El gobernado sin gobierno

Opinión, por Ramiro Escoto Ratkovich //

Parece inverosímil que en este país no exista el más mínimo respeto del Gobierno al Gobernado en el sentido de aplicar el precepto de los derechos y obligaciones en todo momento, y como ejemplo pongo el caer a un bache, y no puede ser por “accidente” toda vez que las calles están llenas de ellos y es imposible evadirlos; caer, como digo no es el tema, los daños que se ocasionan al vehículo sí, y no sólo hablo de las llantas ponchadas o de un rin roto, es la suspensión y en otros casos el vehículo entero cuando el bache se descuidó y se convirtió en socavón.

El SIAPA, así como dependencias municipales contratan a terceros para hacer obras de reparaciones, mismas que no son hechas con la mejor calidad y a veces ni siquiera son supervisadas por la autoridad lo que provoca que el daño vuelva a aparecer y se convierta nuevamente en un riesgo.

Un árbol también tiene el mismo ejemplo que expongo en este artículo, cuando advertimos que representa un riesgo por sus raíces o su tamaño al patrimonio y es reportado a la autoridad, advierten, incluso podarlo tiene que ser valorado, trámites que no alcanzan en lo tiempos y cuando cae la tormenta, el daño se genera incluso como hemos visto la semana pasada en la muerte de un joven de 14 años en Tonalá cuando le cayó encima un Ficus.

Tramitar la reparación de daños a cualquier autoridad es un verdadero viacrucis, piden fotos, testigos, una descripción de los hechos acompañado muchas veces de hasta 3 presupuestos de distintos proveedores para ingresar el expediente a la oficialía de partes, y de ahí pasan meses para la contestación, no sin antes el ir y venir a la dependencia atendiendo diversos citatorios para que muchas veces el pago no proceda o se llegue a un arreglo reparatorio que muchas veces no alcanza ni al 50% del daño total.

Esto a todas luces representa a un gobierno poco empático en la norma de hacerse responsable de estos daños ocasionados por la falta de mantenimiento urbano o bien por la mala obra realizada. Sin embargo, el infringir un artículo de cualquier reglamento implica el que la autoridad levante una infracción con la calificación de un pago económico y bajo un plazo determinado, no hacerlo lleva a acciones jurídicas y de hasta clausura o embargo.

¿Por qué no existe un trato así cuando el gobierno incurre en incumplimiento?, la respuesta parece simple, y está en la responsabilidad de los regidores que pueden hacer la diferencia y poner como requisito en el presupuesto a aprobar, un monto para justamente proteger el patrimonio de los ciudadanos en caso de ser víctimas de una negligencia u omisión en la que una obra o falta de servicio afecte su patrimonio.

El descuido en el que se tiene a la ciudad ha tenido en incremento estos “incidentes” que a decir de algunos doctos del Derecho, advierten incluso el reclamo al gobierno por daños provocados por inundaciones, que en todo caso advierten en respuestas de declaratorias de emergencia y el pago de menaje como parte de una responsabilidad, pero no así con los arriba mencionados que suman decenas al día, donde incluso las rejillas de las bocas de tormenta también participan en daños a vehículos e incluso en heridas a personas que caen en ellas por falta de tapas o bien por falta de reparación de las mismas.

Insisto en los hidrantes de la Av. López Mateos en los carriles centrales y pasos a desnivel, la falta de mangueras y operatividad. Y en caso de un incendio al interior, puede traer consecuencias muy graves y costosas por causa de esa hasta ahora calificada como negligencia al ser ya tres administraciones las que han permitido esta situación.

Así, el gobernado, sin gobierno.