OPINIÓN
«Dinero es para la gente, no para transportistas; es una ley (de movilidad) súper noble»: Mónica Magaña, diputada
Por Diego Morales //
Como aquél dicho famoso y popular: el de atrás paga. En la nueva Ley de Movilidad, está garantizado que hasta el segundo semestre del 2024 aumentará tarifa de 9.50 pesos en el transporte público, (cuando pasen las elecciones), después ya veremos si hay aumentos o habrá subsidio de parte del gobierno del estado, así lo precisó la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco.
Entrevistada por el periodista Jonathan Lomelí en el programa Perspectivas de Canal 44, la legisladora de Movimiento Ciudadano aseguró que la ley se armonizó y socializó con todos los diputados, colectivos y con el Observatorio Ciudadano de Movilidad, por lo cual no entiende las críticas que se han tenido al respecto de una ley que considera tiene como prioridad al peatón y abonará a salvar vidas en el estado.
LA ENTREVISTA
¿Cuál era la prisa de aprobar esta nueva ley? Se hizo avisando con un día de anticipación…
“Creo que prisa es cuando una cosa sucede de un día para otro, yo me encargué personalmente de socializar todo este tema, de ir con cada gremio y cada sector, cada asociación civil, incluso fuimos a varias regiones de Jalisco por seis meses, desde el 18 de mayo que presento la iniciativa, la fuimos alimentando, presentamos toda la materia de perspectiva de género, choques lamineros, lo que quiero llegar es que recibí 19 iniciativas de diputados y diputadas, toda la persona que quiso participar, participó”.
El reclamo es puntual, que no conocieron el dictamen final a los colectivos ni a las bancadas con anticipación, ¿por qué ocurrió así?
“El dictamen mismo tuvo modificaciones en la última discusión que fue como a las dos de la mañana, entonces el dictamen se fue construyendo, la iniciativa estaba en acceso al poder legislativo y a las asociaciones civiles, la construimos juntos, hicimos cuatro foros juntos, pero lo más importante es que después de construirla juntos”.
El dictamen final, ¿por qué no se dio a conocer con anticipación?
“El día anterior que fue cuando tuvimos certeza, personalmente fui casi tres horas con los colectivos a mostrarles lo que había, tratar que existiera esta comprensión”.
¿Tres horas eran suficientes para 422 artículos? Ese es un poco el reclamo…
“Está raro que digan que eso se da por contado, quién más lo hace, tenemos la obligación todos los estados de homologar la ley, ningún estado de la república está haciendo esfuerzos por hacerlo y nosotros sí, esta ley va de garantizar el apoyo de todas las personas que usan el camión, todas las personas que usan el transporte público y comenzaremos la discusión de egresos, había que garantizar los dientes de esta ley, con presupuesto, se llama Ley de Seguridad Vial, se trata de salvar vidas en todos sus términos”.
¿Por qué no se les dio a conocer antes el documento y qué le responde al Observatorio Ciudadano de Movilidad?
“Lo que les dije, incluso por escrito, me gusta hablar las cosas de frente, no hay arroz negro, es una ley súper noble, trascendente, hecha para ayudar, les platiqué que se dieron las condiciones para que ese día se votara, personalmente cuando lo supe asistí con ellos para demostrarles en qué iba el dictamen».
«Lo más importante es que como legisladora electa por mayoría en Jalisco, mi responsabilidad es llevar a cabo toda acción que beneficie a la gente, esto beneficia a la gente, me hubiera gustado tener más tiempo, claro. El dictamen final se seguía construyendo, por eso dejaba claro al Observatorio y a todos».
¿Hasta cuándo tenían para hacer la homologación?
“El tope límite era el 13 de noviembre, no nos gusta estar en la raya jamás”.
¿No fue una iniciativa apresurada o sí?
“6 meses de procesarla, entonces no, quien quiso participar lo hizo, hay que preguntarle a la gente si les parece prioritario que los diputados establezcamos en ley que su apoyo al transporte público, las medidas para evitar muertes por siniestros viales, que la gente nos lo diga”.
El tema de decidir la tarifa, que se aumente conforma a la inflación y costos de transporte, ¿por qué se decidió que fuera hasta el segundo semestre de 2024 cuando ya habría terminado el sexenio?
