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JALISCO

Feminicidio y actitud gubernamental

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El alto índice de violencia que en realidad percibimos en Jalisco no es producto de la descomposición del tejido social como justifica e insiste el gobierno, es el lamentable resultado de la cultura de violencia de género y machismo engendrado durante las últimas décadas, es también consecuencia de la falta de políticas públicas realmente preventivas en contra de la violencia.

Esto es fruto de la ausencia de voluntad política de los entes gubernamentales en procurar la correcta y profunda atención integral al fenómeno del feminicidio, desde la limitada actuación de las instancias y protocolos que atienden víctimas de violencia, sumemos a esto la carencia de capacitación real en el tema de todo el aparato gubernamental que debiera operar eficientemente en estos casos y la inapreciable aplicación sistémica de protección a la víctima y su entorno afectado, es sin lugar a dudas una consecuencia de lo vivido en la actualidad.

Jalisco ha sufrido días de muerte y violencia en razón género, en las primeras semanas del mes de febrero 2023 fueron vinculados a proceso más de 4 feminicidas, familias sumergidas en graves consecuencias ante los intentos de feminicidio sufridos y los consumados a sus seres queridos; sin embargo, la respuesta del gobierno actual ha sido un lamentable deslinde de la situación de crisis que se vive en el Estado, al minimizar y exponer que la consecuencia del fenómeno de la violencia de género, es la descomposición del tejido social, se muestra que no existe voluntad política para generar cambios.

En este sentido y desde la sociedad debemos responder que la calidad de los servicios integrales a las personas que sufren violencia familiar (delito) es deficiente, corta y limitada, primordialmente en evaluar la salud mental de los activos de estos delitos, prácticamente es nula la clasificación correcta y profunda de los trastornos de personalidad de un agresor desde la primera denuncia, la atención a casos que arrogan extrema violencia y peligro de perder la vida, no pueden tratar de atenderse con seis meses de cursos y terapias superficiales, si está ante la evidente psicopatía de una persona, monitorear a temprana etapa la peligrosidad de una persona violenta y actuar a favor del correcto resguardo de las víctimas, hubiera hecho la diferencia en varios de los terribles casos que hoy enlutan familias, por lo que sí existe la responsabilidad de los gobiernos, ante los casos en los que fue mínima y superficial su intervención, donde a pesar de las alertas de que existe un ser humano en riesgo de perder la vida, no lograron protegerla.

Por lo que ante está lastimosa ola de intentos de feminicidio y feminicidios, la valoración de las políticas emergentes de las autoridades y los estudios a fondo en las intervenciones de las autoridades preventivas y sus protocolos de actuación, son un elemento indispensable en la protección y resguardo de la vida, un ajuste de estima en la forma en la que se determina el riesgo de que una persona pierda la vida, a pesar de varias órdenes de restricción, no debe recaer en cursos intensivos de conductas sanas ni firmas de convenios, pues no producirán salvar a la víctima de otro ataque en el que pierda la vida o la salud, la correcta evaluación de una personalidad psicópata y su grado de riesgo por especialistas, es uno de los puntos importantísimos que hace falta en los procesos del centro de justicia para las mujeres, debido a que es el real origen de la violencia sufrida y la inminente evaluación que evita un final lamentable.

Que no se equivoquen más los gobiernos, a la sociedad no nos interesa que aparenten tener o haber sido buenos gobiernos, nos genera una buena precepción gubernamental que lo que realizaron en su gestión fue producto de la capacidad y de la delicada implementación de políticas públicas y que realmente advirtieron el delito, bajo el criterio de alta posibilidad de seguridad integral y resguardo de la vida o la salud, en esta época sabemos que se vota por quién conservo la paz y la dignidad de las personas, no por quiénes aparente haber hecho las cosas conforme a lo establecido y no fue más allá de los graves problemas del Estado.

Sin minimizar todos los casos de violencia sucedidos durante en este sexenio, es imperante que los gobiernos de todos los niveles y sobre todo aquellos que son parte de la prevención del delito de violencia familiar, sean capaces de comprender que se deben ajustar a la realidad vivencial y replantearse la forma de intervenir en este tipo de casos, evitar que las y los servidores públicos que atienden este tipo de situaciones, no sean parte del problema cultural de minimizar la violencia de género ni sean agresores en su propio entorno y produzcan victimización de las personas; elevar la calidad de las actuaciones ante las órdenes de restricción con exhaustiva evaluación psiquiátrica y psicológica del agresor, homologarse con estándares de países que sí reconocen este problema como un eje de protección concerniente a la gobernabilidad y que reconocen la peligrosidad de las personas con graves trastornos de personalidad (psicópatas) así como el peligro que viven y sufren sus propias parejas, padres e hijos, dar la razón a que no recapacitan con órdenes de restricción.

