OPINIÓN
Elección del nuevo presidente del STJE: Magistrados ante la oportunidad histórica del cambio en la justicia
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //
El próximo martes se celebrará sesión plenaria extraordinaria en que las actuales magistradas y magistrados que integramos el órgano de gobierno del Supremo Tribunal de Justicia, elegiremos mediante el voto directo a quien fungirá como Presidente tanto del Tribunal Superior como del Consejo de la Judicatura y también del Poder Judicial de Jalisco.
Quienes tomaremos la decisión, estamos ante una oportunidad histórica de superar las intromisiones tradicionales de otros poderes y determinar por nosotros mismos el rumbo que deseamos para la impartición de justicia en la entidad.
Debe entenderse que ya no es aceptable que los intereses partidistas influyan en el Poder Judicial, que el Supremo Tribunal es un órgano técnico altamente especializado con una labor fundamental para el desarrollo de los jaliscienses, que desde la previsión constitucional no admite injerencia alguna y que por su propia naturaleza debe mantenerse alejado de esas intromisiones clásicas de un pasado que ya ha sido superado.
La política partidista tiene claramente su espacio de desarrollo en el Poder Legislativo, sus desvaríos, acuerdos y desencuentros adquieren un sentido y justificación solo ahí por ser el espacio de representación política por excelencia, pero cuando esa política partidista se intenta mezclar en el Poder Judicial se vuelve toxica, venenosa y dañina.
Por fortuna, una golondrina no hace verano, de tal manera que no debe ser un obstáculo para que las y los magistrados capaces, independientes, responsables y comprometidos con su institución, tomen una decisión centrada solo en lo que más le conviene al Poder Judicial de Jalisco a partir del comparativo de proyectos, perfiles y trayectorias de los aspirantes.
Por ello, me he dado a la tarea de analizar la problemática de la justicia en la entidad, que ha sido ampliamente analizada, razonada y contextualizada en un documento, elaborado en conjunto con diversos profesionales multidisciplinarios, al que se denominó Modelo de Gobernanza Judicial, el cual una vez redactado comenzó a difundirse en diversos y variados foros que permitieron su perfeccionamiento y socialización.
El Modelo de Gobernanza Judicial que se propone, contiene una amplia serie de propuestas de solución a las dificultades que enfrenta el sistema judicial en nuestra entidad, ordenando las alternativas a través de dos grandes programas que en conjunto suman 32 proyectos.
No escapó al análisis realizado por los expertos y especialmente de quienes conocieron ya la propuesta, la viabilidad y posibilidades reales de implementación que tiene cada uno de los proyectos, porque en su conformación se consideraron las capacidades económicas, de recursos humanos y materiales ya existentes, además de contemplar las experiencias de otros tribunales estatales y federales de diversos grados y materias, de tal manera que la oferta del Modelo no es un catálogo de ideas imposibles, sino una contundente, sustentada, real e inmediata alternativa para motivar el cambio de fondo que requiere específicamente el Poder Judicial de Jalisco, es decir, un traje a la medida con indicadores de cumplimiento y evaluación.
Se destaca la orientación ciudadana del Modelo en cuestión, en donde el jalisciense es origen y destino, facilitando y exigiendo su participación en cada uno de los proyectos desde su implementación hasta su evaluación y sanción correspondiente.
Una virtud adicional es que la composición de los programas tiene concatenación con el combate a una problemática específica, destacando por ejemplo que para el grave problema de la corrupción y la impunidad que se atribuyen al Poder Judicial se tienen a la vez la implementación de varios proyectos como el Observatorio Ciudadano, la Contraloría Ciudadana, la Plataforma Digital de Seguimiento de Denuncias, entre otros que en conjunto componen un Sistema Judicial Anticorrupción que no solo cumple con las exigencias de la ley al respecto, sino que va más allá al incorporar la participación ciudadana en los procesos de sanción a las conductas irregulares incoadas, desde la denuncia hasta la ejecución de la pena, destacando que para la puesta en marcha del sistema no se requiere inversión presupuestal alguna toda vez que el marco normativo del tema ya está confeccionado, se cuenta con las plazas y perfiles adecuados y el compromiso de participación de los sectores productivos y sociales a quienes ya se ha presentado la propuesta.