“La situación y gran reto que tenía era qué íbamos a hacer para que este gran gobierno de la garantía que no se aumenta ni un centavo la tarifa del transporte público, de forma histórica, el sexenio pasado se autorizó que se aumentara de la nada sin calidad de nada, 58 por ciento, esto ya lo congela. Mi reto era lo que iba a pasar en el futuro, cómo iba a dar certeza a la ciudadanía que no sería bajo discreción, sin ocurrencias, sin tarifazos. Esto está resuelto en esta administración, el gobernador dijo clara y contundentemente que lo que cueste él va a pagar la diferencia, así sea la inflación nacional histórica como la de este año, él paga la diferencia de ese aumento”.
¿Con qué dinero la paga?
“Claro, con el de las personas. Es que él administra el presupuesto público, eso está sobreentendido”.
¿De cuánto sería el presupuesto para los transportistas para poder congelar la tarifa?
“No se aprobó el monto, se aprobó la obligación de todos los gobiernos a apoyar directamente a los bolsillos de las personas para que no tengan que pagar tanto para el transporte público. Lo que establecimos en la ley es un mecanismo integral para garantizar que no haya ocurrencias para la determinación del transporte público, que sea con elementos técnicos transparentes y públicos, la gente lo sabe, cómo calculaban la tarifa, no se sabía, hoy la ley prevé explícitamente todos los elementos, quién lleva a cabo el proceso donde no hay ninguna silla de nadie del gobierno”.
¿Cuánto calcula que será el presupuesto para los transportistas?
“Yo no soy la persona que debe decir qué monto, lo que sí soy es la diputada que ordenó que existiera un fondo que lo garantice con reglas de operación, con la adecuación anual”.
Una cosa es el fondo para apoyar programas como Mi Pasaje, otra cosa es dinero que se va a entregar a los transportistas, ¿eso se garantizó en la ley?
“Eso es falso, a los transportistas no habrá dinero, lo que dice la ley es que el fondo es para las personas usuarias del transporte público. Es una imprecisión que se está haciendo, la ley garantiza elementos públicos y técnicos, la gente sabe que no pagará un centavo más”.
El gobernador anunció que sí habrá un subsidio de 500 millones de pesos para el siguiente año, ustedes en un mensaje dijeron que lo apoyarían en un presupuesto…
“Y lo hicimos ley, nos encargamos que se haga ley el apoyo permanente a las personas. No es un cheque en blanco, todos los elementos de la tarifa técnica vienen aquí; no se pueden salir del procedimiento, lo más importante es que el comité tiene representación social, académica, de todos los sectores, excepto una silla del gobierno, con la obligación de crear un fondo permanente para invertir a las personas en su transporte público”.
En un ejercicio donde aplica se ajusta la tarifa hoy conforme a la inflación, con esa norma que aprobaron, esa tarifa costaría 11 pesos…
“No sé exactamente cuánto costaría, pero no aplica ahorita que el gobernador va a pagar la diferencia en lugar de la gente”.
Pero esa norma sí aplica cuando termine el sexenio, ¿no es restarle el costo político a esta administración de un posible aumento a la tarifa?
“Hay que decirle a la gente que ellos no van a volver a asumir las decisiones irresponsables de un gobierno que se inventa una fórmula y decide no apoyar al transporte público, eso es lo que estamos haciendo, garantizar un método, un comité, un proceso en ley, no se pueden salir de ese proceso y garantizar fondos”.
¿Habrá dinero o no para entregar a los transportistas el próximo año y no suba la tarifa del transporte público?
“Es lo que es impreciso y es una mentira, el dinero es para la gente y no para los transportistas. Esta ley no es para el empresario, es para la gente, tan es así que el fondo se va para la Secretaría de Asistencia Social, no a la Secretaría de Transporte. El fondo lo que garantizará a la gente es que si la tarifa cuesta 11 pesos, ellos no van a pagar el extra de lo que cuesta hoy, el gobierno invertirá esa cantidad”.
¿A quién le dará el gobierno ese 1.50 extra?
“El gobierno lo pagará a través de la Secretaría de Asistencia Social, hay muchos estudiantes, jefas de familia, adultos mayores, que reciben el 50 por ciento de descuento, ellos lo ahorran, porque el gobierno paga por ellos, porque es un subsidio”.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El caso de Colomos III ha encendido las alarmas en Jalisco, un estado que lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación de sus pulmones verdes.
La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que otorgó un amparo a Ricardo Ramírez Angulo para recuperar 5.75 hectáreas en esta área protegida, ha desatado una tormenta política y jurídica.