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JALISCO

Pensiones consumirán 2.3 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2026

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– Por Raúl Cantú

La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, presentada el 8 de septiembre de 2025 por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, a la Cámara de Diputados, confirma que el gasto en pensiones y jubilaciones alcanzará los 2.3 billones de pesos, representando aproximadamente el 22.7% del gasto neto total estimado, que asciende a 10.193 billones de pesos.

Esto implica un incremento de alrededor del 4.5% en términos nominales respecto a los 2.2 billones aprobados para 2025, impulsado principalmente por el envejecimiento poblacional y la expansión de programas sociales no contributivos. 

Desglose del gasto en pensiones

El rubro de pensiones se divide en dos categorías principales: contributivas (derivadas de cotizaciones en el IMSS, ISSSTE y otras instituciones de seguridad social) y no contributivas (programas universales de bienestar). Según la propuesta, el total de 2.3 billones incluye:

  • Pensiones contributivas: Aproximadamente 1.68 billones de pesos, con un crecimiento moderado del 0.5% real, enfocado en jubilaciones de trabajadores formales. Este monto cubre obligaciones históricas y reformas previas al sistema de pensiones.
  • Pensiones no contributivas: Alrededor de 619.743 millones de pesos, con un aumento del 13.2% respecto a 2025, lo que refleja la priorización de los programas sociales del gobierno federal. Dentro de este subrubro destacan:
    • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 526.508 millones de pesos (8.9% más que en 2025), beneficiando a 14.2 millones de personas de 65 años o más con un monto bimestral de 6,000 pesos.
    • Pensión Mujeres Bienestar (para mujeres de 60 a 64 años): 56.969 millones de pesos.
    • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 36.266 millones de pesos.

Este desglose subraya la presión fiscal de las pensiones no contributivas, que han crecido significativamente en los últimos años debido a su carácter universal y constitucional, pasando de 359 mil millones en 2023 a cifras cercanas a 620 mil millones en 2026.

Contexto en el presupuesto general

El PEF 2026 proyecta un gasto neto total de 10.193 billones de pesos, un 5.9% más que el estimado para 2025, financiado por ingresos públicos de 8.7 billones (principalmente 5.8 billones en impuestos como ISR e IVA, y 1.2 billones petroleros) y un endeudamiento neto de hasta 1.8 billones. Sin embargo, el 81.4% del presupuesto (unos 8.4 billones) se considera «ineludible», comprometido en rubros como:

Rubro Monto estimado (billones de pesos) % del gasto total
Pensiones y jubilaciones 2.3 22.7%
Pago de deuda (costo financiero) 1.642 16.1%
Sueldos y salarios de burócratas 1.267 12.4%
Transferencias a estados y municipios 2.583 25.3%
Programas sociales prioritarios (adicionales a pensiones) 0.835 (para 17 programas, incluyendo becas y salud) 8.2%

Esto deja un margen limitado para inversión en infraestructura (1.25 billones, o 12.3%) y salud (996 mil millones, o 9.8%), áreas que, sumadas, apenas igualan el gasto en pensiones. Analistas destacan que pensiones, deuda y apoyos a Pemex y CFE absorben más del 50% del presupuesto, reduciendo el espacio para prioridades como educación y seguridad.

Implicaciones y retos

  • Presión fiscal creciente: Las pensiones representarán cerca del 6.5% del PIB proyectado (alrededor de 35 billones), un nivel superior al promedio de la OCDE (7-8%), pero con una recaudación tributaria baja (15.1% del PIB). El déficit fiscal se estima en 4.1% del PIB, financiado por deuda que pasaría del 3.9% al 4.3% del PIB, lo que podría elevar el costo de la deuda a 4.1% del PIB.
  • Sostenibilidad: Expertos advierten que, sin reformas estructurales (como aumentar la edad de retiro o mejorar la cotización), el gasto en pensiones podría llegar al 7.8% del PIB para 2030. El gobierno enfatiza la «responsabilidad fiscal» y el combate a la evasión para generar 183 mil millones adicionales vía nuevos impuestos (IEPS a refrescos, tabaco, apuestas y plataformas digitales), pero no se prevén alzas generalizadas.
  • Beneficios sociales: El enfoque en pensiones busca reducir la pobreza (que bajó al 36.3% en 2024) y apoyar a 82% de las familias mexicanas, alineado con el «humanismo» del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, críticos señalan que prioriza gasto corriente sobre inversión productiva, lo que podría limitar el crecimiento económico (proyectado en 1.8-2.8%).

