JALISCO
El acierto del gobernador en el tema de salud: La controversia de INSABI y la gestión de Alfaro
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
«Vamos a tener un trato directo con la Federación y vamos a gestionar mucho recurso para nuestro Estado, cosa que Enrique Alfaro no lo hizo. No firmó con el INSABI y por eso ahora no tenemos medicamentos», Claudia Delgadillo candidata de MORENA a la gubernatura de Jalisco, en la primera pagina de MURAL. 21 de diciembre 2023.
Fue una reunión breve, pero reveladora. Después de medio día y luego de una intensa agenda de trabajo en la Cámara de Diputados, acompañaba yo en calidad de asesor a dos funcionarios de diferentes estados del sector salud, el diputado de Morena que nos atendía fue muy directo, nos contó de su proyecto como fracción: Vamos a unificar TODOS los sistemas de salud del país, todo será administrado por un solo organismo, sueldos, prestaciones, edificios, insumos, contrataciones; como ahorita se trabaja en la Secretaría de Educación, así será en el sector salud.
Era el martes 1ro de octubre de 2019 y la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar se anunciaba iniciaría funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud.
El diputado nos habló con entusiasmo de las bondades del INSABI, que, según él, brindaría servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; se haría bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.
Nos dijo que los beneficiarios del INSABI recibirían servicios médicos sin restricciones porque habría atención universal para todos los padecimientos, incluidos aquellos que generan gastos catastróficos, para lo cual se había creado el Fondo de Salud para el Bienestar; también recibirían medicamentos gratuitos y demás insumos requeridos para sus tratamientos.
Nos aseguró que, a diferencia de antes, con el INSABI las personas sin seguridad social no necesitarían afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos; solo deberían contar con CURP o presentar acta de nacimiento.
Nos prometió que el INSABI garantizaría el abasto de medicamentos y el equipamiento suficiente para la atención de los beneficiarios en todos los niveles de atención a la salud, además que rehabilitaría y ampliaría la infraestructura médica.
Nos mintió.
El INSABI, lejos de ser una solución para el grave problema de la salud pública en México, fue un carísimo error del gobierno, que busca centralizar y controlar los recursos y las decisiones en materia de salud, descuidando el bienestar y la vida de los mexicanos.
El INSABI, lejos de ofrecer servicios de salud gratuitos y de calidad, fue un mecanismo que recortó y limitó el acceso a la salud, sin garantizar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos.
El INSABI, lejos de ser un proyecto de universalidad, igualdad e inclusión, fue una imposición autoritaria y arbitraria, que ignoró la diversidad y la pluralidad de las entidades federativas y de los sistemas de salud existentes.
El INSABI, lejos de garantizar el abasto de medicamentos y el equipamiento suficiente, fue una fuente de corrupción y desabasto, que favoreció a los proveedores y contratistas afines al gobierno, sin importar la calidad y la eficacia de los insumos.
El INSABI, lejos de ser una innovación y una mejora, fue un retroceso y un fracaso, que evidenció la incapacidad y la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la pandemia de Covid-19, que ha dejado más de 400 mil muertos y millones de contagios en el país.
El 27 de abril de este año, en una sesión que pasará a la historia como una de las más vergonzosas y serviles del Congreso de la Unión, las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el proyecto para que las funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se integren al IMSS-BIENESTAR, para contar con un solo órgano descentralizado que provea los servicios de atención médica.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, pretende crear un Sistema de Salud para el Bienestar que, según sus promotores, garantizará la gratuidad y la universalidad de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.
El proyecto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, establece que las entidades que celebren convenios de coordinación con el Sistema de Salud para el Bienestar deberán transferir los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, junto con los rendimientos financieros que se hayan generado, al Fideicomiso Público Federal sin estructura orgánica denominado Fondo de Salud para el Bienestar.
Este fideicomiso, que ya ha sido objeto de múltiples señalamientos por su opacidad y discrecionalidad, se convertirá en el gran cajón de los recursos destinados a la salud, sin que exista una fiscalización efectiva ni una participación ciudadana en su administración.
Asimismo, el proyecto establece que queda prohibido el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
Esta medida, que parece justa y solidaria, en realidad es una forma de engañar y manipular a la población, pues no se trata de una gratuidad real, sino de un subsidio que se paga con los impuestos de todos los mexicanos.
Además, al eliminar las cuotas de recuperación, se elimina también la posibilidad de que los hospitales y las clínicas generen ingresos propios que les permitan mejorar su infraestructura, su equipamiento y su personal.
De esta manera, el gobierno se mantiene en su pretensión de crear un sistema de salud único, centralizado y controlado por el poder político, que no garantiza la calidad, la eficiencia ni la equidad de la atención médica, sino que la somete a los intereses y los caprichos del régimen.
Tras la aprobación de esta minuta, la presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez, aseguró que con estos cambios legales “no deshacen nada, al contrario, es construir sobre lo que ya se hizo: algo mejor para los mexicanos y mexicanas”.
