Feminicidio y actitud gubernamental

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El alto índice de violencia que en realidad percibimos en Jalisco no es producto de la descomposición del tejido social como justifica e insiste el gobierno, es el lamentable resultado de la cultura de violencia de género y machismo engendrado durante las últimas décadas, es también consecuencia de la falta de políticas públicas realmente preventivas en contra de la violencia.

Esto es fruto de la ausencia de voluntad política de los entes gubernamentales en procurar la correcta y profunda atención integral al fenómeno del feminicidio, desde la limitada actuación de las instancias y protocolos que atienden víctimas de violencia, sumemos a esto la carencia de capacitación real en el tema de todo el aparato gubernamental que debiera operar eficientemente en estos casos y la inapreciable aplicación sistémica de protección a la víctima y su entorno afectado, es sin lugar a dudas una consecuencia de lo vivido en la actualidad.

Jalisco ha sufrido días de muerte y violencia en razón género, en las primeras semanas del mes de febrero 2023 fueron vinculados a proceso más de 4 feminicidas, familias sumergidas en graves consecuencias ante los intentos de feminicidio sufridos y los consumados a sus seres queridos; sin embargo, la respuesta del gobierno actual ha sido un lamentable deslinde de la situación de crisis que se vive en el Estado, al minimizar y exponer que la consecuencia del fenómeno de la violencia de género, es la descomposición del tejido social, se muestra que no existe voluntad política para generar cambios.

En este sentido y desde la sociedad debemos responder que la calidad de los servicios integrales a las personas que sufren violencia familiar (delito) es deficiente, corta y limitada, primordialmente en evaluar la salud mental de los activos de estos delitos, prácticamente es nula la clasificación correcta y profunda de los trastornos de personalidad de un agresor desde la primera denuncia, la atención a casos que arrogan extrema violencia y peligro de perder la vida, no pueden tratar de atenderse con seis meses de cursos y terapias superficiales, si está ante la evidente psicopatía de una persona, monitorear a temprana etapa la peligrosidad de una persona violenta y actuar a favor del correcto resguardo de las víctimas, hubiera hecho la diferencia en varios de los terribles casos que hoy enlutan familias, por lo que sí existe la responsabilidad de los gobiernos, ante los casos en los que fue mínima y superficial su intervención, donde a pesar de las alertas de que existe un ser humano en riesgo de perder la vida, no lograron protegerla.

Por lo que ante está lastimosa ola de intentos de feminicidio y feminicidios, la valoración de las políticas emergentes de las autoridades y los estudios a fondo en las intervenciones de las autoridades preventivas y sus protocolos de actuación, son un elemento indispensable en la protección y resguardo de la vida, un ajuste de estima en la forma en la que se determina el riesgo de que una persona pierda la vida, a pesar de varias órdenes de restricción, no debe recaer en cursos intensivos de conductas sanas ni firmas de convenios, pues no producirán salvar a la víctima de otro ataque en el que pierda la vida o la salud, la correcta evaluación de una personalidad psicópata y su grado de riesgo por especialistas, es uno de los puntos importantísimos que hace falta en los procesos del centro de justicia para las mujeres, debido a que es el real origen de la violencia sufrida y la inminente evaluación que evita un final lamentable.

Que no se equivoquen más los gobiernos, a la sociedad no nos interesa que aparenten tener o haber sido buenos gobiernos, nos genera una buena precepción gubernamental que lo que realizaron en su gestión fue producto de la capacidad y de la delicada implementación de políticas públicas y que realmente advirtieron el delito, bajo el criterio de alta posibilidad de seguridad integral y resguardo de la vida o la salud, en esta época sabemos que se vota por quién conservo la paz y la dignidad de las personas, no por quiénes aparente haber hecho las cosas conforme a lo establecido y no fue más allá de los graves problemas del Estado.

Sin minimizar todos los casos de violencia sucedidos durante en este sexenio, es imperante que los gobiernos de todos los niveles y sobre todo aquellos que son parte de la prevención del delito de violencia familiar, sean capaces de comprender que se deben ajustar a la realidad vivencial y replantearse la forma de intervenir en este tipo de casos, evitar que las y los servidores públicos que atienden este tipo de situaciones, no sean parte del problema cultural de minimizar la violencia de género ni sean agresores en su propio entorno y produzcan victimización de las personas; elevar la calidad de las actuaciones ante las órdenes de restricción con exhaustiva evaluación psiquiátrica y psicológica del agresor, homologarse con estándares de países que sí reconocen este problema como un eje de protección concerniente a la gobernabilidad y que reconocen la peligrosidad de las personas con graves trastornos de personalidad (psicópatas) así como el peligro que viven y sufren sus propias parejas, padres e hijos, dar la razón a que no recapacitan con órdenes de restricción.