OPINIÓN
Distintas formas de gobernar
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Entre el 28 y 29 de mayo de 2004, gobernaba Jalisco, el abogado Francisco Javier Ramírez Acuña, quien designó procurador de justicia a Gerardo Octavio Solís Gómez, quien entonces fue su hombre de confianza y entonces se llevó a cabo en Guadalajara, la III Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea, la cual tuvo como responsabilidad directa de seguridad el Estado Mayor Presidencial.
Según se tuvo conocimiento que un grupo de aproximadamente 40 sujetos conocidos como globalifóbicos o altermundistas habían llegado a la capital de Jalisco, para protestar por casi todo, pero en forma violenta se infiltraron con grupos de jóvenes principalmente para “reventar” las marchas que se dieron en la zona centro de la ciudad.
Como era de esperarse se desbordaron los ánimos y la destrucción de mobiliario urbano, en locales comerciales y otros lugares públicos y privados se dieron con violencia inusitada por los rebeldes manifestantes.
La detención de presuntos responsables se llevó a cabo de 48 de ellos y algunas mujeres, lo que tuvo que enfrentar el gobernador Ramírez Acuña, con el descrédito que entonces le hicieron de represor, así que Octavio Solís tuvo que dar la cara y enfrentar también el problema que duró varias semanas entre críticas y apoyos de ciudadanos y organizaciones que calificaron de haber tomado el control de la ciudad.
Ahora un mes después de haber muerto una persona en Ixtlahuacán de los Membrillos, se “organizaron” algunos grupos para iniciar una serie de manifestaciones y marchas, algunas de ellas violentas.
El asunto de arrestados por los daños causados en su manifestación está a cargo del hoy Fiscal General del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, que parece que tiene menos respaldo de sus jefes y hasta le han arrestado a elementos de la corporación, quienes todavía están bajo investigación criminal.
Ante los acontecimientos de la semana pasada, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, montó en cólera y según información que le han proporcionado sus “flamantes” expertos en seguridad pública, cree que la organización de las acciones violentas se fraguaron y estructuraron desde los “sótanos del poder en la Ciudad de México”, declaración que “enchiló” y mucho al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sea como sea, las fricciones entre los gobiernos del Estado y el Federal, nada dejará de beneficio y menos de soluciones para la población quien a fin de cuenta resulta afectada.
Hábilmente el mandatario del país AMLO, se ha deslindado de lo ocurrido y ahora hasta se dice distante del partido político que él organizó y lo llevó al poder, para así lograr limpiarse las manos de lo ocurrido en Guadalajara.
El aceleramiento que es muy característico del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, aunado a su ímpetu de buscar enfrentamiento lo arrojó a declarar sin tener todavía las pruebas confiables de que se ha estado desestabilizar el gobierno que encabeza y así queda muy distante de poder solucionar el problema y mucho menos de desenmascarar a quién o quiénes ejecutan las acciones.
Ahora se quiera reconocer o no, en pocos días se verán acciones para obligar a Alfaro Ramírez, pedir la salida de algunos de sus colaboradores, el más visible y cercano va a ser Gerardo Octavio Solís Gómez, quien tiene los reflectores encima y además tiene en su contra que el médico y licenciado Macedonio Taméz Guajardo (posible sucesor en la Fiscalía General ) es más cercano al gobernador.
Mientras se calman los ánimos en Jalisco y el gobernador se decide a mostrar las pruebas que pudiera tener y hasta de la posible infiltración de grupos delincuenciales que es tan grave como los del sótano del desaparecido D.F., seguirá luchando con los enviados del debilitado partido Morena, que a toda costa quiere crecer y controlar todo el Estado.
La muy mal vista y criticada Citlali Ibáñez Camacho, mejor conocida en el bajo mundo de la política como Yeidckol Polevnsky, llegó hace unos días a Jalisco, no se sabe si para meter al redil a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) o a los de Movimiento Ciudadano (MC) o a los de otros partidos desbalagados.
La señora que es fiel apoyo del presidente AMLO, tiene que estar muy atenta a las traiciones que le va a hacer, aunque se dice que ella también los sabe hacer y ha hecho en los lodos de la política.
Mientras la población en general continúa en encierro por la pandemia, se van acercando las fechas para la organización de las próximas elecciones del 2021, donde verdaderamente podría “volar pelos” en todo el país, pero ya veremos qué hace Citlali y para que fue enviada por el mandatario del México.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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