OPINIÓN
El primer tercio de la Cuatro T
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El 29 de noviembre, en una zona marginada de Tijuana, el primer mandatario recordó el inminente segundo aniversario de su gobierno: «no ha sido fácil, porque enfrentamos la pandemia, la crisis económica y enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios», advirtiendo a éstos: no van a poder.
Con la salida de Alfonso Romo, del importante cargo de Jefe de la Oficina de la Presidencia, el México polarizado que vivimos, quedaron escasos puentes para que las partes que están enfrentadas (partidarios de la 4T y adversarios conservadores) se entiendan entre sí. En mucho se debe a que AMLO, al calificar a quienes lo embisten, los descarta porque “no somos iguales” y a cada rato esa “minoría rapaz” arremete irracionalmente contra su gobierno.
No cabe duda de que al terminar el primer tercio del sexenio de la 4T, lastimosamente los mexicanos no hemos podido caminar unidos. Por cualesquier motivo terminamos raspándonos unos a otros, y fanáticamente le echamos porras a nuestros “gallos” ideológicos, lo cual es algo lamentable.
Durante las campañas presidenciales, la mayoría estábamos de acuerdo con el diagnóstico: la corrupción había alcanzado niveles insoportables: la desigualdad social y la economía informal eran muestra palpable de que el sistema se había agotado en lo esencial y las muestras de rabia y desesperación de los de abajo barruntaban riesgos reales de inestabilidad. De cara a la indignación y a la tensión creciente, latente desde hacía años, en 2018 se consideró que era “el tiempo de los pobres por el bien de todos”.
Esa fue premisa en la que podían coincidir la mayoría de los mexicanos en lo general, por lo que se decidió que “juntos haremos historia”. Y el Presidente ha privilegiado la atención a las clases populares, “destacando que los apoyos sociales se han elevado a nivel constitucional para que, sea quien sea el que esté en el gobierno, los programas para adultos mayores, becas y apoyos a niños con discapacidad se preserven”. (La Jornada, 29-XI-20).
Es de considerar que el estilo de López Obrador, provocador y confrontador, alza ampollas y genera polarizaciones sociales. Y como para pelearse cuando menos se necesitan dos, de los sectores medios y altos emergieron los contendientes, no incluyendo entre estos a los periodistas que son necesarios en el engranaje social.
Pero de los pudientes y aliados podemos decir que una cosa es aceptar, aparentando gentileza y altruismo, que había de hacerse algo por los pobres, y combatir a la corrupción, y otra cosa muy distinta es sonreír cuando resulta que poner en práctica esas ideas, implicaba perder ciertos privilegios: a los acaudalados les gusta aplicar el viejo dicho de “hágase la justicia…en los bueyes de mi compadre”.
AMLO fue elegido por más de 30 millones de ciudadanos, mismos que exigían un cambio, y justamente lo ha intentado hacer, desde luego que a su buen saber y entender. Se decidió de prisa y corriendo, levantar el poder adquisitivo de los más desprotegidos, lo que se prueba con dos botones de muestra: a) en programas sociales les hizo transferencias económicas de casi 700 mil millones de pesos, algo nunca visto en nuestra historia; b) determinó aumentar radicalmente el salario mínimo, llevándolo de 80 pesos a 185.56 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte y 123.22 pesos diarios para el resto del país. Toda una proeza.
También combate la evasión fiscal de los sectores privilegiados, que se sintieron lastimados por ello, después de tanto apapacho que habían recibido en sexenios anteriores. Otro renglón fue cambiar la legislación sindical para debilitar a los líderes charros que tanto han dañado a la clase obrera, a la cual impúdicamente dicen defender, y que habían llevado a la penuria.
No se puede negar sus acciones para abatir el gasto suntuario del Gobierno, que siempre había sido una afrenta al pueblo mexicano , funcionando bajo la divisa de “gobierno rico con pueblo pobre”; a la par busca separar el poder económico del político, lo que implica quitar las capas empresariales engordadas por tratos desvergonzados en agravio de la nación, de allí que sea indispensable quitarle a ese poder el control político, “para que el gobierno represente a todos, que no sea una oligarquía al servicio de una minoría rapaz”.
Otra premisa ha sido combatir la corrupción en la administración pública, lo cual no se ha logrado totalmente porque es un mal crónico no solo del gobierno federal, sino de los estatales y de los municipios, incluyendo instituciones descentralizadas y figuras como los fideicomisos. Preocupado por regiones atrasadas, como la del sureste de donde él proviene, les destinó el flujo de recursos. En fin, multiplicó planes para apoyar a las clases sociales más desprotegidas, lo que le vale acervas críticas de sus impugnadores, que sin embargo no pueden negar que todo se ha hecho sin violencia o represión, y lo más admirable, sin recurrir al endeudamiento externo, el incremento de impuestos o el déficit público, recursos usuales no solo de los gobiernos populistas, sino de los regímenes de la llamada etapa neoliberal.
Como afirma Jorge Zepeda Paterson, “El Gobierno hizo bien en hacer cirugía mayor en materia de fideicomisos o del llamado outsourcing, por ejemplo, porque los abusos y la corrupción resultaban evidentes. Pero también es obvio que se utilizó cuchillo de carnicero donde tenía que haberse empleado un bisturí.”(El Informador, 29-XI-20). Sin embargo, ya sabemos que cuando se trata el cáncer, se sacrifican células sanas so pena de que la curación no sea efectiva al eliminar las partes enfermas. Y en nuestro país, la corrupción no cabe duda de que tiene rango de cáncer.
Breve fue el mensaje del uno de diciembre desde Palacio Nacional, apenas 43 minutos. Pero en ellos se mencionaron logros, que aquí hemos anotado y se reconocieron esfuerzos, por ejemplo al personal médico que combate la pandemia o a las fuerzas armadas que con lealtad y entrega trabajan por la nación. Y AMLO admitió limitaciones: “Todavía queda mucho para pacificar el país”, así como desterrar la corrupción y abatir ilícitos graves. “No todo es perfecto”, afirmó, pero “ya logramos sentar las bases para la transformación de México”.
En el análisis de los dos primeros años de la Cuatro T, afirma el escritor antes citado, que “en lo sustancial concluiríamos que el Gobierno se inclinó en la dirección correcta” aunque claro, hubiera sido preferible que no se hubiesen provocado enfrentamientos y se hayan evitado desplantes. Al respecto, debe atenderse la propuesta de los gobernadores “aliancistas” que han ofrecido mediante el diálogo, sumarse a la tarea de trabajar coordinadamente los poderes y los órdenes de gobierno, con lo cual se ensancha el horizonte de la nación.
En conclusión me adhiero al juicio del multicitado Zepeda: “Pese a sus rusticidades e improvisaciones me parece que los errores de la 4T son preferibles que los errores de sexenios anteriores, porque al menos está intentando hacer algo sobre la deuda moral que tenemos con los de abajo».
«Estoy de acuerdo que tampoco puede ignorarse indefinidamente a la otra mitad de México, la más próspera, y que tras el repentino giro en el timón habrá que recomponer, restañar heridas y restablecer el tejido sano que sí ha sido afectado. Dos años polémicos y complicados, con el agravante de una pandemia histórica en el camino. Y, sin embargo, algo por fin se mueve para los que durante tanto tiempo habían sido desdeñados”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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Juan Huerta Péres, secretario general de la FTJ/CTM Jalisco, presidió la sesión de la Comisión de Vigilancia del Infonavit
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