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JALISCO

El tránsito sin retorno a la justicia digital: Se requiere un sistema judicial anticorrupción independiente

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Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //

El Estado de Jalisco fue la cuarta entidad en aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, un año después de aprobada, dentro del periodo de cumplimiento a lo establecido en ella, se integró un Sistema Estatal Anticorrupción y se trazaron actividades institucionales para investigar, prevenir y sancionar actos de corrupción, como un sistema ampliamente articulado por instituciones públicas; entre ellas, en representación del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura.

Desde su puesta en operación, se han implementado diversas estrategias para facilitar la prevención e identificación de los actos de corrupción en la administración pública que importa obligaciones a todos los sujetos obligados del Estado a tener en consideración para el manejo interno de las instituciones.

Sin embargo, encontramos retos muy importantes que permanecen firmes y que pareciera que no se hace mucho por atenderlos, como lo es la impunidad que se deriva de las conductas corruptas.

La organización impunidata, conceptualiza a la impunidad como una falta de sanción ante una conducta irregular que genera una responsabilidad penal, civil, administrativa o de Derechos Humanos y sus perpetradores escapan de toda investigación, detención, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas.(IMPUNIDATA, 2020)

El índice Global de Impunidad (IGI-MEX, 2019), establece que México es más impune que hace dos años, pues el 99% de los delitos denunciados permanecen impunes, al interior, Jalisco ocupa el lugar número 13° debiendo señalarse que mientras la media en el país es de 69.84% en Jalisco lo es del 69.69%.

En ese tenor, para efectos del análisis del presente rubro se debe resaltar la correlación que guarda la percepción social de las formas de corrupción e impunidad, traducidas en resumen en la falta de una cultura de legalidad, la falta de confianza ciudadana y la opacidad en los procedimientos judiciales, lo que incide directamente en la merma en la competitividad del país, al traer aparejadas conductas típicas como Peculado, Cohecho, Tráfico de influencias y otras prácticas clientelares.

A partir de las anteriores referencias se puede establecer la magnitud del reto que enfrenta no solo Jalisco, sino también México y el mundo entero, por lo que el lesivo fenómeno de la corrupción debe analizarse a la luz de la relación Agente corrupto-Agente corruptor, es decir, debe equipararse con un engrane que funciona como parte de una maquinaria que se lubrica con una intensa cadena de actos en los que intervienen tanto el que lo realiza materialmente como el que lo incita, lo facilita o se beneficia de él.

La sociedad percibe entonces a la corrupción y sus consecuencias, como la impunidad y el uso político de la justicia, como las principales causas de la ineficacia de la justicia.

ACCIONES QUE SE DEBEN EMPRENDER

En atención a ese escenario, resulta necesario emprender acciones que reviertan esa tendencia, siendo algunas de las medidas enunciativas más no limitativas, las siguientes:

Es urgente impulsar reformas normativas a mediano plazo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reglamentos, asimismo se deben elaborar manuales de operación, flujogramas de la correcta actividad jurisdiccional, diseño, operación y sistemas necesarios para implementar el uso cabal de las tecnologías de la información en plataformas de seguimiento de tocas y quejas en materia de combate a la corrupción en las que el usuario pueda interactuar en su implementación y seguimiento.

Es obligada una estrategia de vinculación interinstitucional con enfoque multidisciplinario por parte de las autoridades locales en el ámbito de sus competencias en coordinación cercana y permanente con la ciudadanía, para la identificación, seguimiento sanción y erradicación de prácticas de corrupción en la vida pública del Estado de Jalisco.

Es necesario emprender acciones transversales y coordinadas entre los órganos de la institución que garanticen la calidad de los procesos y tramites jurisdiccionales a través de la incorporación de medios tecnológicos que permitan el monitoreo de indicadores precisos como lo son el número de quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado por presuntos actos de corrupción, las acciones y recomendaciones así como el grado de cumplimiento o de adhesión a las mismas por parte de la autoridad competente en la materia, en donde el ciudadano participe decididamente.

Es prioritario promover por todos los medios un amplio catálogo de buenas prácticas en materia de combate a la corrupción, como podrían ser las campañas de concientización y socialización de la cultura de la legalidad.

Es un reto pendiente el impulsar de inmediato la apertura de canales efectivos de comunicación, que generen un clima de confianza y transparencia, es decir, se debe apostar por generar indicadores de medición con un sistema de seguimiento en tiempo real que permita medir de manera constante y permanente los trabajos que se realizan.