El gobernador Pablo Lemus ha sido contundente: “Por ningún motivo permitiré que cercenen a Colomos III. Sobre mi cadáver”, afirmó, prometiendo agotar todas las instancias legales para proteger este bosque urbano.
Pero, ¿qué hay detrás de este choque entre la justicia federal, los derechos de propiedad y la defensa del patrimonio ecológico? ¿Es esta una batalla genuina por el bien común o un nuevo capítulo en los “juegos del poder”?
El artículo 14 constitucional es el cimiento de esta controversia. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio justo, en un tribunal establecido, con todas las formalidades del procedimiento. En Colomos III, el amparo concedido al particular se basa en que el gobierno de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval en 2017, intentó recuperar el predio mediante actos administrativos, no un juicio de nulidad.
Las escrituras públicas, registros catastrales y pagos de impuestos sustentan la confianza legítima del propietario, quien reclama posesión desde hace años. La justicia federal invalidó los agravios del Ejecutivo estatal, reafirmando que la privación de derechos exige un proceso judicial transparente, no decisiones unilaterales.
Lemus, con su característica vehemencia, ha acusado a “algunos jueces” de actuar “corruptamente” en sus últimos días en funciones, sugiriendo que la resolución favorece intereses privados sobre el bien colectivo. “Quedan muchas instancias legales por dirimir. Les doy mi palabra: nuestro Bosque Urbano se mantendrá intacto”, dijo, respaldado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien comparte la visión de proteger áreas verdes como legado para las futuras generaciones.
En este contexto, habría qué preguntar: ¿La defensa del medio ambiente se ha hecho con la ley en la mano o es una cortina de humo para ocultar errores institucionales?
El caso Colomos III destapa un patrón inquietante. En el Bajío y el Bosque de la Primavera, hemos visto cómo las autoridades han intentado recuperar terrenos sin respetar el debido proceso, solo para ser frenadas por la justicia federal.
En Colomos III, el gobierno validó las escrituras desde los gobiernos panistas que antecedieron al de Aristóteles Sandoval, al quedar registradas las escrituras que amparan la propiedad de Ricardo Ramírez Angulo desde el momento que quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el catastro municipal cobró el impuesto predial.
Si hubo una irregularidad con estas escrituras debió de irse al fondo del asunto, esto es, investigar y en su caso denunciar a las autoridades estatales que validaron esas escrituras, lo que no se hizo.
Tengamos presente que la confianza legítima no es un concepto abstracto; es el derecho de los ciudadanos a creer en las instituciones que validan sus propiedades. Romper eso sin un proceso justo es pisotear la constitución.
La resolución judicial no solo protege al particular, sino que expone la fragilidad de un sistema que actúa con arbitrariedad, confiando en que la fuerza política superará la legalidad.
Lemus, en su cruzada por Colomos III, ha elevado la apuesta: “Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres”, declaró, refiriéndose también a un proyecto de 140 departamentos en un predio contiguo.
En el caso del terreno de Colomos III, el hecho de que esté sobre un manantial, no implica que por ese hecho el particular no pueda detentar la propiedad, que no es lo mismo que sobre esa superficie se pueda edificar. Son dos cosas diferentes.
Si nos basamos en lo que establece la ley, tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Gobierno del Estado pueden negar permisos para su construcción y evitar la construcción. El particular a su vez puede alegar su derecho a construir, pero ese sería otro pleito jurídico.
Más que ir contra el particular aquí lo que procedería de parte del gobierno de Pablo Lemus es quién fue y con qué argumentos validó en otros sexenios la validez de esa propiedad que hoy pertenece al empresario Ricardo Ramírez Angulo.
Hemos advertido que en este caso de Colomos III el gobierno estatal intentó bloquear el proceso judicial con recusaciones frívolas, como nombrar abogados externos para generar conflictos de interés con el magistrado. Estas tácticas, que retrasaron la resolución por más de un año, son un “juego del poder”: Manipular el sistema judicial para ganar tiempo no es defender el interés público; es jugar con la confianza ciudadana”.
La justicia federal desechó estas maniobras, permitiendo una resolución que prioriza el estado de derecho sobre la presión política. La defensa de Colomos III como área de conservación, con sus mantos acuíferos y biodiversidad, es una causa que vale la pena defender. El bosque no es solo un terreno; es el latir de Jalisco, el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
La batalla no se gana con discursos. Habrá que ver la defensa jurídica que lleven adelante los abogados del Gobierno del Estado. Consulté a varios abogados sobre este caso y coincidieron que el asunto está muy claro: al particular le asiste la razón, ya que cuando fue despojado no se le dio derecho de audiencia.
