OPINIÓN
El peligro del daltonismo social
Educación, por Isabel Venegas //
Ya estamos de nuevo en las escuelas desde nivel superior, medio superior y ya hasta los peques de preescolar pudieron iniciar el ciclo escolar en educación básica. Arrancamos el 2019-“B” o 2019-2020 y con ello volvemos a las matemáticas y a la ciencia, volvemos a cobrar conciencia de la importancia de hacer uso tanto de la razón, como de la emoción. ¿Recuerdas que hablábamos sobre la necesidad de revisar el caso de la estadística y las encuestas, para ver el por qué elementos científicamente probados, últimamente dan señas de estar fallando? o por lo menos esa es la lectura que se está dando coloquialmente.
Decíamos entonces que, para el caso de la situación electoral era importante retomar los esfuerzos que se habían hecho en el pasado de nuestro país, en el sentido de la formación ciudadana para que con incentivos concretos se forjara más la idea de compromiso político, a fin de “obligar” a participar con el sufragio de su voto. Recordarás que en promedio un 60% había participado en las últimas elecciones, lo que arroja un importante 40% que no nos deja ver su posicionamiento durante el transcurso de las campañas electorales, son los llamados “indecisos”, que al final terminan por decidir que no harán nada.
Dentro del 60% que sí participa durante la jornada electoral, está un importante sector que no le dice al encuestador la verdad. No se anima a opinar o revelar el nombre del partido o candidato de su elección por miedo a ser criticado, por las represalias de algún patrón o líder territorial que pueda enterarse que no está a favor de cualquiera de las promesas que supuestamente le redituarían después, es decir, en ciertos sectores se mantienen algunos mecanismos de control de autoridad con figuras que se equiparan a la del capataz o al del mayordomo de la hacienda en la era pre-revolucionaria.
Ya sea por acciones coartadas por cacicazgos o por la nueva postura de decir lo “políticamente correcto” amén de no estar de acuerdo con eso, mucha gente opina una cosa pero hace otra; además de eso debemos apuntar que hay una gran diferencia que en estadística puede confundir a la hora de hacer la lectura de los resultados; una cosa son los elementos fácticos y otra son los estudios de percepción. Pongamos de ejemplo el caso de la pobreza. Hay indicadores concretos que hablan sobre los avances o retrocesos en el combate a la marginación, aunque en ese sentido, también hay que estar revisándolos frecuentemente porque el concepto de “necesidad” también va evolucionando.
Considerando la información que tenemos a este momento, y teniendo en cuenta estos datos como hechos concretos, tangibles y medibles, veamos lo que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su reporte del 2018. Si bien es cierto que su tarea es la de revisar la efectividad que los programas que implementa el gobierno para mitigar los problemas más graves de la población, finalmente ese es el ente que tienen los datos más certeros de cuánta gente en nuestro país sigue careciendo de lo más elemental. Su lema es que “lo que se mide se puede mejorar”.
La mayoría coincide en que el mejor mecanismo para abatir los problemas de fondo de la ciudadanía es la educación. Los principales programas de gobierno han incidido en ese aspecto y desde la mirada del CONEVAL el reporte indica que entre el 2008 y el 2018, el rezago educativo pasó de ser del 21.9% al 16.9%.
En términos generales la población no pobre y no vulnerable logró incrementarse, pasando del 18.7% al 21.9%, es decir, ahora son 27.4 millones de personas los que están en esa franja que va dando más posibilidad a la estabilidad generacional. Los que estaban en la condición de pobreza extrema pasó de ser un 11% a un 7.4%. También las categorías de “población en situación de pobreza” y la de “vulnerable por carencias sociales” decrecieron. La única que se incrementó es la “vulnerable por ingresos” lo cual parece ser positivo porque es un paso de evolución adquisitiva.
En contraste con los datos que arroja el CONEVAL, el “Frente a la pobreza, Acción Ciudadana” presentó hace dos años una encuesta nacional referida a la percepción sobre el ejercicio de derechos. El resultado es que el 95% de la ciudadanía entrevistada, manifestaba una fuerte preocupación por la dimensión de la pobreza en nuestro país.
Los datos que arroja también dicen que: el 66.8% piensa que el problema es “muy grave”, junto a un 27.9% que opinaron “grave”, es decir, sumando esas dos categorías tenemos un 94.7% que no ve un avance en la reducción de la carestía social de manera objetiva. En esa misma encuesta el 66% se mostró pesimista en cuanto a que sea posible superar la pobreza en menos de 10 años, el 41% dijo que es “poco factible” y el 24.4% dice que “no es factible”, en tanto que los compromisos de México ante la Organización de las Naciones Unidas, fue atender el problema, atendiendo los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con fecha límite el 2030. Los resultados que la encuesta del Frente a la pobreza también permitieron ver que a más escolaridad crece el pesimismo en la creencia de que se podrá resolver el problema social.
Bien podríamos relacionar los niveles de ansiedad y el impacto en la salud emocional de nuestra comunidad, la cual arroja un abrumador 90% pesimista ante el ejercicio de los gobiernos en su función de respetar los derechos humanos de las personas. Esto implica un riesgo muy grande al desacreditar a la institución de cualquier color, pero que da posibilidades de que haya cada vez más organización social y comunitaria, siempre y cuando se reflexione en esto porque de lo contrario podríamos estar ante una nueva revolución que nos emocione por lograr el derrocamiento de los actuales “poderosos” para volver a empezar a construir instituciones de las ruinas,… como quien dice, nos encanta partir de ceros.
Deberíamos repensar (sobre todo, quienes hemos tenido la oportunidad de elevar el grado académico) nuestros niveles de pesimismo sin dejar la criticidad, es que aquí hay dos puntos de contraste, la posibilidad de provocar un pensamiento positivo carente de elementos, como discurso de campaña que hace que un gran sector de la población ponga su confianza en programas sociales que no resuelven en nada la pobreza de nuestro país; pero por otro, ser tan negativos como para no ver que sí ha habido avances y que en nuestras propias manos está la transformación, ya sea para exigir un cambio a las políticas gubernamentales o para desarrollar posibilidades de cambio real por lo menos en nuestro entorno.
Un pensamiento crítico implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios, permitirnos el contraste frecuente entre lo que podemos contabilizar y lo que nuestros sentidos nos dicen. Recuerda que la imagen que nuestros ojos perciben no es siempre como el objeto es en realidad.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail:isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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