OPINIÓN
El valor de la voluntad: Migración y el Edicto de Caracalla
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
(PRIMERA PARTE) Si bien es cierto que la historia tiene un sinfín de eventos catastróficos y lamentables que debemos conocer a fondo para evitar que se repliquen en nuestra época, también es cierto que debemos conocer y entenderla de tal forma que podamos ser capaces de tomar algunas lecciones no tan lamentables y tratar de perfeccionarlas para nuestro beneficio.
Algunas personas dicen que entender al antiguo Imperio Romano, nos ayuda a conocer y/o entender un poco mejor nuestra época, ya que para bien o para mal, Roma, está enraizada en muchas de nuestras tradiciones políticas, culturales, literarias, y hasta en nuestra forma de pensar, y aunque no debemos cometer el error de considerarlos héroes como tal, tampoco debemos cometer el error de no tomar en serio a uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad.
Aunque la historia del Imperio Romano está repleta de historias fascinantes e historias devastadoras que vale la pena analizar, esta semana me limitaré a hablar un poco sobre una de las reformas más importantes durante la Dinastía de los Severos y que además, produjo una serie de repercusiones en el derecho civil y en el ámbito fiscal y tributario del imperio.
La Constitutio Antoniana o Edicto de Caracalla, fue promulgado por el emperador Marco Aurelio Severo Antonio Augusto, durante muchos años, este ordenamiento ha sido objeto de discusión entre muchos historiadores, ya que algunos aseguran que éste es uno de los precedentes de políticas migratorias más importante de la historia, mientras que otros aseguran que lo que este ordenamiento perseguía era un incremento de los ingresos fiscales, siendo esta última una de las teorías más aceptada hasta la fecha.
No obstante, la realidad es que el Edicto de Caracalla, aunque realmente sí tuvo fines fiscales, también tuvo implicaciones migratorias muy ambiciosas y progresistas para su época, ya que con un simple plumazo de Caracalla, 30 millones de personas obtuvieron la ciudadanía, de tal manera que todos los habitantes libres del imperio, adquirirían la ciudadanía romana.
Esto abrió todo un abanico de posibilidades para la ciudadanía, ya que significaba tener acceso a todo el derecho civil romano, facilitando así el acceso a cargos públicos, igualdad de derechos y también, generando un impacto bastante positivo en el comercio ya que permitió el incremento de ingresos fiscales que eventualmente financiarían las campañas militares del imperio.
Ahora, aunque este precedente histórico es importante a la hora hablar de migración y reconocimiento de derechos, como mecanismo de legitimación e identidad nacional, también debemos tener muy presente que es necesario ser cuidadosos a la hora de comparar, puesto que los contextos son completamente diferentes y las circunstancias de este otorgamiento de ciudadanía que generó en Roma, tiene poco que ver con las condiciones con las que viven hoy la mayoría de los indocumentados.
Pero lo que sí podemos y debemos destacar, es que en Roma, la clase gobernante entendió que si algunas de las personas que habitaban su estado no eran consideradas nada, probablemente, estar fuera del sistema, acabaría generando algo pernicioso para el sistema, por lo cual, era fundamental dejar claro que la dicho ‘’Patria est ubicumque est bene’’ ( la patria está donde quiera que se esté bien) más que una simple frase, tenía que ser un valor digno del Imperio Romano.
Sin lugar a duda, el tema migratorio y de indocumentados es uno de los mayores desafíos del siglo XXI puesto que este conflicto atañe también a otros problemas a los que nos enfrentamos: desigualdad social, corrupción y cambio climático, por lo cual, analizar este fenómeno en su totalidad es fundamental, para que de esta manera, se puedan abordar de una manera más precisa y responsable los pros y los contras que pueden generarse a través de políticas migratorias.
Primero que nada, lo que debemos señalar es que los migrantes, aunque muchos no lo crean, se han logrado convertir, en los países y sistemas correctos, en un activo económico y social para muchos países, y para corroborar esto, les daré algunos datos que me parecen interesantes: por un lado, el 35% de los ganadores del premio nobel en química, física y medicina son inmigrantes, a su vez, el 55% de startups norteamericanas valuadas en más de 1000 millones de dólares, y al menos el 45% de las empresas del ranking Fortune 500, fueron fundadas por al menos un inmigrante o los descendientes de uno.
En ese orden de ideas, si queremos buscar un ejemplo moderno sobre el éxito de la inmigración y/o migración, realmente tenemos que voltear a ver a nuestro vecino del norte, ya que pese a los discursos xenófobos y de odio de su ex presidente, la inmigración fue, es y seguirá siendo parte de la historia de éxito de Estados Unidos.
Ahora, si bien es cierto, que en el país en cuestión, el racismo, la discriminación y alrededor de los migrantes aun es un problema constante, ciertamente el éxito con el que la política económica del país ha logrado que ellos se integren a la sociedad, es uno de los puntos que, al igual que en el caso del Edicto de Caracalla que es un gran ejemplo de voluntad política, debemos rescatar.
En el caso de nuestro país esta comunidad equivale al 1%, pero pese a eso, de un universo de 328 fundadores de compañías, el 31% fueron identificados como extranjeros, los cuales, han creado cerca de 9,800 empleos y han aportado en recaudaciones, cerca de 1.72 millones de dólares, de la misma manera, cerca del 95% de patentes otorgadas por el IMPI, han sido para empresas y/o ciudadanos con país de origen distinto al nuestro.
Pese a todo esto, nuestros ordenamientos aún son muy restrictivos cuando se trata de hablar del trabajo para migrantes, por ejemplo, el artículo 7 de la LFT señala que en una empresa o establecimiento, el patrón está obligado a emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos, lo cual, realmente no está en sintonía con las dinámicas locales e internacionales.
En México, el discurso migratorio cada vez es más frecuente en la esfera pública, pero la realidad, nos permite notar que estas declaraciones, se toman más como principios que como un eje articulador de acciones específicas integradas a los proyectos de nación.
Hablar de migración es hablar de dignidad y de derechos humanos, pero actuar para atender estos problemas en congruencia con lo que se manifiesta a través de discursos, y además, con total apego a los Derechos Humanos reconocidos por nuestra Carta Magna, es la única manera que existe para dignificar las causas de aquellas personas que abandonan su tierra por falta de oportunidad.
El siglo XXI se debe de caracterizar por la constante lucha social y política de romper esquemas y cambiar paradigmas, en ese sentido, en gran parte, si queremos hablar de progreso, debemos entender que esto no solo se relaciona a lo económico, sino también a lo cultural e ideológico, siendo la apertura a la pluralidad, el primer paso en este proceso de desarrollo económico, político, social y cultural.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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