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OPINIÓN

«Dinero es para la gente, no para transportistas; es una ley (de movilidad) súper noble»: Mónica Magaña, diputada

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Por Diego Morales //

Como aquél dicho famoso y popular: el de atrás paga. En la nueva Ley de Movilidad, está garantizado que hasta el segundo semestre del 2024 aumentará tarifa de 9.50 pesos en el transporte público, (cuando pasen las elecciones), después ya veremos si hay aumentos o habrá subsidio de parte del gobierno del estado, así lo precisó la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco.

Entrevistada por el periodista Jonathan Lomelí en el programa Perspectivas de Canal 44, la legisladora de Movimiento Ciudadano aseguró que la ley se armonizó y socializó con todos los diputados, colectivos y con el Observatorio Ciudadano de Movilidad, por lo cual no entiende las críticas que se han tenido al respecto de una ley que considera tiene como prioridad al peatón y abonará a salvar vidas en el estado.

LA ENTREVISTA

¿Cuál era la prisa de aprobar esta nueva ley? Se hizo avisando con un día de anticipación…

“Creo que prisa es cuando una cosa sucede de un día para otro, yo me encargué personalmente de socializar todo este tema, de ir con cada gremio y cada sector, cada asociación civil, incluso fuimos a varias regiones de Jalisco por seis meses, desde el 18 de mayo que presento la iniciativa, la fuimos alimentando, presentamos toda la materia de perspectiva de género, choques lamineros, lo que quiero llegar es que recibí 19 iniciativas de diputados y diputadas, toda la persona que quiso participar, participó”.

El reclamo es puntual, que no conocieron el dictamen final a los colectivos ni a las bancadas con anticipación, ¿por qué ocurrió así?

“El dictamen mismo tuvo modificaciones en la última discusión que fue como a las dos de la mañana, entonces el dictamen se fue construyendo, la iniciativa estaba en acceso al poder legislativo y a las asociaciones civiles, la construimos juntos, hicimos cuatro foros juntos, pero lo más importante es que después de construirla juntos”.

El dictamen final, ¿por qué no se dio a conocer con anticipación?

“El día anterior que fue cuando tuvimos certeza, personalmente fui casi tres horas con los colectivos a mostrarles lo que había, tratar que existiera esta comprensión”.

¿Tres horas eran suficientes para 422 artículos? Ese es un poco el reclamo…

“Está raro que digan que eso se da por contado, quién más lo hace, tenemos la obligación todos los estados de homologar la ley, ningún estado de la república está haciendo esfuerzos por hacerlo y nosotros sí, esta ley va de garantizar el apoyo de todas las personas que usan el camión, todas las personas que usan el transporte público y comenzaremos la discusión de egresos, había que garantizar los dientes de esta ley, con presupuesto, se llama Ley de Seguridad Vial, se trata de salvar vidas en todos sus términos”.

¿Por qué no se les dio a conocer antes el documento y qué le responde al Observatorio Ciudadano de Movilidad?

“Lo que les dije, incluso por escrito, me gusta hablar las cosas de frente, no hay arroz negro, es una ley súper noble, trascendente, hecha para ayudar, les platiqué que se dieron las condiciones para que ese día se votara, personalmente cuando lo supe asistí con ellos para demostrarles en qué iba el dictamen».

«Lo más importante es que como legisladora electa por mayoría en Jalisco, mi responsabilidad es llevar a cabo toda acción que beneficie a la gente, esto beneficia a la gente, me hubiera gustado tener más tiempo, claro. El dictamen final se seguía construyendo, por eso dejaba claro al Observatorio y a todos».

¿Hasta cuándo tenían para hacer la homologación?

“El tope límite era el 13 de noviembre, no nos gusta estar en la raya jamás”.

¿No fue una iniciativa apresurada o sí?

“6 meses de procesarla, entonces no, quien quiso participar lo hizo, hay que preguntarle a la gente si les parece prioritario que los diputados establezcamos en ley que su apoyo al transporte público, las medidas para evitar muertes por siniestros viales, que la gente nos lo diga”.

El tema de decidir la tarifa, que se aumente conforma a la inflación y costos de transporte, ¿por qué se decidió que fuera hasta el segundo semestre de 2024 cuando ya habría terminado el sexenio?