CONTRA LA OPACIDAD
La opacidad y falta de rendición de cuentas que se atribuye a las instituciones judiciales se combate, en el Modelo, a través de proyectos como una autentica plataforma informática que, aun mejor que en los tribunales federales, permitirá no solo consultar en tiempo real el proceso de resolución de cada uno de los asuntos de su conocimiento, sino también evaluar el cumplimiento a tiempo de las responsabilidades que le corresponden a cada una de las diversas áreas que participan en el tránsito de un expediente o toca, lo que limitaría en automático las posibilidades de tardanza, omisiones o conductas irregulares; proyecto que se debe acompañar de una profunda revisión y una adecuada modificación de las estructuras administrativas del Poder Judicial para darles orden y eficiencia a fin que identifiquen la trascendencia de la función jurisdiccional y adquieran el compromiso con las instituciones judiciales para facilitarles las herramientas, registro, control y manejo de la información propia de su desempeño para su publicación y actualización, permanente y oportuna; así como la conformación de un legítimo plan general del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial a inmediato, corto, mediano y largo plazo, que incorpore los programas de acción con sus tiempos, objetivos, indicadores y metas, para que sus formatos y estructuras, al ser de acceso público, sean también evaluados a cada momento con la posibilidad de interactuar con el ciudadano para sus sugerencias, comentarios y en su momento acciones de corrección y mejora, pero además para que la sociedad organizada pueda tener una referencia precisa a la hora de confrontar lo publicado con el contenido de los informes de labores y así facilitarle la toma de decisiones.
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Está claro que el proyecto propuesto también contempla promover la profesionalización y actualización del personal judicial, para lo cual se debe contar primero con un diagnóstico actualizado de las necesidades de capacitación y profesionalización que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco necesitan. Además, crear el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que englobe todas las direcciones, comisiones y escuelas judiciales, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, trabajen en conjunto para capacitar a todo el personal judicial en actualizaciones constantes y formación permanente, para dar respuesta a los nuevos modelos judiciales en los cuales Jalisco muestra un gran rezago y del mismo modo que solo exista una dependencia por órgano; también, contar con un sólido grupo de formadores altamente capacitados (entre otros ex Jueces y ex Magistrados) que repliquen su experiencia desde un enfoque teórico-práctico, centrado preferentemente en estudio de caso; y también generar y actualizar un programa de capacitación y profesionalización en los diversos ámbitos, instancias y modalidades, a partir de programas educativos virtuales, presenciales, semiescolarizados y mixtos, con un desarrollo exponencial de recursos informáticos y aplicativos en inteligencia artificial, este último basado en algoritmos para proyección y redacción de autos, acuerdos y sentencias en línea que aseguren el doble beneficio de garantizar al justiciable la continuidad expedita de la impartición y administración de justicia, aún en casos de grave contingencia, como la que actualmente enfrentamos, al mismo tiempo que se comparte la infraestructura necesaria para asegurar la calidad y la cobertura de los programas formativos dirigidos a los procesos de ingreso, promoción y permanencia para que se de seriedad y continuidad a la carrera judicial en Jalisco.
HACIA LA JUSTICIA DIGITAL
El Modelo de Gobernanza Judicial propone una estrategia inaplazable para replantear las formas y modalidades de administrar justicia en Jalisco, iniciando de inmediato el tránsito a la Justicia Digital, aplicando estrategias de innovación sectorizadas y planeando racional y estratégicamente la implementación de aplicativos informáticos, para que de manera natural sean también instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y gobernados, así como entre tribunales y justiciables, se propone que mediante un plan estratégico, la implementación sistemática de la justicia digital puede ser una realidad, modernizando el equipamiento y contando con el suficiente para reunir y procesar la vasta demanda de administración de información que implica, armonizando y completando la precaria legislación existente en las diversas materias, actualizando los procesos judiciales y ajustándolos gradualmente al uso de las tecnologías de la información, contando con el presupuesto necesario y principalmente con el involucramiento de la ciudadanía en cada uno de los procedimientos y en el seguimiento de su sanción y ejecución.
En general, el Modelo ha contemplado todos y cada uno de los problemas que impiden el crecimiento y desarrollo adecuado de la impartición de justicia en el Estado, estudiando su origen, confrontando alternativas y generando los proyectos que le den solución, implementando controles y evaluación de cumplimiento con la participación de la sociedad con el ánimo principal de recuperar su confianza en las instituciones públicas.
