OPINIÓN
Fraude inmobiliario y golpeteo político
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¡Vaya sorpresas que nos da la vida! Esta era tan dinámica, tan impredecible por la que estamos transitando. Hoy se presenta un suceso extraordinario y parece que a corto plazo difícilmente habrá algo superior. Pero no, viene otro más fuerte y otro más y más y más.
Del caso de la forma tan cruel como murió Luz Raquel Padilla, quemada en vida en un parque público, después de haber sido roseada con alcohol -que sigue sin esclarecerse- y que estremeció a la sociedad jalisciense, este fin de semana se develó un nuevo escándalo, el fraude inmobiliario cometido por Luis Oswaldo Espinoza Marín, propietario de la Inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) y que apenas cuando se procedía a la investigación en el que podrían estar afectados miles de ahorradores, pequeños, medianos y grandes, se dio a conocer su muerte, un aparente suicidio, después de haber divulgado un video en redes sociales donde acepta su culpa de engaño y manipulación y anuncia la salida por la fuerza falsa.
Sin embargo, hay muchas dudas en torno a su muerte. Fue un balazo en la cabeza, pero luego se pega dos más en otras partes del cuerpo, lo que es visto como algo inverosímil. ¿Cómo alcanzó a maniobrar y activar el arma, después de pegarse uno en el cráneo?
Habrá que ver lo que dice la autopsia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero hay elementos para pensar otra cosa.
LAS ESPECULACIONES
Luis Oswaldo Espinoza Marín era un personaje que se codeaba con lo más alto de la clase política y empresarial de Jalisco. Otorgaba préstamos y ofrecía pagar un interés de 3,2 y 1.5 %. Durante cerca de 30 años estuvo realizando esas actividades y llegó a cumplir, sin embargo -es un argumento que él presenta en su video de despedida- fue durante la pandemia de Covid-19 cuando ya no pudo cumplir con sus compromisos y se le vino la avalancha. Seguramente hubo muchos de los ahorradores que empezaron a retirar su dinero y llegó un momento que la demanda lo rebasó para que explotara la burbuja.
En las redes se dicen muchas cosas, circulan muchas fotos, sobran las especulaciones, no voy a los señalamientos que se hacen, es un tema muy delicado y que debe ser tratado con plena seriedad. En algunos casos puede haber algo de razón, pero hay otros que responden al golpeteo político.
La información oficial nos indica que hasta el sábado eran 130 denuncias presentadas contra la inmobiliaria, pero esta semana seguramente serán cientos más y podrían llegar hasta miles. Podríamos estar ante el mayor fraude inmobiliario en la historia de Jalisco.
Hay casos de ahorradores que durante más de 20 años confiaron su dinero al abogado Espinoza Marín, cumpliéndoles éste con el pago de intereses, muy superiores al que otorgan los bancos que anualizado, difícilmente superan el 7 u 8%, cuando Espinoza Marín otorgaba entre el 20 y arribita del 30 % anualizado. Obviamente quienes tuvieron la relación durante más de una década, no sólo recuperaron lo invertido, sino hasta algo más.
No obstante, los inversionistas más recientes fueron los que pagaron los platos rotos al evaporarse de la noche a la mañana los ahorros de toda una vida; hay casos de quienes hasta vendieron su casa para vivir de los intereses tan jugosos que pagaba.
LA HISTORIA SE REPITE
No es la primera historia de este tipo de fraudes que se registran, es el enésimo que conocemos. Lamentablemente en estas estafas hay un buen número de jubilados, quienes buscan tener una tasa mayor de rendimiento a sus ahorros
Recordamos el de la Financiera popular Ficrea que afectó a 6,848 personas, uno de los casos de fraude más grande de México, misma que había sido catalogada en 2011 como una institución de alto riesgo, sin embargo, tanto la CNBV y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ignoraron olímpicamente las advertencias.
Otro caso muy sonado fue el de Crédito y Ahorro del Noroeste “El Arbolito” que tenía presencia en Sonora, Baja California, Baja California Sur, fue declarada en quiebra en enero de 1999, se trató de un que quebrantó de 1,800 millones de pesos, afectando a 42 mil pequeños ahorradores.
Esta vez estamos hablando de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) que golpea en el corazón de Jalisco y que podría ser mucho mayor al de esta última, considerando el roce social y político que este personaje tenía como estrategia, toda vez que le llegaban solos los ahorradores cuando se enteraban de las tasas de interés que pagaba y de casos de personas que por más de dos décadas recibían los pagos jugosos, lo que daba confianza.
Esta semana habrá que ver las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, habrá que ver si dispone de la información de los ahorradores que formaban parte de esta pirámide; el día que muere el abogado Espinoza Marín, el personal de esta dependencia limpió la oficina del hoy fallecido, pero se desconoce si se conservaba la información completa. Obviamente que si hay figuras de la política, la información difícilmente se dará a conocer a la opinión pública.
Lo cierto es que de nuevo la Fiscalía General de Justicia de Jalisco tiene otra papa muy caliente que enfriar y además con un impacto social muy grande por tratarse no nada más de dinero de gente acaudalada, sino también de pequeños y medianos ahorradores que movidos por la codicia hoy han visto que sus ahorros de toda la vida se han esfumado.
Dicen que el humano es el único animal que se tropieza más de una vez con la misma piedra; la inmobiliaria Asesores Jurídicos Inmobiliarios se suma a la lista de fraudes que son repetitivos, porque se juega con la codicia de la gente.
Muy triste este suceso que se ha registrado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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