En resumen, para combatir el grave flagelo de la corrupción en la administración de justicia, se requiere de un sistema propio, articulado a partir de un marco jurídico eficientado y homologado con las reformas federales y locales anticorrupción, el uso y aplicación de las tecnologías de la información en cada uno de los procedimientos judiciales y administrativos que permitan su concentración, clasificación y consulta a través de plataformas claras completas y abiertas a la interacción de la sociedad organizada, que la ciudadanía se organice para dar seguimiento a ese sistema judicial anticorrupción y sea parte además de la substanciación de las quejas y procedimientos administrativos abiertos en contra de servidores públicos judiciales.

Se requiere de un sistema judicial anticorrupción sustentado bajo los principios de Independencia, entendida como la garantía judicial instaurada para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales mediante el sometimiento de los impartidores de justicia a la constitución y las leyes, sin tomar en cuenta injerencias de factor ajeno alguno, ya sea estatal o particular, que pudiera distorsionar su criterio puramente jurídico y, en consecuencia, subordinar el derecho a intereses incompatibles con el bien público; Imparcialidad, para que se juzgue con rectitud, omitiendo designio anticipado o prevención a favor o en contra de las partes para evitar ventajas o privilegios que la ley no permita, superando los prejuicios que puedan incidir indebidamente en la apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas, así como en la interpretación de la ley; y Objetividad, esto es, actuar con serenidad y equilibrio interno, desprovisto de perjuicios para emitir fallos orientados en el derecho y no en función de su modo personal de pensar o sentir. Tratar con respeto a los ciudadanos, escuchar con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialogar con razones y tolerancia para tomar decisiones buscando siempre la realización del derecho.

Un sistema judicial anticorrupción que incorpore transversalmente:

Las reformas judiciales en armonización legislativa

Para que se eliminen las potenciales condiciones de actos irregulares desde la relación entre poderes públicos.

Desarrollar propuestas de iniciativas de creación y reforma de legislación estatal que puedan mejorar el funcionamiento de la institución y sobretodo la aplicación de la justicia según su especialidad, con la participación de las barras y colegios de abogados y notarios entre otros grupos organizados.

Implementar por ley mecanismos de participación de las barras y colegios de abogados, litigantes y la ciudadana en general en los proyectos de mejora de los procedimientos de tramité administrativo judiciales.

Imponer a los organismos especializados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la obligación de realizar estudios e investigaciones comparativas entre instituciones similares en el país y el extranjero que nos permitan dimensionar el rendimiento de nuestras propias instituciones de justicia.

Generar las modificaciones legales necesarias para motivar el respeto y auténtico cumplimiento de la carrera judicial prevista por la Ley, como único mecanismo de permanencia y promoción como servidor público judicial.

Es decir, que la participación ciudadana en los procesos de homologación, creación y reforma de la legislación en materia de justicia sea una realidad para enriquecer los trabajos legislativos con opiniones acerca de las dificultades de litigantes y usuarios en aspectos procesales que con su mejora, darían agilidad y oportunidad a la resolución de las controversias jurídicas de los jaliscienses.

La rendición de cuentas como principio ineludible

Propiciando la creación de un Observatorio Ciudadano del Poder Judicial, en el que la participación plural de operadores del derecho y sociedad en general, permita medir en tiempo real el funcionamiento a detalle de la institución y sus funcionarios, generando informes, reportes y denuncias en su caso.

Dando vida a una Contraloría Social o Ciudadana, para que en cada uno de los tribunales de justicia del Poder Judicial sea incorporado un órgano denominado Contraloría Social o Ciudadana que se integraría en forma honoraria, esto es sin cobro de sueldos, por representantes de la sociedad organizada (colegios , cámaras, universidades) y un representante de cada institución que conocerá de las quejas que los ciudadanos podrán presentar ante ellos directamente sobre actuaciones anómalas de empleados y funcionarios públicos judiciales en el ejercicio de sus funciones, desahogando los procesos que podrán culminar con amonestaciones públicas o privadas, suspensiones o destituciones impuestas por las propias instituciones además de las respectivas denuncias penales.

Porque un elemento indispensable para contar con Poder Judicial eficiente y honesto es sin duda la colaboración y confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requieren no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia. Porque poner a disposición de la sociedad, la información del trabajo y la administración y aplicación de los recursos públicos, no solo es un imperativo legal, también debe ser una actitud permanente en las dependencias oficiales de cualquier nivel de gobierno dado que en ello estriba uno de los reclamos más álgidos de los jaliscienses a sus instituciones.

Estar abiertos a atender y proporcional cualquier necesidad de información que no comprometa la seguridad jurídica de las partes y la violación de sus derechos, es una responsabilidad que debe asumirse por las instituciones judiciales sin restricciones ni evasivas.

Transitar sin retorno a la justicia digital

Facilitando el acceso a la justicia mediante la utilización de las más modernas herramientas y figuras jurídicas que inhiban actos de corrupción e impunidad.

Implementando autenticas plataformas de gestión judicial que permitan dar seguimiento en línea del estatus de cada uno de los asuntos de los que conocen tantos jueces como magistrados.

