Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //

El Estado de Jalisco fue la cuarta entidad en aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, un año después de aprobada, dentro del periodo de cumplimiento a lo establecido en ella, se integró un Sistema Estatal Anticorrupción y se trazaron actividades institucionales para investigar, prevenir y sancionar actos de corrupción, como un sistema ampliamente articulado por instituciones públicas; entre ellas, en representación del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura.

Desde su puesta en operación, se han implementado diversas estrategias para facilitar la prevención e identificación de los actos de corrupción en la administración pública que importa obligaciones a todos los sujetos obligados del Estado a tener en consideración para el manejo interno de las instituciones.

Sin embargo, encontramos retos muy importantes que permanecen firmes y que pareciera que no se hace mucho por atenderlos, como lo es la impunidad que se deriva de las conductas corruptas.

La organización impunidata, conceptualiza a la impunidad como una falta de sanción ante una conducta irregular que genera una responsabilidad penal, civil, administrativa o de Derechos Humanos y sus perpetradores escapan de toda investigación, detención, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas.(IMPUNIDATA, 2020)

El índice Global de Impunidad (IGI-MEX, 2019), establece que México es más impune que hace dos años, pues el 99% de los delitos denunciados permanecen impunes, al interior, Jalisco ocupa el lugar número 13° debiendo señalarse que mientras la media en el país es de 69.84% en Jalisco lo es del 69.69%.

En ese tenor, para efectos del análisis del presente rubro se debe resaltar la correlación que guarda la percepción social de las formas de corrupción e impunidad, traducidas en resumen en la falta de una cultura de legalidad, la falta de confianza ciudadana y la opacidad en los procedimientos judiciales, lo que incide directamente en la merma en la competitividad del país, al traer aparejadas conductas típicas como Peculado, Cohecho, Tráfico de influencias y otras prácticas clientelares.

A partir de las anteriores referencias se puede establecer la magnitud del reto que enfrenta no solo Jalisco, sino también México y el mundo entero, por lo que el lesivo fenómeno de la corrupción debe analizarse a la luz de la relación Agente corrupto-Agente corruptor, es decir, debe equipararse con un engrane que funciona como parte de una maquinaria que se lubrica con una intensa cadena de actos en los que intervienen tanto el que lo realiza materialmente como el que lo incita, lo facilita o se beneficia de él.

La sociedad percibe entonces a la corrupción y sus consecuencias, como la impunidad y el uso político de la justicia, como las principales causas de la ineficacia de la justicia.

ACCIONES QUE SE DEBEN EMPRENDER

En atención a ese escenario, resulta necesario emprender acciones que reviertan esa tendencia, siendo algunas de las medidas enunciativas más no limitativas, las siguientes:

Es urgente impulsar reformas normativas a mediano plazo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reglamentos, asimismo se deben elaborar manuales de operación, flujogramas de la correcta actividad jurisdiccional, diseño, operación y sistemas necesarios para implementar el uso cabal de las tecnologías de la información en plataformas de seguimiento de tocas y quejas en materia de combate a la corrupción en las que el usuario pueda interactuar en su implementación y seguimiento.

Es obligada una estrategia de vinculación interinstitucional con enfoque multidisciplinario por parte de las autoridades locales en el ámbito de sus competencias en coordinación cercana y permanente con la ciudadanía, para la identificación, seguimiento sanción y erradicación de prácticas de corrupción en la vida pública del Estado de Jalisco.

Es necesario emprender acciones transversales y coordinadas entre los órganos de la institución que garanticen la calidad de los procesos y tramites jurisdiccionales a través de la incorporación de medios tecnológicos que permitan el monitoreo de indicadores precisos como lo son el número de quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado por presuntos actos de corrupción, las acciones y recomendaciones así como el grado de cumplimiento o de adhesión a las mismas por parte de la autoridad competente en la materia, en donde el ciudadano participe decididamente.

Es prioritario promover por todos los medios un amplio catálogo de buenas prácticas en materia de combate a la corrupción, como podrían ser las campañas de concientización y socialización de la cultura de la legalidad.

Es un reto pendiente el impulsar de inmediato la apertura de canales efectivos de comunicación, que generen un clima de confianza y transparencia, es decir, se debe apostar por generar indicadores de medición con un sistema de seguimiento en tiempo real que permita medir de manera constante y permanente los trabajos que se realizan.

En resumen, para combatir el grave flagelo de la corrupción en la administración de justicia, se requiere de un sistema propio, articulado a partir de un marco jurídico eficientado y homologado con las reformas federales y locales anticorrupción, el uso y aplicación de las tecnologías de la información en cada uno de los procedimientos judiciales y administrativos que permitan su concentración, clasificación y consulta a través de plataformas claras completas y abiertas a la interacción de la sociedad organizada, que la ciudadanía se organice para dar seguimiento a ese sistema judicial anticorrupción y sea parte además de la substanciación de las quejas y procedimientos administrativos abiertos en contra de servidores públicos judiciales.

