Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La crisis de desapariciones en México, y particularmente en Jalisco, es una herida abierta que refleja la descomposición del tejido social y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia con gobernantes que han evadido su responsabilidad, minimizando el grave problema.

La llegada de Pablo Lemus al Gobierno de Jalisco despierta una mezcla de esperanza y escepticismo en un estado que carga con la vergüenza de ser líder nacional en desapariciones, con más de 15,000 personas perdidas en las sombras.

Lemus ha dado pasos iniciales que, al menos en el discurso, reconocen la gravedad del problema, algo que su predecesor, Enrique Alfaro, evitó con frases desafortunadas que culpaban a las víctimas, culpando a los medios de magnificar el problema.

La creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada en octubre de 2024 y jefaturada por Edna Montoya Sánchez, es una señal de intenciones. Promete centralizar esfuerzos, integrar tecnología forense y coordinarse con colectivos de buscadores, como Guerreros Buscadores de Jalisco. Reuniones con líderes como Indira Navarro, quien ha encontrado más fosas que muchas fiscalías, muestran una apertura que contrasta con el cerco de la administración anterior.

Sin embargo, las promesas no son nuevas. En 2018, Alfaro también anunció una “estrategia integral” que nunca llegó a puerto. La secretaría de Lemus, aunque bien intencionada, nace con dudas: el presupuesto de 65 millones 200 mil pesos se ve muy bajo si se trata de enfrentar y buscar solución al principal problema de Jalisco.

¿Evitará la burocracia que asfixia a la Comisión de Búsqueda? El anuncio de mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara y la FEU es positivo, pero suena a eco de iniciativas pasadas que se diluyeron en foros sin impacto.

Más preocupante es la falta de claridad sobre cómo enfrentará a la criminalidad tan poderosa en la entidad. Su respaldo a la investigación federal sobre el campo de entrenamiento y supuesto crematorio en el Izaguirre Ranch de Teuchitlán en marzo de 2025 sugiere disposición a colaborar con la Federación, pero delegar responsabilidades no basta en un estado donde la complicidad local es un secreto a voces.

Recursos, pero con condiciones

Jalisco no es cualquier estado. Con un presupuesto de 174 mil millones de pesos en 2024 y una economía pujante, Lemus tiene los medios para marcar una diferencia, pero solo si los usa con audacia. Puede transformar la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, hoy un elefante blanco, con investigadores capacitados y libres de nexos con el crimen.

Puede invertir en un Centro Regional de Identificación Humana, como el de Coahuila, para procesar los restos de las más de 1,000 fosas clandestinas halladas en el estado desde 2018. Puede, también, liderar un esfuerzo legislativo que garantice derechos a las familias de los desaparecidos, desde permisos laborales hasta fondos de reparación, algo que estados como Chihuahua han implementado con éxito.

Un plan sin excusas

Si Pablo quiere ser recordado como el gobernador que enfrentó la crisis de desaparecidos, debe actuar con medidas concretas y medibles, no con discursos. Primero, dotar a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de al menos 500 millones de pesos anuales, suficientes para contratar forenses, analistas de inteligencia y equipo de geolocalización. Esta secretaría debe rendir cuentas trimestrales, con metas claras: localizar 1,000 personas vivas o restos identificados en dos años. Los colectivos, que han hecho el trabajo del Estado, deben tener un asiento permanente en su consejo asesor, no solo reuniones protocolarias.

Auditar la Fiscalía Estatal y la Comisión de Búsqueda. Casos como el de Teuchitlán, donde colectivos hallaron restos ignorados por las autoridades, son una bofetada a la confianza ciudadana. Depurar a funcionarios corruptos o negligentes es impostergable.

Crear un fondo estatal de 100 millones de pesos para las familias de los desaparecidos, cubriendo asistencia psicológica, legal y económica, como lo pidió Blanca Yolanda, cuyo caso sigue sin respuesta desde 2024.

Las buscadoras, como Indira Navarro, necesitan escoltas en zonas de riesgo, tras episodios como la emboscada de Tlajomulco en 2023 que dejó seis policías muertos. Quinto, impulsar una campaña estatal que use estadios, escuelas y medios para educar y movilizar. Los Charros de Jalisco podrían dedicar juegos a las víctimas, y los artistas locales, como Alejandro Fernández, podrían sumarse a un mensaje de unidad.

El papel de la sociedad

La sociedad también tiene un rol. He visto cómo la indiferencia ciudadana perpetúa estas tragedias. Lemus debe convocar a los jaliscienses a romper el silencio, denunciando anónimamente fosas o apoyando a colectivos. Pero no puede cargar solo con la responsabilidad: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que dirige Luz del Carmen Godínez, designada en los tiempos del gobernador Enrique Alfaro, que ha sido tibia en el tema de los desaparecidos, debe asumir una actitud responsable y comprometida con las víctimas y un rol más protagónico, ya que se requiere su voz a favor de la justicia y poner un alto a esta tragedia que tanto dolor ha ocasionado entre las familias jaliscienses.

Pablo tiene mucho por hacer y sin duda este tema de los desaparecidos es su principal desafío: si logra resolverlo pasará a la historia como el mejor gobernador de los nuevos tiempos, un gobernador comprometido y responsable. Eso es lo que anhelan los jaliscienses, que hable menos y actúe con más determinación, con metas y resultados tangibles y medibles.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Nada más ridículo, nada más infame, que la simulación vestida de protocolo. El jueves 10 de abril, mientras 20 rostros de estudiantes desaparecidos clamaban justicia desde las fichas pegadas en los muros del centro de Guadalajara, el equipo de comunicación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, montó su propio espectáculo desde el balcón del Palacio de Gobierno. No fue un acto de Estado. Fue un montaje. Un burdo teatro de crisis con telón de fondo, luces naturales y actores de reparto con cargo académico.