Mediante mecanismos administrativos que aseguren mantener informados a los usuarios y operadores del derecho de las más recientes reformas federales y estatales y la forma en que los órganos jurisdiccionales las perciben para uniformar criterios de interpretación.

Con plataformas electrónicas que registren el tramite y cada una de sus etapas de los procesos de queja en contra de los servidores públicos para que abiertamente se conozca el resultado y las razones que llevaron a ello.

Porque el aprovechamiento de los avances tecnológicos en las actividades cotidianas y la implementación de herramientas electrónicas para la gestión judicial, debe ser una constante en los órganos jurisdiccionales, a fin de acercar la justicia a la sociedad y generar mejores controles que inhiban conductas irregulares.

Promoviendo la cultura de la legalidad

Virtud a que en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea permanente y virtuosa. Porque en conjunto, una cultura de la legalidad facilita enormemente al estado y a la sociedad diseñar con tranquilidad y confianza el trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente se aspira.

Porque mediante la utilización de las utilerías tecnológicas más novedosas para difundir el accionar jurisdiccional y la comunicación de las actividades, funciones, necesidades, limitaciones y novedades de los órganos del poder judicial, se facilitarán gradualmente la socialización y el reconocimiento de la importancia de la difícil función de administrar justicia.

La consolidación del estado de derecho pasa forzosamente por la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, es por ello que reitero la apertura del modelo de gobernanza a todas las aportaciones, críticas y comentarios, siempre serán bienvenidas.

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JALISCO

Los excesos, ¿son garantía?

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Opinión, por Gerardo Rico //

Con una agenda 2030 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) informó el pasado 30 de junio sobre los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, en la postulación en la de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027”

Consejeras electorales de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación precisaron que: La paridad de género no fue una concesión del poder, sino el resultado de una lucha histórica impulsada por mujeres, activistas y feministas que denunciaron la exclusión estructural de las mujeres en la vida pública. Aunque se han logrado avances significativos, persisten barreras institucionales y socioculturales que impiden una participación plena, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos históricamente excluidos, por lo que estos nuevos lineamientos buscan corregir esas desigualdades.

Se informó, además, que los lineamientos aprobados resultaron de un diagnóstico cuantitativo con información y datos del proceso electoral 2024 y luego de un amplio procedimiento incluyente y técnicamente sustentado, atendiendo principios de progresividad, paridad sustantiva y acceso igualitario a los derechos político-electorales.

En lo personal, estoy de acuerdo en el avance significativo que se ha tenido en los últimos años en los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables en la sociedad que históricamente han sido discriminados en diferentes ámbitos, sobre todo en la actividad política. Aparte de la discriminación, han sido atacados de diferentes formas, impidiendo su desarrollo pleno en lo profesional y social, y esto sin duda se ha modificado en los últimos años a su favor.

Pero las acciones aprobadas por el IEPC Jalisco son un exceso de facultades que se atribuye el organismo y que pueden afectar la paridad y organización de los comicios intermedios del 2027. Mientras por un lado “resuelven” la participación femenina y de grupos discriminados, por el otro vulneran y limitan la participación política y las aspiraciones de quienes legítimamente aspirarán a algún cargo de elección popular y que por aras del destino son hombres.

Se trata de buscar un equilibrio en la representación y participación de ambos géneros en diversos ámbitos, incluyendo el político y el laboral.

La discusión puede enfocarse en cómo la paridad beneficia a toda la sociedad, incluyendo a los hombres, y cómo se pueden crear condiciones más equitativas para todos, sin perder de vista los retos específicos que enfrentan las mujeres y los grupos vulnerables.

De acuerdo a las disposiciones del organismo electoral en Jalisco, el total de candidaturas a diputados locales por mayoría relativa se integrará de manera paritaria entre ambos géneros, pero la postulación de personas no binarias y todas las identidades de género distintas al binario, se contabilizarán al género masculino.

Para los candidatos a diputados de representación proporcional, cada partido deberá presentar una lista de 18 personas alternadas por género (mujer-hombre-mujer), incluyendo al menos 9 candidaturas femeninas, y se permite que la lista pueda ser encabezada indistintamente por una mujer o un hombre, desde mi punto de vista, una situación más equilibrada.

Aunque establece en otra parte de su comunicado que en los primeros ocho lugares de la lista de representación proporcional se incluirá a algún miembro de los siguientes grupos: personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual (LGBTTIQ+) jóvenes y personas residentes en el extranjero. En caso de no incluir a alguien de dichos grupos en las listas de representación propocinal, el partido político deberá postular a las personas de estos grupos para diputaciones por mayoría relativa, en cualquiera de sus cinco distritos electorales más competitivos.

