El sector privado y la confianza

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Los empresarios han dado de que hablar desde hace muchos años. Es indudable que su actividad, indispensable para el desarrollo económico de la nación, debe observar puntuales regulaciones, sobre todo para que realmente dicha actividad posea dimensión social responsable.

Muy legítimo es que el empresario busque logros de corte remunerador, pero que no raye en la especulación ni en el abuso. Su ganancia debe ser a la par de su esfuerzo para fortalecer al Estado y a la sociedad.

Los desencuentros que recientemente se registraron entre ese importante sector y el régimen federal vigente, no han sido benéficos para nadie. Sin embargo, recientemente los capitanes de la iniciativa privada se reunieron bajo la dirección de Carlos Salazar Lomelín, y tras curarse en salud con frases como “Ser empresario en México es un acto heroico” (según ellos por los problemas a que se enfrentan en tan noble tarea, lo que haría de cada mexicano un titán, pues todos asumimos retos constantemente), finalmente admitieron que “su imagen está desgastada al nivel de los políticos” (El Financiero, 12-II-2020, pag.5).

La anterior especie de confesión, los llevó a una afanosa búsqueda para que se no les encasille en tan censurable clasificación, y en consecuencia adoptaron una especie de “catálogo” a efecto de mejorar su imagen y recuperar la confianza que deben tener no solo de las instituciones sino de la comunidad entera.

Dentro de tan loable empeño, tenemos que de aquí en delante los señores dueños del capital que se dedican a crear empleos formales, lo harán garantizando la mejoría de sus colaboradores, por lo que estos necesariamente tendrán abierta la puerta para desarrollarse integralmente.

En un país tan golpeado por la corrupción, el empresario debe ser modelo de integridad y fiel observante de los principios éticos, lo que implica ser muy cumplidos no solo con sus trabajadores, sino con el gobierno, es decir, no evadir jamás sus contribuciones hacia el fisco.

De llevarse a cabo lo anterior, es lógico que tendremos una clase empresarial con cultura comparable a la de cualesquier país y por ende, una nación que se enfile al verdadero desarrollo general.

Afirman los susodichos señores, aglutinados dentro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que intensificarán la “Creación de cadenas productivas” pagando en tiempo a sus proveedores (ordinariamente pequeñas compañías), transfiriendo a la vez, tecnología y conocimientos. ¡Eso merece nuevo aplauso¡ Porque los proveedores casi siempre andan con un nudo en la garganta, pues se les deja para lo último y a veces ni siquiera se les cumple el precio pactado.

No puede negarse que esas intenciones son excelentes, solo falta que se cumplan. De hacerlo, será una realidad el logro de mejores condiciones de vida en todas las comunidades.

En el decálogo que vamos glosando, figuran los principios de inclusión de la diversidad y el respeto a los derechos humanos, así como la sustentabilidad de los recursos naturales.

Es muy importante que invariablemente imperen, entre los empresarios y la autoridad de cualesquier orden o nivel, reglas claras para actuar con certidumbre por ambas partes. En consecuencia no habría inversionista ni persona emprendedora física o jurídica, que supiera a que atenerse.

Desde luego, que como aseguró el señor Carlos Salazar, el gobierno debe auspiciar el funcionamiento de empresas competitivas, mismas que generan grandes aportaciones a la Hacienda y permiten a la autoridad llevar a cabo sus tareas estructurales y de índole social.

No sabemos si lo aquí comentado lo hagan realidad los señores de la iniciativa privada, pero de ser así, tengamos por seguro que muy pronto recobrarán la confianza y credibilidad de la sociedad, el respeto del gobierno y desde luego, obtendrán sin cargas de conciencia, sus muy bien merecidas ganancias.