Allí estaban: la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez; la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoé García Romero; y el secretario general universitario, César Barba Delgadillo. Todos ellos en fila, al sol, como si el guion les exigiera mostrar compromiso a base de insolación y sonrisa. Abajo, el dolor; arriba, la pose.

La escena no fue casual, fue deliberada. Y como suele ocurrir con las puestas en escena del poder, el tiempo fue el mejor cómplice. La cita originalmente pactada entre la rectora y el gobernador se iba a realizar en Casa Jalisco a las 11:30. Pero –¡oh divina coincidencia! – el encuentro se trasladó a Palacio de Gobierno a las 13:00 horas: justo cuando los estudiantes y familiares, con lágrimas y pancartas, tenían planeada su concentración frente al mismo edificio… ¡pura coincidencia!

¿Quién cree en coincidencias en política? Nadie con tres neuronas activas. Lo que vimos no fue la interrupción de una reunión para atender una protesta, sino la escenificación planeada de una falsa atención.

Lemus salió al balcón solo después de que los gritos desde la plaza lo obligaran. “¡gobernador, escúchanos, por favor!”, “¡somos estudiantes, no somos delincuentes!”, clamaban. Pero Lemus no se bajó a la plaza. En cambio, montó una mesa de trabajo a cielo abierto, en pleno balcón, como si los rayos del sol purificaran la hipocresía. ¿A quién carajos se le ocurrió ese patético espectáculo?

¿Y qué resultó de ese bochornoso espectáculo? La promesa de que habrá mesas de trabajo. Que habrá información. Que habrá coordinación con los tres niveles de gobierno. Palabrería hueca, reciclada de las promesas que no han impedido que Jalisco sea epicentro nacional de desapariciones. Que lo diga Teuchitlán. Que lo griten las familias que ya no duermen, que buscan en fosas y hospitales, en redes sociales y servicios forenses sobrepasados de cuerpos.

Lo más triste no fue Lemus. Fue ver a la rectora Karla Planter, a la dirigente estudiantil Zoé García y al secretario César Barba prestarse para semejante pantomima. ¿Qué hace una rectora sentada en un balcón mientras sus estudiantes exigen respuestas desde la calle? ¿A quién representa una líder estudiantil que se deja retratar como ornamento de la simulación institucional? ¿Dónde está la autonomía universitaria si el rectorado y su representación estudiantil se convierten en comparsa del Ejecutivo?

Planter, en un tuit posterior, habló de “coincidencias”. García Romero no cuestionó el cambio de sede ni de hora. Barba, en silencio. Y mientras tanto, la FEU difundía en sus redes: “¡Nos faltan estudiantes!”. ¿Nos faltan? Sí. Pero también nos sobran funcionarios indiferentes y dirigentes estudiantiles obedientes.

Los manifestantes pedían justicia, no una sesión de fotos. Exigían presencia del Estado, no una escena grotesca de conciliación ficticia. Lemus, experto en manejar el escaparate político, hizo lo que mejor sabe: montarse en una crisis para aprovechar una oportunidad. Nada nuevo. Así gobernó Zapopan. Así deslumbró en Guadalajara. Así inaugura su sexenio en Jalisco: entre cortinas, cámaras y balcones.

El mensaje no fue para las familias. Fue para los likes, para los reels, para los medios. Lo que logró el equipo de comunicación del gobierno de Jalisco fue una producción de redes sociales disfrazada de política pública. Una respuesta oportunista a una crisis estructural.

Pero lo más ofensivo fue que todo ocurrió unos días antes de Semana Santa, cuando los estudiantes están de vacaciones, cuando las escuelas están cerradas, cuando los pasillos universitarios están vacíos.

Este es el fondo del problema: mientras el dolor se expresa con marchas, el poder responde con puestas en escena. Mientras los familiares pegan fichas de búsqueda, el equipo de comunicación del gobernador pega frases hechas. Mientras se juega con el sufrimiento ajeno, se manipula a los medios con imágenes producidas desde Casa Jalisco.

Y no se engañen. Esto no es un error de cálculo, ni una falla de protocolo. Es estrategia. Es una narrativa de control que busca normalizar el horror con mesas, actas, sillas al sol y comunicados institucionales.

Pero hay cosas que no se maquillan. La ausencia de 20 estudiantes no se borra con videos. La responsabilidad del Estado no se elude con balconazos. La dignidad de una universidad pública no se entrega por un lugar en la escenografía oficial, olvidando que el líder moral del Grupo Universidad prefirió morir antes que claudicar… precisamente aprovechando las vísperas de una Semana Santa.

La gran pregunta que queda es: ¿hasta dónde están dispuestos los actores universitarios a prestarse al juego del Ejecutivo? Porque hoy, frente a todo Jalisco, su papel no fue el de contrapeso, sino el de patiños. Y si ese será el tono de los próximos seis años, entonces el guion está claro: los balcones seguirán llenos de sonrisas vacías, mientras las calles se llenan de nombres, rostros y ausencias.

Y ahí sí, ni con todos los reflectores del mundo podrán ocultar el vacío.

En X @DEPACHECOS

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.