Pero luego viene el asunto de los municipios, aquí las candidaturas a la presidencia municipal en ocho demarcaciones deberán ser exclusivamente femeninas. Estos son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.

Lo anterior se definió luego de identificar municipios en donde nunca ha sido electa una mujer para presidir el cabildo. De esos 49 se revisó donde no hay posibilidad de reelección al cargo; esto es en 16 demarcaciones y se ordenaron del más al menos poblado y eligieron la mitad: los ocho municipios con mayor población dentro del listado y de acuerdo al censo 2020 del INEGI.

Ante todas estas maromas cuantitativas y cualitativas y en las que reitero, desde mi punto de vista, quienes dirigen el IEPC Jalisco se han excedido en sus atribuciones, todas estas propuestas: ¿nos garantizarán mejores gobernantes?, ¿una clase política más preparada que realmente responda a las expectativas de quienes la eligen?

El 50% de mujeres y el 50% de hombres, así como la inclusión de grupos vulnerables en puestos de elección popular, ¿son garantía de mejores gobiernos?

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A los que vimos: Homenaje a don Heliodoro Hernández Loza

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MAGNO RECONOCIMIENTO A DON HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA

Juan Huerta, secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ) encabezó el festejo del natalicio 127 de don Heliodoro Hernández Loza al pie del monumento erigido a la memoria del gran líder de Jalisco en la Rotonda de Los y las Jaliscienses Ilustres que trascendió su tiempo, como lo expresaron los diversos oradores que hicieron uso de la palabra en el magno homenaje. Familiares de Don Heliodoro estuvieron presente en el evento.

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LA FERIA DE LAS FLORES, LA CANCIÓN DE DON HELIODORO

“La Feria de las Flores”, la canción predilecta de don Heliodoro, se escuchó cuando se hizo la Guardia de Honor al interior de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La conmemoración contó con la presencia del Presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López; la Magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda; la diputada federal Merylin Gómez Pozos; diputada local Monserrat Pérez Cisneros, entre otras personalidades.

PERSONALIDADES

De izquierda a derecha: Antonio Álvarez Esparza, Juan Huerta, Rafael Yerena, Diego Monraz y el diputado Sergio Martín Castellanos en primera fila.

EL RECONOCIMIENTO A DON HELIODORO

Autoridades estatales, municipales y funcionarios públicos convivieron con la familia cetemista de Jalisco para recordar y hacer su reconocimiento a un gran líder obrero como fue don Heliodoro Hernández Loza, una figura que dio forma al sindicalismo para defender los derechos de los trabajadores a una jornada justa y remunerada.

SUS TEMAS

La lideresa Martha Elia Naranjo y el diputado Miguel de la Rosa se apartaron para tratar temas de la agenda sindical.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Juan Huerta y Rafael Yerena, honran la figura de don Heliodoro Hernández Loza.

SALVADOR ALCÁZAR

Salvador Alcázar, fue el orador central en la conmemoración del natalicio de don Heliodoro Hernández Loza en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

FRANCISCO RAMÍREZ

Francisco Ramírez Salcido, subsecretario de Gobierno del Estado, quien saluda al líder de la FTJ, Juan Huerta, destacó que don Heliodoro Hernández Loza, por su calidad humana, dejó un legado significativo en México, contribuyendo al bienestar de miles de familias.

RICARDO BARBOSA

Don Heliodoro fortaleció el sindicalismo en Jalisco, pionero en contratos colectivos gracias a la negociación tripartita entre gobierno, iniciativa privada y sindicatos, destacó Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado. En la gráfica saluda a Juan Huerta, anfitrión del evento.

MARTA ARIZMENDI

La presidenta del Congreso del Estado, Marta Arizmendi destacó que don Heliodoro Hernández Loza vive en cada trabajador, con una historia que no se apaga, tejida en su legado para Jalisco. Aquí captada al momento de saludar a Juan Huerta y Rafael Yerena.

MANUEL ROMO

Manuel Romo, en representación de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aplaudió la vigencia de los ideales de don Heliodoro, que fortalecen a los trabajadores de Jalisco.

TOÑO ÁLVAREZ ESPARZA

Don Antonio Álvarez Esparza, dirigente de la FROC-CONLABOR, presente en el evento, creció en otra organización obrera, pero siempre reconoció el valor del liderazgo de don Heliodoro Hernández Loza.

EL GRAN MAESTRO DEL SINDICALISMO

Don Rafael Yerena, líder vitalicio de la Federación de Trabajadores de Jalisco, se formó como líder con don Heliodoro Hernández Loza, como el gran maestro del sindicalismo.

MARTHA ELIA NARANJO

Martha Elia Naranjo, lideresa del Sindicato SIDEDIF, con Juan Huerta y MaryPaz López, en el festejo del natalicio 127 de don Heliodoro Hernández Loza.

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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