OPINIÓN
Eco desde Jalisco para Tiempo Completo
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Después del desaire que hiciera la secretaria de Educación Delfina Gómez a los diputados federales, el tema sobre la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo tomó un segundo aire con más fuerza, que obligó a los morenistas a componer la plana.
Fueron las titulares de las comisiones de Educación en ambas cámaras quienes salieron en conjunto a dar conferencia de prensa donde aseguraron que por instrucciones del Presidente de la República el programa La Escuela es Nuestra retomaría los beneficios de las Escuelas de Tiempo Completo, pero entregando de manera directa los apoyos para la alimentación y la ampliación de la jornada.
Es sin duda la mejor noticia dentro del pésimo escenario que hay en torno a este programa, pero que aún sin claridad jurídica que intérprete los deseos de ejecutivo, puesto que en 2021 pese a estar dentro de los lineamientos de operación del programa La Escuela es Nuestra, no se entregó un sólo peso del presupuesto a las Escuelas de Tiempo Completo. En estricto sentido, por experiencia este anuncio tampoco garantiza que las escuelas tengan presupuesto. Sin embargo, tendrán el marco legal para continuar.
En cambio, si esto sólo es demagogia para tranquilizar mediática y socialmente, volverá a ser un problema para las escuelas la operación. ¿Cómo interpretar que llegará el recurso directo a los padres de familia?, que para el caso del servicio de alimentación sin problemas los padres se organizarán, pero para la ampliación de la jornada este anuncio parece increíble, pues serán los comités de padres de familia en conjunto con los Servidores de la Nación quienes tendrían la responsabilidad de contratar y pagar a los docentes.
Nada de esto es seguro, ni la continuidad de las escuelas, hasta que se publiquen nuevos lineamientos o reglas de operación para el programa La Escuela es Nuestra, desde donde se pretende retomar estos objetivos para la extensión de la jornada escolar.
Pero además de esto, el gobierno de la 4T debe entonces también modificar su proyecto de modelo educativo, porque en la propuesta de planes y programas de estudio eliminó también el objetivo de la extensión de la jornada escolar, como si de verdad su intención hubiera sido eliminar por completo a estas escuelas.
La lucha que hemos emprendido desde Jalisco 9 Escuelas de 945 por la permanencia del programa ha encontrado eco en diversos sectores, primero los medios de comunicación, pero poco a poco de manera voluntaria diversos sectores de la sociedad como el empresarial y organizaciones sociales, así como de manera obligada las representaciones sindicales, pero más recientemente legisladores locales y federales, particularmente en el caso de Jalisco la Diputada Laura Sánchez del DTTO 15, originaria de Tototlán, así como la legisladora local Claudia Salas quien ya comenzó a operar para encontrar una solución en el estado.
Por su cuenta, la Diputada Hortencia Noroña presentó un punto de acuerdo para analizar el tema y diseñar una iniciativa que rescate a las Escuelas desde el presupuesto estatal. A ésta, se sumó la Diputada Mara Robles, de Hagamos Jalisco, quien con toda su experiencia en el tema se pronunció porque Jalisco sea punta de lanza y se rescate el proyecto desde el Estado. Organizaciones como 100 por Jalisco, con presencia Nacional organizó foros sobre el tema para empujar el tema desde diversos ámbitos.
Como lo mencionó la legisladora local, Mara Robles, lo que está en juego es perder la única posibilidad de establecer un Modelo Educativo de primer nivel y que permita elevar los resultados académicos de los mexicanos, eso que el Sistema Educativo se ha propuesto perseguir desde su institucionalización hace ya un centenario. En 2007, 1 de cada 500 escuelas era de Tiempo Completo, para 2018 1 de cada 8 escuelas era de Tiempo Completo, es un atentado pretender eliminarlas.
Si de verdad hay voluntad, es una nueva oportunidad para revertir las decisiones del gobierno de la Cuarta Transformación, de incluso aprovechar este momento sobre el tema para transitar de un programa a una modalidad educativa, con el compromiso de expandir este sistema progresivamente en favor de los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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