OPINIÓN
El concepto equivocado del éxito: «Estudiar para ser alguien en la vida»
Educación, por Isabel Venegas //
Todos lo sabemos, la educación tendrá un severo impacto por muchísimas razones, nuestros niños más pequeños, los adolescentes y hasta los jóvenes universitarios, están teniendo una serie de dificultades que se pueden sortear si se tienen ciertos recursos. Los instrumentos tecnológicos, el desarrollo cognitivo, la capacidad de autogestión y el apoyo del entorno social, son componentes que solo cierto porcentaje de la población reúne; sin embargo a pesar de todo, muchos estudiantes y padres de familia hacen lo mejor que pueden con lo que tienen.
Reconocer que ante una crisis la pérdida es inevitable, hace que los procesos de duelo y separación se realicen de manera más rápida y resiliente, y se pueda así comenzar a trabajar sobre la planeación para retomar el control de la vida. Para los habitantes de las zonas afectadas por el huracán Eta en Tabasco y Veracruz, en donde las inundaciones llegaron a superar incluso los tres o cuatro metros de altura, la pérdida es inmensa; ellos saben que deberán reconstruir la mayoría de las cosas, que no hay forma de recuperar fotografías, el mueble de la abuela, o la carpeta tejida que recordaba una festividad especial. Pensar que se tendrá que afrontar ese proceso no resta lo doloroso que pueda ser, pero obliga a mirar hacia adelante, a valorar lo que queda, a priorizar la vida y a construir nuevos canales de ayuda, en donde la solidaridad de los vecinos, el acopio de ayuda de lugares más menos lejanos, y los apoyos gubernamentales de todos los niveles, harán que pronto se pueda volver a la “normalidad”.
Lo mismo sucede tras el coronavirus, una pandemia que para nuestro país no da avisos de que pueda terminar pronto. Diversos factores siguen complicando la reducción de los contagios, y entre que son peras o manzanas, vamos a cerrar el año 2020 con las escuelas cerradas. Si ya hemos venido reflexionando sobre lo que nuestros niños pierden al estar confinados al dejar de relacionarse con sus compañeros y accediendo (en su mayoría) a formas precarias de la educación a distancia, justo será que ahora preguntemos ¿Para qué queremos que nuestros niños y jóvenes estudien? Cada que yo lanzo esa pregunta a los jóvenes estudiantes de preparatoria o licenciatura sus repuestas son: “Porque quiero ser alguien en la vida”, “Quiero tener un mejor futuro”, “Quiero tener éxito” o “Porque quiero ser mejor persona”.
EL CONCEPTO DEL ÉXITO HOY
¿Estudiar para ser alguien en la vida? Eso significa que quienes no tienen estudios no son “alguien”, son nada, es más, todas esas frases se vinculan de manera inconsciente pero perversa: si yo tengo estudios, no solo tengo la forma de acreditar que soy alguien, alguien superior, importante y de valor, … soy mejor persona. Un problema subyace cuando en ese tipo de argumentaciones el éxito se concibe como tener mucho dinero.
El éxito que debiera ser entendido como la realización plena e integral de la persona, no tendría por qué estar correlacionado con cierta cantidad o calidad de pertenencias; para colmo, no encuentra una correspondencia con la realidad al momento en que nuestros jóvenes egresados de la facultad no consiguen el empleo que les da para pagar un auto de lujo, el gimnasio y el antro de moda o el departamento con todas las amenidades posibles ¡Quiero tener un mejor futuro! –dicen-, cuando lo más valioso que tenemos es el presente, el momento en el que podemos hacernos cargo de nuestra realidad.
Grandes investigadores de la línea de la formación profesional en diferentes campos de desarrollo, abordan los fenómenos en los que los jóvenes estudiantes se enfrentan al momento de invertir su tiempo, su esfuerzo y su capacidad para estudiar. Este tipo de reflexiones se debieran plantear desde que son adolescentes, y hoy ante la pandemia incluso los padres de familia deben meditar sobre las razones por las que están haciendo que sus hijos vivan la experiencia de la escuela a distancia, con todos los costes que ya hemos ido poniendo sobre la mesa.
Pensar que un título será el seguro para tener un mejor futuro y una vida cómoda, en un mercado golpeado por una pandemia, donde la caída de la creación de empleos ha sido mundial y la reactivación económica tomará mucho tiempo para volver a ser un tanto estable, obliga a ver a la educación desde otra óptica; esta es la oportunidad de ver a la escuela como el instrumento para desarrollar todas las habilidades posibles, formarse como un ser en plenitud, descubrir el enorme potencial de cada uno de los estudiantes, incluso de los mismos profesores y directivos que como parte de la misma familia, debieran experimentar un crecimiento interior y comunitario. Dejar de pensar en el vínculo único y exclusivo del éxito profesional con la posesión de bienes materiales o de espacios de poder, serán elementos que ayuden a concebir a las escuelas como verdaderas herramientas de transformación.
Esta semana escuchaba una conferencia de la dra. Lupita Moreno Boyardo (todo un referente en la línea de formación profesional), en la que hablaba sobre las razones que puede tener una persona para estudiar un doctorado: conseguir un mejor empleo, incrementar sus habilidades para la investigación, por presiones institucionales, etc.; cualquiera de ellas válida. A final de cuentas, el criterio por el que el aprendizaje se mantiene en un continuo presente no deja de ser legítimo para quien probablemente, ha construido toda su vida con esas bases.
Lo importante es que, ante un punto de quiebre en nuestras vidas, nos demos la oportunidad de pensar de manera diferente. En el caso de las escuelas, hoy no solo debemos observarlas desde su operatividad pedagógica, sino por la misión y visión que debieran compartir por lo menos los que conforman cada institución; hacer la reflexión interior para plantear un diseño de vida mucho más libre, creativo, menos atado a un estereotipo de consumo esclavizante, aunque sin dejar de lado la materialización de los sueños y utopías de cada quien.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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