Estas palabras son una burla y una ofensa para los millones de mexicanos que han sufrido y padecido las deficiencias y las carencias del sistema de salud, que se han agravado con la llegada de la pandemia.
Una de las cosas que podemos como jaliscienses reconocerle al gobernador Enrique Alfaro, es su decisión de no firmar el convenio con el INSABI, beneficiando con ello al sector salud estatal y al hospital escuela de la UdeG, el Hospital Civil de Guadalajara, generando nuevos hospitales o renovando instalaciones, además de basificar a miles de trabajadores de la salud, sería bueno que, eso no lo olvidemos en la calentura electoral que busca meramente llegar el poder… porque los afectados son los que menos tienen.
En X @DEPACHECOS
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 360 mil estudiantes, ha sido un pilar de estabilidad en el panorama educativo mexicano durante las últimas décadas, especialmente bajo la influencia de Raúl Padilla López, exrector y figura clave hasta su fallecimiento en 2023.
Sin embargo, las recientes protestas estudiantiles, marcadas por la confrontación y actos de violencia en centros universitarios como el CUCSH, donde encapuchados irrumpieron y dañaron instalaciones de la rectoría, han encendido las alarmas.
¿Estamos ante el fin de esa era de calma que caracterizó a la UdeG? ¿O es este un capítulo pasajero que la rectora Karla Planter, la primera mujer en el cargo, podrá resolver con liderazgo y diálogo?
Las movilizaciones estudiantiles, iniciadas el 10 de septiembre de 2025, recuerdan los turbulentos años 60 y 70, cuando movimientos de izquierda generaron inestabilidad en las universidades mexicanas, marcadas por huelgas, violencia, alta politización y enfrentamientos con autoridades y gobiernos estatales.
Aquella época de confrontación contrastó con el periodo de estabilidad que Raúl Padilla consolidó con su liderazgo, transformando a la UdeG en un referente académico y cultural. Su ausencia ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de transición y nuevas demandas sociales.
Las protestas recientes, que incluyeron la exigencia de suspender las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y la creación de espacios para el consumo de cannabis, han puesto a prueba la capacidad de la rectora Planter para mantener la gobernabilidad.
En un mensaje claro, emitido este miércoles 17 de septiembre de 2025, la rectora general universitaria respondió con un enfoque conciliador pero firme. Aceptó revisar las demandas legítimas, como mejoras en infraestructura, seguridad y acceso a materias, muchas de las cuales ya están en proceso.
Sin embargo, fue contundente al rechazar propuestas que considera inviables o perjudiciales, como la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), que calificó de ilegal por violar los derechos de la comunidad universitaria, y la tolerancia al consumo de cannabis en los campus, argumentando que la universidad debe priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes.
Además, Planter advirtió contra la intervención de actores externos que podrían estar manipulando las protestas para fines políticos, un riesgo que ella se comprometió a evitar. “No permitiremos que actores ajenos se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes”, afirmó, subrayando su compromiso con un diálogo abierto, pero dentro del marco normativo de la UdeG.
Esta postura refleja una intención de equilibrar la apertura a las demandas estudiantiles con la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional. El manejo de esta crisis será determinante para el futuro de la UdeG.
La rectora, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2025, se ha destacado por su trayectoria académica y su enfoque en la igualdad y la inclusión. Su elección marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la institución en sus 232 años de historia, y ahora enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un momento de tensión.
Las protestas, aunque legítimas en algunos puntos, han incluido episodios de violencia, como los ocurridos en el CUCSH, que podrían escalar si no se gestionan con cuidado. La pregunta central es si estas movilizaciones son un síntoma pasajero o el preludio de una inestabilidad prolongada, similar a la de décadas pasadas registradas en otras universidades del país, donde los paros y las huelgas generaron mucho daño a la educación superior de México.
La respuesta dependerá de varios factores: la capacidad de Planter para canalizar las demandas viables, la voluntad de los estudiantes para dialogar dentro de los cauces institucionales y la habilidad de la universidad para evitar que intereses externos desestabilicen su comunidad.
La UdeG no es ajena a los retos, pero su historia reciente demuestra que puede superarlos con liderazgo firme y un compromiso con su misión educativa.
UN FUTURO EN JUEGO
La UdeG está en una encrucijada. Las declaraciones de Karla Planter muestran una disposición al diálogo, pero también una línea clara contra propuestas que comprometan la integridad de la institución. Si las demandas estudiantiles encuentran eco en soluciones concretas y la comunidad universitaria opta por la vía pacífica, la estabilidad que ha caracterizado a la UdeG podría mantenerse.
De lo contrario, el riesgo de una escalada de tensiones amenaza con revivir los fantasmas de las épocas de confrontación. La rectora, con su visión de una universidad más igualitaria e incluyente, tiene la oportunidad de forjar un nuevo capítulo de unidad.
– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
JALISCO
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
– Por Francisco Junco
El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.
El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.
Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.
Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.
Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.
Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.
Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.
“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.
Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.
“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.
En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.
“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.
“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.
JALISCO
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
– Por Redacción Conciencia Pública
En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.
Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.
Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.
Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.
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