“La situación y gran reto que tenía era qué íbamos a hacer para que este gran gobierno de la garantía que no se aumenta ni un centavo la tarifa del transporte público, de forma histórica, el sexenio pasado se autorizó que se aumentara de la nada sin calidad de nada, 58 por ciento, esto ya lo congela. Mi reto era lo que iba a pasar en el futuro, cómo iba a dar certeza a la ciudadanía que no sería bajo discreción, sin ocurrencias, sin tarifazos. Esto está resuelto en esta administración, el gobernador dijo clara y contundentemente que lo que cueste él va a pagar la diferencia, así sea la inflación nacional histórica como la de este año, él paga la diferencia de ese aumento”.

¿Con qué dinero la paga?

“Claro, con el de las personas. Es que él administra el presupuesto público, eso está sobreentendido”.

¿De cuánto sería el presupuesto para los transportistas para poder congelar la tarifa?

“No se aprobó el monto, se aprobó la obligación de todos los gobiernos a apoyar directamente a los bolsillos de las personas para que no tengan que pagar tanto para el transporte público. Lo que establecimos en la ley es un mecanismo integral para garantizar que no haya ocurrencias para la determinación del transporte público, que sea con elementos técnicos transparentes y públicos, la gente lo sabe, cómo calculaban la tarifa, no se sabía, hoy la ley prevé explícitamente todos los elementos, quién lleva a cabo el proceso donde no hay ninguna silla de nadie del gobierno”.

¿Cuánto calcula que será el presupuesto para los transportistas?

“Yo no soy la persona que debe decir qué monto, lo que sí soy es la diputada que ordenó que existiera un fondo que lo garantice con reglas de operación, con la adecuación anual”.

Una cosa es el fondo para apoyar programas como Mi Pasaje, otra cosa es dinero que se va a entregar a los transportistas, ¿eso se garantizó en la ley?

“Eso es falso, a los transportistas no habrá dinero, lo que dice la ley es que el fondo es para las personas usuarias del transporte público. Es una imprecisión que se está haciendo, la ley garantiza elementos públicos y técnicos, la gente sabe que no pagará un centavo más”.

El gobernador anunció que sí habrá un subsidio de 500 millones de pesos para el siguiente año, ustedes en un mensaje dijeron que lo apoyarían en un presupuesto…

“Y lo hicimos ley, nos encargamos que se haga ley el apoyo permanente a las personas. No es un cheque en blanco, todos los elementos de la tarifa técnica vienen aquí; no se pueden salir del procedimiento, lo más importante es que el comité tiene representación social, académica, de todos los sectores, excepto una silla del gobierno, con la obligación de crear un fondo permanente para invertir a las personas en su transporte público”.

En un ejercicio donde aplica se ajusta la tarifa hoy conforme a la inflación, con esa norma que aprobaron, esa tarifa costaría 11 pesos…

“No sé exactamente cuánto costaría, pero no aplica ahorita que el gobernador va a pagar la diferencia en lugar de la gente”.

Pero esa norma sí aplica cuando termine el sexenio, ¿no es restarle el costo político a esta administración de un posible aumento a la tarifa?

“Hay que decirle a la gente que ellos no van a volver a asumir las decisiones irresponsables de un gobierno que se inventa una fórmula y decide no apoyar al transporte público, eso es lo que estamos haciendo, garantizar un método, un comité, un proceso en ley, no se pueden salir de ese proceso y garantizar fondos”.

¿Habrá dinero o no para entregar a los transportistas el próximo año y no suba la tarifa del transporte público?

“Es lo que es impreciso y es una mentira, el dinero es para la gente y no para los transportistas. Esta ley no es para el empresario, es para la gente, tan es así que el fondo se va para la Secretaría de Asistencia Social, no a la Secretaría de Transporte. El fondo lo que garantizará a la gente es que si la tarifa cuesta 11 pesos, ellos no van a pagar el extra de lo que cuesta hoy, el gobierno invertirá esa cantidad”.

¿A quién le dará el gobierno ese 1.50 extra?

“El gobierno lo pagará a través de la Secretaría de Asistencia Social, hay muchos estudiantes, jefas de familia, adultos mayores, que reciben el 50 por ciento de descuento, ellos lo ahorran, porque el gobierno paga por ellos, porque es un subsidio”.

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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Tendencias

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