El Salvador, 80 días de calma

Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

“Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras.”

TITO LIVIO

El sábado pasado, El Salvador registró 80 días sin homicidios dolosos, una cifra récord en países latinoamericanos que en las últimas décadas han sufrido de un alto índice de violencia; también, se cumplieron más de 150 días desde que se decretó el estado de excepción aquel 27 de marzo del presente año, apenas un día antes, en aquel país se habían registrado 62 homicidios en 24 horas, cifras realmente alarmantes y más para un lugar que cuenta con apenas seis y medio millones de habitantes. La semana pasada se anunció que el estado de excepción continuará al menos por unos meses más.

Las estrategia contra las bandas de pandilleros que generan la mayor parte de la violencia en El Salvador es conocida por todos, el Presidente Bukele anunció disposiciones fuertes contra los miembros de estas organizaciones; primeramente, endureció las medidas contra los miembros de grupos delincuenciales que ya se encontraban presos, vulnerando sus privilegios y limitando sus derechos pues en las cárceles se les retiraron celulares, las sábanas y almohadas e incluso se les redujo la porción de alimentos, posteriormente se armaron operativos militares en las ciudades para ir por todo aquel que se relacionara con estas bandas.

Las acciones promovidas desde el gobierno han sido criticadas por organismos internacionales pues se ha señalado que no solo se vulneran los derechos de los criminales, sino de todos los salvadoreños, pues en el camino para lograr la relativa paz que hoy se vive, se han hecho detenciones arbitrarias, sentencias de “jueces enmascarados” (aquellos que juzgan desde el anonimato para proteger su identidad y a sus familias), se han detenido a menores de edad para enjuiciarlos como mayores e incluso, informes extraoficiales señalan homicidios en los centros penitenciarios a manos de las autoridades. Los detractores señalan que el actual es un régimen predictatorial.

A nivel local, los actos del Presidente son avalados por la mayoría de los ciudadanos, para muestra un botón. En las elecciones legislativas del año pasado su partido obtuvo el 68% de los votos ganando la mayoría en la Asamblea Legislativa y casi todos los departamentos de aquel país; los habitantes de El Salvador estaban ávidos de acciones contra la delincuencia y parecen estar satisfechos del cambio en el rumbo de la estrategia de seguridad.

Hay que señalar que no siempre la aprobación ciudadana significa que las acciones del gobierno sean correctas, pero sí muestra una satisfacción de los votantes con el líder político o las acciones gubernamentales que promueve.

¿Y en México cómo va la seguridad? ¡Muy mal! Tan solo el mes pasado se registraron 2 mil 679 homicidios en nuestro país, en el día más violento del año hubo 118 homicidios contabilizados, sí, 118 personas asesinadas en 24 horas. Derivado de esto, ya sea por convencimiento, por presiones del vecino del norte o por algún otro tema que no se pueda ver a simple vista, la estrategia de combate a la violencia se ha modificado.

Todo indica que “los abrazos y no balazos” están quedando en segundo plano, pues la adhesión de la Guardia Nacional a la SEDENA, la presencia de militares en la mayor parte del país y los recientes operativos de seguridad muestran que algo cambió ¿Cuál será el resultado de este giro en la estrategia? Seguramente pronto veremos los resultados.

Por el momento las acciones del crimen organizado no se han hecho esperar y la semana pasada vivimos bloqueos carreteros y quema de propiedades privadas en varios estados del país. Se endureció la estrategia y se endurecieron las reacciones.

Habrá que decir que los remedios no aplican a todas las situaciones por igual, pues la configuración e idiosincrasia de cada país es distinta, sin embargo, siempre hay que voltear a ver lo que está funcionando y revisar que se puede adaptar para resolver problemas comunes; garantizar la seguridad de los ciudadanos es la tarea más importante de cada estado, las instituciones mexicanas tendrán que actuar en consecuencia.