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JALISCO

Entre desapariciones y ataques: 2023, Jalisco en la encrucijada de la violencia

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Durante el presente año 2023 se han registrado en diversas regiones de Jalisco una serie de sucesos criminales que muestran el poder de la criminalidad y a un gobierno completamente rebasado con un saldo rojo para las víctimas y sus familiares cuyo grito de justicia se ahoga en un mar de impunidad.

Estos atentados no solo han dejado un saldo de muerte y heridas físicas, sino también una herida abierta en el tejido social y en la confianza de los ciudadanos hacia su seguridad. Estos actos de violencia ponen en evidencia la complejidad y gravedad de los desafíos que enfrentan los diferentes ordenes de gobierno del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada, mismos que se renovarán en 2024, ¿Alguno de los candidatos sabrá qué hacer? 

ZAPOPAN

El misterio comenzó a tejerse en la colonia Paseos del Sol. Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años, desapareció el 20 de mayo, dejando atrás un rastro de incertidumbre. Él, quien había invitado a otros a trabajar en el mismo lugar, fue el primero en desvanecerse en el aire.

La ansiedad creció cuando los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años respectivamente, también se desvanecieron sin dejar rastro. La comunidad de Zapopan empezaba a sentir el peso de una preocupación que se profundizaría con cada desaparición.

Arturo Robles Corona, 30 años, y Jesús Alfredo Salazar Ventura, 37 años, siguieron el mismo camino enigmático. Todos ellos, vinculados por su trabajo en una misma empresa, se esfumaron como si la tierra los hubiera absorbido.

La angustia de los familiares se intensificó. Beatriz Robles, hermana de Arturo, compartió una pista desgarradora: la última ubicación conocida de su hermano fue en la finca del call center. Incluso proporcionó una prueba irrefutable: una foto enviada por Arturo el 22 de mayo a las 7:44 de la mañana, confirmando su llegada al trabajo.

La desesperación aumentó con la desaparición de Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge, reportados el 26 de mayo. El caso de Mayra Karina se complicaba con su pasado, vinculado a una investigación de fraude en 2016.

El epicentro de estas desapariciones parecía ser el call center ubicado en Víctor Hugo 158, en la colonia Jardines Vallarta.

Las investigaciones preliminares de la fiscalía revelaron pistas: videograbaciones, testimonios y otros indicios. Emergió un perfil del call center: una empresa dedicada a la gestión de cobros de deudas a extranjeros y a la venta de tiempos compartidos de hoteles.

La confirmación más sombría llegó el 6 de junio. El Gobierno de Jalisco anunció el hallazgo de restos humanos en una barranca, pertenecientes a los jóvenes desaparecidos del call center. El doloroso descubrimiento puso fin a semanas de búsqueda y esperanza.

TLAJOMULCO

Era una noche cualquiera en la colonia Larios de Tlajomulco de Zúñiga. Sin embargo, cerca de las 21:00 horas, esta tranquilidad se vio abruptamente interrumpida. Sobre una brecha, en la prolongación de la calle Flaviano Ramos, rumbo al balneario San Isidro, se desató un acontecimiento que marcaría un antes y un después en la historia de la localidad.

Una unidad de la Fiscalía, realizando maniobras rutinarias en la zona, fue sorprendida por la detonación de artefactos explosivos.

La magnitud del ataque quedó evidenciada cuando se necesitó la intervención del Tedax, el Agrupamiento Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Su tarea: determinar la causa exacta de la explosión y buscar otros artefactos en la zona, con la incertidumbre de si se trataba de granadas, minas terrestres u otros dispositivos.

El saldo de este cobarde ataque fue desgarrador: tres miembros de la policía municipal y de la Fiscalía perdieron la vida, y diez personas resultaron lesionadas. Este incidente, descrito por el gobernador Enrique Alfaro como un hecho sin precedentes y un desafío contra el Estado mexicano, sacudió a la comunidad y al país entero.

En respuesta, el gabinete de Seguridad de Jalisco declaró una sesión permanente, comprometiéndose a informar sobre los avances de la investigación. La población, aún en shock, todavía aguarda respuestas.

Este ataque no fue un hecho aislado. Tan solo una semana antes, en el municipio de Teocaltiche, las fuerzas federales habían descubierto un artefacto explosivo de fabricación artesanal en uno de los vehículos incautados tras un enfrentamiento entre grupos criminales. Este dispositivo estaba conectado a la batería del vehículo, listo para detonar al encenderse la unidad.

