MUNDO
En Colombia estalla el polvorín: Crecen protestas sociales, la crisis sale a las calles
Economía Global, Alberto Gómez-R. //
Los efectos de la crisis post-pandemia del Covid-19 se manifiestan ya en muchos países, en Europa: Bélgica, Finlandia, Suecia, Francia, España, Inglaterra, Portugal, Turquía, Italia, en los que sus habitantes inconformes por las continuas restricciones de sociales y económicas han salido a las calles a protestar; los manifestantes europeos se niegan a la utilización de la mascarilla, a la implementación de los pases verdes (Green Pass) para controlar la movilidad y el acceso a quienes no se vacunen, y debido a los cierres obligados de negocios que han devastado las economías locales, y que pueden incrementar en cualquier momento su intensidad cuando se agudice la crisis económica.
En América Latina se comienzan a ver nuevos levantamientos de protestas en las calles en varios países, mismos que se habían suspendido por la irrupción de la pandemia del Covid-19, pero que son temas pendientes de sus sociedades, y ahora, en el complicado contexto económico global, resurgen agravados por la situación de sus economías que ha venido acentuando la pobreza y la desigualdad, y que ha empeorado la vida de millones de latinoamericanos, desesperados por encontrar una salida a sus necesidades y demandas.
Tal es el caso de Colombia, cuyos ciudadanos se han enfrentado con una poderosa represión por parte de su gobierno, que ha respondido a las protestas con la misma fuerza policial militarizada que a menudo despliega contra los combatientes rebeldes y el crimen organizado.
La desesperada situación política y socio-económica de Colombia -al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica- se ha manifestado nuevamente en las calles de aquel país hermano. Cientos de miles de colombianos protestan airadamente en las calles por las condiciones a las que el actual gobierno del derechista Iván Duque los tiene sometidos, iniciando con las reformas tributarias que trató de imponer sin el consenso de la población, y que afectarían gravemente las economías familiares.
Algunos de estos polémicos puntos fueron: que a partir de 2022 deberían declarar renta quienes ganen más de un equivalente a 660 dólares mensuales; a partir de 2023, ampliaría aún más el rango de colombianos que tendrían que pagar esa obligación, pues el impuesto del 10% aplicaría para quienes tengan ingresos por alrededor de 374 dólares al mes. Esto en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.
También planteó un aumento del 19% a la tarifa de los servicios públicos, agregando un impuesto a productos básicos de la canasta familiar. Contrario a la activación, a la generación de empleo y a la recuperación económica de los ciudadanos, la Administración Duque buscó fondos con un costo de vida más alto, lo que detonó el estallido social, que ha tenido como resultados la muerte de decenas de civiles mientras protestaban, a manos de las fuerzas policiales.
Además, después de la muerte de varias personas por disparos de las autoridades durante las protestas gubernamentales, los manifestantes solicitan ahora la desintegración del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), que son acusados de reprimir a los protestantes.
También se manifiestan contra un proyecto de reforma de salud, exigen el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz en 2016 –entre el gobierno y la guerrilla de las FARC- rechazan las políticas militares y conservan su posición contra la fractura hidráulica (fracking) y las fumigaciones con glifosato –sustancia altamente cancerígena- que el gobierno pretende reiniciar.
“Para el gobierno de Duque, las prioridades son otras. Así, en 2020, el gasto militar de Colombia fue el segundo de toda Latinoamérica, sólo por detrás de Brasil. También hay dinero para el programa propagandístico diario de Duque, financiado por los impuestos”. (Die Tageszeitung)
A pesar de que Duque ya echó marcha atrás con su reforma tributaria, las protestas continuarán. Las centrales obreras y el Magisterio, que conforman el Comité Nacional del Paro, así como las organizaciones independientes que convocaron a las marchas aseguraron que continuarán en las calles porque el proyecto fiscal era solo uno de los descontentos de la población.
De continuar las protestas en las calles, el gobierno de Duque es probable que decrete el estado de “conmoción interior”, uno de los nominativos para el conocido como “estado de excepción”, en el que ante la amenaza de la pérdida de la soberanía o el orden social se sale del control gubernamental, el presidente asume el poder absoluto del país, concentrando en él los tres poderes, hasta que la situación se encuentre nuevamente controlada.
El mentor de Duque y líder verdadero de la derecha reaccionaria, Álvaro Uribe (el expresidente que entregó prestado parte del territorio a Estados Unidos para que construyeran bases militares del Comando Sur de sus Fuerzas Armadas), es el que con mayor urgencia pide al gobierno que lo decrete para frenar el nuevo estallido social que ha dejado al menos 37 muertos. «Buscan justificar la represión y empañar la legítima protesta. ¿Vandalismo inducido para justificar conmoción interior? Alerta, está en riesgo la democracia», advirtió Carlos Eduardo Caicedo, actual gobernador del departamento de Magdalena.
Las manifestaciones son, en parte, la continuación de un movimiento que se extendió por América Latina a fines de 2019, cuando la gente tomó las calles en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua y otros lugares.
La protesta de cada país era distinta. Pero, en todos, la gente expresaba sus quejas por las oportunidades limitadas, la corrupción generalizada y los funcionarios que parecían estar trabajando en contra del pueblo.
Luego llegó la pandemia. América Latina fue una de las regiones más afectadas por el virus en 2020, con cementerios llenos hasta el límite de sus capacidades, los enfermos morían mientras esperaban a ser atendidos en los pasillos de los hospitales y los familiares pasaban las noches haciendo fila para comprar oxígeno médico en un intento por mantener vivos a sus seres queridos.
Las economías de la región se contrajeron un 7 por ciento, en promedio. En muchos lugares, el desempleo, especialmente entre los jóvenes, se disparó. (NYTimes)
Esta explosión de frustración en Colombia, dicen los expertos, podría presagiar disturbios en América Latina, donde varios países enfrentan la misma combinación explosiva de una pandemia implacable, dificultades crecientes y la caída de los ingresos del gobierno.
La fuerte conexión de las naciones latinoamericanas, puede provocar que las manifestaciones recobren fuerza saltando de un país a otro, y extenderse por toda la región.
– Por Redacción Conciencia Pública
El sistema de la ONU encargado de monitorear la seguridad alimentaria en todos los países del mundo, denominado Clasificación Integrada de Fases (IPC), declaró oficialmente que la gobernación de Gaza —donde se encuentra Ciudad de Gaza— está experimentando hambruna (fase 5), una primera vez en la historia de Oriente Medio.
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Se estima que más de 500 mil personas —alrededor de un cuarto de la población de Gaza— enfrentan ya condiciones catastróficas de inseguridad alimentaria. Si no se actúa con urgencia, la hambruna podría extenderse a las gobernaciones de Deir al Balah y Khan Younis, afectando hasta 641 mil personas para finales de septiembre.
Causas identificadas
El agravamiento de la crisis responde principalmente a los prolongados bombardeos, el bloqueo de ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructura esencial, como sistemas agrícolas y sanitarios. Estas acciones han colapsado la capacidad de respuesta, permitiendo que la hambruna se consolide.
Israel ha rechazado los reclamos de la ONU y organizaciones internacionales, calificándolos como “mentiras de Hamás” y atribuyendo los problemas logísticos a la desorganización y seguridad en la zona. Aun así, las agencias humanitarias mantienen que las restricciones impuestas por Israel constituyen el núcleo del problema.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado la situación como un “desastre provocado por el hombre”, exigiendo el fin inmediato de las restricciones a la ayuda. Volker Türk, responsable de Derechos Humanos de la ONU, advirtió que emplear el hambre como método de guerra podría considerarse un crimen de guerra.
La necesidad de un alto al fuego y acceso sin impedimentos a insumos vitales fue enfatizada por múltiples agencias como FAO, PMA y UNICEF. La clasificación IPC en fase 5 sirve como una señal de alarma internacional y busca movilizar apoyo financiero y político.
Sin embargo, no representa una solución por sí sola. Naciones Unidas y ONG insisten en que la respuesta debe incluir cesar el fuego, aumentar a gran escala la asistencia humanitaria y reestablecer su coordinación en el terreno.
MUNDO
Trump afirma que el CEO de Intel acordó darle al gobierno estadounidense 10 mil millones de dólares
– Por Redacción Conciencia Pública, con información de The Washington Post
En una paradójica estrategia que se parece más a los subsidios y apoyos del Gobierno de China a sus empresas, o mejor dicho, al capitalismo estilo chino, el presidente Donald Trump anunció este viernes que el director general de Intel Corporation acordó darle al Gobierno de Estados Unidos 10 mil millones de dólares, aproximadamente el equivalente al 10 por ciento de la capitalización de mercado del fabricante de chips, en una intervención extraordinaria del gobierno federal en una empresa tecnológica privada.
«Creo que (Intel) debería pagarnos el 10% de su empresa», dijo Trump, recordando su conversación con el director de Intel, Lip-Bu Tan. «Eso son unos 10 mil millones de dólares».
Los comentarios de Trump no aclararon de inmediato si el gobierno federal estadounidense obtendría una participación accionaria en la empresa, como su administración había sugerido previamente. Trump se refirió al acuerdo como un «trato».
«Dije que sería bueno tener a Estados Unidos como socio», dijo Donald Trump. «Estuvo de acuerdo, y han acordado hacerlo». Intel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Intel fue el mayor receptor de fondos estadounidenses como parte de la Ley CHIPS de la era Biden, que buscaba proporcionar subvenciones gubernamentales y exenciones fiscales a las empresas de semiconductores que acordaran construir nuevas fábricas en EEUU.
El gobierno de Biden acordó darle a Intel alrededor de 11 mil millones en subvenciones bajo una ley de los demócratas que el ahora presidente había criticado durante su campaña electoral.
Trump exigió la renuncia de Tan a principios de este mes, calificándolo de «muy conflictivo» debido a sus inversiones en China. Tan emitió un comunicado afirmando que había seguido los más altos estándares legales y éticos, y viajó a Washington para reunirse con Trump el 11 de agosto.
Trump declaró el viernes que Intel había sido la empresa de chips más poderosa del mundo, pero que ha estado quedando rezagada. Dijo que Tan le había caído muy bien tras su reunión, y que el director ejecutivo de Intel era muy bueno y tenía un aire de víctima.
Empresas privadas, entre ellas Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y Samsung, recibieron miles de millones de dólares en financiación a cambio de prometer gastar miles de millones más dentro de Estados Unidos en los próximos años.
Aún no se sabe cómo esta medida va a reconfigurar a la industria de los semiconductores a nivel mundial, en un contexto de guerra comercial y tecnológica entre las dos superpotencias más relevantes en este siglo: China y Estados Unidos.
– Por Redacción Conciencia Pública
Un hallazgo arqueológico de gran relevancia ha salido a la luz en Egipto: los restos de una ciudad sumergida en la bahía de Abukir, frente a Alejandría.
Se trata de una urbe que habría formado parte de la antigua urbe de Canopo, célebre en la época ptolemaica y romana por su riqueza cultural, sus templos y su intensa vida social.
El descubrimiento ha sido anunciado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, en coordinación con arqueólogos submarinos que trabajan bajo el apoyo de la UNESCO.
Entre los vestigios encontrados destacan templos, viviendas, depósitos de agua y un muelle de unos 125 metros de largo que da cuenta del desarrollo urbano alcanzado por esta ciudad.
También fueron localizadas estatuas, incluidas esfinges y figuras dañadas por el paso del tiempo, que confirman la importancia simbólica y religiosa que tuvo la zona.
Según los expertos, estas piezas datan de más de 2,000 años de antigüedad y permanecieron ocultas bajo el mar durante siglos.
Los investigadores sostienen que el hundimiento de la ciudad ocurrió entre los siglos III y VIII D.C., a consecuencia de una combinación de fenómenos naturales: terremotos, el hundimiento progresivo del delta del Nilo y el ascenso del nivel del mar.
Estas catástrofes provocaron que extensos territorios costeros quedaran sumergidos, sepultando bajo el agua ciudades que fueron en su tiempo centros de comercio y devoción.
El equipo arqueológico responsable del rescate de estos vestigios enfatizó que la investigación se ha realizado con sumo cuidado para preservar el patrimonio.
Algunas piezas ya han sido recuperadas y serán exhibidas en museos egipcios, mientras que otras permanecerán bajo el mar para asegurar su conservación. Este proyecto se enmarca en la Convención de la UNESCO sobre patrimonio cultural subacuático.
El descubrimiento de Canopo se suma a otros hallazgos realizados en las últimas décadas en la costa de Alejandría, como las ciudades sumergidas de Thonis-Heracleion y Menutis, así como los restos de la isla de Antirhodos, donde se encontraba un palacio atribuido a Cleopatra.
También se han recuperado fragmentos del legendario Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Con cada nuevo hallazgo, Egipto no solo enriquece la comprensión de su pasado, sino que refuerza su atractivo como destino cultural y turístico.
Las ciudades sumergidas de Alejandría ofrecen una ventana fascinante a un capítulo perdido de la historia, revelando cómo la grandeza de la civilización egipcia también quedó grabada bajo las aguas del Mediterráneo.
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