Se requiere de un sistema judicial anticorrupción sustentado bajo los principios de Independencia, entendida como la garantía judicial instaurada para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales mediante el sometimiento de los impartidores de justicia a la constitución y las leyes, sin tomar en cuenta injerencias de factor ajeno alguno, ya sea estatal o particular, que pudiera distorsionar su criterio puramente jurídico y, en consecuencia, subordinar el derecho a intereses incompatibles con el bien público; Imparcialidad, para que se juzgue con rectitud, omitiendo designio anticipado o prevención a favor o en contra de las partes para evitar ventajas o privilegios que la ley no permita, superando los prejuicios que puedan incidir indebidamente en la apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas, así como en la interpretación de la ley; y Objetividad, esto es, actuar con serenidad y equilibrio interno, desprovisto de perjuicios para emitir fallos orientados en el derecho y no en función de su modo personal de pensar o sentir. Tratar con respeto a los ciudadanos, escuchar con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialogar con razones y tolerancia para tomar decisiones buscando siempre la realización del derecho.

Un sistema judicial anticorrupción que incorpore transversalmente:

Las reformas judiciales en armonización legislativa

Para que se eliminen las potenciales condiciones de actos irregulares desde la relación entre poderes públicos.

Desarrollar propuestas de iniciativas de creación y reforma de legislación estatal que puedan mejorar el funcionamiento de la institución y sobretodo la aplicación de la justicia según su especialidad, con la participación de las barras y colegios de abogados y notarios entre otros grupos organizados.

Implementar por ley mecanismos de participación de las barras y colegios de abogados, litigantes y la ciudadana en general en los proyectos de mejora de los procedimientos de tramité administrativo judiciales.

Imponer a los organismos especializados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la obligación de realizar estudios e investigaciones comparativas entre instituciones similares en el país y el extranjero que nos permitan dimensionar el rendimiento de nuestras propias instituciones de justicia.

Generar las modificaciones legales necesarias para motivar el respeto y auténtico cumplimiento de la carrera judicial prevista por la Ley, como único mecanismo de permanencia y promoción como servidor público judicial.

Es decir, que la participación ciudadana en los procesos de homologación, creación y reforma de la legislación en materia de justicia sea una realidad para enriquecer los trabajos legislativos con opiniones acerca de las dificultades de litigantes y usuarios en aspectos procesales que con su mejora, darían agilidad y oportunidad a la resolución de las controversias jurídicas de los jaliscienses.

La rendición de cuentas como principio ineludible

Propiciando la creación de un Observatorio Ciudadano del Poder Judicial, en el que la participación plural de operadores del derecho y sociedad en general, permita medir en tiempo real el funcionamiento a detalle de la institución y sus funcionarios, generando informes, reportes y denuncias en su caso.

Dando vida a una Contraloría Social o Ciudadana, para que en cada uno de los tribunales de justicia del Poder Judicial sea incorporado un órgano denominado Contraloría Social o Ciudadana que se integraría en forma honoraria, esto es sin cobro de sueldos, por representantes de la sociedad organizada (colegios , cámaras, universidades) y un representante de cada institución que conocerá de las quejas que los ciudadanos podrán presentar ante ellos directamente sobre actuaciones anómalas de empleados y funcionarios públicos judiciales en el ejercicio de sus funciones, desahogando los procesos que podrán culminar con amonestaciones públicas o privadas, suspensiones o destituciones impuestas por las propias instituciones además de las respectivas denuncias penales.

Porque un elemento indispensable para contar con Poder Judicial eficiente y honesto es sin duda la colaboración y confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requieren no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia. Porque poner a disposición de la sociedad, la información del trabajo y la administración y aplicación de los recursos públicos, no solo es un imperativo legal, también debe ser una actitud permanente en las dependencias oficiales de cualquier nivel de gobierno dado que en ello estriba uno de los reclamos más álgidos de los jaliscienses a sus instituciones.

Estar abiertos a atender y proporcional cualquier necesidad de información que no comprometa la seguridad jurídica de las partes y la violación de sus derechos, es una responsabilidad que debe asumirse por las instituciones judiciales sin restricciones ni evasivas.

Transitar sin retorno a la justicia digital

Facilitando el acceso a la justicia mediante la utilización de las más modernas herramientas y figuras jurídicas que inhiban actos de corrupción e impunidad.

Implementando autenticas plataformas de gestión judicial que permitan dar seguimiento en línea del estatus de cada uno de los asuntos de los que conocen tantos jueces como magistrados.

Mediante mecanismos administrativos que aseguren mantener informados a los usuarios y operadores del derecho de las más recientes reformas federales y estatales y la forma en que los órganos jurisdiccionales las perciben para uniformar criterios de interpretación.

Con plataformas electrónicas que registren el tramite y cada una de sus etapas de los procesos de queja en contra de los servidores públicos para que abiertamente se conozca el resultado y las razones que llevaron a ello.

Porque el aprovechamiento de los avances tecnológicos en las actividades cotidianas y la implementación de herramientas electrónicas para la gestión judicial, debe ser una constante en los órganos jurisdiccionales, a fin de acercar la justicia a la sociedad y generar mejores controles que inhiban conductas irregulares.

Promoviendo la cultura de la legalidad

Virtud a que en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea permanente y virtuosa. Porque en conjunto, una cultura de la legalidad facilita enormemente al estado y a la sociedad diseñar con tranquilidad y confianza el trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente se aspira.

Porque mediante la utilización de las utilerías tecnológicas más novedosas para difundir el accionar jurisdiccional y la comunicación de las actividades, funciones, necesidades, limitaciones y novedades de los órganos del poder judicial, se facilitarán gradualmente la socialización y el reconocimiento de la importancia de la difícil función de administrar justicia.

La consolidación del estado de derecho pasa forzosamente por la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, es por ello que reitero la apertura del modelo de gobernanza a todas las aportaciones, críticas y comentarios, siempre serán bienvenidas.