es cierto que nuestros representantes tan alejado de sus representados han contribuido en este proceso de descomposición, no podemos olvidar que la participación ciudadana es una carretera de dos carriles, y actualmente los tiempos que vive México exigen que nosotros ejerzamos nuestro derecho a participar para así convertirnos en los principales auditores del actuar de nuestros representantes ya sea a través de las herramientas de participación que la autoridad pone a nuestro alcance, o bien, a través de espacios construidos desde la ciudadanía, como por ejemplo, un pequeño bar.
Justamente por estas razones es que resulta valiosa la participación de un representante en eventos de una naturaleza, ya que a nosotros como generación nos recuerda que no todo está perdido y de paso nos recuerda que nuestra voz tiene valor y puede ser el parteaguas para reconstruir ese puente entre ciudadanía y clase política que se ha destruído con el paso de los años.
Por esta razón, eventos como Chelas y Política nos recuerdan que no solo debemos impulsar la participación de los jóvenes en política, sino que también es necesario trabajar de la mano de los pocos representantes con la voluntad política de escuchar, para así consolidar un entorno en el que las decisiones y/u opiniones de la ciudadanía y de las juventudes formen verdaderamente parte de la toma de decisiones de las autoridades o bien, de la construcción de políticas públicas, es decir, que la participación no quede solo en el aire, sino que se manifieste democráticamente.
No olvidemos dos cosas: la participación ciudadana es necesaria para construir democracia, y para que una ciudad o un país en general pueda proporcionar mejores servicios y oportunidades a su población, debe de contar con gobiernos abiertos y receptivos con la voluntad de escuchar al ciudadano que quiere contribuir en el proceso de mejora de la política para solucionar problemas públicos.
CARTÓN POLÍTICO
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JALISCO
La transparencia del fiscalizador

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
JALISCO
MC: espejismos de unidad y fractura a la vista

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS