OPINIÓN
El poder no quiere ser acotado: El debate sobre el CPS va más allá de cuánto ganan
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
Es difícil la posición del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, hoy bajo asedio.
Pero empecemos con ¿qué es eso del CPS? Y usemos para ello la descripción que da su propia página en la red: “Es el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de Gobierno para aquellos asuntos relativos a la estrategia anticorrupción en el estado de Jalisco. Tiene la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de todo el Sistema en el estado, de proponer políticas públicas, metodologías e indicadores de evaluación contra la corrupción, y de generar mecanismos para que la sociedad participe en su prevención y denuncia”.
En español esto quiere decir que es un grupo de expertos que trabajando al interior del poder en turno y teóricamente de cara a la sociedad. Trabajan en proyectos y negociaciones no sólo para acotar al poder en turno (Que nunca quiere ser acotado), sino también a los poderes que vendrán para evitar que se cometan actos de corrupción y para ello tienen que mejorar los procesos, ajustar los mecanismos en una ruta que dificulte, complique y entrampe cada vez más los posibles actos de corrupción, que van desde la contratación de un compadre hasta el robo en despoblado de los recursos públicos. Suena complicadísimo pero básicamente es amarrar las manos del poder cada vez más y el problema es que hay que hacer eso de la mano del poder, con acuerdos. Es un trabajo muy difícil.
Es cierto que hasta ahora no podamos decir que se ha logrado el objetivo o al menos que se ha hecho una lucha ejemplar desde el CPS para que Jalisco sea ejemplo de lucha contra la corrupción y transparencia, pero endilgarle esta corrupción al CPS es equivocar las causas y ahí está la trampa en el discurso del poder. No debemos confundir al CPS con el poder en turno y debemos preguntarnos ¿Por qué la bancada de MC busca desarmar, desaparecer, dinamitar al CPS? ¿A poco vamos a creer que lo hacen por nosotros? Evidentemente hay gato encerrado.
¿A qué me refiero?
Pues no fueron los expertos del CPS los que solicitaron una deuda de 6 mil 200 millones de pesos supuestamente para paliar los efectos del Covid ni decidieron que se pagara el 140% de interés sobre esa deuda, ni mandaron golpear y secuestrar estudiantes con agentes de Fiscalía en camionetas de banquetes, ni aprobaron (Antes todo lo contrario) la elección de los Consejeros de la Judicatura que fue un ejemplo de desparpajado y vulgar uso de poder para imponer cuotas y cuates en espacios que son para otra cosa.
El CPS se ha opuesto, ha usado su voz si quieren de manera mesurada y aún así están pagando el pato de manejar una tibia independencia con la amenaza de ser destruidos, obliterados. Y si ante una independencia mesurada, cuidadosa que se activa en momentos donde no se puede justificar tanto abuso del poder se responde con una iniciativa destructora y vengativa para mantener las cuotas de la sociedad civil en el aplauso, entre los cuates y ajeno a las críticas, imagínense el servilismo que se busca desde el poder y el riesgo que es alzar la voz. Esto no lo podemos permitir, aunque el CPS sea todo lo perfectible que queramos.
Ese es el quid y hay que centrarnos en las razones de fondo y no en los discursos oficiales que siempre están envenenados. Claro que está el sueldo nada despreciable de más o menos 68 mil pesos mensuales libres de polvo y paja que se les garantiza a los miembros del CPS por cinco años y eso es criticable en un país donde a cada rato nos encontramos anuncios que buscan empleados con dos post doctorados, SNI 3, manejo de paquetes de diseño, Autocad, que hablen alemán, francés, mandarín y griego antiguo, con conocimientos avanzados programación web y soldadura ofreciendo tres mil pesos al mes. Entiendo que ofenda y que el sueldo es parte del debate pero la trampa del poder es decir que el sueldo es el debate y no, para nada.
El asunto está en otra parte. No veo a los diputados ofendidos por su propio sueldo y prestaciones superiores a los del CPS o haciendo algo para reducir el cada vez más obeso cuerpo de aviadores del Congreso. No les molesta gastar, les molesta que les peguen y que existan organismos autónomos.
¿Es necesario garantizar que puedan ganarse la vida de manera honrosa y con seguridad laboral los integrantes del CPS? Sí. ¿Por qué? Porque su trabajo incluye enfrentar a un poder donde no hay correlación de fuerzas y que puede destruirlos si quiere y que es particularmente intolerante a la crítica y la entiende como disidencia, traición y filibustería. ¿Quién va a abrir la boca si le cuesta el escarnio público, que le ventilen su vida privada y ataquen a su familia y lo dejen sin trabajo y defenestrado públicamente? Pos nadie.
Entonces hay que corregir muchas cosas en el CPS pero no reducirlo a la nada como hacen con todas las causas diciendo que tienen fines políticos o que defienden su sueldo o que en algo andaban y ya. El argumento contra el CPS es ad hominem y ahí no está el asunto. Hay que fortalecerlo, democratizarlo, ampliarlo y darle más poder para que produzca mejores resultados. Hay que elegir los consejeros con mecanismos en los que no participe el poder.
Los habitantes de Tala se quejan de que les van a poner un tiradero de basura en su comunidad, a metros de la presa de la Vega, de los chorros de Tala y el Bosque de la Primavera y sus preocupaciones son desestimadas por el poder cuya respuesta es que se trata de intereses políticos movidos por grupos oscuros.
El poder descalifica a quien se atreve a alzar la voz contra las imposiciones del poder, los negocios a su amparo y la corrupción que hay detrás de muchas de las decisiones y no podemos confiar en el discurso oficial que siempre trae cartas bajo la manga, ni sobre este asunto ni sobre el CPS.
Podemos decir que el CPS tiene todos los defectos que se nos puedan ocurrir y en muchas cosas, en muchas de nuestras críticas tendremos razón, pero eso no quiere decir que hay que dinamitarlo sino fortalecerlo, darlo a conocer, exigirle, dialogar con sus miembros, amplificar sus acciones y demandar más eficiencia.
Atacar al CPS hablando de sus onerosos sueldos desde una cámara cuyos diputados ganan lo mismo más dietas, viáticos, canonjías, asesores y varias otras compensaciones que no tienen los miembros del CPS es un poco contradictorio pero funcional.
“Es que ganan mucho y no hacen nada y están defendiendo su sueldo” es un argumento de oro puro para deslegitimarlos y patearlos dejando en su lugar a un grupo de meritorios incapaces de levantar la mano.
Pero en materia de democracia y combate a la corrupción es un error y eso sí un buen pretexto. No nos vayamos con la finta.4
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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