OPINIÓN
El sube y baja del uniforme neutro
Por Isabel Alejandra María Venegas Salazar //
Francamente la intención era la de no subirnos al tren, pero terminó siendo inevitable: el uniforme neutro no solo se volvió nota por la forma en la que se presentó, cómo se difundió, luego el modo en el que se interpretó, y por último para remate, de cómo se redujo todo a casi nada.
Te propongo que vayamos por partes, la presentación:
La semana pasada, se instituyó de manera oficial el “uniforme neutro para las escuelas de educación básica” en la Ciudad de México; en un evento al que asistieron la Jefa de Gobierno, el Secretario de Educación a nivel nacional, y demás autoridades educativas locales y federales, la señora Aurea Berenice Juárez en representación de los padres de familia, agradecía la medida puntualizando su importancia como un mecanismo para abrazar la diversidad y decía “compartimos la idea de que en la escuela se mantenga el uniforme escolar no obligatorio y con la libertad de comprarlo donde nuestra economía nos lo permita; los colores dan identidad a los alumnos de un plantel y nos ayudan a que toda la comunidad participe en su seguridad…”
En la ceremonia la Dra. Sheinbaum dijo: «Quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que tener falda y los niños tenían que traer pantalón, yo creo que eso ya pasó a la historia: los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón, eso es parte de la equidad, de la igualdad”. Con estas palabras la jefa de gobierno evocaba la lucha de las mujeres desde la época de la revolución, exigiendo el mismo derecho que los hombres a portar un pantalón. Una lucha que por cierto, los hombres no han querido dar a la inversa.
Hasta ese momento, parecía que la idea iba en el sentido de la agenda por la igualdad de género, porque además la Jefa de gobierno había afirmado: “Los padres de familia quieren mantener el uniforme escolar, y eso está muy bien, pero no es necesario que las niñas siempre tengan falda, pues si los adultos nos vestimos con falda o pantalón, ¿por qué las niñas no pueden hacerlo?”
Ahí íbamos, como en una montaña rusa, subiendo lento, tratando de entender si eran lineamientos para la cosmopolita y avanzada CDMX, o también aplicaba para nuestra convencional zona metropolitana (conocida en el bajo mundo como “provincia”). Cabe recordar que en el caso de la Ciudad de México, la educación pública sigue siendo regida por el gobierno federal, y precisamente por eso los lineamientos son dictados desde el despacho del propio Secretario Esteban Moctezuma. Precisamente fue él quien hizo referencia a las palabras de Claudia Sheinbaum al referirse a ésta como una medida sencilla: “Si un gobernante se fija en las cosas sencillas, va en la ruta correcta” afirmó.
LA INTERPRETACIÓN
Más o menos íbamos entendiendo a qué se refería el uniforme neutro, cuando nuestro carrito volvió a tomar vuelo; ahora era la interpretación; había quienes hablaban sobre la maravilla del uso del pantalón por “comodidad”. Las niñas tienen frío, los tablones de la falda se desplanchan, el uniforme es incómodo y ya más entrados en gastos, es el factor clave para el abuso y la pederastia; todas estas razones parecían flotar como planetas que circundaban la idea que se había presentado en la escuela primaria Guadalupe Ceniceros de Zavaleta.
Hubo hasta quien incluyó el tema de la democratización de los asuntos educativos, entendido como un proceso de expresión de lo que verdaderamente querían los niños y las niñas. La verdad es que, hablando de democracia, las escuelas son la más fina proyección de nuestra realidad. Nadie quiere levantar la mano a la hora de escoger a los vocales, secretarios, presidentes del comité escolar; por ahí una que otra se “avienta” al ruedo cuando piden un tesorero, precisamente por la desconfianza de que alguien más vaya a cambiar el modelo de su auto con las cuotas “voluntarias”, o que sea la nueva encargada del dinero la que salga de vacaciones por ene-ésima vez a la playa.
Así suelen avanzar las reuniones de padres de familia, cuando se llega al punto de votar por el uniforme ya no tienen ganas de discutir. Es casi unánime que todos voten por lo que ya está estipulado o más aún, que se elimine del orden del día; no tiene mucho caso alegar sobre detalles tan simples, dirá la mayoría. ¿Democracia, entonces? Pareciera más bien que en nuestros espacios tan pragmáticos, lo único que importa es lo que urge: trabajar, ganar y gastar. Todo lo que tenga qué ver con la reflexión, el análisis, la quietud y la calma, son desperdicios o lujos que muy pocos se pueden o se quieren dar.
Era el momento para hablar sobre el hecho de exigir la libertad de portar la prenda que sea y el significado de la figura igualitaria, el tiempo de escuchar el argumento de querer “proteger” a las niñas de los abusos sexuales mediante la no portación de falda, como si los niños que usan pantalón no fueran víctimas de agresiones, o más aún, como si todavía no entendiéramos que la desviación de conductas así, se trata más de la enfermedad de quien la padece y no de las actitudes de los niños.
Muchos aplaudían el hecho de que el tema viniera dictado por la autoridad, que era necesario el documento para obligar a las escuelas a tomar las medidas de libertad, cuando hemos visto que ese tipo de acciones dejan vacíos en la formación socio cultural, de tal forma que en el fondo subyacen la marginación, la crítica y la agresión a lo distinto.
FRENANDO –NO TAN LENTO-
Aquí de pronto nuestro tren comenzó a desacelerar, y a tan solo 4 días de la presentación, cuando las redes sociales ardían en discusiones que iban para tantos lados diferentes, salió el Secretario de Educación Esteban Moctezuma a decir que la medida era solo para las niñas, y que se trataba tan solo de un permiso para que ellas pudieran llevar el pantalón escolar.
Si el discurso de Claudia Scheinbaum arrancaba diciendo que esta era una medida sencilla pero de gran trascendencia, la declaración de Moctezuma fue lo mismo pero a la inversa. Con un acto sencillo terminó por lapidar cualquier intento por avanzar, amén de lo cuestionable que pudiera ser la medida, dejó de estar en la mesa de debate; la afirmación la hizo varios días después, aun habiendo compartido el mismo escenario y micrófono en el evento en que con todas sus letras se dijo que los niños podrían llevar falda a la escuela.
Lo más triste de todo es que el viaje se acabó, así, casi de golpe y con un mareo social que no deja muchas ganas como para volverse a subir, pero luego viene esa sensación con un dejo de diversión, y es que en varias escuelas secundarias los chicos fueron a clases vestidos con el uniforme de falda (seguramente prestado por sus compañeras, porque francamente no creo que hubieran gastado en una prenda de tablones y calcetas largas para seguirlas usando después). Me encanta su valor y su forma de encarar lo que muchos gobernantes no pudieron o no quisieron interpretar: el currículo oculto de las escuelas es el que es, y solo se puede alterar con procesos serios y bien consensuados; si lo logras, entonces sí estás transformando la sociedad, de lo contrario, seguiremos gastando recursos en hacer el mismo recorrido con el mismo tren.
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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Ricardo Cervantes Valencia
10 de junio de 2019 at 21:13
Este articulo Se me hizo muy interesante, pero no de acuerdo a que los niños usaran faldas, no eso no
Y que no se pierda la tradicion de las niñas con la falda.