Si el gobierno validó las escrituras, ¿por qué no las impugnó a tiempo? ¿Quién permitió que este litigio se prolongara? La respuesta estaría en la necesidad de una vigilancia ciudadana implacable, que exija cuentas claras y no se conforme con promesas o declaraciones políticas.
Colomos III un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y el clamor ciudadano. Más que culpar a la autoridad de justicia federal, el Ejecutivo debe revisar quién o quiénes validaron las escrituras de quienes se asume como propietario de Colomos III, si es que existe una irregularidad en el Registro Público de la Propiedad y habría que revisar a funcionarios de tres o cuatro gobiernos anteriores al actual.
La sociedad jalisciense requiere se proteja su patrimonio, pero también se respete la ley. Los ciudadanos deben exigir transparencia en los actos jurídicos que realizan sus gobernantes y con su presión incansable, son la verdadera esperanza para que Colomos III siga siendo un bosque, no un cementerio de promesas rotas.
Es momento que los jaliscienses dejen la apatía y tomen las riendas, vigilando cada paso para que la justicia, la transparencia y la sustentabilidad no sean solo palabras, sino el latir de un estado transformado.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un millar de delegados, el 92% de la lista, acudieron puntuales a la llamada del partido naranja en su quinta convención estatal. La cifra es presentada como muestra de unidad, pero también exhibe el peso de la disciplina: en Movimiento Ciudadano nadie quiere desentonar cuando la batuta la llevan el gobernador Pablo Lemus y el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez.
La aclamación fue unánime, sin votos en contra, sin voces disonantes. En la política, los unanimismos suelen esconder más temores que entusiasmos.
¿Es lo mismo que está pasando en la Universidad de Guadalajara con las “elecciones” de sus sindicatos: el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG)?
La protagonista, Mirza Flores, recibió la ratificación como coordinadora estatal hasta 2028. Ella misma lo dijo: “La silla del poder es prestada”. Una frase que suena a advertencia, pero que también funciona como vacuna retórica frente a los males que hundieron al PRI y al PAN: la soberbia y el alejamiento de la gente. Flores lo sabe y lo repite como mantra, consciente de que su papel no es el de caudillo, sino el de guardiana de la cercanía. Sin embargo, no deja de ser paradójico: en un partido que se ufana de ser movimiento ciudadano, las decisiones se siguen tomando de arriba hacia abajo, con respaldo calculado y bendiciones previas.
Curioso… Lo mismo pasó en la UdeG, donde los nombres de los lideres sindícales ganadores ya se conocían, ¡Solo faltaban las elecciones!
El plan que presentó Mirza Flores tiene ambición de hegemonía: conquistar todas las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, recuperar territorios perdidos como Puerto Vallarta y Tepatitlán, y mantener a Jalisco como la cantera de votos más fértil para el partido. Nada menos que replicar el éxito de 2021, cuando MC logró mayoría en el Congreso local, pero ahora bajo la sombra de Pablo Lemus, un político con estilo empresarial que intenta suceder al caudillismo alfarista. Caudillo que, por cierto, dobló a la universidad en cuyas instalaciones se realizó la convención estatal que ungió a Mirza Flores.
En este juego de equilibrios, Flores se ubica como la bisagra: entre el legado de Enrique Alfaro —al que define como respeto e inspiración— y la proyección de Lemus como jefe político del estado. El discurso es claro: unidad interna, cero fracturas, disciplina férrea.
La pregunta incómoda es si este modelo podrá resistir el desgaste natural del poder y el embate de Morena en 2027, que ya acecha con candidatos competitivos en la metrópoli. Entre los cuales, por cierto, no estará Ricardo Villanueva como candidato, ni repetirá Jesús Becerra -líder del SUTUdeG- quien actualmente está desaparecido como regidor en Guadalajara.
Los discursos en la convención abundaron en promesas de cercanía y servicio. Se recordaron programas sociales: medicamentos oncológicos gratuitos para niños, útiles y calzado escolar, infraestructura educativa. Nada mal como vitrina de logros.
Pero mientras tanto, la memoria de Cecilia Ruvalcaba, regidora asesinada en Teocaltiche, flotaba como recordatorio de la fragilidad del proyecto naranja en territorios violentos. La mención de Máynez no fue casual: fue un acto de contrición forzada para reconocer que no todo es marketing ni aplausos en la Casa Ciudadana.
