OPINIÓN
El Estado Fallido lo impulsan los malos gobiernos: Bancarrota moral
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Nuestra República, tras larga hegemonía de gobiernos antipopulares, entreguistas y corruptos, ahora se debate en profunda crisis sobre si continúa su titánica lucha para recobrar la plenitud de la soberanía, abatir la corrupción que la atrasó, volver al campo de la democracia y autentificar el goce de los derechos humanos.
Para lograr esos objetivos, ciudadanos e instituciones debemos conducirnos con integridad plena y ajustarnos a las exigencias de la justicia, cuyas bases se sostienen en la legitimidad, es decir, la coincidencia de la razón y la ley.
Un Estado nacional que no logra sus fines esenciales, es un Estado fallido, aunque no aniquilado. Para recobrar su destino, necesita reandar su trayecto a partir del momento en que se extravió, recuperando sus metas genuinas y ampliando sus horizontes.
Desde luego que nuestra patria no es un Estado fallido, aunque estuvo a punto de llegar a serlo, de haberse continuado su marcha hacia el abismo, según lo acredita nuestra historia reciente (señaladamente desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto).
Un aspecto fundamental que se debe superar para que México sea fuerte, soberano, justo y próspero, es lo moral, que, de acuerdo a la Academia de la Lengua, es lo “Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia”, lo cual complementa el diccionario Oxford, esto es, “saber sobre la bondad o maldad de los actos humanos, no solo de carácter teórico, sino también práctico, ya que se orienta a dirigir las conductas al bien”.
En relación a lo precedente, debemos hacer un recuento de como se actúa por particulares y servidores públicos, así como sectores público y privado, en nuestro país y su entorno. En este ámbito (que es internacional), debemos al menos mencionar a Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala y España.
Utilizando la concepción del periodista Antonio Rosas Landa, cuando un país usa efectivos entrenados para detener a individuos o familias que huyen desesperadas de la pobreza, la violencia, la persecución y el hambre, es la bancarrota moral de esa nación: este es el caso típico de la nación del Tío Sam en la actualidad.
Ah, pero no se trate de apreciar el contexto mundial, porque allí, el bifronte Estados Unidos, que en su moneda tiene moldeado en inglés “en Dios confiamos”, en los hechos lleva hambre, muerte, destrucción o al menos obstrucciones, a los regímenes que “no tienen sus intereses en su forma de gobernar”.
En la vecina del sur, Guatemala, la penuria, el atraso social y los desgobiernos que ha padecido, la han sumido en una crónica quiebra socio-económica y política, semejante a la triste situación de varios países del Caribe y Centroamérica, por no citar otros lugares del orbe.
Por lo que ve a España, la entrañable “madre patria” de muchísimos mexicanos, su gobierno se comporta de tal forma que no podemos dejar de considerarlo hipócrita: siendo un Estado que por naturaleza debería ser federativo, se obstina en ser centralista, y siendo totalmente plural es arbitrariamente unitario.
En consecuencia, no fue sensible a la petición de que ofreciera disculpas por los tres siglos de asesinatos, pillaje y ultrajes que asestó a nuestros indígenas, mestizos y connacionales en general. Lo cual sí hizo el gobierno catalán y a nombre del catolicismo lo ha hecho el Papa a los sudamericanos.
En ese renglón, los países antedichos, sufren de bancarrota moral. No así nuestro México, que se ha disculpado ante pueblos oriundos, chinos avecindados en el país o descendientes de africanos.
Empero, hoy por hoy vivimos un delicado momento. Miguel de la Madrid, neoliberal pero no tonto, en diciembre de 1982 afirmaba que en “el México de nuestros días, nuestro pueblo exige con urgencia una renovación moral de la sociedad que ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de su convivencia social”. Lástima que, como político falaz, faltó a su deber y nos impuso al nefasto Carlos Salinas, no solo por medio del afrentoso “dedazo”, sino propiciando en las elecciones la “caída del sistema”, suceso paradigma de inmoralidad.
Salinas, el ultra-neoliberal, ignoró a la izquierda (decía al respecto: ni los veo ni los oigo), desconoció gobernadores a su capricho, hizo arreglos “en lo oscurito” con los panistas, y se dio el lujo de recetarnos dos dedazos, lo que implicó el sacrificio de Luis Donaldo Colosio. Así arribó al poder Ernesto Zedillo, quien entre otras lindezas cometió “el error de diciembre” y de allí estuvimos los mexicanos en un vórtice que desembocó en el maldito FOBAPROA, deuda casi impagable que sigue haciendo estragos a las finanzas públicas, y con ello atrancando el desarrollo nacional.
Zedillo, el de la “sana distancia” con su partido (el PRI) tuvo que ver con la entrega de la estafeta presidencial al locuaz y frívolo Vicente Fox, proveniente del panismo, pero fiel ejemplo de lo que es el prianismo, excelente prototipo del gatopardismo: cambiemos todo para seguir igual. De esa manera se pudrió la esperanza del pueblo en la anhelada “transición democrática”.
Luego sobrevino la mascarada del desafuero a Andrés Manuel López Obrador, el robo de la elección presidencial de 2006, arribo de Felipe Calderón a la presidencia, “haiga sido como haiga sido”, lo cual es el colmo de indecencia. Y así prosiguió el quehacer público con el retorno priísta, cuyo abanderado Enrique Peña Nieto, y muchos gobernadores de su tiempo, hicieron de la corrupción, la impunidad y el entreguismo, una religión.
Por ello, para el pueblo, si un político en campaña promete hacer o no hacer, tal o cual cosa, y ya en el poder incumple o hasta actúa en contra de su compromiso, además de deshonesto, es lo esperado. Y lo mismo creen del juez o magistrado que omite aplicar la ley o peor, procede en contra de ella: es perverso. Lo mismo se puede decir de los fiscales o ministerios públicos que se conducen inducidos por la infidelidad, y son causa de la injusticia.
Los funcionarios al estilo de los consejeros del INE, la Comisión Federal de Competencia, el Banco de México, los del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros organismos autónomos donde se ampararon para ganar más que el Presidente de la República, es claro que abominan la constitución federal: ésta ordena que no ganen más que el Presidente, pero ellos, utilizan leguleyadas para cobrar casi el doble de lo que percibe el primer mandatario; son inmorales en grado sumo. Y así los cataloga la ciudadanía, la cual califica de parecida forma a los siguientes:
Los exgobernadores, casi una veintena, que saquearon sus estados y pisotearon las leyes, significan la quiebra moral de esa clase de funcionarios.
Los empresarios que en su afán de recobrar privilegios no reparan en medios para lograrlo, incurren en impudicia.
Los periodistas, que durante décadas medraron a la sombra del “chayote”, modo ignominioso del poder público para gobernar con omisiones y falacias, manteniendo al pueblo sumido en la ambigüedad, tienen en López Dóriga, Riva Palacio y Carlos Loret (Lord montajes), la máxima expresión del no ser lo que presumen.
La bancarrota es insolvencia por parte de una persona física o legal, para cumplir sus obligaciones o exigir sus derechos, y también lo es cuando disimula que las consuma. Lo moral está representado por costumbres y normas con que esas personas se realizan, mismas que se consideran beneficiosas para la comunidad, aun cuando sean favorecedoras de ellas mismas. La antípoda es lo inmoral.
Cuidemos de que México no se hunda en ese ignominioso nivel de la bancarrota moral, al cual casi llegamos, porque es paso anterior de la descomposición social y con ello, del Estado Fallido, situación que jamás habremos de permitir los que admiramos veneramos a la Patria.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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