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OPINIÓN

«Dinero es para la gente, no para transportistas; es una ley (de movilidad) súper noble»: Mónica Magaña, diputada

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Por Diego Morales //

Como aquél dicho famoso y popular: el de atrás paga. En la nueva Ley de Movilidad, está garantizado que hasta el segundo semestre del 2024 aumentará tarifa de 9.50 pesos en el transporte público, (cuando pasen las elecciones), después ya veremos si hay aumentos o habrá subsidio de parte del gobierno del estado, así lo precisó la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco.

Entrevistada por el periodista Jonathan Lomelí en el programa Perspectivas de Canal 44, la legisladora de Movimiento Ciudadano aseguró que la ley se armonizó y socializó con todos los diputados, colectivos y con el Observatorio Ciudadano de Movilidad, por lo cual no entiende las críticas que se han tenido al respecto de una ley que considera tiene como prioridad al peatón y abonará a salvar vidas en el estado.

LA ENTREVISTA

¿Cuál era la prisa de aprobar esta nueva ley? Se hizo avisando con un día de anticipación…

“Creo que prisa es cuando una cosa sucede de un día para otro, yo me encargué personalmente de socializar todo este tema, de ir con cada gremio y cada sector, cada asociación civil, incluso fuimos a varias regiones de Jalisco por seis meses, desde el 18 de mayo que presento la iniciativa, la fuimos alimentando, presentamos toda la materia de perspectiva de género, choques lamineros, lo que quiero llegar es que recibí 19 iniciativas de diputados y diputadas, toda la persona que quiso participar, participó”.

El reclamo es puntual, que no conocieron el dictamen final a los colectivos ni a las bancadas con anticipación, ¿por qué ocurrió así?

“El dictamen mismo tuvo modificaciones en la última discusión que fue como a las dos de la mañana, entonces el dictamen se fue construyendo, la iniciativa estaba en acceso al poder legislativo y a las asociaciones civiles, la construimos juntos, hicimos cuatro foros juntos, pero lo más importante es que después de construirla juntos”.

El dictamen final, ¿por qué no se dio a conocer con anticipación?

“El día anterior que fue cuando tuvimos certeza, personalmente fui casi tres horas con los colectivos a mostrarles lo que había, tratar que existiera esta comprensión”.

¿Tres horas eran suficientes para 422 artículos? Ese es un poco el reclamo…

“Está raro que digan que eso se da por contado, quién más lo hace, tenemos la obligación todos los estados de homologar la ley, ningún estado de la república está haciendo esfuerzos por hacerlo y nosotros sí, esta ley va de garantizar el apoyo de todas las personas que usan el camión, todas las personas que usan el transporte público y comenzaremos la discusión de egresos, había que garantizar los dientes de esta ley, con presupuesto, se llama Ley de Seguridad Vial, se trata de salvar vidas en todos sus términos”.

¿Por qué no se les dio a conocer antes el documento y qué le responde al Observatorio Ciudadano de Movilidad?

“Lo que les dije, incluso por escrito, me gusta hablar las cosas de frente, no hay arroz negro, es una ley súper noble, trascendente, hecha para ayudar, les platiqué que se dieron las condiciones para que ese día se votara, personalmente cuando lo supe asistí con ellos para demostrarles en qué iba el dictamen».

«Lo más importante es que como legisladora electa por mayoría en Jalisco, mi responsabilidad es llevar a cabo toda acción que beneficie a la gente, esto beneficia a la gente, me hubiera gustado tener más tiempo, claro. El dictamen final se seguía construyendo, por eso dejaba claro al Observatorio y a todos».

¿Hasta cuándo tenían para hacer la homologación?

“El tope límite era el 13 de noviembre, no nos gusta estar en la raya jamás”.

¿No fue una iniciativa apresurada o sí?

“6 meses de procesarla, entonces no, quien quiso participar lo hizo, hay que preguntarle a la gente si les parece prioritario que los diputados establezcamos en ley que su apoyo al transporte público, las medidas para evitar muertes por siniestros viales, que la gente nos lo diga”.

El tema de decidir la tarifa, que se aumente conforma a la inflación y costos de transporte, ¿por qué se decidió que fuera hasta el segundo semestre de 2024 cuando ya habría terminado el sexenio?