La aspiración que tengo para presidir el Supremo Tribunal de Justicia, que ya he expresado en otras publicaciones, como se ha expuesto, está sustentada en un sólido proyecto, profesional y sistemático con todas las posibilidades de ser implementado a la brevedad y dar resultados inmediatos y medibles para provocar el cambio que todos esperamos, intención que la he hecho pública porque creo profundamente que la apertura y publicidad de las acciones y trabajos de quienes integramos el Poder Judicial de Jalisco debe ser el primer paso para superar la opacidad que se atribuye a la justicia y una invitación respetuosa a la participación de la comunidad en los asuntos judiciales.
Reitero, está en las magistradas y los magistrados y solo en ellos, la oportunidad de provocar el cambio de fondo, gradual, significativo y sostenido que requiere la impartición de justicia en Jalisco. Dejemos de lado las inercias políticas externas que no nos corresponde adoptar, seamos parte de la generación que rescate al Poder Judicial y marque su rumbo exitoso para recuperar los primeros lugares en el concierto nacional.
Compañeras y compañeros magistrados, ofrezco poner mi mayor esfuerzo y representarlos con toda dignidad, estamos ante una grave situación de operación y credibilidad institucional, pero también tenemos una única y enorme oportunidad de cambiar las cosas, sé que se puede, juntos hagamos que suceda.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco enfrenta un momento crítico. Las fuerzas políticas, atrapadas en intereses partidistas y sin acuerdos, tienen el desafío de construir un sistema que inspire confianza y certidumbre a los jaliscienses.
La falta de diálogo, la soberbia y las alianzas oportunistas amenazan con repetir errores del pasado, mientras el gobernador Pablo Lemus impulsa un modelo que elimine el reparto político de jueces. ¿Podrán los partidos priorizar la justicia sobre cálculos electorales o seguirán atrapados en los juegos del poder?
RECHAZO CIUDADANO A LA POLITIZACIÓN JUDICIAL
El reciente proceso de reforma judicial federal dejó una lección clara en Jalisco: con una abstención del 92.97% –la segunda más alta del país tras Guanajuato–, los ciudadanos rechazaron enérgicamente la politización del Poder Judicial.
Las reformas impulsadas por Morena a nivel federal, y replicadas en algunos estados, son percibidas como una toma de poder disfrazada de “democratización”. Esta desconfianza ciudadana es un mensaje contundente que la oposición local –Morena, PAN y PRI– parece ignorar al avanzar en una reforma sin consenso amplio, excluyendo a Movimiento Ciudadano (MC), que cuenta con 11 de los 38 escaños en el Congreso del Estado.
Esta exclusión, calificada como un “madruguete” legislativo, ignora la lección del descontento popular y arriesga generar otra reforma fallida, marcada por baja participación y una creciente percepción de control político sobre la justicia.
En marzo, este espacio destacó la oportunidad de una reforma “al estilo Jalisco”, propuesta por el gobernador Pablo Lemus para desterrar el modelo de “cuotas y cuates”. Este enfoque, basado en filtros académicos y ciudadanos, buscaba garantizar una justicia imparcial.
Foros coordinados por el jurista Arturo Zamora, con la participación de universidades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos, sentaron las bases para un sistema judicial transparente. Sin embargo, la oposición parece desoír este llamado, optando por priorizar intereses políticos sobre el bien común, perpetuando un esquema que compromete la confianza en el Poder Judicial.
LA ALIANZA ANTINATURAL
La coalición opositora en el Congreso –Morena, PAN y PRI– resulta desconcertante por su contradicción. Estos partidos, que en su momento criticaron la reforma judicial federal por su riesgo de politizar la justicia, ahora se alían en Jalisco en un aparente intento de debilitar al gobierno de MC.
¿Qué motiva esta unión? ¿Es un simple malestar con Lemus o un cálculo electoral para erosionar el dominio de MC, que ha consolidado su liderazgo en el estado?
La alianza, lejos de estar motivada por la transparencia o la imparcialidad, parece diseñada para golpear al gobierno estatal, ignorando el llamado de Lemus a una “armonización ciudadana” construida con la colaboración de barras de abogados, universidades y sociedad civil.
El modelo actual del Poder Judicial en Jalisco, dominado por complicidades políticas entre PAN, PRI y MC, es insostenible. Lemus ha reiterado su compromiso para acabar con este sistema de cuotas que pone precio a la justicia, un esquema que ha generado un sentimiento generalizado de desconfianza entre abogados y ciudadanos que interactúan con el Poder Judicial.
Sin embargo, la oposición, al avanzar sin un diálogo inclusivo, perpetúa un sistema que traiciona la confianza ciudadana.
