OPINIÓN
El enterrador del PRI: La atolondrada propuesta de «Alito» Moreno
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Decía el bien recordado Abraham Lincoln, que “Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios”.
Esta idea se puede aplicar a muchos de nuestros funcionarios públicos y dirigentes de partidos, como es el caso del inefable Alejandro Moreno “Alito”, macizo candidato al título de “sepulturero del priismo”, papel en que algunos correligionarios lo secundan, con visiones de plano aventuradas, como el suspirante Enrique de la Madrid, quien, para lograr simpatías en su destemplado afán de ser presidenciable, ofrece cerrar el aeropuerto Felipe Ángeles.
O el estrambótico diputado panista, Gabriel Quadri, quien, aspirando a la máxima postulación, afirmó que, si México no tuviese la carga de varios Estados del sureste, sería una potencia emergente, sandez a la que añadió otra recientemente, al vomitar la balandronada de que, si fuese presidente, al tren maya lo haría una ciclovía, un camino de bicicletas. (El Financiero, 12 ene-2019 y Poder Político, 1-VII-2022).
Volviendo al enterrador del partido tricolor, los audios que una semana si y otra también difunde Layda Sansores, gobernadora de Campeche, sobre ese antecesor de ella, lo revelan como un tipo vulgar, embustero, trampista y por donde se le vea, sumamente censurable. Al respecto escriben -el 19 de junio reciente- en el programa Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez: “Los audios de “Alito” podrían ser un manual de lavado de dinero”.
Reflexionando sobre lo antedicho, uno se pregunta cómo sujeto de tal calaña pudo ser ejecutivo de una Entidad Federativa, y aún peor, llegar a la presidencia de un partido político nacional.
Pero no anda lejos de ese “rara avis” de la política, su ahora asociado Marko Cortés Mendoza, el michoacano que dirige al Partido de Acción Nacional (PAN) y que paso tras paso, también lleva de picada a los blanquiazules. Marquititito (y Alititito) tanto el año pasado como este 2022, ante las patéticas derrotas electorales que sufrieron, resulta que festejaron rumbosamente lo que -contrario a la realidad- sostuvieron eran sus “triunfos y logros”. La analista Rosa Elena González, escribió: “el dirigente de los panistas a nivel nacional jamás se ha caracterizado por su honestidad, pero sí por su falta de oficio político e inmadurez”. (diario La Verdad de Tamaulipas, 4-XI-021).
Ambos personajes -como es del dominio público- se han unido en nebulosa alianza, tanto electoral como legislativa, y su más reciente “fruto” fue la “moratoria constitucional”, es decir, el acuerdo de no aprobar reformas a la Constitución en lo que resta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, actitud que cual botón de muestra, el senador panista Damián Zepeda, calificó como absurda.
Un tercer individuo coaligado a los anteriores es Jesús Zambrano, uno de los Chuchos (el otro es Jesús Ortega, tan tornadizo uno como el otro, o sea, tal para cual). Dirige los restos insepultos del PRD, y a pesar de sus magros resultados electorales y la evidente débil posición que posee (por ello al borde de la desaparición), en días pasados aseguró que su institución “será factor indispensable para que en 2024 se le gane a MORENA el gobierno de la república” (¡¡!!). Eso porque el perredismo, según él, “se encuentra fuerte, sólido y en pie de lucha”. ¿¿?? (Milenio TV, mayo 7-2022). No en balde, la revista Proceso desde hace tiempo, denominó a esa organización como “la izquierda perdida” (dic.19-2016).
Pero el colmo de actitud, fue la propuesta que hiciera Alejandro Moreno Cárdenas, el guía del CEN priista, la semana pasada: modificar la Ley Federal de Armas de Fuego a efecto de que a las familias mexicanas se les facilite el acceso para poseer armas de mayor calibre, a efecto de que puedan defender su casa, negocio y su propia vida ante el crimen. Y sobre tal proposición, asobronó otra: impulsar una legislación para que los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Marina puedan llevar sus armas de cargo a sus casas, para defenderse y hacer frente a la delincuencia organizada. (Aristegui, noticias, 28-VI-022).
El ácido periodista Carlos Marín, con motivo de la proposición del diputado Moreno Cárdenas, expresó el día 29 del mes pasado: “Alito se clavó un clavito…pero en el cerebelo”. Luego reconvino al legislador priísta, señalándole que no es hacer una ley, sino enviar una iniciativa, lo que debió haber dicho, para acto seguido calificar de verdadera “estupidez” su idea, la cual de hacerse realidad, lo único que lograría sería hacer del país un “aquelarre de pólvora”.
Y en cuanto a los militares y la opción de llevar las armas a su cargo, en días franco, a su hogar, solo lo prevé para los jefes, eliminando a soldados y desde luego, a los policías estatales y municipales. No cabe duda dice el citado periodista: es una propuesta demencial, delirante, o sea, “una palada más en la tumba política de este pobre hombre”. (José Cárdenas Informa, 29-Jun-2022).
El periodista Ernesto Ledezma, director del medio Rompeviento, dijo en el canal de La Octava sobre ese tema: es la pérdida del sentido común, de la brújula, por parte del dirigente del PRI, para regocijo de MORENA, y por otro lado, preocupación de los miembros de Va Por México, quienes difícilmente apoyarán a su coaligado. Por lo pronto el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, atinó a declarar: “Yo no creo que armar a la gente sea la solución. Los países que tienen más armas tienen mayor número de homicidios, porque no necesariamente las armas se utilizan para enfrentar a la delincuencia” (El Financiero, 29-jun-022).
Incluso, un notable tricolor, el senador Miguel Osorio Chong, manifestó que «es una barbaridad su propuesta sobre las armas”, con lo cual lo único que logra Alito, es arrastrar al instituto, y por ello debe dejar de ser su presidente, pues “no puede lastimar a un partido tan grande». (MVS noticias, 29-06-022). En parecido sentir, se manifestó la expresidenta priísta Dulce María Sauri: “proponer eso, -lo de las armas- no tiene ningún sentido, en ningún lado, pero menos en el PRI”; luego, agregó tajante: “Si yo estuviera en lugar de Alejandro Moreno, yo me separaba de la dirigencia”. (Los periodistas, 30-VI-022).
Otro opinante sobre tan controvertida propuesta, fue el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, para quien esa idea de Alito es profundamente peligrosa, una insensatez, una disparatada, en conclusión, una sandez. Es decir, un hecho torpe, necio o como define la Real Academia Española: Despropósito, simpleza, necedad. (El Sur, 29-06-022).
Incluso el primer mandatario de la nación, en su mañanera del 29 y a pregunta sobre esa moción desconcertante, en vez de opinar, solo exclamó: “ahí se los dejo de tarea a la gente”. Y precisamente eso es lo que debemos hacer todos: dejar que la gente forme su propia convicción, y tras valorarla, ella sea quien determine sobre tales proposiciones atolondradas y los vergonzosos políticos que las vociferan.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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