La propuesta ahora está en análisis en la Cámara de Diputados, con posibles ajustes antes de su aprobación en noviembre de 2025. Para más detalles, consulta el documento oficial en el sitio de la Secretaría de Hacienda.

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JALISCO

El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional

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-Por Redacción Conciencia Pública

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández; el Fiscal del Estado Salvador González de los Santos; así como el alcalde de Tlajomulco Gerardo Quirino y la alcaldesa de Tlaquepaque Laura Imelda Pérez, estuvieron presentes esta mañana en Palacio Nacional para compartir las acciones que se han venido implementando en el estado en materia de seguridad.

Lemus compartió en un video que: «En coordinación con los tres niveles de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguimos trabajando para que las y los jaliscienses tengan una entidad con mayor seguridad y un tejido social reforzado».

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JALISCO

Gobierno de Jalisco lamenta desinformación de diputada Gómez Pozos

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– Por Francisco Junco

El Gobierno de Jalisco lamentó lo que calificó como una campaña de desinformación encabezada por la diputada federal Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien afirmó que el estado contaba con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales.

A través de un comunicado, el Ejecutivo estatal aclaró que dicha versión es falsa, ya que el mantenimiento de estas vías corresponde exclusivamente al Gobierno Federal.

“El Gobierno de Jalisco aclara que es falso que cuente con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales, como de forma sorpresiva lo afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y lamenta que se haga una campaña de desinformación al respecto”, señala el documento oficial, enviado a los medios de comunicación.

Y es que la diputada federal Gómez Pozos, afirmó que el Gobierno de Jalisco no ha ejercido los 400 millones de pesos que se le asignaron desde la federación para la reparación de carreteras e incluso llamó al gobernador de Jalisco Pablo Lemus para coordinarse con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que lo ejerza antes de este año.

“Del presupuesto que estamos ejecutando este año se pudo reasignar una bolsa, desde la comisión de presupuesto, de 10 mil millones de pesos para este fin y, llama la atención que al segundo trimestre de este año sólo cuatro estados hayan ejecutado ese recurso. Entre los que no lo han hecho está el estado de Jalisco, que tiene casi 400 millones de pesos para este fin y no, pues, se ha ejecutado un solo peso”, señaló la diputada federal, al recibir el paquete económico de Hacienda para el próximo año.

La administración estatal explicó que la aplicación de esos recursos corresponde a la delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por María Padilla, y no al Ejecutivo local.

“Los recursos para rehabilitar carreteras federales salen del presupuesto federal y son ejecutados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, detalló que este año la Federación no asignó recursos concursables al estado para este rubro.

“No hay recursos para mantenimiento carretero que sean concursables. ¿A qué me refiero cuando digo que sean concursables? A que algunas entidades metamos proyectos para eso. Es más la voluntad federal la que determina en dónde sí y en dónde no, se hacen ampliaciones presupuestales, o se destinan recursos para el mantenimiento carretero”, señaló.

El Gobierno de Jalisco recordó que la entidad cuenta con 2 mil 196 kilómetros de carreteras federales, entre ellas la 70, 80, 23, 200 y 54, cuya falta de mantenimiento representa un riesgo para los usuarios.

Agregó que, recientemente, el Gobierno Federal anunció que enviaría un tren de pavimentación para rehabilitar apenas 26 kilómetros de esa red.

Como contraste, la administración estatal subrayó que en paralelo impulsa el Plan Carretero Estatal 2025-2030, con una inversión de 24 mil millones de pesos, mediante el cual se dará mantenimiento y renovación al 100% de la red carretera estatal, 4 mil 562 kilómetros, durante el sexenio, en beneficio de alrededor de 80 millones de vehículos que circulan cada año por estas vías.

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