La pregunta es inevitable: ¿realmente están comprometidos Morena, PAN y PRI con una reforma que beneficie a los jaliscienses, o buscan solo un ajuste de cuentas políticas?
Esta unión oportunista no solo contradice sus posturas previas, sino que arriesga el futuro de una justicia imparcial en el estado.
HACIA UNA REFORMA GENUINA
La operación política del gobierno de Jalisco ha mostrado deficiencias. En un Congreso donde ninguna fuerza política cuenta con los 26 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional, Lemus ha tenido que intervenir directamente para evitar el estancamiento.
La sociedad jalisciense demanda una reforma moderna, confiable y alejada de elecciones populistas que comprometan la experiencia y profesionalismo judicial.
La oposición tiene en sus manos una oportunidad histórica para construir una justicia al servicio de los ciudadanos, no de grupos de poder que operan como mafias dentro del Poder Judicial.
El gobernador ha propuesto un diálogo abierto, inclusivo y basado en la participación de expertos y ciudadanos. Sin embargo, la rigidez de la oposición amenaza con mantener la parálisis legislativa, atrapada en posiciones maniqueas que priorizan el revanchismo político sobre el interés público.
Los próximos días serán cruciales para alcanzar acuerdos que rompan con el modelo de cuotas, fortalezcan la imparcialidad y respondan al clamor ciudadano por una justicia accesible. Jalisco no puede permitirse otra reforma fallida que profundice la desconfianza en sus instituciones.
UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA
La justicia en Jalisco no puede seguir siendo rehén de intereses partidistas. Morena, PAN, PRI y MC deben dejar atrás la soberbia y abrazar la humildad para construir un diálogo genuino.
La ciudadanía, como verdadero juez de este proceso, espera una reforma que restaure la confianza en el Poder Judicial, no que alimente la percepción de control político. Esta es una oportunidad única para que los partidos trasciendan los juegos del poder y construyan un legado que honre a los jaliscienses.
Que escuchen el mandato de las urnas y trabajen juntos por una justicia accesible, imparcial y libre de componendas. El futuro de Jalisco depende de que esta reforma sea un reflejo de los valores de sus ciudadanos, no de las ambiciones de sus políticos.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
En Jalisco la política no se cuece: hierve. La reforma judicial levantó la tapa y escapó el vapor de lo obvio: en Casa Jalisco hubo descuido. Pablo Lemus lo admitió con retraso y promesa: “me meteré personalmente a reconstruir la relación”. Traducción en castellano llano: falló el operador, se enmoheció el diálogo y los números no dan.
En el Congreso solo rige una gramática: 26 votos.
La oposición (Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro y PT) no los juntan.
El Ejecutivo, menos.
Resultado: “cabildeo” exprés, citas por separado, romería de coordinadores entre Hidalgo 222 y Palacio. No es diálogo; es caza de tres o cuatro voluntades que ajustan una Constitución.
Cuando no hay proyecto, se busca coartada: José Luis Tostado, coordinador de MC, puesto en la picota por el “descuido”. En la coda aparece el secretario de Gobierno, Salvador Zamora. Desde Casa Jalisco matizan: no habrá cabezas… por ahora. Habrá “afinación”. Misma partitura, distinto volumen.
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El Gobierno acepta desconexión con opositores.
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La oposición presume mayoría de maniobra y exige que el Gobernador dé la cara en el Legislativo.
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La IP suplica “no politizar” lo que, por definición, es político: quién nombra, evalúa y disciplina a juezas y jueces.
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La riña real no es la “tómbola” de desempate (cortina de humo), sino el control de filtros, la integración de jurados y sus lealtades.
Conclusión provisoria: la “reforma técnica” huele a reparto fino. No suena a reforma de Estado, sino a ajuste para ganar eficacia… y previsibilidad política.
Los opositores invitan a Lemus al Congreso; mientras, en Casa Jalisco operan en carriles paralelos: reuniones uno a uno, promesas, calendarios, guiños. “No es dividirlos —dicen—; es dar a cada uno su lugar”. Manual conocido: personalizar, fragmentar, diferir el texto. Cuando llegue el proyecto “conciliado”, el espacio para el escrutinio ya habrá cerrado.
Además, dos magistraturas en el alambre. Si el martes no hay designación, la afirmativa ficta ratifica a quienes hoy ocupan el asiento. El reloj —no la razón— es el arma. O amarran ya, o se quedan con lo que hay. Esto no es arquitectura constitucional; es relojería política.