LAGOS DE MORENO

La noche del viernes 11 de agosto se tiñó de tragedia en el barrio de San Miguel, un sitio conocido por ser un punto de encuentro familiar y juvenil, pero también marcado por la sombra del narcotráfico. Dos vehículos blancos, una pick up y una camioneta cerrada, irrumpieron en la explanada del barrio, rompiendo la calma habitual del lugar.

Más de diez hombres armados descendieron de los autos. Su presencia, intimidante y decidida, captó la atención de varios testigos. Se dirigieron directamente hacia las gradas donde cinco jóvenes, de entre 19 y 22 años, disfrutaban de la noche. No hubo confrontación previa en la carretera ni cerca de la feria local; el ataque fue directo y fulminante.

La explanada, adornada por canchas deportivas y usualmente llena de risas y charlas, se convirtió en escena de un crimen. Una mancha hemática en las gradas quedó como mudo testigo del violento suceso. Estos jóvenes, según informaciones, se disponían a encontrarse con otra persona, o posiblemente dos, cuando fueron brutalmente arrancados de su entorno.

Es de conocimiento público en Lagos de Moreno que, aunque la explanada es un lugar de reunión familiar, por las noches se transforma. Los narcotraficantes ejercen un control férreo sobre la zona, convirtiéndola en un activo punto de venta y distribución de drogas. Jóvenes en motocicletas son una vista común, yendo y viniendo en las oscuras horas nocturnas.

El destino de estos cinco muchachos se tornó incierto esa noche. Uno de ellos, minutos antes del ataque, había contactado a su familia para informar que estaba en camino a casa. Esa fue la última vez que su voz fue escuchada.

Aunque inicialmente la Secretaría de Seguridad de Jalisco no vinculó su desaparición con un acto de violencia, la realidad emergió con crudeza cuando se descubrió que los jóvenes fueron llevados a una finca en el barrio La Orilla del Agua. En este lugar, se grabó un escalofriante video que pronto circuló en redes sociales, provocando conmoción y horror.

ZAPOPAN… LA AVENIDA PATRIA, ¡OTRA VEZ!

El 13 de noviembre, una tranquila mañana en el municipio de Zapopan se vio abruptamente interrumpida por un acto de violencia que resalta la grave situación de seguridad en Jalisco. Carlos Manuel Flores Amezcua, subdirector operativo de la Comisaría Municipal de Zapopan, fue asesinado en una cafetería ubicada en el cruce de las avenidas Patria y Beethoven, en el fraccionamiento La Estancia.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, en un lugar público y concurrido. Según imágenes difundidas en redes sociales, Flores Amezcua ingresó al establecimiento y, en el momento en que les dio la espalda, al menos cuatro individuos que estaban sentados en las mesas exteriores sacaron armas y abrieron fuego. Esta ejecución en frío y calculada ha dejado clara la impunidad con que el crimen organizado puede actuar en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Tras el asesinato, elementos de la Policía de Zapopan desplegaron un operativo en la zona, pero hasta el momento y a pesar de los videos de la ejecución y los indicios dejados en el lugar no se han reportado detenciones.

Estos atentados no solo han dejado un saldo de muerte y heridas físicas, sino también una herida abierta en el tejido social y en la confianza de los ciudadanos hacia su seguridad. Estos actos de violencia ponen en evidencia la complejidad y gravedad de los desafíos que enfrentan los diferentes ordenes de gobierno del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada, mismos que se renovarán en 2024, ¿Alguno de los candidatos sabrá qué hacer?

Porque los jaliscienses vivimos esperando justicia y respuestas.

En X @DEPACHECOS

 

 

 

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JALISCO

El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.

La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.

Un gobernador con prisa y una universidad vigilante

Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.

Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.

La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.

El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?

La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.

Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.

Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.

Poder, autonomía y la sombra de Alfaro

Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.

Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.

Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.

Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.

¿Y ahora qué?

El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.

La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.

En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.

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JALISCO

Tlajo Cuida el Agua: Gerardo Quirino impulsa plan histórico para garantizar el vital líquido

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Por Redacción Conciencia Pública //

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó “Tlajo Cuida el Agua”, un ambicioso plan integral para garantizar el suministro, la calidad, el uso eficiente y el saneamiento del agua en el municipio. Con una visión metropolitana y de largo plazo, este programa busca abordar una de las problemáticas más urgentes de Tlajomulco, un municipio clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que enfrenta retos históricos por el crecimiento poblacional y la escasez hídrica.

