OPINIÓN
El desconocimiento de la escuela pública: Las cuotas escolares en tiempos de pandemia

Educación, por Isabel Venegas //
Tiempos de crisis y escasez que no lo serán para todos pero sí para la mayoría, en ello van las escuelas públicas con edificios que consumen muchos recursos en mantenimiento (o que por lo menos deberían hacerlo) y que cada día ven más difícil la manera de sortear las carestías; en medio de eso, el pasado viernes 14 de agosto la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció que el gobierno hará una gran cruzada por la eliminación del cobro de cuotas para padres de familia que buscan inscribir a sus hijos en escuelas públicas.
En el marco de la XLIV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación exhortó a los contralores para que ejecuten acciones en favor de erradicar una práctica que calificó como injusta, retrógrada y abusiva, reiterándoles que eso debe ser desterrado de la educación básica.
La funcionaria habló sobre buscar estrategias para sancionar a quienes sigan “extorsionando” a las familias pobres, de manera que pidió a la comisión elabore un plan de acciones proactivas, para que en las próximas semanas se termine con el problema de las cuotas abusivas a la educación.
La mayoría de las escuelas buscan estrategias para hacerse de recursos, puesto que el gobierno otorga presupuesto básicamente para las nóminas del personal que con dificultad alcanza a un equipo reducido en administración. Intendentes, vigilantes, carpinteros, fontaneros, o alguien que impermeabilice los techos, son pendientes que no hay forma de resolver. Este tema es todo un reto, ¿cómo pueden los niños estudiar en un plantel donde los baños no funcionan? ¿Cómo pueden hacer ejercicio en las canchas deportivas donde no hay un jardinero que corte los pastos? Hay escuelas que parecen casas del terror; ventanas rotas, bancas y cortinas de hace 30 años y ni hablar de equipos de cómputo e internet.
Al visitar los planteles uno puede constatar que hay personas entregadas; he visto directores con las camisas arremangadas recogiendo basura, haciendo mezcla y remendando las paredes, profesores que hacen equipo con sus estudiantes para organizar jornadas de limpieza, sin embargo hace falta el jabón, los estropajos, las lijas y la pintura. ¿De dónde salen los insumos? Sobra evidencia de casos en los que empresas de la iniciativa privada o patrocinadores de buena voluntad han donado equipos de cómputo, tablets, juegos didácticos, etc. ¿Qué pasó con eso? Se lo robaron porque en la escuela no había vigilantes, ni canceles, ni cámaras de registro, ¡Nada había y con nada siguieron!
Por años las campañas para organizar las comunidades escolares encaminaban su visión a la colaboración desde las posibilidades de cada quien, y lo que se definía como una cuota básica podía ser cubierta por mano de obra o insumos, padres de familia que sabían de algún oficio canjeaban la cuota por brindar sus servicios. Finalmente parece que la desconfianza sigue siendo más fuerte que el deseo de prosperar; generar buenos ambientes de aprendizaje para nuestros estudiantes se vuelve un aspecto de último orden en la agenda.
La propuesta de la secretaria Sandoval demostrará (según ella) que “México es gobernado por gente honesta y decente, y que es fiscalizado por contralores honestos y comprometidos”, su discurso cobra sentido cuando parece ser la lucha en contra de las escuelas donde los tesoreros de los comités escolares se despacharon los recursos de la kermesse, o que sus directivos crecieron en riqueza personal mientras sus escuelas se vinieron abajo conforme pasó el tiempo.
Gran paradoja que se resuelve cuando las comunidades verdaderamente toman roles activos y comprometidos; bastantes son los casos de éxito de escuelas públicas en las que el plantel está bien atendido, los jardines tienen mantenimiento suficiente y por ende, los alumnos aprenden a vivir en un lugar limpio en el que de igual manera desarrollan la capacidad de respeto y cuidado; ahí los padres de familia dan las cuotas sin oponerse puesto que un pago de 500 pesos por ejemplo, puede irse abonando durante todo el año, mientras ellos van viendo evidencia del gasto efectivo de su aportación.
Compromiso que se debe dar casi de manera simultánea: los padres colaboran cuando la directiva es responsable y va generando certidumbre en su administración, así como la administración puede tener recursos para hacer gestión cuando los padres de familia colaboran. Esa sincronía requiere como elemento fundamental que el gobierno deje de desestimar el compromiso de cualquiera de las dos partes; es mucho más fácil que se permute la cuota por la ayuda participativa, a que la administración gubernamental aumente las partidas presupuestales para cubrir todos los gastos de mantenimiento cotidiano.
Hoy la pandemia ha dejado a más familias en condiciones económicas críticas con lo cual el pago de cuotas “voluntarias” se hace más difícil, pero por otro lado, precisamente por esa situación muchos padres han tenido que sacar a sus hijos de las escuelas particulares migrando al sistema público. Los baños, los bebederos, la intendencia, los materiales didácticos deberán dar más uso y estar en mejores condiciones. Si bien es cierto que hoy los edificios están cerrados, al igual que las casas, no por estar sin habitarse dejan de consumir mantenimiento. La vigilancia, el pasto, las goteras, etc. se deben atender. En algunos meses habremos de volver al modo presencial y se necesitará que todo sea lavado, desinfectado, que los lavabos funcionen correctamente. De nuevo se requerirá del motor de los profesores para coordinar acciones de limpieza, pero la motivación de padres de familia será medular.
El Secretario Esteban Moctezuma hace días dio la bienvenida a todos los estudiantes que quisieran dejar la escuela privada para optar por la escuela pública asegurando que para todos había lugar, sin embargo, deberá decirles cómo es “ese lugar”, o bien, aplicar su enorme poder de convocatoria para generar un espíritu participativo que ayude a mejorar las condiciones, y no uno de persecución como lo hace su homóloga Irma Eréndira.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
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JALISCO
La transparencia del fiscalizador

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
JALISCO
MC: espejismos de unidad y fractura a la vista

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS