OPINIÓN
Gobernador quiere consejo a modo en IPEJAL
Metástasis, por Flavio Mendoza //
El Consejo del Instituto de pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) esta semana tomó protesta como nuevo representante de los trabajadores burócratas a José Miguel Leonardo Cisneros, en sustitución de Juan José Hernández Rodríguez de la FESIJAL, pese a que ese mismo día había sino notificado por el Tribunal Estatal de Escalafón y Arbitraje sobre la suspensión del acto.
Pero como si se tratara de una indicación política de un alto mando del Gobierno de Jalisco, no sólo tomaron protesta, sino que además la presumieron en redes sociales, aunque posteriormente sería eliminada de las mismas.
El asunto va más allá de quitar a una persona u organización sindical de los trabajadores al servicio del Estado, el fondo está en la causa. Previo a tomar protesta a este líder sindical, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó dos actos formales en los que no fue notificado el dirigente de FESIJAL, la firma del incremento salarial a burócratas y el arranque de la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar del Ipejal, en un claro desafío del Gobierno del Estado hacia la Federación que actualmente cuenta con la afiliación de más sindicatos en cantidad de organizaciones y de agremiados.
Pero este golpe al sindicalismo en Jalisco no debe pasar de noche, pues hoy se atentó contra la libre sindicalización y representación de los trabajadores, en un movimiento operado desde el Poder del Estado, se intentó quitar la representación de los trabajadores de una Federación legal y legítimamente conformada con la mayoría de los burócratas, es la propia ley quien establece que las negociaciones salariales se llevarán a cabo con la organización sindical mayoritaria y los beneficios tendrán impacto colateral para los otros trabajadores agremiados a sindicatos de minorías.
Lo que el Gobernador Enrique Alfaro ha hecho es violar la ley, violentó derechos de libre afiliación y representación sindical, mandando el mensaje de que sólo quien esté con él será parte de las decisiones en la entidad, un Consejo a modo, una costumbre de los últimos 20 años, donde los representantes de los trabajadores eran simplemente otro alfil del Gobernador en turno para el desfalco a Pensiones.
Esto se da en un marco muy complicado para el propio Ipejal, derivado de los cuestionamientos que se han hecho en los últimos años desde que Juan José Hernández mejor conocido como “El Choco” ha manifestado estar en desacuerdo con algunas decisiones del Consejo Directivo del Ipejal. La detonante es la construcción del proyecto Ciudad Judicial Laboral, proyecto del Gobierno del Estado que se hará con el dinero de los trabajadores y del que por más que argumenten que es un buen negocio, el Ipejal invertiría cerca de 400 millones de pesos que no tendrán retorno sino hasta el año 13 posterior al pago de renta, mientras la proyección de viabilidad financiera del Instituto es entre 7 y 8 años a partir del último estudio actuarial en 2021. La fecha fatídica ya comenzó y la actual administración estatal, como en anteriores, utiliza el fondo de los trabajadores burócratas para proyectos de interés político.
Este es el verdadero objetivo de quitar a un dirigente, el único en los últimos 20 años que ha levantado la voz discordante contra las decisiones del Consejo Directivo, porque en el pasado no nos enterábamos del sentido de votación ni había oposición que impidiera todas las inversiones que han provocado un desfalco al fondo solidario de los trabajadores, responsables directos del serio problema financiero que enfrenta y que pone en riesgo la seguridad social de miles de trabajadores y sus familias. Por ejemplo, el caso del magisterio, los maestros en el Estado no fueron enterados de esta inversión que se hace con su dinero, como tampoco lo hicieron en otras inversiones millonarias que hoy se convirtieron en centavos. Sin embargo, no pueden estar exentos de este atentado contra el sindicalismo, hoy le tocó a la FESIJAL, pero cuando el magisterio vuelva a tener un digno dirigente que defienda lo que es de los trabajadores, se correrá el riesgo de que el autoritarismo de Casa Jalisco busque cómo quitarlo de la silla del Consejo, por ello no podemos ser indiferentes a esta lucha que han emprendido de manera cívica y legal.
La lucha jurídica comienza por la representación legal de los trabajadores burócratas en el Ipejal, mientras el reloj sigue acercándose a la fecha fatídica, sin una Iniciativa de Reforma Integral y con una ritmo promedio de jubilaciones que proyectan un inminente problema financiero del Instituto de Pensiones a la vuelta de la esquina.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