El plan, respaldado por una inversión histórica de 1,123 millones de pesos en colaboración con el gobierno estatal de Pablo Lemus, promete soluciones concretas para llevar agua a todos los hogares del municipio. “Agradezco al gobernador Lemus por su apoyo decidido. Esta inversión transformará cada peso en soluciones reales para que el agua llegue con calidad y cantidad a las familias de Tlajomulco”, afirmó Quirino, destacando la importancia de la coordinación con el estado para enfrentar este desafío.

“Tlajo Cuida el Agua” se basa en seis ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento del abasto hasta el reúso del agua, integrando infraestructura moderna y políticas sostenibles. René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión del Territorio y Obras Públicas, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es un pilar fundamental del programa.

“No es solo un tema de la autoridad. Necesitamos que las familias adopten hábitos de consumo responsables para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua suficiente y de calidad”, explicó Caro, enfatizando la necesidad de cambiar patrones de uso para lograr sostenibilidad hídrica.

Con esta iniciativa, el municipio de Tlajomulco busca posicionarse como un referente en la gestión del agua en México, combinando inversión, tecnología y participación ciudadana. El compromiso de Quirino no solo responde a una demanda urgente, sino que también proyecta un futuro donde el acceso al agua sea una realidad para todos los habitantes del municipio.

“Tlajo Cuida el Agua” basa su estructura en los siguientes seis ejes estratégicos:

1. Abasto

El primer paso es asegurar el suministro desde pozos, plantas y acuíferos.

Acciones:

• Perforación y equipamiento de pozos

• Construcción y ampliación de plantas potabilizadoras

• Rehabilitación de redes de agua potable

• Construcción de líneas de agua y tanques elevados

2. Potabilizar

El compromiso no es solo tener agua, sino que sea limpia y segura.

Acciones:

• Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras

• Sistema de monitoreo de seguridad en plantas

• Rehabilitación de pozos y redes

3. Distribución

El agua debe llegar a cada colonia. Distribuir es construir, conectar y mejorar.

Acciones:

• Ampliación de líneas de abastecimiento

• Construcción de tanques y bases para cisternas

• Interconexión de sistemas hidráulicos

4. Uso responsable

Cuidar el agua es tarea de todos: gobierno y ciudadanía.

Acciones:

• Eficiencia energética en infraestructura

• Modernización de instalaciones eléctricas

• Campañas de corresponsabilidad ciudadana

5. Saneamiento

Tratar el agua usada es clave para proteger ríos y ecosistemas.

Acciones:

• Rehabilitación de Plantas de Tratamiento

• Sistemas de monitoreo y control de saneamiento

6. Reúso

Aprovechar cada gota es vital. No se desperdicia ni una sola.

Acción principal:

• Implementación del programa Pipas Moradas, que reutiliza agua tratada para riego y servicios de Protección Civil y Bomberos.

En la presentación del programa “Tlajo Cuida el Agua”, estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del SIAPA, así como de organismos empresariales y técnicos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Cámara Empresarial de la Industria de la Vivienda Jalisco (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y del Colegio de Urbanistas del Estado de Jalisco (CUAJAC), además de los diputados locales Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio, representantes vecinales, así como ciudadanas y ciudadanos.

EL DATO:

Montos de inversión para cada eje del Plan Integral del Agua

1. Abasto: 490 MDP

2. Potabilización: 340 MDP

3. Distribución: 48 MDP

4. Uso responsable: 75 MDP

5. Saneamiento: 163 MDP

6. Reúso: 7 MDP

Total: 1,123 millones de pesos (MDP)

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JALISCO

El desafío de construir la paz en Jalisco: La violencia desborda los cinco primeros meses del gobierno de Lemus

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Por Redacción Conciencia Pública //

Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.

El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.

En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.

Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.

ESCALADA DE VIOLENCIA

Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.

Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.

CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO

Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.

Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.

Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.

CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:

Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.

Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.

Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante. 

Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.

Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada. 

La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.

TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”

En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país. 

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.

La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.

ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN

Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.

La Zona Metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia y el mismo día.

Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.

Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.

Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN

Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:

Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza. 

Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.

Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.

Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.

 

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