Golpes de Estado en América Latina: Intervención extranjera y la lucha por los recursos naturales

Actualidad, por Alberto Gómez R. //

En la última década, América Latina ha sido escenario de una serie de golpes de estado, tanto duros como blandos, que han tenido profundas repercusiones en la estabilidad política y económica de la región. Muchos de estos golpes han sido auspiciados por Estados Unidos y las grandes corporaciones transnacionales (que son quienes detentan realmente el poder político), con el objetivo de apoderarse de los vastos recursos naturales de estos países. Los casos más recientes -o sus intentonas- ya entrado el siglo XXI, han sido en Venezuela, Bolivia, Honduras, Ecuador, Argentina y Brasil.

GOLPES DE ESTADO: DUROS Y BLANDOS

Los golpes de estado en América Latina han evolucionado en sus métodos y justificaciones. Tradicionalmente, los «golpes duros» implicaban la toma del poder mediante la fuerza militar. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado un aumento de los «golpes blandos» o estrategias de lawfare, que utilizan el sistema judicial y legal para deslegitimar y destituir a líderes democráticamente elegidos.

Los golpes duros siguen siendo una herramienta de desestabilización en América Latina, aunque menos comunes que en el siglo XX. Estos golpes involucran la intervención militar directa, a menudo respaldada por potencias extranjeras y grupos de interés nacionales.

Contrario a los golpes de Estado que se vivieron en la época dictatorial, cuando el poder militar tuvo una participación activa, en la recientes década se ha apostado por una guerra híbrida, en la que los medios de comunicación tienen un papel relevante.

El lawfare se refiere al uso de procedimientos legales y judiciales para acosar, deslegitimar y destituir a líderes políticos. Es en el que se pone en jaque a la población ya que existe un acceso masivo al poder (en este caso, el asalto a los poderes legislativos), que obstaculiza su gestión gubernamental y puede puede desencadenar flujos de migración masivos, falta de acceso a alimentos y medicamentos de primera necesidad.

Los medios de comunicación privados -muchos de ellos siendo filiales o socios de las grandes corporaciones internacionales- inciden en la opinión pública con el objetivo de deslegitimar y ridiculizar al líder político, donde también hay participación de políticos locales regionales. Además de que hay declaraciones internacionales de otros mandatarios que van minando la credibilidad.

Asimismo, se hacen uso de bloqueos financiero-económico, sanciones económicas que vulneran la estabilidad en este rubro y alimentaria de la población. Esta estrategia del lawfare ha ganado prominencia en la región, permitiendo que actores nacionales e internacionales manipulen el sistema judicial para alcanzar objetivos políticos y económicos sin recurrir a la fuerza militar.

CASOS RECIENTES EN AMÉRICA LATINA

De entrada, en América Latina los golpes de Estado sólo se ejecutan contra gobiernos de izquierda o progresistas. Y también, de manera generalizada, las derechas en la región siempre están propensas a solicitar, impulsar, apoyar o sostener intentos golpistas cuando se ven amenazados los privilegios de las oligarquías.

Por ello, las oposiciones de derecha a los gobiernos progresistas en Latinoamérica “no son oposiciones normales”; es decir, no se ajustan a lo que se espera de una oposición dentro de las definiciones convencionales del sistema político democrático.

Una democracia que trascienda la forma procedimental e impulse la inclusión de los amplios sectores históricamente postergados “no va a tener una oposición normal; no va a tener una oposición que se someta a las reglas del Estado de derecho tal cual se esperaría en un libro de ciencias políticas”.

La advertencia es de la doctora en ciencia política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdova (Argentina) Silvina Romano. Agrega que todo gobierno que intente alterar la estructura de la sociedad y avance en la inclusión económica, política, social y cultura de las mayorías, debe esperar la reacción de una oligarquía que no respeta las reglas y que actúa fuera de la institucionalidad, aunque se diga “respetuosa” de las instituciones.

Los ejemplos más recientes de Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú, países que buscaron generar una nueva institucionalidad de justicia social y que, sólo por ello, exacerbaron las tensiones históricas en sus respectivas sociedades.

Este tipo de procesos no se reducen a una disputa entre los gobiernos y las oposiciones de derecha. También la confrontación ocurre al interior de los propios gobiernos, porque las instituciones no se renuevan de un día para otro. Sucede que gran parte de quienes integran los propios gobiernos progresistas mantienen vínculos con las élites, algo imposible de evitar porque no se pueden renovar las instituciones echando a todos los que las integran y nombrando nuevos. Entonces, al interior de los propios gobiernos “hay un tire y afloje de cómo ir avanzando”.

Silvina Romano, investigadora y coordinadora de la Unidad de Análisis de Estados Unidos y América Latina del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), señala que la oposición a los gobiernos progresistas se encuentra también siempre en Estados Unidos. Desde allá opera mediante actores políticos, medios de comunicación y organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en inglés).

Los embates que se dirigen desde ese país explotan los problemas que viven los gobiernos progresistas en América Latina y magnifican sus desaciertos de orden económico, político y de seguridad, como su famosa “lista negra” de los países que, bajo su argumento, protegen, auspician o no cumplen con sus designios en el supuesto combate contra el narcotráfico, aun a sabiendas que es desde las agencias gubernamentales como la DEA y la CIA quienes realmente controlan la producción y tráfico de drogas casi a nivel global. Lo irónico es que la complicada situación de las naciones es resultado de las políticas estadunidenses.

Jorge Retana Yarto, primer director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (Esisen) del actual gobierno mexicano, advierte que cuando Estados Unidos decide debilitar y derrocar un gobierno, el trabajo es de sus agencias de inteligencia, tanto las que operan desde el propio territorio estadunidense como las que se encuentran en el extranjero.

Los manuales son, incluso, conocidos. Y el guion se ha seguido en, al menos, una docena de países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX, la mayoría con éxito y otros que se han quedado en el intento. La puesta en marcha de los golpes, duros y blandos, se ha observado en Chile, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Honduras, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá. Varios de esos países, en más de una ocasión.

Silvina Romano, por su parte, ejemplifica con la campaña actual contra México, por la violencia que se generó con la supuesta guerra contra las drogas y la securitización de las fronteras. De pronto se le achaca toda la responsabilidad al gobierno actual, señala. Y a quienes desde Estados Unidos lanzan una narrativa de condena “se les olvidan los 13 años de la Iniciativa Mérida, donde se organizó a toda la fuerza de seguridad no solamente con respecto del narcotráfico, sino con respecto de la migración”.

El plan de Estados Unidos para México y Centroamérica no se ha reducido sólo al impulso del libre mercado, explica. Parte sustancial ha sido la securitización de las sociedades. Para ello se ha valido de una supuesta guerra contra el narcotráfico que sólo ha generado más narcotráfico, violencia y ruptura del tejido social.