OPINIÓN
El enterrador del PRI: La atolondrada propuesta de «Alito» Moreno

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Decía el bien recordado Abraham Lincoln, que “Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios”.
Esta idea se puede aplicar a muchos de nuestros funcionarios públicos y dirigentes de partidos, como es el caso del inefable Alejandro Moreno “Alito”, macizo candidato al título de “sepulturero del priismo”, papel en que algunos correligionarios lo secundan, con visiones de plano aventuradas, como el suspirante Enrique de la Madrid, quien, para lograr simpatías en su destemplado afán de ser presidenciable, ofrece cerrar el aeropuerto Felipe Ángeles.
O el estrambótico diputado panista, Gabriel Quadri, quien, aspirando a la máxima postulación, afirmó que, si México no tuviese la carga de varios Estados del sureste, sería una potencia emergente, sandez a la que añadió otra recientemente, al vomitar la balandronada de que, si fuese presidente, al tren maya lo haría una ciclovía, un camino de bicicletas. (El Financiero, 12 ene-2019 y Poder Político, 1-VII-2022).
Volviendo al enterrador del partido tricolor, los audios que una semana si y otra también difunde Layda Sansores, gobernadora de Campeche, sobre ese antecesor de ella, lo revelan como un tipo vulgar, embustero, trampista y por donde se le vea, sumamente censurable. Al respecto escriben -el 19 de junio reciente- en el programa Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez: “Los audios de “Alito” podrían ser un manual de lavado de dinero”.
Reflexionando sobre lo antedicho, uno se pregunta cómo sujeto de tal calaña pudo ser ejecutivo de una Entidad Federativa, y aún peor, llegar a la presidencia de un partido político nacional.
Pero no anda lejos de ese “rara avis” de la política, su ahora asociado Marko Cortés Mendoza, el michoacano que dirige al Partido de Acción Nacional (PAN) y que paso tras paso, también lleva de picada a los blanquiazules. Marquititito (y Alititito) tanto el año pasado como este 2022, ante las patéticas derrotas electorales que sufrieron, resulta que festejaron rumbosamente lo que -contrario a la realidad- sostuvieron eran sus “triunfos y logros”. La analista Rosa Elena González, escribió: “el dirigente de los panistas a nivel nacional jamás se ha caracterizado por su honestidad, pero sí por su falta de oficio político e inmadurez”. (diario La Verdad de Tamaulipas, 4-XI-021).
Ambos personajes -como es del dominio público- se han unido en nebulosa alianza, tanto electoral como legislativa, y su más reciente “fruto” fue la “moratoria constitucional”, es decir, el acuerdo de no aprobar reformas a la Constitución en lo que resta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, actitud que cual botón de muestra, el senador panista Damián Zepeda, calificó como absurda.
Un tercer individuo coaligado a los anteriores es Jesús Zambrano, uno de los Chuchos (el otro es Jesús Ortega, tan tornadizo uno como el otro, o sea, tal para cual). Dirige los restos insepultos del PRD, y a pesar de sus magros resultados electorales y la evidente débil posición que posee (por ello al borde de la desaparición), en días pasados aseguró que su institución “será factor indispensable para que en 2024 se le gane a MORENA el gobierno de la república” (¡¡!!). Eso porque el perredismo, según él, “se encuentra fuerte, sólido y en pie de lucha”. ¿¿?? (Milenio TV, mayo 7-2022). No en balde, la revista Proceso desde hace tiempo, denominó a esa organización como “la izquierda perdida” (dic.19-2016).
Pero el colmo de actitud, fue la propuesta que hiciera Alejandro Moreno Cárdenas, el guía del CEN priista, la semana pasada: modificar la Ley Federal de Armas de Fuego a efecto de que a las familias mexicanas se les facilite el acceso para poseer armas de mayor calibre, a efecto de que puedan defender su casa, negocio y su propia vida ante el crimen. Y sobre tal proposición, asobronó otra: impulsar una legislación para que los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Marina puedan llevar sus armas de cargo a sus casas, para defenderse y hacer frente a la delincuencia organizada. (Aristegui, noticias, 28-VI-022).
El ácido periodista Carlos Marín, con motivo de la proposición del diputado Moreno Cárdenas, expresó el día 29 del mes pasado: “Alito se clavó un clavito…pero en el cerebelo”. Luego reconvino al legislador priísta, señalándole que no es hacer una ley, sino enviar una iniciativa, lo que debió haber dicho, para acto seguido calificar de verdadera “estupidez” su idea, la cual de hacerse realidad, lo único que lograría sería hacer del país un “aquelarre de pólvora”.
Y en cuanto a los militares y la opción de llevar las armas a su cargo, en días franco, a su hogar, solo lo prevé para los jefes, eliminando a soldados y desde luego, a los policías estatales y municipales. No cabe duda dice el citado periodista: es una propuesta demencial, delirante, o sea, “una palada más en la tumba política de este pobre hombre”. (José Cárdenas Informa, 29-Jun-2022).
El periodista Ernesto Ledezma, director del medio Rompeviento, dijo en el canal de La Octava sobre ese tema: es la pérdida del sentido común, de la brújula, por parte del dirigente del PRI, para regocijo de MORENA, y por otro lado, preocupación de los miembros de Va Por México, quienes difícilmente apoyarán a su coaligado. Por lo pronto el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, atinó a declarar: “Yo no creo que armar a la gente sea la solución. Los países que tienen más armas tienen mayor número de homicidios, porque no necesariamente las armas se utilizan para enfrentar a la delincuencia” (El Financiero, 29-jun-022).
Incluso, un notable tricolor, el senador Miguel Osorio Chong, manifestó que «es una barbaridad su propuesta sobre las armas”, con lo cual lo único que logra Alito, es arrastrar al instituto, y por ello debe dejar de ser su presidente, pues “no puede lastimar a un partido tan grande». (MVS noticias, 29-06-022). En parecido sentir, se manifestó la expresidenta priísta Dulce María Sauri: “proponer eso, -lo de las armas- no tiene ningún sentido, en ningún lado, pero menos en el PRI”; luego, agregó tajante: “Si yo estuviera en lugar de Alejandro Moreno, yo me separaba de la dirigencia”. (Los periodistas, 30-VI-022).
Otro opinante sobre tan controvertida propuesta, fue el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, para quien esa idea de Alito es profundamente peligrosa, una insensatez, una disparatada, en conclusión, una sandez. Es decir, un hecho torpe, necio o como define la Real Academia Española: Despropósito, simpleza, necedad. (El Sur, 29-06-022).
Incluso el primer mandatario de la nación, en su mañanera del 29 y a pregunta sobre esa moción desconcertante, en vez de opinar, solo exclamó: “ahí se los dejo de tarea a la gente”. Y precisamente eso es lo que debemos hacer todos: dejar que la gente forme su propia convicción, y tras valorarla, ella sea quien determine sobre tales proposiciones atolondradas y los vergonzosos políticos que las vociferan.
JALISCO
Consejos para la jubilación

Opinión, por Arturo Pérez Díaz //
Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.
Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.
Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.
Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.
Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.
Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.
La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).
Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.
Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.
Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.
Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.
Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.
Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.
El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.
La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.
Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.
También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.
Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.
A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.
El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.
Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.
E-mail: amper61@hotmail.com
Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
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Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
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