Respecto a la promesa que hizo Pablo Lemus de pacificar Teocaltiche en 45 días… No se pronunció ninguna autocrítica.
Mirza Flores, abogada formada en género y ciudadanía, se presenta como rostro fresco y feminista en un partido dominado por varones con oficio de caudillos. Su apuesta es a la inclusión y a la disciplina, al trabajo territorial y al contacto con la gente. En la entrevista previa a la convención lo resumió con precisión: “Mi tarea es sumar y multiplicar”. Pero el riesgo, otra vez, es el de la aritmética política: sumar cuadros puede implicar también sumar vicios, y multiplicar estructuras puede derivar en multiplicar cuotas.
Recordé a Natalia Juárez, nueva secretaria del STAUdeG, que en redes al saberse ganadora dijo: “Estamos convencidas y convencidos de que la suma de esfuerzos es la mejor manera de responder a los retos que enfrentamos y de construir un sindicato que represente con dignidad y unidad a todas y todos los académicos de la UdeG”, esperemos que no pase lo mismo que con el PRD Jalisco, donde, también hablaba de unidad… y terminó enterrando al partido.
La convención de emecistas cerró con unidad exhibida, metas ambiciosas y discursos de confianza. Pero bajo la superficie laten los dilemas de siempre: ¿podrá MC conservar su ADN de cercanía o caerá en la burocracia que promete evitar? ¿Se convertirá Jalisco en bastión rumbo a la presidencia de 2030 o en laboratorio de tensiones internas?
El partido naranja se ufana de ser diferente, pero la política mexicana —esa que Mirza dice haber aprendido desde que tocaba puertas en 2012— enseña una lección vieja: los partidos que olvidan de dónde vienen terminan repitiendo la historia de los que prometieron nunca ser iguales.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Erick Brandon Palacios Sánchez
Queridos amigos y lectores de Conciencia Pública, es un honor para mí volver a escribir en las páginas de este prestigioso semanario.
En los últimos meses, he tenido la satisfacción de alcanzar algunos logros importantes. El pasado 8 de agosto, recibí mi título profesional como Licenciado en Periodismo Digital por la UdeG. Y el sábado 30 de agosto de 2025, tuve el honor de ser invitado a la asamblea de elecciones del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C., donde fui propuesto como Vicepresidente de esta honorable organización gremial.
Este nombramiento simboliza un enorme compromiso para mí, ya que tengo la firme convicción de hacer que el periodismo jalisciense sea un espacio que abra las puertas al periodismo de inclusión, dando voz a las personas con discapacidad, adultos mayores y todos los sectores que necesiten una voz, un reflector o una pluma para describir sus necesidades.
Deseo expresar mi gratitud al Maestro Xavier Zaragoza Núñez, presidente honorario vitalicio y fundador del Círculo, por su voto de confianza para asumir esta gran misión.
La nueva mesa directiva
– Presidente: Sergio Octavio García Aceves
– Secretaría General: Victoria Falcón Águila
– Vicepresidente: Erick Brandon Palacios Sánchez
– Secretario de Actas y Acuerdos: Horacio García González
– Secretario de Organización: Arturo Robles Grey
Reconozco la gestión del presidente saliente, C. Pablo Arturo Morales Euzarraga.
Fundación y misión del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C.
Esta organización gremial nació en 2009, inspirada en personajes jaliscienses del periodismo independiente como David Hernández Hurdanidia y Salvador Quesada Ramírez. Sus fundadores fueron el Maestro Xavier Zaragoza Núñez y Miguel Ángel Torres Delgado. Entre sus principales tareas está darle voz a la llamada prensa chica y agrupar a escritores y periodistas interesados en el fenómeno informativo y en el acontecer social.
PRINCIPALES OBJETIVOS
– Agrupar a periodistas y escritores para promover valores como la ética, el respeto y la capacitación continua del gremio.
– Promover actividades culturales de alto impacto, como la entrega de la medalla David Hernández Hurdanidia.
MI PLAN DE TRABAJO
Como vicepresidente del círculo, mi plan es promover cursos de capacitación presencial para que los jóvenes desarrollen el amor por las letras y la pluma. También busco involucrar a las juventudes en las actividades de nuestra organización y consolidar de manera profesional el oficio del periodismo en las nuevas generaciones.
Gracias por su amable atención, queridos lectores del Semanario Conciencia Pública.
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