OPINIÓN
Donación de cuerpos a investigación y docencia
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Hace algún tiempo, muchos de los cadáveres que se donaban o no reclamaban por parte de los familiares o de servicios médicos forenses para investigación criminal, terminaban en los anfiteatros de las escuelas de medicina.
Los profesores de anatomía en la facultad de medicina les pedían a sus estudiantes cráneos humanos para su estudio, con esto los estudiantes, asistían a diversos panteones a comprarlos o que les fueran donados para su estudio y tarea.
¿Cómo llegaron ahí? No había manera de comprobarlo, Estos cadáveres llegaban sin actas del registro civil, y sin ningún antecedente legal de su procedencia muchos de ellos ni siquiera tocaban los servicios médicos forenses.
Haciendo un poco de historia, en el estado se han presentado diferentes pandemias como en 1784 La bola, 1793 la Viruela, 1813 las Fiebres malignas en 1833 el Cólera, y curiosamente la mayoría de los cadáveres eran tirados a la fosa común y otros utilizados para la docencia o la investigación desde estos años, en las escuelas de medicina.
También otros cuerpos que fueron aventados a la fosa común en panteones municipales, fue en el caso trágico de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara (un claro ejemplo) muchas de las osamentas encontradas fueron depositadas sin ningún procedimiento legal en panteones de Guadalajara
Existían también ciertos rituales por parte de los estudiantes de medicina con osamentas de distintos cadáveres no identificados en panteones de la ciudad, pactos de sangre, sesiones masónicas entre otras cosas.
“Un caos”, así lo llamaremos, no existía un control sobre los cuerpos y osamentas en las cuales los estudiantes y maestros de medicina practicaban.
Muchos de los cadáveres carecían de procedimientos legales para su donación o llegaban a los anfiteatros sin actas de defunción, y simplemente aparecían ahí.
Con el paso de los años esto fue cambiando, gracias a los distintos candados jurídicos, existentes en la actualidad, un control más estricto podríamos decir.
Pero esto ha traído otra crisis ya que las y los estudiantes de medicina no están practicando sobre cadáveres, sino sobre inteligencia artificial, robots y muñecos.
Es decir, no hacen prácticas reales de anatomía, disección de cadáveres, una disciplina que se estudia en los dos primeros años de la carrera, eso era un filtro para ver quién sí estaba preparado para ser médica o médico.
Un estudio publicado recientemente en Holanda revela que un 6% de los errores graves que se producen en enfermos hospitalizados se deben principalmente a causas humanas, entre ellas el poco conocimiento y la mala transferencia de la información.
La revista científica americana Clinical Anatomy contaba a principios de siglo hasta 80.000 muertes evitables al año en las mesas de quirófano. Y un número no desdeñable de ellas, decía, pueden atribuirse a la incompetencia en los conocimientos anatómicos necesarios por falta de una formación académica rigurosa.
Ante la gravedad de esta situación se empezaron a crear programas de donación de cadáveres y órganos respaldados por instituciones académicas en el país, como la UNAM, UANL y la U de G.
Aunque no son muchas las universidades vinculadas en esta responsabilidad civil y social sobre la donación de cuerpos y órganos, veamos de qué se trata, según el PDC de la UNAM:
Es un programa que promueve la donación voluntaria y altruista de cuerpos, para su utilización en la docencia e investigación de las ciencias médicas.
A través de la donación voluntaria y altruista de cuerpos cumpliendo con el trato ético de los cuerpos, siguiendo los lineamientos legales, respaldado por la Facultad de Medicina de la UNAM.
El Programa de Donación de Cuerpos UNAM se hará cargo de los gastos por traslado, así como el de incineración para aquellos que lo decidan una vez que se hayan concluido con los objetivos de docencia e investigación.
El primer destino del cuerpo donado siempre será el Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente será remitido al departamento o institución que lo solicite para los fines ya establecidos y que a su vez cumpla con los protocolos establecidos por la UNAM.
En el momento que se certifique la muerte del donante, sus familiares deben notificar al personal del Programa de Donación para informar acerca de la causa de muerte para determinar si el cuerpo puede ser aceptado para los propósitos del programa. Posteriormente se tomarán las medidas pertinentes para trasladar el cuerpo del donante a las instalaciones de la Facultad de Medicina.
Los cuerpos donados se utilizarán en las áreas de investigación y docencia, así como en el desarrollo de nuevos procedimientos médicos y quirúrgicos.
Es un acto completamente altruista y no conlleva recompensa monetaria.
Por ende, donar es amar.
Sabemos que es difícil aceptar la idea que nuestro cuerpo estará expuesto para la docencia e investigación, pero esto ayudará a salvar más vidas, sabemos en este momento que el Colegio de Notarios del estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara está trabajando en esto de manera Bioética para empezar a recibir los primeros cuerpos en este tipo de programa.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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