OPINIÓN
Elección abierta de 3 mil consejeros en Morena: Jornada concurrida, pacífica, exitosa y con defectos
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El sábado y domingo finales del reciente mes de julio (27 y 28) se realizó en toda la faz de la república, una jornada sustancial para el partido político en el poder a nivel federal (Morena) y sobre ese suceso se tienen diversos puntos de vista, algunos de plano encontrados. Esto porque para la dirigencia nacional del partido guinda, así para el mismo fundador y actual presidente de la nación, el lance fue democrático, concurrido y pacífico.
En cambio para los críticos de la Cuatro T, hubo todo género de anomalías y prácticas antidemocráticas e incluso ilegales, que merecen se anulen las susodichas votaciones internas de los morenistas.
En los pareceres emitidos sobre ese renglón, por los impugnadores del siempre omnipresente Poder Ejecutivo Federal, arrecian sus críticas y refutaciones, señalando a los morenos como seguidores de los pésimos procedimientos (robos de casillas, de boletas electorales, acarreos de votantes, compra de votos, etc., etc.), propios de los partidos tradicionales (PRI, PAN, PRD, MC) que ellos criticaban ásperamente.
Ante los ánimos desbordados tanto de partidarios del morenismo, como de sus antagonistas, es menester reflexionar serenamente y admitir los hechos positivos de los parciales de la Cuatro T, como reconocer los defectos que les achacan sus adversarios.
Durante el sábado y domingo aludidos, simpatizantes y militantes de Morena participaron en la realización de asambleas distritales, a las que fueron convocados para elegir sus coordinadores del partido, en total 300 asambleas distritales en la República; para desahogar esos ejercicios se instalaron 345 casillas: el primer día, implicó a 20 Entidades federativas; el segundo, a doce. Así se proyectó el proceso de renovación de los órganos de dirección de este partido político (cuyo acrónimo es MORENA, proveniente de su nombre original: Movimiento Regeneración Nacional) a nivel estatal y nacional.
Varios medios de prensa, sobre todo los denominados “nacionales”, desde el domingo publicaron notas sobre acarreos, compra y coacción de sufragios, que según su perspectiva provocaron violencia caracterizada por enfrentamientos entre grupos de aspirantes a cargos partidistas, suspensiones de votación, quema y hasta robos de documentos específicos de unos comicios. En la sección “Cúpula” del diario mural de ese día 28, se publicó: “Más allá del tremendo cochinero en el que se convirtió el primer día de la elección de los delegados al Congreso Nacional de Morena, detrás de las malas prácticas…se alcanzaron a ver profundas grietas en ese partido”. Y luego ejemplifica dicha columna: “Por un lado, el senador Ricardo Monreal de plano renegó del proceso y decidió no participar. Por el otro, los cercanos a la exsecretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y su marido, John Ackerman, organizaron brigadas de ‘caza mapaches´ para balconear a sus adversarios.”
En cambio los principales personajes morenistas, como su dirigente nacional -Mario Delgado- y los gobernadores de varios Estados, (como Campeche, con Layda Sansores), afirmaron que la jornada había sido democrática, limpia, abierta, plural y ordenada: todo un modelo de participación popular. Al día siguiente presumieron que casi tres millones de ciudadanos habían sido los que acudieron a su llamado. Pero esta misma fecha, se difundió por diarios como Reforma, que “En su segundo día de elecciones internas Morena registró actos violentos acarreos y voto inducido por lo que morenistas de diferentes corrientes anticiparon que impugnarán el proceso interno ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido y ante el Tribunal Electoral.” Entre los dizques morenistas que respaldaron esas ideas, están Gibrán Ramírez y Alejandro Rojas Díaz Durán -tildados de monrealistas y revanchistas- por sus antecedentes de no lograr sus fines personales cuando disputan cargos.
Así pues, informó la prensa impugnadora de la Cuatro T, “además de la compra e inducción del voto, la constancia de afiliación no tuvo los requisitos partidarios, no hubo secrecía del voto, hubo intervención indebida de personas en el proceso de votación y se excluyó a escrutadores designados para colocar a personas ajenas en el conteo”. (Reforma, 01-08-2022).
No obstante, los militantes y simpatizantes de Morena, seleccionaron a quienes serán sus coordinadores distritales, mismos que a su vez tendrán el cargo de consejeros estatales y congresistas estatales y nacionales, importantísimos delegados que elegirán consejos estatales y estos, escogerán Comités Ejecutivos Estatales el 6 y 7 de agosto, y también serán delegados al III Congreso Nacional de septiembre, que decidirá a los nuevos integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
El guía formal de MORENA, Mario Delgado, manifestó “que se observaron “plazas llenas en todo el país”, por lo que el nivel de participación puede llegar a 3 millones” de ciudadanos morenistas: El dirigente, “celebró la gran participación que ha tenido el pueblo de México en el proceso de reorganización interna de dicho partido”, lo cual califica como “una jornada histórica”; y sobre los actos violentos aseveró fueron generados por “personas ajenas a su movimiento”.
Al respecto se preguntó al primer mandatario nacional su opinión, en la mañanera del lunes uno de agosto, y dijo: “considero que fue una buena jornada democrática, porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para…elegir delegados al Congreso. Dos millones 500 mil, es muchísimo…también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, …al mismo tiempo se estaban afiliando…por eso fueron muchos los que participaron.
Y conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citlalli, la secretaria, y todos, muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones.
Hay, desde luego, inconformidad. Hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas; no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores, hubiesen querido.
Porque estuve viendo que repetían y repetían y repetían ¿no?, de fraude y de irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada, nada que ver…como consta, en el 2006, bueno, nada más se robaron la Presidencia…Entonces, felicidades a todos los que participaron ayer. Ojalá y así se haga en todos los partidos, que en el bloque conservador convoquen a elecciones abiertas para decidir, que no sean nada más los de arriba los que hacen los acuerdos, los enjuagues y deciden en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México. Es muy importante el que participe la gente…Entre más participación de los ciudadanos, mejor, y hacía allá tenemos que ir.
Y desde luego, van a haber problemas, pero el pueblo se equivoca menos y sabe distinguir bien quién conviene, quién no conviene, quién es quién”. Es indispensable, haya ideales, pues dice el Presidente, “si no hay principios, no dura ningún partido, porque todo es pragmatismo, todo es la lucha del poder por el poder, sin ideales, es el quítate tú porque quiero yo, es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”. Esto es típico de los que solo se mueven “por la ambición al poder o al dinero” y quien eso hace, “no es ni político ni empresario en sentido estricto, ni buen ciudadano, porque se requiere tener ética y la política es un imperativo ético”.
Terminamos diciendo sobre esa jornada del partido guinda, que indudablemente fue exitosa, que sí registró defectos, y finalmente, meditamos: si las oposiciones no quieren perder los comicios estatales del año que viene (Coahuila y Estado de México) así como la elección presidencial de 2024, tienen que apurarse y elevar su método de trabajo, porque si continúan como hasta la fecha, ninguna oportunidad tendrán de vencer, pues a como van, se puede afirmar junto a Gabriel García Márquez, que su papel en las votaciones venideras, son la crónica de una derrota anunciada.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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