OPINIÓN
¿Hasta cuándo señor presidente?
Por Ramiro Escoto //
He sido vigilante puntual de lo que sucede en Las Mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ejercicio que hizo durante su gestión como jefe de gobierno y que inteligentemente – como hasta ahora – le ha permitido el rating en los principales informativos del país a temprana hora y que además lo pone en la agenda mediática durante la jornada.
Sin embargo, en este ejercicio he notado que quienes a veces hacen preguntas realmente de coyuntura, usted pone una cara de desacuerdo, y termina o por desviar la respuesta o en la más reciente costumbre decir que usted tiene otros datos.
Cuénteme Sr. Presidente, con todo respeto – como dice usted – cuál es su fuente, de dónde o quién le da los datos que dice tener, pero que no los comparte, que no los confronta con los que también el periodismo cuenta.
Dígame quién le dice que no hay desabasto de medicamentos, que en el IMSS había saturación de médicos y que el dispendio de recursos ahí era escandaloso, porque ahora mismo, hace falta más atención médica, enfermeras, y equipo para reparar y seguir dando servicio a miles de derechohabientes.
Señor Presidente, al mitin que usted está convocando en Tijuana, ya están apuntados diputados de Morena y el PT, su gabinete y funcionarios, que, de acuerdo a su propia visión de gobierno, están para trabajar, y que en la propuesta no cabría el tema de un gasto que se ejecuta para tal efecto y que su inversión bien podría usarse para lo que hoy más que nunca se necesita.
Sr. Presidente, qué datos tiene que le hizo autorizar una baja en el presupuesto para el combate a los incendios forestales, porque aquí en Jalisco, ese recorte afectó, o que me dice de la reducción en la bolsa del Fonden ( Fondo Nacional de Desastres ) de un 50% cuando ya tenemos una población que se ha declarado en emergencia aquí mismo ( San Gabriel ) y aún no comienza el temporal y con lo que viene derivado de la época.
Yo, como millones de mexicanos, pago mis impuestos y de ellos emana el presupuesto para que este país avance; concedo siempre la crítica propositiva para la construcción de sociedad, y aún espero información, aunque sea con sus datos, de dónde saldrán tantas vocaciones y lealtades a los cuerpos de seguridad que tanto necesitamos para enfrentar al crimen organizado.
¿Quién es su fuente? Insisto, porque varias instituciones, incluso organismos internacionales, muestran realidades diferentes, y aunque fuesen un error quisiera que mi Presidente las encarara con cifras y argumentos, no con frases y evasiones.
¿Por qué no ir a Japón al grupo del G-20 donde nos tienen contemplado?, ¿por qué no enviar junto a la comitiva de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores ) a representantes de la Secretaria de economía que son los que tienen el conocimiento, e incluso en algunos la experiencia de haber trabajado para el TLC 2.0?
Señor Presidente, ¿sabe que hay algunos expertos, que no son, ni periodistas, ni medios, ni políticos que advierten que en nuestro país está el comienzo de una recesión?
Tuve la oportunidad de entrevistarle hace 7 años, y viendo sus respuestas me indican que para usted el tiempo se detuvo, los argumentos, las culpas, están ahí en su presente del día a día, lo digo con respeto, para poder sostener las mañaneras, es necesaria la conducción de un discurso lleno de verdad y referencia, porque México no es el gran número que votó en la elección de hace casi un año, es el país que ahora usted dirige y conduce, y del cual no hay destino claro, al menos mis fuentes no tienen ese dato.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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Fabiola V. González
10 de junio de 2019 at 08:23
Qué manera tan magistral y clara de expresar lo que también pensamos muchísimos mexicanos que hemos estado pendientes de la comunicación del presidente en sus conferencias matutinas.
No es lo mismo hacer un discurso político para convencer de votar por un candidato, que hablar de datos duros cuando ya se dirige un país y cuando los hechos y la realidad se hacen evidentes.
El evadir esa realidad o incomodarse porque le preguntan asuntos que están inciertos o fuera de control, sólo confirma su incapacidad de manejo de las situaciones vertebrales de este país.
Ojalá nos de respuestas claras, específicas, contundentes, reales.
Ojalá nos comparta su visión completa, con datos y estadísticas sacadas de la realidad y de fuentes confiables. Porque los argumentos, salen sobrando cuando no se soportan con un verdadero plan basado en esos datos verídicos.
Las matemáticas y estadísticas no mienten y hasta ahorita los analistas y financieros, quienes se basan en esas ciencias exactas, nos dicen que la economía no sólo no crecerá sino que se está estancado al punto de ir hacia la recesión.
La pregunta sigue siendo: Cual es su modelo matemático y sus datos e indicadores que maneja el presidente, para afirmar que la economía tendrá ese crecimiento?
Y también de los otros temas; salud y seguridad…étc.
Quién lo está informando, ya que lo que los ciudadanos constatamos es opuestamente diferente?
La petición a nuestro presidente únicamente es: que nos hable con la verdad, con datos, con hechos.
Qué se gane la credibilidad y confianza del pueblo. Qué no nos subestime o nos crea tan ignorantes.
Y que también los ciudadanos de «a pie» pensamos y exigimos un buen gobierno.