“La situación y gran reto que tenía era qué íbamos a hacer para que este gran gobierno de la garantía que no se aumenta ni un centavo la tarifa del transporte público, de forma histórica, el sexenio pasado se autorizó que se aumentara de la nada sin calidad de nada, 58 por ciento, esto ya lo congela. Mi reto era lo que iba a pasar en el futuro, cómo iba a dar certeza a la ciudadanía que no sería bajo discreción, sin ocurrencias, sin tarifazos. Esto está resuelto en esta administración, el gobernador dijo clara y contundentemente que lo que cueste él va a pagar la diferencia, así sea la inflación nacional histórica como la de este año, él paga la diferencia de ese aumento”.

¿Con qué dinero la paga?

“Claro, con el de las personas. Es que él administra el presupuesto público, eso está sobreentendido”.

¿De cuánto sería el presupuesto para los transportistas para poder congelar la tarifa?

“No se aprobó el monto, se aprobó la obligación de todos los gobiernos a apoyar directamente a los bolsillos de las personas para que no tengan que pagar tanto para el transporte público. Lo que establecimos en la ley es un mecanismo integral para garantizar que no haya ocurrencias para la determinación del transporte público, que sea con elementos técnicos transparentes y públicos, la gente lo sabe, cómo calculaban la tarifa, no se sabía, hoy la ley prevé explícitamente todos los elementos, quién lleva a cabo el proceso donde no hay ninguna silla de nadie del gobierno”.

¿Cuánto calcula que será el presupuesto para los transportistas?

“Yo no soy la persona que debe decir qué monto, lo que sí soy es la diputada que ordenó que existiera un fondo que lo garantice con reglas de operación, con la adecuación anual”.

Una cosa es el fondo para apoyar programas como Mi Pasaje, otra cosa es dinero que se va a entregar a los transportistas, ¿eso se garantizó en la ley?

“Eso es falso, a los transportistas no habrá dinero, lo que dice la ley es que el fondo es para las personas usuarias del transporte público. Es una imprecisión que se está haciendo, la ley garantiza elementos públicos y técnicos, la gente sabe que no pagará un centavo más”.

El gobernador anunció que sí habrá un subsidio de 500 millones de pesos para el siguiente año, ustedes en un mensaje dijeron que lo apoyarían en un presupuesto…

“Y lo hicimos ley, nos encargamos que se haga ley el apoyo permanente a las personas. No es un cheque en blanco, todos los elementos de la tarifa técnica vienen aquí; no se pueden salir del procedimiento, lo más importante es que el comité tiene representación social, académica, de todos los sectores, excepto una silla del gobierno, con la obligación de crear un fondo permanente para invertir a las personas en su transporte público”.

En un ejercicio donde aplica se ajusta la tarifa hoy conforme a la inflación, con esa norma que aprobaron, esa tarifa costaría 11 pesos…

“No sé exactamente cuánto costaría, pero no aplica ahorita que el gobernador va a pagar la diferencia en lugar de la gente”.

Pero esa norma sí aplica cuando termine el sexenio, ¿no es restarle el costo político a esta administración de un posible aumento a la tarifa?

“Hay que decirle a la gente que ellos no van a volver a asumir las decisiones irresponsables de un gobierno que se inventa una fórmula y decide no apoyar al transporte público, eso es lo que estamos haciendo, garantizar un método, un comité, un proceso en ley, no se pueden salir de ese proceso y garantizar fondos”.

¿Habrá dinero o no para entregar a los transportistas el próximo año y no suba la tarifa del transporte público?

“Es lo que es impreciso y es una mentira, el dinero es para la gente y no para los transportistas. Esta ley no es para el empresario, es para la gente, tan es así que el fondo se va para la Secretaría de Asistencia Social, no a la Secretaría de Transporte. El fondo lo que garantizará a la gente es que si la tarifa cuesta 11 pesos, ellos no van a pagar el extra de lo que cuesta hoy, el gobierno invertirá esa cantidad”.

¿A quién le dará el gobierno ese 1.50 extra?

“El gobierno lo pagará a través de la Secretaría de Asistencia Social, hay muchos estudiantes, jefas de familia, adultos mayores, que reciben el 50 por ciento de descuento, ellos lo ahorran, porque el gobierno paga por ellos, porque es un subsidio”.

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El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.

Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?

Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.

¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.

El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.

En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.

Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.

Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?

Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?

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JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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