OPINIÓN
El colapso de la vialidad
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Un grave problema que vive la metrópoli es en su vialidad. Prácticamente la ciudad está colapsada. El caos se ha acentuado más en estos últimos meses para el sufrimiento de quienes tenemos la necesidad de movilizarnos por diversos puntos de la ZMG.
Dicen los que saben que hay demasiados autos en la Metrópoli, son cerca de cuatro millones, lo cual es cierto, pero cómo dejar el auto si el transporte es tan deficiente.
Los últimos gobiernos han estimulado el uso de la bicicleta, lo que me parece muy bien que se estimule la movilidad no motorizada, como lo han hecho otras ciudades del mundo, pero los resultados no son positivos.
Dicen las y los defensores de estas medidas -entre ellas está mi esposa y mis hijas- que hay que bajarse del auto y que estas acciones de crear ciclo vías se verán sus resultados a largo plazo y que seguramente mis ojos no lo alcanzarán a ver.
Puede ser, pero mientras sufro, como sufren millones de personas lo que es una vialidad que va de mal en peor, nos ahoga cada, vez más lenta, tornándose desesperante.
La consecuencia es grandes pérdidas horas hombre y una mayor contaminación en la ciudad. Si acumulamos el tiempo que perdemos por una mala vialidad, se traducen en horas, días y meses de nuestras vidas de tiempo perdido.
La contaminación genera enfermedades respiratorias que se agudizan en este mes de diciembre, contaminación que va en aumento con una vialidad colapsada como la que sufrimos.
Cada quien puede contar sus historias cotidianas en su transitar por la ciudad. En mi caso personal, suelo utilizar con mayor frecuencia dos vías para moverme por la ciudad, la de Guadalupe-Niños Héroes y Av. Patria en la zona poniente.
Hace algunas semanas a la Glorieta de Arcos le quitaron un carril dentro de la estrategia de mejorar la vialidad de la ciudad -por citar un ejemplo- para estimular el uso de la bicicleta, sin embargo las consecuencias que ello ha generado es que se hacen más largos los embotellamientos, no únicamente en las horas pico, sino también ya en otros horarios del día. Para lograr cruzar la Glorieta los arcos de poniente a oriente -desde tres o cuatro cuadras- he contabilizado entre 4 y 6 minutos, si es que no hay de por medio algún accidente.
Para ir al estadio de béisbol y poder disfrutar los partidos de los Charros tengo normalmente dos opciones de trayecto: por Av. Patria y cruzar la colonia Altamira por Avenida Romanos para luego seguir por Juan Pablo II-Laureles; si salgo a las 18 horas, el tiempo para llegar pueden ser cerca de 60 minutos, pero si salgo a las 18:30, el tiempo de traslado en este mes de diciembre ha sido hasta de 90 minutos. El Periférico de ida mejor ni lo uso…
¿CÓMO ORDENAR EL CAOS?
Tenemos muchos vehículos y un transporte muy deficiente, aunado a la ausencia de la autoridad de Vialidad que hace algunas semanas se hizo presente con su voracidad al lanzarse a la casa de automovilistas que usan porta placas para aplicarles multas hasta de 12 y 13 mil pesos en un afán recaudatorio de nuestras autoridades.
Con gusto me bajaría del auto si tuviéramos un mejor transporte. No niego que se han hecho esfuerzos por cambiar esta situación. La solución de fondo sin duda es la apuesta al Tren Ligero y Macrobús, sin embargo, vamos ya muy atrasados.
Creo que durante los gobiernos del PAN se perdió la oportunidad de mejorar el transporte público ya que en los sexenios que encabezaron Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña, no se avanzó en las Líneas del Tren ligero y con Emilio González se construyó el Macrobús que circula por toda la Calzada Independencia de Miravalle a Huentitán.
Con Aristóteles la gran apuesta fue en materia de Tren Ligero al construirse la accidentada Línea 3 del Tren Ligero con una longitud de 21 kilómetros, un gran esfuerzo sin duda -haiga sido como haiga sido diría el filósofo de Michoacán-, pero en su operación no se nota mejoría en la vialidad de la ciudad. No niego su enorme utilidad.
PERIBÚS Y LÍNEA 4
En el gobierno de Enrique Alfaro hay también un importante esfuerzo por mejorar el transporte público con el Peribús (no me gusta el nombre de Mi Macroperiférico) que ayudará a cientos de miles de personas a movilizarse con mayor rapidez, pero que generará grandes cuellos de botella en esos 40 kilómetros de periférico, con lo cual la contaminación se acentuará. Es el daño colateral que trae como consecuencia.
El año lo cerramos con una buena noticia, el anuncio que hizo el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora de que se construirá la Línea 4 del Tren Ligero Guadalajara-Tlajomulco, que es la principal apuesta del gobernador Alfaro; el costo de la obra se ajusta a la baja de 13 mil a 10 mil millones, o sea 3 mil menos. Se anunció que el financiamiento será con la participación de la iniciativa privada, 3 mil millones de Banobras -¿préstamo al gobierno de Jalisco?- y 2 mil millones que aportará el Gobierno de Jalisco.
Así están las cosas, por lo pronto, mientras se hacen estas obras que aún le cuelga tiempo, armémonos de paciencia, toda vez que la solución al problema -si es que llega- es de varios años.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
