OPINIÓN
El primer tercio de la Cuatro T
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El 29 de noviembre, en una zona marginada de Tijuana, el primer mandatario recordó el inminente segundo aniversario de su gobierno: «no ha sido fácil, porque enfrentamos la pandemia, la crisis económica y enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios», advirtiendo a éstos: no van a poder.
Con la salida de Alfonso Romo, del importante cargo de Jefe de la Oficina de la Presidencia, el México polarizado que vivimos, quedaron escasos puentes para que las partes que están enfrentadas (partidarios de la 4T y adversarios conservadores) se entiendan entre sí. En mucho se debe a que AMLO, al calificar a quienes lo embisten, los descarta porque “no somos iguales” y a cada rato esa “minoría rapaz” arremete irracionalmente contra su gobierno.
No cabe duda de que al terminar el primer tercio del sexenio de la 4T, lastimosamente los mexicanos no hemos podido caminar unidos. Por cualesquier motivo terminamos raspándonos unos a otros, y fanáticamente le echamos porras a nuestros “gallos” ideológicos, lo cual es algo lamentable.
Durante las campañas presidenciales, la mayoría estábamos de acuerdo con el diagnóstico: la corrupción había alcanzado niveles insoportables: la desigualdad social y la economía informal eran muestra palpable de que el sistema se había agotado en lo esencial y las muestras de rabia y desesperación de los de abajo barruntaban riesgos reales de inestabilidad. De cara a la indignación y a la tensión creciente, latente desde hacía años, en 2018 se consideró que era “el tiempo de los pobres por el bien de todos”.
Esa fue premisa en la que podían coincidir la mayoría de los mexicanos en lo general, por lo que se decidió que “juntos haremos historia”. Y el Presidente ha privilegiado la atención a las clases populares, “destacando que los apoyos sociales se han elevado a nivel constitucional para que, sea quien sea el que esté en el gobierno, los programas para adultos mayores, becas y apoyos a niños con discapacidad se preserven”. (La Jornada, 29-XI-20).
Es de considerar que el estilo de López Obrador, provocador y confrontador, alza ampollas y genera polarizaciones sociales. Y como para pelearse cuando menos se necesitan dos, de los sectores medios y altos emergieron los contendientes, no incluyendo entre estos a los periodistas que son necesarios en el engranaje social.
Pero de los pudientes y aliados podemos decir que una cosa es aceptar, aparentando gentileza y altruismo, que había de hacerse algo por los pobres, y combatir a la corrupción, y otra cosa muy distinta es sonreír cuando resulta que poner en práctica esas ideas, implicaba perder ciertos privilegios: a los acaudalados les gusta aplicar el viejo dicho de “hágase la justicia…en los bueyes de mi compadre”.
AMLO fue elegido por más de 30 millones de ciudadanos, mismos que exigían un cambio, y justamente lo ha intentado hacer, desde luego que a su buen saber y entender. Se decidió de prisa y corriendo, levantar el poder adquisitivo de los más desprotegidos, lo que se prueba con dos botones de muestra: a) en programas sociales les hizo transferencias económicas de casi 700 mil millones de pesos, algo nunca visto en nuestra historia; b) determinó aumentar radicalmente el salario mínimo, llevándolo de 80 pesos a 185.56 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte y 123.22 pesos diarios para el resto del país. Toda una proeza.
También combate la evasión fiscal de los sectores privilegiados, que se sintieron lastimados por ello, después de tanto apapacho que habían recibido en sexenios anteriores. Otro renglón fue cambiar la legislación sindical para debilitar a los líderes charros que tanto han dañado a la clase obrera, a la cual impúdicamente dicen defender, y que habían llevado a la penuria.
No se puede negar sus acciones para abatir el gasto suntuario del Gobierno, que siempre había sido una afrenta al pueblo mexicano , funcionando bajo la divisa de “gobierno rico con pueblo pobre”; a la par busca separar el poder económico del político, lo que implica quitar las capas empresariales engordadas por tratos desvergonzados en agravio de la nación, de allí que sea indispensable quitarle a ese poder el control político, “para que el gobierno represente a todos, que no sea una oligarquía al servicio de una minoría rapaz”.
Otra premisa ha sido combatir la corrupción en la administración pública, lo cual no se ha logrado totalmente porque es un mal crónico no solo del gobierno federal, sino de los estatales y de los municipios, incluyendo instituciones descentralizadas y figuras como los fideicomisos. Preocupado por regiones atrasadas, como la del sureste de donde él proviene, les destinó el flujo de recursos. En fin, multiplicó planes para apoyar a las clases sociales más desprotegidas, lo que le vale acervas críticas de sus impugnadores, que sin embargo no pueden negar que todo se ha hecho sin violencia o represión, y lo más admirable, sin recurrir al endeudamiento externo, el incremento de impuestos o el déficit público, recursos usuales no solo de los gobiernos populistas, sino de los regímenes de la llamada etapa neoliberal.
Como afirma Jorge Zepeda Paterson, “El Gobierno hizo bien en hacer cirugía mayor en materia de fideicomisos o del llamado outsourcing, por ejemplo, porque los abusos y la corrupción resultaban evidentes. Pero también es obvio que se utilizó cuchillo de carnicero donde tenía que haberse empleado un bisturí.”(El Informador, 29-XI-20). Sin embargo, ya sabemos que cuando se trata el cáncer, se sacrifican células sanas so pena de que la curación no sea efectiva al eliminar las partes enfermas. Y en nuestro país, la corrupción no cabe duda de que tiene rango de cáncer.
Breve fue el mensaje del uno de diciembre desde Palacio Nacional, apenas 43 minutos. Pero en ellos se mencionaron logros, que aquí hemos anotado y se reconocieron esfuerzos, por ejemplo al personal médico que combate la pandemia o a las fuerzas armadas que con lealtad y entrega trabajan por la nación. Y AMLO admitió limitaciones: “Todavía queda mucho para pacificar el país”, así como desterrar la corrupción y abatir ilícitos graves. “No todo es perfecto”, afirmó, pero “ya logramos sentar las bases para la transformación de México”.
En el análisis de los dos primeros años de la Cuatro T, afirma el escritor antes citado, que “en lo sustancial concluiríamos que el Gobierno se inclinó en la dirección correcta” aunque claro, hubiera sido preferible que no se hubiesen provocado enfrentamientos y se hayan evitado desplantes. Al respecto, debe atenderse la propuesta de los gobernadores “aliancistas” que han ofrecido mediante el diálogo, sumarse a la tarea de trabajar coordinadamente los poderes y los órdenes de gobierno, con lo cual se ensancha el horizonte de la nación.
En conclusión me adhiero al juicio del multicitado Zepeda: “Pese a sus rusticidades e improvisaciones me parece que los errores de la 4T son preferibles que los errores de sexenios anteriores, porque al menos está intentando hacer algo sobre la deuda moral que tenemos con los de abajo».
«Estoy de acuerdo que tampoco puede ignorarse indefinidamente a la otra mitad de México, la más próspera, y que tras el repentino giro en el timón habrá que recomponer, restañar heridas y restablecer el tejido sano que sí ha sido afectado. Dos años polémicos y complicados, con el agravante de una pandemia histórica en el camino. Y, sin embargo, algo por fin se mueve para los que durante tanto tiempo habían sido desdeñados”.
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
Deja la lluvia caos, miedo y tragedias en La Martinica
Rechaza MC “tómbola” para elección en el Poder Judicial de Jalisco
Checo Pérez cerca de volver a la F1 con Cadillac como piloto en 2026
Gobierno de México presenta plataforma para conocer abasto de medicamentos