Coparmex y COMCE piden sacar la reforma de la grilla. Comprensible; sin certeza, no hay inversión que resista. Pero “despolitizar” una reforma política es un oxímoron útil. Lo serio sería: minutas públicas; criterios de selección verificables; perfiles y conflictos de interés a la vista; cronograma que no dependa del humor de la mesa. Menos tribuna, más trazabilidad.
El Gobernador acepta el error; no explica su causa. Se dice que hubo disposición; faltó oficio. Y el déficit de oficio se paga caro: se erosiona la confianza entre poderes, se fortalecen los extremos y la ley se vuelve rehén del chantaje de la parálisis. En el pantano, el incentivo deja de ser institucional y se vuelve coyuntural.
Prometen “apretones de tuercas”. En papel: “un solo texto”. En práctica: expediente con zonas grises, diseño de gobernanza bajo llave y dos nombramientos que amarran hoy e hipotecan mañana. Si cierran en corto, saldrá una reforma hecha al tamaño del equilibrio de turno; si abren el proceso, quizá alcance para una reforma que sobreviva gobiernos.
Convertir a Jalisco en el “Silicon Valley mexicano” requiere más que parques y pitch decks: requiere un Poder Judicial independiente, profesional y previsible. El capital tolera impuestos; lo que no tolera es incertidumbre. Y la certeza no nace de tómbolas ni de boletines, sino de reglas claras, procesos públicos y decisiones revisables.
La crisis legislativa obligó a todos a mostrar la mano: el Ejecutivo admitió que perdió el control fino, la oposición evidenció que, sin MC, puede marcar agenda, pero no coronarla, la IP recordó que sin garantías no hay relato de progreso que aguante. Falta lo principal: que la ciudadanía vea, en tiempo real, cómo y por qué se cambiará la justicia que la toca a diario.
La historia enseña que las reformas cocinadas en silencio terminan gritando en los tribunales. Prudencia no es callar: es abrir puertas, encender luces y dejar que la aritmética se escriba con tinta pública. Solo así el mea culpa pasa de pose a corrección. Solo así la reforma será reforma, y no reparto con fecha de caducidad.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Miguel Anaya
Siempre me ha parecido curioso que, quinientos treinta y tres años después, sigamos hablando de la Conquista como si hubiera ocurrido ayer, como si Hernán Cortés acabara de desembarcar en Veracruz con la mirada puesta en Tenochtitlán y el corazón lleno de encomiendas. No deja de ser fascinante la capacidad mexicana de contar la historia, no como tragedia, sino como pretexto.
Se nos enseñó que fuimos cruelmente conquistados. Lo aceptamos con un dramatismo casi teatral, como si los pueblos originarios hubieran sido un solo cúmulo de inocencias y los españoles, solamente un ejército de codicia y brutalidad.
Pero la realidad, siempre tan poco romántica, fue más compleja: hubo alianzas, traiciones, intereses, cálculos y, sobre todo, normalidad. La conquista no fue una excepción, fue la regla de una época donde conquistar territorios era tan legítimo como hoy hacer fusiones empresariales o acuerdos comerciales.
El poder siempre ha tenido el mismo rostro, solo cambia sus formas.
Nos empeñamos en sentirnos víctimas eternas. Reclamamos por la Conquista como si estuviéramos esperando una disculpa de los siglos XVI o XVII. Exigimos perdón retroactivo, pero la historia, aunque a veces cruel, no tiene oficina de quejas. Lo único que hace es avanzar, mezclando a vencedores y vencidos hasta que se olvida de qué lado viene cada quién. De esa mezcla —dolorosa, contradictoria, fecunda— nació México.
Porque, aunque duela, México no es lo que quedó de los mexicas, ni lo que impusieron los españoles: es lo que ambos se vieron obligados a inventar. Un país mestizo, con dioses de piedra y vírgenes de yeso, con voces indígenas en el eco del español y una fe que huele a copal y a incienso. Esa es nuestra conquista: haber sobrevivido al choque de mundos sin dejar de ser un poco de ambos.
Lo que llamamos sincretismo no fue solo una mezcla cultural; fue una estrategia de supervivencia. Los pueblos indígenas no desaparecieron: se mimetizaron, aprendieron el idioma del invasor y escondieron a sus dioses detrás de santos. Los españoles no triunfaron del todo: quedaron atrapados en una tierra que los absorbió, que los hizo perder el acento y, en muchos casos, amar más esta tierra que la propia. De esa contradicción nació nuestra identidad: un mestizaje que no se elige, pero que se asume.
A pesar de lo anterior, hay quienes añoran un pasado indígena idealizado, como si los mexicas hubieran sido una comuna perfecta; otros sueñan con una Europa que nunca los reconocerá como su reflejo. Ambos extremos son falsos, pero cómodos en la narrativa: uno ofrece la inocencia, el otro la superioridad.
El mestizaje, en cambio, exige madurez: aceptar que venimos de una violencia, pero también de una creación; de una herida, pero también de una fecundidad.
Quizá lo que más nos cueste reconocer es que seguimos conquistándonos unos a otros, porque así es el mundo, porque así es la humanidad. Los nuevos conquistadores hablan diversos idiomas y prometen inversiones; la riqueza ya no se mide en lingotes, sino en clics, bitcoins y contratos. Las conquistas no se acabaron, se digitalizaron.
Por su parte, México sigue celebrando el Día de la Raza sin saber muy bien qué raza celebra, o marchando por la Independencia confundiéndola con la revolución, porque en el imaginario popular, cabe casi todo. Tal vez esa sea nuestra mayor conquista: haber aprendido a vivir en medio de la contradicción.
No somos víctimas ni victimarios; somos descendientes de ambos. Al final, hay que entender y aceptar nuestro pasado para abandonar la narrativa de la victimización y abrazar el discurso del desarrollo, pues toda nación es el resultado de una conquista: la del tiempo sobre la memoria, la del sistema sobre el individuo, la del extraño que traspasó sus fronteras.
Y si algo nos enseña la historia es que, aun después de la conquista o aun después de la derrota, los pueblos que saben adaptarse y construir una narrativa de progreso se fortalecen.
Así fue con Japón, así fue con Alemania y así puede ser con México.
– De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
LOS ORGANIZADORES y directivos del Premio Nobel, enviaron un mensaje al mundo con la designación dedicada a la paz mundial de la edición 2025 de ese galardón: Un “no” rotundo a las dictaduras y un reconocimiento a quienes luchan por la democracia en las naciones.
La opositora al “chavismo” en Venezuela, María Corina Machado, recibió la noticia de haber sido elegida como ganadora del Premio Nobel de la Paz, con la emoción de quien se sabe, triunfadora histórica contra los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro en su país, Venezuela.
Sabía que el reconocimiento es un contundente mensaje del mundo en contra de una dictadura que mantiene a su pueblo sojuzgado por el Estado, con un individuo maniatado, sin libertad y con el sufrimiento de su pueblo a consecuencia de la hambruna.
Machado se ha convertido en la principal defensora de la democracia en esa nación sudamericana. Quizá haya opositores que luchan por la misma causa en Cuba y en Nicaragua, pero ella representa el triunfo electoral que, aunque contundente, recibió la dura represión de la bota “chavista”.
Y desde luego, su designación como ganadora del Premio Nobel de la Paz, trajo reacciones positivas en la mayor parte de las naciones en el mundo… excepto en México.
No debía extrañarse. El régimen iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado por imponer por encima de los grandes intereses de la nación, su ideología, la que incluye mensajes de odio a quienes no piensan como ellos, además de llamarlos sus “enemigos o adversarios”.
En su “mañanera” en Palacio Nacional, un reportero requirió la opinión de la presidenta respecto a la noticia sobre Corina Machado y su respuesta fue lacónica: “Sin comentarios”.
Enseguida hizo referencia al pretexto utilizado ahora para evitar opinar de quienes no forman parte de su cofradía: “Nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos”. No había terminado cuando le preguntaron sobre la caída de Dina Boluarte, presidenta del Perú, acontecimiento ocurrido unas horas antes:
“Nosotros insistimos en la liberación de Pedro Castillo (amigo de AMLO), quien fue elegido por el pueblo del Perú y que se le aplique un juicio justo”.
Y ante ello, ¿dónde quedó la actitud de respetar la autodeterminación de los pueblos?
Evidentemente, hay una incongruencia inocultable, cuando el gobierno mexicano utiliza parte de nuestros impuestos para obsequiar gasolina a la dictadura de Cuba y no poner condiciones a la llegada de un ganado enfermo proveniente de Nicaragua.
Ambos regímenes son dictaduras.
Por eso, aunque es mujer y ha entregado su vida por la democracia en Venezuela, Corina Machado no recibirá el reconocimiento de la presidenta de México, porque es “enemiga de la 4-T” al oponerse a la dictadura de Nicolás Maduro.
Aunque el mundo diga lo contrario.
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